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Área: Economía >> Economía y finanzas
Actualizado el 2009-11-20 a horas: 22:48:15

La nueva crisis económica y el gobierno nacional

Colectivo Financiero *

El Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho conocer el techo presupuestario para las entidades públicas correspondiente a la gestión 2010, el que registra una disminución en los ingresos por renta petrolera de un 35% y de los recursos de coparticipación tributaria de un 17% respecto a la gestión 2009, año en el que además ya se prevé una disminución de los ingresos efectivos por renta petrolera en al menos un 20%.

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Los ingresos de hidrocarburos proyectados del presupuesto de ingresos de las Prefecturas Gestión 2010, muestra una reducción tanto en las regalías como IDH a niveles similares a los del 2005, lo que muestra que se estaría retrocediendo 5 años en el nivel de la renta petrolera.

Esta realidad de reducción sistemática de los ingresos a la que se suma la política confiscatoria de recursos departamentales aplicada por el Gobierno Nacional desde la gestión 2008, es un síntoma que explica una situación de crisis que hoy comienza a vivir la economía en Bolivia, provocada entre otros por los siguientes elementos:

•1. LA INEPTITUD DEL GOBIERNO NACIONAL EN EL MANEJO DE LA HACIENDA PÚBLICA NACIONAL Y DE LA POLÍTICA FISCAL

a. Hasta ahora el Gobierno Nacional no tiene claridad sobre el modelo económico que quiere construir. Una serie de hechos marcan la falta de rumbo económico: el anunciado modelo económico social comunitario productivo no tiene forma definida y menos políticas públicas consecuentes. El "piloto automático" en materia fiscal y monetaria, el intento de retornar al estado empresario históricamente fracasado, el rol cada vez más importante de la economía informal, el contrabando y el creciente narcotráfico, la falta de políticas públicas sectoriales que tenga objetivos bien definidos, la insostenibilidad del rentismo y de los bonos como la dinámica predominante, la dependencia casi exclusiva de la venta de los recursos naturales no renovables y otros elementos más, nos muestran que las políticas económicas no tienen un rumbo y que no garantizan un futuro cierto para los bolivianos. b. El país ha disfrutado de la bonanza determinada por los altos precios de los recursos naturales, pero es una situación particular generada por esfuerzo ajeno y dependiente de factores que el país no puede controlar. Si el PIB creció el 2008, en realidad fue gracias a los generosos precios de las materias primas en el mercado externo.

Sin embargo, el tiempo de la bonanza económica se terminó y Bolivia está cayendo en una inevitable desaceleración económica. Se desperdició el auge y los precios del gas del 2007 y 2008 no volverán a repetirse en mucho tiempo.

El cuarto de hora excepcional se ha desaprovechado, no se han utilizado los recursos extraordinarios para alentar la diversificación de las exportaciones, generar fuentes de empleo sostenible y encarar políticas estructurales para disminuir la pobreza. Nos dimos el lujo de no ejecutar políticas públicas que apoyen la producción y la competitividad, al extremo de perder mercados preferenciales, desdeñar inversiones y mantener hasta hoy, cupos y prohibiciones a las exportaciones no tradicionales. No se han generado estímulos fiscales, ni alianzas con el sector privado, ni se han priorizado los emprendimientos que vayan en beneficio de la micro y mediana empresa y que impulsen la producción de productos manufacturados.

La política del Gobierno Nacional fue reactivar la economía ampliando la demanda y el mercado interno a través de incrementos salariales y de 4 bonos redistributivos ($us. 274 millones anuales). Esa política es altamente vulnerable en razón de que depende estructuralmente de la magnitud de los ingresos públicos que recibimos por renta petrolera. El país necesita una dinamización del mercado interno, pero que al mismo tiempo, que se generen certidumbres e incentivos sostenibles a los inversionistas y a los emprendedores, lo que no está ocurriendo.

