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Área: Economía >> Minería
Actualizado el 2009-12-17 a horas: 23:45:10

Minería y extracción de aguas subterráneas

San Cristóbal y el retroceso del movimiento en defensa del agua en el sudoeste potosino

Emilio Madrid L. *

El Sud Oeste potosino de Bolivia, conformado por las provincias Sud Lípez, Nor Lípez, Enrique Valdivieso, Antonio Quijarro y Daniel Campos, se caracteriza por ser una zona donde el agua escasea; por ello los acuíferos subterráneos o "aguas fósiles" que dispone la región, constituyen un recurso estratégico para el desarrollo de cualquier actividad económica y en especial como principal potencial para un desarrollo sostenible de la región, además de ser un factor clave para el equilibrio y funcionamiento del ecosistema local.

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Su importancia, también ha significado para estos acuíferos, ser amenazados constantemente con una extracción intensiva y no sostenible, particularmente por las necesidades de la gran industria minera, cuyas operaciones requieren enormes volúmenes de agua.

Así, durante los primeros años del milenio (2001 adelante) hubieron intentos de concesionar a privados la extracción de estas aguas para su comercialización y exportación hacia Chile, respondiendo a la demanda de las mineras de ese país que, debido al agotamiento de las aguas subterráneas en sus zonas por la extracción intensiva de pozos profundos, enfrentaban una aguda escasez para el aprovisionamiento de sus instalaciones. (CENDA - FRUTCAS 2007)

La férrea defensa de las comunidades organizadas en la Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), impidió que se concretara ese extremo, logrando en mayo del 2004 aprobar la Ley Nº 2704, que debiera impedir la extracción de esas aguas subterráneas con otros fines que no sean el desarrollo integral del sudoeste potosino, declarado de prioridad nacional.

Actualmente, la extracción de grandes volúmenes de agua subterránea en la región está siendo realizada por la minera San Cristóbal, conocida por ser la más grande operación a cielo abierto en Bolivia. Para ello dispone de autorizaciones otorgadas por las instancias ambientales de los anteriores y el actual gobierno.

La sostenibilidad en el uso y extracción de las aguas subterráneas, es el principio que las comunidades lograron establecer en el contenido de la Ley Nº 2704 que desde entonces debiera constituir en política de Estado al momento de autorizar, regular y fiscalizar el uso de las aguas subterráneas en esa región.

Sin embargo, ese principio parece estar ausente, no solo en la autorización que se le ha otorgado como parte de su Licencia Ambiental, sino también en la falta de mecanismos desde el Estado para verificar y fiscalizar si los volúmenes actuales de extracción de agua no ponen en riesgo la preservación de los acuíferos subterráneos.

Al respecto, Morán (2009) considera que los volúmenes actuales de extracción que fluctúan aproximadamente entre 42,000 y 50,000 metros cúbicos por día (muy por encima de los niveles de recarga) proyectado para aproximadamente 20 años con posibilidades de incrementarse, no pueden considerarse desde ningún punto de vista como un uso sostenible de estos acuíferos por cuanto a la larga conducirá a un incremento de las disputas por la disposición y acceso de agua entre los distintos usuarios de la región.

El carácter no sostenible de la extracción de aguas subterráneas por la Minera San Cristóbal, es un tema que durante los últimos años las comunidades del Sud Oeste Potosino vienen exigiendo esclarecer al Estado, no solo con base a sus percepciones sobre la desaparición inicial de vertientes y "ojos de agua", sino también aportando información técnica recabada en instancias gubernamentales como el SERGEOTECMIN o estudios independientes, que sin embargo parecen no lograr generar la suficiente preocupación del Estado en procura de realizar esfuerzos serios por realizar evaluaciones técnicas independientes de la empresa minera. (CENDA - FRUTCAS 2007)

Parece que en el tema minero, la voz de las comunidades aún no logra ser escuchada, a pesar de que se trata de defender principios que se plasmaron como parte del movimiento de defensa del agua, que constituyo uno de los pilares del proceso que confluyo en la asunción del gobierno de "cambio".

Con frecuencia, la empresa objeta al respecto, que dispone de la conformidad de las comunidades tanto para sus operaciones como para la extracción de aguas subterráneas. Sin embargo se debe recordar que en realidad la conformidad lograda se refiere tan solo a procesos de negociación sobre compensaciones por la reubicación de su pueblo, la ocupación de tierras y temas laborales; que además distan mucho de enmarcarse en los principios del derecho de Consulta Previa e Informada (Convenio Nº 169 OIT) y menos tienen que ver con el tema específico del agua subterránea.

Corresponde al Estado subsanar en adelante el respeto a los derechos de las comunidades, tanto de acceso y disposición a la información así como a la realización de evaluaciones técnicas independientes. Para ello los elementos aportados por el informe de Moran constituyen una base importante para avanzar en esa dirección.

* Colectivo CASA.

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