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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2010-05-15 a horas: 18:47:26

El actual presidente del Tribunal de Justicia Militar pasa de testigo a imputado

Fiscalía decide imputar a militar por supuesta quema de documentos de octubre negro

El almirante Jorge Botello Monje, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, fue imputado por la quema y extravío de documentos relacionados a la masacre de octubre de 2003. Botello había declarado el viernes ante el fiscal Milton Mendoza en calidad de testigo.

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“Hemos observado serios indicios de responsabilidad, no solamente sobre la quema, sino en falsedad ideológica de parte del Almirante Botello, por lo que lo vamos a convocar nuevamente pero ya no como testigo, sino como imputado”, dijo el fiscal.

En el año 2003 el ahora imputado almirante Botello era jefe del Departamento Segundo de Inteligencia del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, luego pasó a ser Comandante de la Fuerza Naval y actualmente funge el cargo de Presidente del Tribunal Supremo de la Justicia Militar.

La fiscalía paceña investiga a por lo menos 25 militares presuntamente involucrados en la quema y extravío de documentos de los hechos de septiembre y octubre de 2003 de los cuales cinco ya declararon.

Días atrás, en base a las declaraciones de los jefes militares que dirigían las Fuerzas Armadas en los días de la masacre de octubre de 2003, Mendoza dijo que es parte de la reglamentación militar, elaborar sus registros de campaña en los que se documenta todo lo que acontece en una unidad militar, “mucho mas cuando estas están en operaciones militares”.

De acuerdo a la información del fiscal, “quienes elaboran esos registros son los comandantes de cada unidad, incluso se designa a un oficial historiador, quien tiene que registrar aquello…si sus altas autoridades nos dicen que esos registros existen, por lo tanto lo que nos toca a nosotros es buscar esos registros” resaltó.

Mendoza, enfatizó que estos archivos clasificados, debían estar en los recintos militares donde fueron ejecutados y tienen que ser entregados al ministerio publico, para esclarecer los hechos.

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