En ese marco, las altas reservas internacionales son producto de una extraordinaria y fugaz coyuntura de los precios de nuestras exportaciones de materias primas, por lo que el balance fiscal depende principalmente del comportamiento de las exportaciones de gas natural.

Se soslayan los efectos de la crisis internacional por razones políticas, mostrando que el país estaría "blindado" o que tiene un plan frente a ella. Hasta ahora no se sintieron los efectos de la crisis gracias al "colchón" que generaron las remesas de los inmigrantes en el exterior, el crecimiento de la economía informal y los excepcionales ingresos por renta petrolera. No se ha transparentado la real situación fiscal de la renta petrolera en el país, manteniendo una figura bonancible por razones políticas y por ello, ahora que se asumen, los datos reales, se genera una disminución mucho más brusca. Por esa misma razón, las proyecciones de ingresos por renta petrolera no tuvieron una buena correlación con el comportamiento real del mercado.

Por ello, de forma irresponsable se estuvo mostrando una realidad financiera hasta ahora ficticia, ya que resulta que nuestra economía no había estado "blindada".

Eso se evidencia en los datos de recaudaciones mensuales por renta petrolera de la gestión 2009, que registran una disminución de un 30% respecto a las recaudaciones de enero. Este hecho no sólo se explica por la baja en el precio de gas de exportación, sino también por la disminución de los volúmenes exportados a Brasil y Argentina. A eso se suma que el BCB ha decidido congelar el tipo de cambio desde octubre de 2008, colocándose a contracorriente de los países de la región y del mundo, con el objetivo de combatir la inflación, pero que hoy afecta el valor de nuestras exportaciones que no pueden compensar el efecto de la apreciación cambiaria.

c. Es necesario contextualizar el análisis fiscal en el manejo del PGN, en tanto es el principal instrumento de la política fiscal. La mala administración y manejo del Presupuesto General de la Nación evitó que de su optimización se asignen y liberen recursos para fijar políticas fiscales más sostenibles.

Se puede observar la evolución de los ingresos en el periodo 2005 - 2009 pasando en 2005 de Bs. 43.671 Millones de Bolivianos a Bs. 107.138 millones de bolivianos el año 2009, un incremento porcentual en 3 años de 136%.

Entonces, en el periodo de tan solo 4 años de Gobierno del MAS se programaron Bs. 353,185 millones de bolivianos suma casi similar al gasto de 15 años de gobiernos anteriores.

Sin embargo, su manejo no se ha transparentado, no se conocen informes oficiales sobre el destino de éstos recursos y su ejecución como establece el artículo 151 de la Constitución Política del Estado, ni se ha realizado fiscalización alguna sobre ellos, cuando el P.G.N. ha crecido de forma peligrosa. Eso lleva a concluir que el Presupuesto General de la Nación, se constituye en un ilustre desconocido de la política fiscal boliviana.

En ese marco y contrario a toda política económica racional el gasto corriente sube de Bs. 22,118 millones de bolivianos el 2005 a Bs. 67.542 millones de bolivianos el 2008, o sea 300% de incremento en un periodo muy corto, y se basa en fuentes no sostenibles en el mediano plazo. A su interior es necesario observar el gran salto financiero que se proyecta entre las gestiones 2007 y 2008 en la partida de Otros Gastos Corrientes subiendo de Bs. 126 millones de bolivianos a Bs. 13,532 millones de bolivianos, sin una explicación y tampoco se conoce cuál fue el destino de estos recursos incrementales.

