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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2010-02-25 a horas: 23:58:04

El Senado aprobó en grande la drástica ley anticorrupción y la Cámara de Diputados apura una norma que endurece el Código Penal

La cacería de políticos y jueces corruptos está a punto de comenzar

La Ley de Lucha contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Dudosas Marcelo Quiroga Santa Cruz fue aprobada por la Cámara de Diputados en la anterior legislatura y este miércoles fue validada en su estación en grande en la Cámara de Senadores. Por otro lado, las comisiones de Justicia y Constitución de la Cámara Baja analizan un anteproyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y endurece las sanciones establecidas en la Ley de Ejecución de Penas.

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La ley anticorrupción propuesta por el MAS tiene carácter retroactivo, no reconoce ningún tipo de inmunidad, fuero o privilegio, y declara la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.

La norma permitirá enjuiciar a ex funcionarios públicos que se enriquecieron con los recursos del Estado y también a nuevos ricos que no puedan justificar el origen de sus fortunas. Los que hayan cometido los delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito perderán sus bienes y serán sancionados hasta con 14 años de cárcel.

Podrán ser enjuiciados en rebeldía los imputados que huyeron del país, como por ejemplo el ex prefecto de Cochabamba y ex candidato opositor Manfred Reyes Villa, el empresario Branko Marinkovic y el ex prefecto de La Paz José Luis Paredes.

"Los hechos de corrupción cometidos en los últimos 20 años no prescriben, por lo que serán procesados, investigados y sancionados", advirtió la ministra de Trasparencia Nardy Suxo (ABI). "Es una ley es muy contundente, muy fuerte y muy drástica, pero solamente así se puede dar una señal para que el comportamiento y la mentalidad de la gente cambien", explicó el Vicepresidente Alvaro García Linera.

Los legisladores de la oposición temen una inminente "cacería de brujas". El presidente de la Bancada de Convergencia Nacional Germán Antelo aseguró que "todos queremos luchar contra la corrupción, sin embargo la ley elaborada por Evo Morales es un pretexto para acaparar el control de las instituciones".

Según Antelo, así como la Asamblea Legislativa le dio el control del Poder Judicial al Presidente Morales, ahora le da el control de la lucha anticorrupción al Poder Ejecutivo. "El gobierno nacional asume las competencias de la Fiscalía, de la Contraloría y la Procuraduría del Estado, por cuanto las atribuciones que establece la nueva Constitución para estos órganos son transferidas al Ministerio de Transparencia a cargo de la masista Nardy Suxo".

"La superministra de Transparencia bajo el control del MAS y mujer de confianza del Presidente Morales no es imparcial porque pertenece al partido de gobierno; el ratón no puede cuidar el queso", se quejó el senador opositor.

Antelo denunció que el proyecto de ley anticorrupción es inconstitucional por que viola los derechos fundamentales de justicia establecidos en los artículos 115 (derecho al debido proceso), 116 (presunción de inocencia y sanción fundada en una ley anterior) y 117 (defensa y garantía en todo proceso), y también la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público establecida en los artículos 178 y 225 de la Constitución.

En su criterio, la ley anticorrupción debe ser adecuada a los principios constitucionales y respetar las competencias de la Contraloría, Fiscalía y la Procuraduría del Estado establecidas en los artículos 213, 225 y 231 de la Constitución. Estas instancias no pueden estar bajo mando de una ministra, al igual que la Unidad de Investigación Financiera, el órgano de control de los recursos provenientes de transacciones bancarias.

En trámite una "ley rápida" de seguridad ciudadana

El Poder Ejecutivo presentó el lunes a la Cámara de Diputados un anteproyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y la Ley de Ejecución de Penas. La norma no solo agiliza los procedimientos sino que limita el derecho a gozar de medidas cautelares.

El proyecto de reforma del Código de Procedimiento Penal y del Código Sustantivo Penal introduce una serie de mecanismos para dar celeridad y efectividad a la acción de la justicia ante la comisión de un delito, informó el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce.

"Los vicios de la norma vigente permiten la adopción de una lógica de impunidad, de indefensión de las víctimas, además de convertirse en un instrumento para que los delincuentes estén en las calles, favorecidos por jueces y fiscales corruptos", dijo el ministro de Gobierno Sacha Llorenti.

Según Arce, es tiempo de realizar una reingeniería del sistema judicial para recobrar su verdadero espíritu, habida cuenta que la efectiva acción de la justicia penal ha perdido la capacidad de prevenir la comisión de delitos a través de la emisión de sanciones objetivas."Sin entrar y sin volver al antiguo sistema acusatorio, lo que plantea este proyecto de ley es una serie de reformas para que dentro de las garantías que conlleve este sistema garantista, se le de efectividad a la justicia, que los procedimientos sean ágiles, y evitar que los delincuentes peligrosos, a pesar de ser detenidos con grandes esfuerzos por los organismos de investigación policial, finalmente acaben liberados porque la ley no prevé mecanismos objetivos de efectivización de la justicia", explicó Arce.

"Estamos hablando de violadores, narcotraficantes, asesinos, ladrones que cada 15 días o cada mes entran y salen de la cárcel; eso se acabó", advirtió García Linera.

El anteproyecto de ley endurece las sanciones por delitos de prevaricato y cohecho; inhabilita a funcionarios judiciales vinculados con delincuentes, y posiblemente incluya sanciones para todas las personas que conduzcan vehículos en estado de ebriedad.

El proyecto de "ley rápida" de seguridad ciudadana será una de las prioridades de las comisiones de Justicia y Constitución y se espera que sea tratado en el pleno camaral la próxima semana.

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