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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2010-12-16 a horas: 00:32:46

Recrudecen la cacería judicial de opositores y la intolerancia gubernamental frente a la crítica y la disidencia

Deponen al gobernador de Tarija y el alcalde de La Paz tambalea

La Asamblea Legislativa Departamental de Tarija suspendió temporalmente al gobernador Mario Cossío para que asuma su defensa en varios procesos judiciales abiertos en su contra. En La Paz, el alcalde Luis Revilla fue imputado formalmente por la comisión de varios delitos, y podría ser la próxima autoridad removida de su cargo. Al menos siete alcaldes han sido suspendidos hasta el momento, y es probable que otros dos prefectos corran igual suerte en un futuro próximo. Casi todas las autoridades afectadas pertenecen a partidos políticos de la oposición.

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Desde las elecciones municipales de abril de 2010 fueron removidos de sus cargos los alcaldes Héctor Cartagena, Víctor Balderrama, Delfor Burgos, Nyls Carmona, Jhonny Pardo, Jaime Barrón y René Joaquino.

Joaquino y Barrón ganaron las alcaldías de Potosí y Sucre, respectivamente, pero fueron destituidos en cumplimiento de la Ley de Municipalidades que establece que todo alcalde y concejal que tenga en su contra un auto de procesamiento ejecutoriado “será suspendido temporalmente del ejercicio de sus funciones (…) durante toda la sustanciación del proceso para asumir su defensa…”.

El artículo 48 de la Ley de Municipalidades dispone que es suficiente que haya una acusación contra un funcionario para apartarlo de su cargo. El acusado puede ser restituido en sus funciones si la sentencia lo absuelve o lo declara inocente.

El ex alcalde potosino René Joaquino fue sentenciado a tres años de cárcel por la compra irregular de vehículos, y en la actualidad enfrenta otro proceso por la presunta designación ilegal de funcionarios. El ex alcalde de Sucre Jaime Barrón fue recluido en la cárcel de San Roque de Sucre, por haber instigado agresiones racistas contra campesinos del MAS el 24 de mayo de 2008.

También son procesados los gobernadores de Tarija Mario Cossío, de Beni Ernesto Suárez y de Santa Cruz Rubén Costas por la comisión de los delitos de Malversación, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica, y desacato, entre otros.

Las Fiscalías de Distrito de Beni y Santa Cruz imputaron formalmente a Suárez Sattori y a Costas por haber convocado, administrado y ejecutado Referéndums Autonómicos ilegales entre mayo y junio de 2008.

El gobernador tarijeño Mario Cossío y otros nueve miembros del Consejo Departamental también fueron imputados formalmente por haber utilizado irregularmente 5,6 millones de bolivianos para la realización de un referéndum autonómico ilegal.

Este miércoles, la Asamblea Legislativa de Tarija controlada por el MAS suspendió al gobernador para que rinda cuentas a la Justicia, y no se decarta que el asambleísta oficialista Lino Condori sea designado como prefecto interino. Cossío se declaró en huelga de hambre junto a los asambleístas de su partido y dirigentes cívicos, los cuales convocaron un paro regional movilizado de 48 horas en defensa del voto ciudadano.

En La Paz, el juez V de Instrucción Cautelar Ricardo Maldonado informó que el alcalde paceño Luis Revilla del partido opositor Movimiento Sin Miedo (MSM) fue imputado formalmente el 10 de diciembre por los delitos de falsificación de documentos, apropiación de dinero y daño económico al Estado durante su gestión como presidente del Concejo municipal entre 2005 y 2010.

“No esperábamos menos de jueces y fiscales que están abiertamente parcializados y que están siguiendo los lineamientos de intereses que no hacen precisamente a la defensa de la justicia”, dijo Revilla.

Revilla señaló que el 13 de octubre solicitó a la Fiscalía que se le permita presentar una declaración ampliatoria a fin de aportar algunos elementos útiles en la investigación, pero “no se me ha permitido prestar esa declaración ampliatoria hasta el día de hoy, vulnerando mis derechos constitucionales y mi derecho a la defensa, y en lugar de escuchar una declaración ampliatoria del Alcalde, lo que hemos conocido ha sido una imputación”.

Revilla reveló que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sufre un acoso por parte de muchas reparticiones del Estado. “Estamos frente a un concurso de funcionarios públicos para ver quién queda mejor con su partido, quien hace mejor buena letra planteándole acciones, procesos e investigaciones al Alcalde de La Paz. No sé si se habrá ofrecido recompensa de alguna naturaleza, pero hay un concurso, todos los ministros están tras encontrar algo al alcalde, asambleístas departamentales, y ahora tenemos funcionarios judiciales”, aseguró.