Considerando la importancia de la inversión en el desarrollo como contraparte para la formación bruta de capital fijo, ésta cuenta tan solo con Bs. 5,077 millones de bolivianos, con un incremento de 61,64% hasta alcanzar la suma de Bs. 8,236 millones de bolivianos, crecimiento proporcionalmente menor a los gastos corrientes, creando un desequilibrio con la inversión pública requerida para mejorar los niveles de vida de la población, generar empleo y enfrentar la pobreza.

d. En esta gestión de Gobierno Nacional se produjo el endeudamiento público más grande de la historia republicana. La deuda pública al 13 de Noviembre de 2009 asciende a $us. 8.375,8 Millones de los cuales 2.582,7 millones de dólares son deuda externa y 5.793,1 millones de dólares son deuda interna. Con estos niveles históricos negativos de la deuda pública contratada por el Gobierno del MAS cada Boliviano, al nacer tiene una deuda de Bs. 7.156,71. ($us. 1,012.26 per cápita).

Si consideramos la condonación de la deuda externa por los Organismos Internacionales (BID, Banco Mundial) y gobiernos amigos ($us. 1.869,4 Millones de Dólares), la deuda total a la fecha alcanzaría la suma de $us. 10.245,2 Millones de Dólares, la más alta de la vida republicana del país.

De la deuda externa, la deuda con Venezuela antes del Gobierno del MAS se encontraba en $us. 5,5 millones de dólares y a diciembre de 2008 se incrementó a $us. 445,5 Millones de dólares, aumento neto de $us. 440 millones de dólares, 81 veces la deuda de diciembre del 2005, antes que asuma el Gobierno del MAS.Envio el crecimiento de la deuda con Venezuela a partir del Gobierno del MAS, que bordea los 100 millones de dolares al 30 de junio de 2008, fuente del Banco Central de Bolivia, (entonces los cheques que dicen ser donacion no son tal donacion) saludos.

Envio el crecimiento de la deuda con Venezuela a partir del Gobierno del MAS, que bordea los 100 millones de dolares al 30 de junio de 2008, fuente del Banco Central de Bolivia, (entonces los cheques que dicen ser donacion no son tal donacion) saludos.

A pesar de contar con ingresos excepcionales el Gobierno del MAS sube la deuda interna de $us. 2.210,95 millones de dólares a $us. 5.793.1 millones de dólares, un incremento neto de $us. 3.582,15 millones en tan solo 3 años y 10 meses, equivalente porcentualmente a 162%. Este aumento neto en ese tiempo significa un incremento promedio mensual de esta deuda de $us. 78 millones de dólares.

El monto de la deuda interna no incluye el crédito de $us. 1.000 millones de dólares aprobado para YPFB, que sale del ahorro de los bolivianos (Reservas Internacionales Netas) por tanto, la deuda subiría en $us. 1.000 millones de dólares y las RIN bajan en la misma cantidad.

La deuda interna afecta negativamente al ahorro de los bolivianos ya que se debe pagar al Fondo de Capitalización Individual (FCI), AFP´s ($us. 1.786,7 Millones de Dólares) y el saldo al público en general que adquiere bonos emitidos por el estado, por lo tanto no se tiene ninguna posibilidad de condonación. En otras palabras, el ahorro interno de los bolivianos hoy se convierte en deuda pública.

La gestión financiera del Gobierno Nacional no ha sido agresiva para buscar financiamientos en condiciones concesionales para el país y se optó por el camino fácil del endeudamiento interno afectando recursos de AFP´s y captaciones de recursos por el sistema financiero nacional mediante Operaciones de Mercado Abierto con tasas de interés altas y plazos de pago de capital de corto plazo.

Según la Fundación Jubileo, la paradoja es que en el país en los últimos años , a pesar del superávit fiscal igual se ha continuado contratando deuda; y esta política de aumento sostenido de la deuda interna en época de ingresos positivos, presentará a la larga, problemas de pago.

El costo financiero anual calculado por intereses de deuda interna que tiene que pagar todo el pueblo boliviano para el 2005 ascendía a Bs. 1,374 millones de bolivianos pasando el 2008 a Bs. 3,178 millones de bolivianos y Bs. 3.017 el 2009 (PGN) equivalente a 431 millones de dólares. Es una gran contradicción que teniendo un aumento de aproximadamente 165.18% en los ingresos generales del país, en 46 meses el Gobierno Nacional hubiera recurrido a la contratación de deuda Interna por un promedio mensual de casi $us. 80 millones de dólares.

