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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2009-11-26 a horas: 17:30:11

La Fiscalía imputa formalmente a Santos Ramírez por corrupción

(ABI).- El presidente destituido de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez y otras 11 personas fueron formalmente imputados por corrupción pública, en la suscripción del contrato para la construcción de una planta de de licuables en el sudeste de Bolivia, que envuelve la friolera de 86 millones de dólares, informó el miércoles el fiscal en ejercicio de La Paz, Fernando Ganam.

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"La comisión de fiscales que investiga la corrupción pública en la estatal petrolera presentó la imputación formal contra 12 implicados en la firma de un contrato ilegal por lo que deben responder por daño económico al Estado", afirmó.

La imputación se materializó 10 meses después que una banda de pistoleros asesinaran en una calle de La Paz al empresario Jorge O'Connor D'arlach, titular de la empresa Catler-Uniservice, antes de despojarle de 450.000 dólares en efectivo que llevaba para acuñar una coima destinada a Ramírez.

De acuerdo con Ganam, Ramírez "suscribió un contrato a su medida con la empresa Catler-Uniservice vulnerando la Ley Safco y amparado (mañosamente) en el Decreto Supremo 29506 de contratación directa".

Los implicados han sido acusados de cohecho activo, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Uno de los fiscales de la causa, fiscal César Romano, y la abogada de YPFB, Mónica Ramírez, coincidieron, por separado, que en el juicio oral probarán que el destituido presidente de la estatal petrolera está implicado en la corruptela.

En calidad de víctima y querellante, YPFB coadyuvó al Ministerio Público en la acumulación de indicios y evidencias en la etapa preparatoria del proceso.

Durante toda la etapa preparatoria se obtuvo elementos conducentes que establecen la participación y autoría de los imputados.

Entre enero último, cuando se destapó el escándalo, y octubre, la comisión de fiscales realizó inspecciones oculares y allanamientos que constituyen prueba documental como testifical con respecto a la participación de cada uno de los imputados.

La investigación estableció que el contrato suscrito por Ramírez y la empresa Catler Uniservice es irregular así como la suscripción de adendas.

También se detectaron irregularidades en las firmas y copias de todos los documentos del proceso de contratación que no contaba con la aprobación del directorio de YPFB, tal como obliga la norma.

Este incidente reveló el grado de participación de los imputados, además de Ramírez, la entonces abogada de YPFB, Esther Carmona, Misael Gemio, Marco Antonio Vega, Miguel O´Connor, René Navia, Mario Cossio Mac Galen y Franklin Aramayo.

Los dos últimos implicados aceptaron su culpa y se sometieron a juicio abreviado.

De los recursos del Fideicomiso, de 45 millones de dólares, YPFB ha recuperado aproximadamente 28 millones, que se encuentran depositados en el Banco de la Unión, de acuerdo con la investigación

En consecuencia, el daño económico establecido alcanza a 16,6 millones de dólares, de los cuales 13,3 millones que fueron entregados a la subcontratista Gulsby y, 3,3 millones, fueron repartidos en coimas, afirma la acusación.

La abogada de YPFB, Mónica Ramírez, dijo que "la investigación a cargo de la comisión de fiscales intentan esclarecer "adónde fueron a parar los dineros destinados a coimas y sobornos", en referencia a los 3,3 millones de dólares mencionados.

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