En los últimos días la Comuna paceña recibió 13 nuevas solicitudes de la Contraloría, 10 notas del Ministerio de Transparencia y también la declinación de audiencias de Ministros en las que se debían negociar proyectos en beneficio de la ciudad de La Paz.

El Ministerio Público dispara ahora contra la presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz Desireé Bravo, imputada por la presunta falsificación de sus libretas de secundaria y su título de bachiller. Bravo presentó un amparo constitucional y evitó que los concejales del MAS la suspendan.

El Concejo Municipal de Santa Cruz decidió no suspender a Bravo, luego de un intenso debate con los concejales del MAS. “Estamos en la legalidad, gracias a Dios, a los concejales y a los vecinos que nos han apoyado durante la semana. Voy a seguir presidiendo el Concejo y principalmente trabajando por los vecinos que más necesitan”, celebró Bravo.

Sin embargo, la bancada del MAS denunció que la determinación quebranta la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, que establece una inhabilitación temporal de las autoridades imputadas formalmente ante la justicia, informó la agencia ABI.

Por otro lado, el senador del MAS Eugenio Rojas no descartó el procesamiento de todos los asambleístas opositores de Santa Cruz por aprobar una norma que establece que el Gobernador y otras autoridades departamentales sólo pueden ser suspendidas si tienen sentencia condenatoria, lo que en su criterio vulnera la Constitución Política del Estado y el artículo 144 de la Ley Marco de Autonomías.

También están en la mira del Ministerio Público los prefectos Ernesto Suárez y Rubén Costas, entre otras autoridades opositoras. “No se animan a llevarme (a La Paz) porque son unos cobardes, prefieren ir desgastando o me quede solo seguramente. Lo que quieren es mi muerte civil o tratan de matarme por inanición”, se quejó Costas.

Costas recomendó a la ciudadanía de Santa Cruz "no atemorizarse y amedrentarse" ante los procesos judiciales contra autoridades electas del país que son un claro intento de “doblegar al pueblo que no conoce otra cosa más que la libertad”.

Judicialización de la política

Hace poco, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay manifestó su preocupación por la falta de un Poder Judicial “independiente” en Bolivia y sobre todo por la violación de los derechos humanos de indígenas y políticos de la oposición.

“Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un Poder Judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, además del respeto por el estado de derecho y de un juicio justo”, recalcó Pillay, aludiendo directamente a los procesos judiciales que enfrentar varios políticos opositores acusados de corrupción.

“Las acciones tomadas en contra de los miembros de la oposición son sujeto de preocupación y por ello insisto en un debido proceso para que los individuos contra los que se sospecha no sean suspendidos, si no que tengan un debido proceso”, recomendó la comisionada de la ONU.

Varios dirigentes políticos de la oposición denunciaron que los fiscales del gobierno han transformando la justicia boliviana en un instrumento de represión política. “El MAS quiere ganar con chicana judicial lo que el pueblo le negó en las urnas”, comentó el líder cívico cruceño Luis Núñez.

El gobierno intenta anular cualquier opción democrática que gana una contienda electoral mediante la instrumentalización política de la justicia, denunció el alcalde paceño Luis Revilla.

“El gobierno quiere acabar con la oposición, estamos frente a la judicialización de la política, estamos transitando de un régimen democrático a uno dictatorial”, alertó el diputado opositor cruceño Jorge Flores.

“Este gobierno está jugando con fuego, pero no se equivoquen, el pueblo boliviano no admite dictaduras de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha, y va haber una respuesta seguramente democrática en algún momento”, advirtió Costas.

Rechazamos el autoritarismo estatal, la persecución judicial y fiscal de los opositores, las amenazas a los medios de comunicación, la estigmatización de las instituciones de la sociedad y sus portavoces, la represión policial violenta, la manipulación y desintitucionalización de las Fuerzas Armadas y la conversión de las entidades gubernamentales en aparato estatal de coerción, amedrentamiento y vigilancia al servicio del partido gobernante, se pronunció el Consejo Político Nacional del MSM.

El MSM y otras organizaciones políticas coinciden en que es preciso restablecer y defender el pluralismo democrático, las libertades ciudadanas individuales y colectivas y los derechos humanos “frente al accionar gubernamental peligrosamente intolerante con la diversidad, la crítica y la disidencia”.

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