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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2010-01-14 a horas: 18:06:20

Cuestionan a Luis Flores Roberts

Graves denuncias de corrupción contra el candidato a gobernador del MAS en Pando

El candidato del MAS a la gobernación del departamento de Pando, Luis Flores Roberts, fue acusado por la Aduana en abril de 2008 por la comisión de los delitos de contrabando, usurpación de funciones aduaneras, instigación pública a no pagar tributos, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

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Desde que fue ampliamente reelecto con el 64% de los votos, el Presidente Evo Morales ha instado repetidas veces a los miembros de la primera Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y especialmente a los integrantes del Movimiento Al Socialismo (MAS), a aprobar, como primera medida de gestión, la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz de investigación de fortunas de origen dudoso y a activar los juicios de responsabilidades a autoridades formalizadas por corrupción, apenas entre en vigencia esa instancia parlamentaria.

Lo que muchos se preguntan es qué harán varias de los nuevos candidatos propuestos por el propio MAS para las elecciones de gobernadores y alcaldes, que se realizarán el próximo 4 de abril, si es que son electos, frente a ese reclamo del propio Evo Morales de no sólo aprobar sino de una vez aplicar la Ley de Investigación de Fortunas y Anticorrupción.

Uno de los casos que más está resonando es el del candidato a gobernador por el departamento de Pando, el abogado Luis Flores Roberts, quien se venía desempañando como Alcalde de la ciudad capital de Cobija.

Lo que llama más la atención es que las denuncias contra Flores fueron efectuadas por funcionarios del propio gobierno encabezado por Morales; de allí que son varios los sectores sociales pandinos que han cuestionado el nombramiento de Flores como candidato a la máxima autoridad departamental.

Un dirigente campesino que prefirió ocultar su nombre para evitar persecuciones dijo que "los campesinos no vamos a votar por candidatos sospechosos de corrupción" y que en todo caso, Flores debería primero aclarar las denuncias, y si no puede hacerlo, renunciar a su postulación, "por el bien del departamento y también del proceso de cambio".

El 4 de abril de 2008, el entonces presidente de la Aduana Nacional de Bolivia presentó ante la Fiscalía General de la República la proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades contra el entonces prefecto de Pando Leopoldo Fernández y el entonces alcalde de Cobija Luis Adolfo Flores por la comisión de varios delitos en su condición de presidente del directorio y miembro del directorio, respectivamente, de la Zona Franca Cobija (Zofracobija).

El juicio de responsabilidades alcanza también a Ana Melena de Suzuki, presidenta del Comité Cívico de Pando y Eugenio Fusi, presidente de la Cámara Departamental de Industria y Comercio. Fernández está preso y Ana Melena prófuga por su participación en los hechos que desencadenaron la Masacre de Porvenir, el 11 de septiembre de 2008.

La acusación de las autoridades aduaneras contra Fernández, Flores y otros está referida a la comisión de los delitos de contrabando, usurpación de funciones aduaneras, instigación pública a no pagar tributos, conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, evasión de impuestos y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.

El directorio de Zofracobija aprobó, en enero de 2008, la Resolución 01/2008 disponiendo la regularización de todos los vehículos indocumentados de Cobija, con una multa del 100% de la tasa de ingreso a Zofracobija y el pago de 800 bolivianos por vehículo y 400 bolivianos con destino a la Aduana Nacional.

Esta resolución de directorio de Zofracobija viola los procedimientos aduaneros y pago de tributos para la nacionalización de vehículos indocumentados. La cantidad de vehículos que se acogieron a esta medida irregular fueron casi un millar. Toda la información sobre la denuncia hecha por la Aduana Nacional puede leerse en la propia página web de la institución (www.aduana.gov.bo)

"¿Con qué moral puede asumirse un cargo público de la importancia que tiene la primera gobernación democrática del departamento de Pando mientras no se aclaren estas denuncias?", se preguntó otra de nuestras fuentes. "El presidente Evo Morales no debe estar informado de estas denuncias, es preciso que se entere y juzgue por él mismo", agregó.

Otro caso de corrupción

El de los vehículos indocumentados no es el único caso de corrupción que implica a Luis Flores. Desde marzo de 2006 hasta enero de 2008, el ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández avaló una transferencia ilegal de fondos a la Universidad Amazónica de Pando, que causó un daño económico calculado en más de 11,8 millones de bolivianos a la Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija.

El caso corresponde a una denuncia formal presentada el 2 de septiembre de 2008 ante el Ministerio Público, basada en los datos proporcionados por el gerente de la Contraloría General del Estado en el departamento de Pando, Franklin Solano Vargas.

El documento menciona que el hecho ilícito comenzó el 31 de octubre de 2000 por la resolución 012/2000 del Directorio de Zofra Cobija, que autoriza la disposición del 0,5 por ciento del derecho de ingreso de la institución a favor de la Universidad Amazónica de Pando. Luis Flores formaba parte de ese directorio.

La determinación fuera de la ley fue suspendida recién el 10 de octubre de 2008 por la Dirección General Ejecutiva de Zofra Cobija, avalada por la resolución del nuevo directorio 002/09 del 6 de marzo de 2009.

Sobre estos hechos, el contralor general del Estado Gabriel Herbas explicó que los involucrados en la transferencia ilegal de fondos de Zofra Cobija tendrán que devolver los recursos económicos, una vez que sean juzgados y condenados por ese hecho ilícito.

La autoridad estatal señaló que los acusados no respetaron el hecho de que los fondos recaudados por la entidad, a través de una serie de transacciones, deben ser empleados estrictamente en su labor institucional.

"Hubo un daño económico al Estado y esa suma tendrá que ser devuelta por los inculpados", dijo Herbas en declaraciones publicados por el periódico gubernamental Cambio el 4 de septiembre del año pasado.

Herbas explicó que las ex autoridades que fueron parte del directorio de Zofra Cobija durante la vigencia de la resolución 012/2000 malversaron fondos, puesto que emplearon dinero destinado para un objetivo específico a una causa diferente. "Los recursos estaban destinados para la Zofra Cobija y sólo podían ser transferidos por una ley expresa", añadió.

En tal sentido, el Contralor manifestó que todos los elementos de prueba del ilícito fueron presentados a la Fiscalía para que los ex funcionarios de la Prefectura de Pando, representantes industriales y cívicos respondan por los actos y declaren en el juzgado respectivo.

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