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Área: Seguridad >> Militares
Actualizado el 2010-02-23 a horas: 23:04:41

Criticados y presionados por organismos nacionales e internacionales

Los militares entregan documentos de la dictadura de García Meza antes de lo previsto

El comandante general de las Fuerzas Armadas Ramiro de la Fuente se comprometió a entregar a la Justicia boliviana la documentación referida a la dictadura militar de Luis García Meza (1980-1981) tres días antes de lo previsto, debido a las críticas y a la fuerte presión de la Defensoría del Pueblo, Amnistía Internacional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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En noviembre de 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una sentencia en el caso Ticona Estrada y otros vs. Bolivia, en la cual responsabiliza al Estado boliviano por la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de las víctimas de desaparición forzada, entre otras violaciones.

La Corte advirtió que el severo sufrimiento de los familiares se acrecienta "por la constante negativa de las autoridades estatales de proporcionar información acerca del paradero de la víctima o de iniciar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo sucedido".

En mayo de 2009, el Ministerio de Defensa emitió una resolución afirmando su voluntad de publicar la información requerida, pero incumplió su promesa, por lo que el Poder Ejecutivo tuvo que emitir una Resolución Ministerial ordenando que se permita el acceso a los archivos militares a los familiares de los desaparecidos.

Ampliando una resolución judicial del 16 de septiembre de 2009, el 10 de febrero de este año el juez Octavo de Instrucción en lo Penal Roger Valverde ordenó a las Fuerzas Armadas que desclasifiquen archivos que permitan encontrar los restos de 26 ciudadanos bolivianos desaparecidos en la dictadura de García Meza, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal.

Según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Desaparecidos, desaparecieron en ese régimen de facto los ciudadanos Juan de Dios Aramayo Vallejos, Bernardino Félix Cazas Rojas, Ariel Valdivieso, Gregorio Escalera Mendoza, Julio Condori Chura, Carlos Gutiérrez Gutiérrez, Julio César Delgado Echenique, Esther Tita Manzano Coronado, José Luís Martínez Machicado, Miguel Huarachi Mamani, Carmelo Lima Mamani, Ludgardo Medrano Sanjinés, Ernesto Florencio Laime Choque, Freddy Quisberth Montes, Elías Rafael Flores, Octavio Mendoza Arismendi, Eduardo Rodríguez Mattos, Francisco Poma Mamani, René Chalco Sánchez, Germán Terceros Gutiérrez, Ademir Villegas Landívar, Ismael Tórrez, Renato Ticona Estrada y Angel Remigio Tarquino Sánchez.

Sin embargo, el 17 de febrero las Fuerzas Armadas negaron al fiscal encargado de la investigación el acceso a los documentos del Cuartel de Miraflores en La Paz. Ese día el comandante De la Fuente prometió que entregaría los documentos recién el 26 de febrero, luego de "revisar" y "ordenar" los archivos militares.

Desde ese día las Fuerzas Armadas bolivianas fueron blanco de duras críticas de instituciones nacionales e internacionales. La Defensoría del Pueblo condenó el hermetismo militar, organizaciones de derechos humanos condenaron el desacato a una orden judicial, y luego Amnistía Internacional exigió a todas las entidades del Estado Boliviano, y en particular a las Fuerzas Armadas, la entrega inmediata, incondicional y completa de documentos militares relacionados con casos de desaparición forzada y otras violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional reiteró su llamado a las Fuerzas Armadas a que localice y haga públicos los archivos relacionados con abusos a los derechos humanos cometidos durante el periodo de gobierno militar y autoritario. "Es preocupante que 30 años luego de que ocurran estos hechos gravísimos, aun no se ha podido dar a conocer información que podría esclarecer lo que pasó. Mientras tanto, el sufrimiento de los familiares de los desaparecidos se prolonga, lo cual constituye una violación continua de sus propios derechos humanos", fustigó la investigadora de Amnistía Internacional Louise Finer.

Organismos de derechos humanos recordaron que el derecho de los familiares a conocer la verdad ha sido consagrado en estándares internacionales a los cuales Bolivia se ha adherido, entre ellos la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de las Personas y la Convención Internacional de Naciones Unidas para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.

Chile, Guatemala, México y Paraguay han logrado avances por la revelación de información de sus archivos militares, un paso esencial para poder romper con las violaciones del pasado que permanecen impunes, pero la persistente negación de las Fuerzas Armadas a desclasificar sus archivos hace imposible la búsqueda por la verdad y la justicia, denunció Amnistía Internacional.

Debido a la fuerte presión nacional e internacional, el comandante de las FF.AA. decidió entregar la información requerida al fiscal Mendoza y al juez Valverde este miércoles a las 16 horas en el Estado Mayor, tres días antes del plazo que había solicitado.

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