La deuda interna de más de 5.800 millones de dólares americanos, es una suma que duplica la deuda externa de los 7 años del Gobierno de Banzer que llegó a 3.102 millones de dólares; es por ello, que el Gobierno del MAS adquirió la deuda pública más alta de los 184 años de vida republicana y no se tiene claridad en que se gastó esta deuda y qué monto se incluye en las Reservas Internacionales Netas (RIN).

e. La consecuencia final de la mala política fiscal es el castigo a la inversión pública. Los techos presupuestarios de la gestión 2010 emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas confirman el deterioro de los ingresos nacionales, traducido en la disminución de la renta petrolera en un 35% y en las recaudaciones tributarias que sufrirán una baja de aproximadamente 17%. El recorte presupuestario sería de Bs. 4.043 millones según las proyecciones oficiales, de los cuales, las Prefecturas se verán afectadas en Bs. 2.910 millones y los Gobiernos Municipales en Bs. 1.812 millones.

Este hecho afectará de forma negativa y directa a 350 instituciones públicas entre Universidades, Gobiernos Municipales y Prefecturas, disminuyendo sus ingresos y por ende postergando la ejecución de programas y proyectos de inversión pública en todo el país.

El 2010 la inversión pública alcanzará a $us. 1.806 millones, monto del que YPFB participa de un 32% ($us. 600 millones), la ABC con el 28% ($us. 500 millones) y EMAPA con $us. 200 millones.

El nivel de inversión pública incluido en el PGN 2010 alcanza solo al 11,9% del presupuesto y el resto es gasto corriente. Según la información oficial, el gasto corriente subirá de $us. 9.148 millones a $us. 13.331 millones, lo que implica un incremento del 31%, mientras la inversión pública baja en un 2.4%, aunque la rebaja es mucho mayor si consideramos la mayor significación que han adquirido las empresas públicas en el presupuesto de inversión.

Esto muestra que el mayor efecto económico regresivo es el sacrificio permanente de los recursos destinados a financiar inversión pública para el incremento del gasto corriente alimentado por las rentas. A pesar que los recursos públicos han crecido en el PGN, la capacidad de inversión pública del Estado se verá reducida en el ámbito departamental y municipal.

•2. LA CRISIS DEL SECTOR HIDROCARBURÍFERO Y SU EFECTO EN LOS INGRESOS POR RENTA PETROLERA

a. El incremento de la renta petrolera no fue efecto de la nacionalización, fue efecto de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058 aprobada en julio del 2005 que modifica la participación del Estado y crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) por mandato del Referéndum del Gas, Ley a la que el actual Presidente Morales se opuso en su momento, y del comportamiento del mercado internacional.

El factor que influyó fuertemente en el incremento de la renta petrolera fue la subida de los precios internacionales del barril del petróleo y por lo tanto, de nuestros precios de exportación de gas que están vinculados a él. Este incremento ocurrió durante este gobierno y su efecto se ha usado para hacer creer que el incremento en la renta petrolera ha sido producto de la nacionalización; sin embargo, en los últimos meses, esta falacia se ha caído por su propio peso dados los recortes presupuestarios que hoy sufren principalmente Universidades, Gobiernos Municipales y Prefecturas. Según el Ministro de Economía y Finanzas: "Si a alguien hay que pedirle cuentas de por qué el precio se sitúa en esos niveles, es al mercado internacional del cual dependemos" (sic). A confesión de parte, relevo de pruebas.

b. La crisis que hoy vivimos en el sector hidrocarburífero no se debe a que se haya nacionalizado el sector; se debe a que el Gobierno Nacional ha ejecutado mal ese proceso de nacionalización, cometiendo una serie de errores que están ocasionando innumerables pérdidas al país.

