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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2010-03-24 a horas: 19:00:41

Los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir piden 30 años de prisión para el ex prefecto

El 4 de mayo comienza el juicio oral contra Leopoldo Fernández

(ABI).- El Tribunal Sexto de Sentencia fijó para el 4 de mayo el inicio del juicio oral contra el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández, acusado por la masacre de Porvenir del 11 de septiembre de 2008, anunció el martes el fiscal asignado al caso Eduardo Morales.

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"El presidente del Tribunal Sexto de Sentencia ha señalado para el 15 de abril el sorteo de los jueces ciudadanos, para el 21 de abril la constitución del tribunal con los jueces ciudadanos y el 4 de mayo el inicio del juicio oral", explicó a los periodistas.

Morales informó que la conformación de los jueces ciudadanos se realiza mediante un sorteo computarizado de 12 ciudadanos, con los datos que tiene la Corte Departamental Electoral. De los 12, y tras una selección, quedan 3, quienes junto a 2 jueces técnicos conforman el grupo de jueces.

Fernández, junto a 26 implicados más, fue acusado por los delitos de terrorismo, homicidio, lesiones graves, asesinato, asociación delictuosa y lesiones leves. "El interés que tiene la fiscalía es que se inicie este juicio para que este proceso no quede en la impunidad", expresó el fiscal.

La abogada defensora de los familiares de las víctimas de la masacre de Porvenir, Mary Carrasco, informó que la fecha de inicio del juicio es inamovible y no es susceptible de ningún recurso judicial.

"La fecha para el inicio del juicio contra Leopoldo Fernández no es modificable porque está establecido en el procedimiento y esas fechas de constitución no son susceptibles de ningún recurso", explicó a los periodistas.

Carrasco manifestó que, cuando el juicio se inicie, se presentarán los fundamentos de la acusación por parte de la defensa, con las pruebas de cargo de todos sus testigos, documentos y pericias junto a otros documentos para que el juez determine la sentencia.

Carrasco y los familiares de las víctimas ratificaron que pedirán 30 años de prisión para el ex prefecto, porque, a su juicio, existe pruebas de la asociación indirecta por los delitos de asesinato, terrorismo, homicidio, lesiones graves, leves y asociación delictuosa en los hechos acaecidos el 11 y 12 de septiembre del 2008 en Porvenir, Pando, donde perdieron la vida más de una decena de personas y otras continúan desaparecidas.

"Seguramente los acusados presentarán sus descargos y su estrategia será de dilación del proceso con la presentación de incidentes jurídicos, pero la parte acusadora está preparada para rehuir todos esos argumentos", anotó Carrasco.

La abogada dijo que la defensa del ex prefecto de Pando ha exigido que sea procesado bajo la Ley de Responsabilidades, dada su condición de ex autoridad, pero la gravedad de los delitos muestra que debe someterse a procesos judiciales ordinarios.

Señaló que junto a Fernández hay 27 acusados, algunos de los cuales han huido a localidades brasileñas fronterizas, desde donde ingresan para participar en las consultas electorales.

"Todos han sido notificados de su condición de procesados y, en caso de que no se presenten a declarar y no asistan al juicio, serán sometidos a lo que la Ley establece", anotó.

Fernández está recluido en forma preventiva en el penal de San Pedro de La Paz en espera del inicio del juicio. De acuerdo con la decisión de la justicia, el proceso se realizará en La Paz y no en Cobija, como exigieron los acusados.

Más de una decena de campesinos fueron muertos y decenas están desaparecidos cuando el 11 de septiembre grupos paramilitares, que respondían al mando de la Prefectura de Pando dirigida por Fernández, se trasladaron a la localidad de Porvenir fuertemente armados en vehículos del Servicio de Caminos de ese departamento (SEDCAM).

Los campesinos realizaban una marcha pacífica para reunirse y analizar temas de la coyuntura regional, especialmente relacionada con la usurpación de tierras por parte de latifundistas.

El ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que en el departamento de Pando operaban grupos de poder económico y de latifundistas que se adjudicaron ilegalmente grandes extensiones de tierras durante las dictaduras y los gobiernos neoliberales que explotaban irracionalmente los bosques.

Quintana subrayó que la falta de la presencia permanente del Estado en algunas zonas inaccesibles de este departamento amazónico, fronterizo con Brasil, hizo que los latifundistas establecieran en la zona una suerte de Estado paralelo.

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