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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2010-05-11 a horas: 17:21:22

El planteamiento de la ONG estadounidense carece de imparcialidad, veracidad y credibilidad, dice la ministra de Transparencia

Gobierno rechaza afirmaciones de Human Right Watch

El gobierno rechazó hoy las afirmaciones de la ONG estadounidense Human Rigth Watch y aseguró que el proyecto de Ley de Juicio de Responsabilidades, radicado en el Parlamento para su debate, no vulnera los derechos fundamentales de los procesados.

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"Rechazamos categóricamente la posición de la ONG Human Rigth, que cuestionó el mencionado proyecto de ley, porque a su juicio vulneraría los derechos fundamentales de los procesados", declaró la ministra de Transparencia Institucional y lucha contra la corrupción.

La ONG estadounidense, cuyo anteriior responsable en Bolivia, Hugo Achá, está comprometido con el financiamiento a la célula terrorista de Eduardo Roszas, había pedido modificar el proyecto de ley de juicios de responsabilidades po considerar que no protejen las garantías básicas del debido proceso. Achá es en la actualidad prófugo de la justicia boliviana

“Nadie está por encima de la ley, y los ex jefes de estado que hayan cometido delitos durante sus funciones deben rendir cuentas por sus actos”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch en el sitio web de esa organización. “No obstante, tienen derecho a las mismas garantías de debido proceso que la Constitución y el derecho internacional reconocen a cualquier otra persona”, agregó.

Sin embargo, Suxo dijo que el planteamiento presentado por Human Rigths Watch, carece de imparcialidad, veracidad y credibilidad y no cuenta con ningún fundamento legal que lo sustente.

Según Suxo, la norma tiene como antecedentes a la Ley del Juicio de Responsabilidades de Alto Dignatarios de Estado promulgada el 31 de octubre de 1884, norma que fue modificada en 1994, 2002 y 2003.

Según la autoridad el proyecto de Ley de Juicio de Responsabilidades no establece ninguna aplicación retroactiva de delitos y sanciones para condenar a altos dignatarios de Estado, sino que adecua los procedimientos a lo establecido por la Constitución Política del Estado en vigencia.

Según la ONG estadounidense, "la nueva ley contra la corrupción prevé la posibilidad de juzgar a los ex jefes de estado en rebeldía La ley exige que el gobierno designe un defensor de oficio para representar al imputado". Sin embargo Suxo explicó que entre otros aspectos, el proyecto de ley no contempla el juicio en rebeldía.

La ministra explicó que un fallo que emite la Corte Suprema, como máximo tribunal de justicia, no tiene posibilidad de apelación ante ninguna otra instancia nacional, porque por encima de ese tribunal no existe otro.

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Con información de ABI

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