Los principales errores que se identifican en la implementación de la nacionalización son:

i. El maltrato a las empresas petroleras y la incertidumbre al fijar el nuevo régimen contractual § El Decreto 28701 obliga a las empresas a migrar a nuevos contratos, fijando seis meses para hacerlo, esta condición puso un freno inmediato a las inversiones de las empresas, las que esperaron tener nuevamente las reglas claras para tomar las decisiones de inversión. Si bien al término de los 6 meses se cumple con la firma de nuevos contratos, los mismos quedan incompletos ya que no se firman dos anexos fundamentales como son el acuerdo de entrega y el procedimiento de pago, documentos fundamentales para completar las ecuaciones económicas de las empresas, partes que se firman recién el año 2009 después de más de dos años de la firma de los contratos, tiempo que el Gobierno Nacional prolongó la inversión en el sector. § Los nuevos contratos con las empresas petroleras que operan en el país fueron aprobados mediante Ley de la República, en este proceso, los contratos que se encontraban en etapa de exploración son aprobados condicionando al hecho de que una vez declarada la comercialidad del campo (descubierto el gas) se procederá a aprobar la distribución entre la participación de YPFB y el titular. Esta situación generó un nuevo desincentivo a la inversión de empresas privadas para encarar proyectos de exploración. § Ante la falta de los acuerdos de entrega firmados con las empresas, el gobierno central a través del Ministerio de Hidrocarburos y Energía establece una nueva forma de nominación de mercados mediante las Resoluciones Nº 255 y 256 que para el caso de las exportaciones de gas, no contemplan los acuerdos de entrega establecidos en el contrato al Brasil, por lo que nuevamente genera conflictos con Petrobras al cambiar de forma unilateral las reglas acordadas. A ello se suma que el 1 de mayo de 2006 cuando el Gobierno Nacional publica el D.S. 28701 de nacionalización de los hidrocarburos simultáneamente toma militarmente los campos petroleros y particularmente los campos de Petrobras. Esta forma de actuación ha afectado una relación comercial basada en un contrato y fundamentalmente en la construcción de confianza y certidumbre como proveedor de gas al Brasil, nuestro mayor comprador. ii. Otro error del actual Gobierno Nacional en este proceso de implementación de la nacionalización es la destrucción de YPFB.

De acuerdo al D.S. 28701, YPFB que se constituye en el brazo operativo de la nacionalización debía ser refundado. Sin embargo, durante casi 4 años de gestión la empresa ha perdido su capacidad institucional, se ha politizado al extremo de tener como ejecutivos a gente no capacitada en el sector, sin ninguna experiencia y al mismo tiempo, ha provocado que los pocos especialistas abandonen la empresa o sean despedidos. Esta alta politización en la empresa mas estratégica ha generado altos grados de corrupción con pérdidas millonarias convirtiéndose en la empresa pública más corrupta de la historia del Estado.

Su ineficiencia se muestra al ser una de las instituciones públicas con más baja ejecución presupuestaria (1,7% a noviembre de 2009) y al registrar un déficit de enero a abril de 2009 de $us. 62 millones. En 4 años YPFB no ha sido capaz de certificar las reservas de gas y petróleo del país, información básica para el diseño de una política de desarrollo del sector. YPFB no ha podido asumir su nuevo rol de distribuidor y liquidador de la renta petrolera a las instituciones públicas, registrándose una falta de transparencia sobre la información de las exportaciones de gas. La empresa muestra una completa incapacidad de gestión comercial ya que aún tiene muchos contratos en el mercado interno por concretar y no tiene hoy la capacidad técnica, administrativa ni de gestión para confiarle $us. 1.000 millones para inversiones.

Antes, Bolivia recibía el 50% de las utilidades de las empresas capitalizadas, hoy no conocemos de utilidades que produzca YPFB. Esos recursos financiaban el pago del Bonosol, mientras que ahora la Renta Dignidad se debita directamente de los recursos destinados a la inversión pública de las arcas de Prefecturas y Gobiernos Municipales.

