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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2009-12-29 a horas: 19:58:00

Para financiar un referéndum ilegal

La Contraloría denuncia al prefecto Cossio por uso irregular de más de 5 millones de bolivianos

La Contraloría General del Estado (CGE) denunció formalmente ante el Ministerio Público al prefecto de Tarija Mario Cossío y a otros nueve funcionarios del Consejo Departamental por el uso irregular de 5.645.585 bolivianos para financiar un referéndum autonómico ilegal.

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Se trata de la última acción de la Contraloría contra la realización referéndums autonómicos ilegales en cuatro departamentos en 2008. "Tarija era el único departamento que nos faltaba para la conclusión del informe", informó el contralor Gabriel Herbas.

"Estamos presentando el mismo ante la Fiscalía General de la Nación y en este momento los abogados de la Contraloría se encuentran en la ciudad de Sucre para presentar esta denuncia, tal como establece el Artículo 35 de la Ley 1178 que faculta a la Contraloría para establecer una denuncia", dijo la autoridad.

Herbas explicó que referéndum de Tarija tuvo las mismas características que la consulta en el departamento de Pando. "A diferencia del departamento del Beni y Santa Cruz, en el caso de Tarija este dinero ha sido manejado exclusivamente por la Prefectura de manera institucional e individual. Debemos recordar que en el departamento de Santa Cruz y del Beni estos dineros fueron entregados a las Cortes Departamentales", precisó.

El Consejo Departamental de la Prefectura de Tarija autorizó la realización de un referéndum departamental para la aprobación del estatuto autonómico del departamento mediante Resolución 026/2008.

Dicha resolución fue firmada por Mauricio Lea Plaza, Presidente a.i.; Alberto Lazcano, secretario a.i.; Víctor Hugo Zamora, Oscar Guillén; Ramiro Gutiérrez Aguilar; Oscar Madariaga; Helder Quiroga; René Valdez Soruco y Marcos Jurado Huayte.

La Contraloría General del Estado acusó a Mario Cossío Cortez y a los miembros del Consejo Departamental de Tarija por la posible comisión de los delitos de "malversación", "resoluciones contrarias a la Constitución y las Leyes", "incumplimiento de deberes" y "conducta antieconómica", previstos en los Artículos 144, 153, 154 y 224 del Código Penal.

En julio, la Contraloría denunció que la Prefectura de Santa Cruz, en base a un documento denominado "Estatuto del Departamento Autonómico de Santa Cruz" y otras resoluciones fuera del marco legal vigente, destinó la suma de 10.061.239 bolivianos para financiar una consulta ilegal, en complicidad con la Corte Departamental Electoral.

En octubre, el Contralor se apersonó ante la Fiscalía de Distrito de Cobija para presentar denuncia por la realización de otra consulta en Pando, para la cual se utilizó irregularmente alrededor de 2,2 millones de bolivianos.

El 30 de octubre, se presentó una denuncia formal contra autoridades de Beni por las mismas razones. El prefecto del departamento resolvió que la Corte administre y ejecute el referéndum desde su inicio hasta su conclusión, creando para ello una Unidad Ejecutora, con autonomía de gestión administrativa, financiera, egal y técnica. Según comprobantes de ejecución presupuestaria, se utilizaron 3.319.060 bolivianos.

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