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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2010-03-05 a horas: 10:02:24

Los dignatarios de Estado que se fugaron del país serán juzgados en rebeldía

La Cámara de Diputados aprobó en grande la Ley de Juicio de Responsabilidades

El pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Diputados aprobó anoche en su estación en grande el proyecto de Ley de Juzgamiento de la Presidenta o Presidente, de la Vicepresidenta o Vicepresidente, de Altas Autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura, Tribunal Constitucional Plurinacional y del Ministerio Público. La norma de 51 artículos y cuatro disposiciones transitorias determina la imprescriptibilidad de delitos y viabiliza el juzgamiento de acusados en rebeldía.

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La propuesta elaborada por el diputado Carlos Aparicio Vedia (MAS) y analizada con anticipación en la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural de la Cámara Baja, fue aprobada la noche del jueves en su primera estación en la vigésima séptima sesión plenaria.

"Esta ley es una necesidad nacional. Hemos venido hacer política no con sed de venganza sino con sed de justicia. Hubiéramos querido tener propuestas de Unidad Nacional (UN) y de Convergencia Nacional (CN); sin embargo, no la hemos tenido y aquí no se trata de ninguna persecución política como lo han señalado (la oposición)", expresó la jefa de bancada del MAS en Diputados Rebeca Delgado.

El diputado Javier Zavaleta (MSM) criticó el accionar poco constructivo de la reducida oposición legislativa y aseguró que la propuesta tiene el firme propósito de asestar un duro golpe a los culpables de los delitos de corrupción, hurto, traición a la patria, prevaricato y un sin número de hechos nefastos. "No podemos hacer oídos sordos, la vamos aprobar esta ley porque el país la requiere", expresó el asambleísta minutos antes de aprobar la norma.

El jefe de bancada de UN Jaime Navarro criticó la decisión de la mayoría oficialista y aseguró que la aprobación de la Ley de Juicio de Responsabilidades apunta indiscutiblemente a un escenario de "persecución política".

El proyecto de ley "regula la sustanciación y formas de resolución de los juicios por delitos cometidos" por altas autoridades del Ejecutivo y del Poder Judicial en el ejercicio de sus funciones. Las autoridades serán juzgadas por la justicia ordinaria por la comisión de delitos comunes no vinculados al ejercicio de sus funciones

Además de la sanción penal, de inhabilitación o prohibición del ejercicio de la función pública, los condenados deberán resarcir al Estado Plurinacional el daño civil que derive del hecho delictivo.

La norma establece que los dignatarios de Estado serán enjuiciados cuando cometan el delito de traición a la Patria (artículo 124 de la CPE y Código Penal vigente), violación de los derechos y de las garantías individuales, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, resoluciones contrarias a la CPE, anticipación o prolongación de funciones, concusión, exacciones, genocidio, soborno y cohecho.

La norma señala la imprescriptibilidad de los delitos de genocidio y de lesa humanidad, traición a la patria y crímenes de guerra. Tampoco prescriben aquellos delitos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico.

Según el artículo 10 del proyecto de ley, "se declarará únicamente la rebeldía cuando la denunciada o denunciado, o acusada o acusado teniendo conocimiento de una denuncia oficial se fugue del país, evadiendo así la acción de la justicia. Una vez declarado la rebeldía en contra de la denunciada o denunciado, acusada o acusado, el proceso proseguirá hasta que se pronuncie sentencia, en su rebeldía. El Estado designará un defensor de oficio y la denunciada o denunciado, o acusada o acusado".

En ese sentido, se prevé que una persona acusada podrá ser juzgada aunque no esté presente en el país, según lo explicó el asambleísta opositor e impulsor de este artículo Carlos Subirana (CN), "con la intensión de buscar justicia".

Las autoridades del futuro Tribunal Supremo de Justicia que retarden la administración de justicia serán sancionadas por el "delito de negativa o retardo de justicia". La figura también se amplía al Fiscal General "si no promoviera de forma diligente el enjuiciamiento".

La jefa de bancada del MAS, Rebeca Delgado, subrayó que la futura norma establece el procedimiento que regirá "de aquí para delante" y que los procesos que se encuentran en curso continuarán en base a las leyes 2445 y 2623 y serán conocidos por la Comisión Mixta de Constitución y Justicia Plural.

La Ley 2445 establece la sustanciación y resolución de los juicios de responsabilidades contra el Presidente de la República, Vicepresidente de la República, Ministros de estado y Prefectos de Departamento, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.

La Ley 2623 esta referida para el Juzgamiento de Altas Autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la Republica.

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