En suma, la crisis de YPFB se traduce en la muerte de la gallina de los huevos de oro; por todo lo indicado, la refundación de YPFB en este gobierno se ha convertido en la refundición de YPFB.

iii. A pesar de los múltiples anuncios del Gobierno Nacional, no se concretó la industrialización del sector encomendada por el mandato de la pregunta 5 del Referéndum del Gas del 2004. Los proyectos básicos para iniciar un proceso de industrialización como lo son las plantas de separación no han sido ejecutados por el Gobierno Nacional y su inicio se ha visto marcado por la corrupción (caso Catler-Uniservice) y la falta de capacidad de gestión para concretarlos. iv. A este se suma que la nueva Constitución Política del Estado formaliza el desincentivo a las inversiones al no aceptar, exclusivamente en el sector de hidrocarburos arbitrajes internaciones y la obligación de los inversionistas de reinvertir la totalidad de sus utilidades. En este marco, se anuncia una nueva Ley de Hidrocarburos, hecho que aumenta la incertidumbre. c. Las consecuencias de estos errores las verificamos hoy claramente: i. La primera consecuencia es la falta de inversiones en el sector de hidrocarburos, hecho que tiene efectos trascendentales e irreversibles en el mediano y largo plazo.

El país no está atrayendo o concretando inversiones como para, mínimamente, sustentar los actuales niveles de producción de hidrocarburos para cumplir con las responsabilidades internas de abastecimiento y los compromisos externos de exportación asumidos.

Los niveles de inversión en exploración y desarrollo a partir del 2005 se han estancado entre $us. 150 y 200 millones anuales, montos insuficientes para mantener los niveles productivos en el sector.

Las inversiones que antes eran realizadas por las empresas con recursos extranjeros, ahora no las realiza nadie, en caso de hacerlas YPFB empleará recursos de todos los bolivianos, prestados de nuestras reservas y con alto riesgo de corrupción, desvío e ineficiencia en su aplicación.

Estos niveles de inversión resultan insuficientes para el cumplimiento de los volúmenes de exportación comprometidos para nuestros mercados, han paralizado las inversiones en explotación y producción, no se ha ampliado nuestro sistema de transporte de gas y petróleo y se ha perdido la capacidad de financiamiento, ya que hoy debemos acudir a nuestras reservas internacionales para invertir en estos mismos proyectos, los que hasta hace poco se encontraban financiados por el sector privado.

La reducción significativa de la inversión en el sector de los hidrocarburos en Bolivia no solo se verifica en la disminución de las mismas, tal como se muestra en el Cuadro Nº 6, sino también en la perforación de pozos, que han bajado solo a 4 pozos el año 2009, cuando el 2000 se perforaban 64 pozos. El 2007 se perforaron 5 pozos frente a 1.149 pozos perforados en la Argentina, 260 en Brasil, 166 en Perú o 73 en Colombia.

A pesar de los recientes anuncios, optimistas sobre los niveles de inversión en el sector petrolero, con solo cuatro equipos de perforación en actual actividad en el país y con la perforación prevista de cuatro pozos en el curso de la gestión 2009, no se vislumbra aún indicio de que el estancamiento de la actividad petrolera en Bolivia y, consecuentemente, de las recientes tendencias declinantes en la producción de hidrocarburos, y especialmente de líquidos, puedan revertirse en lo queda de 2009.

El Estado Boliviano ha comprometido recursos para compra de acciones en 6 empresas petroleras por un valor de $us. 602,24 millones, hecho cuestionado por las condiciones de negociación de los montos y que finalmente también ha distraído importantes recursos que podrían haberse inyectado en el sector.

Según el plan de inversiones de YPFB Corporación, se proyecta invertir 3.633 millones de dólares hasta el año 2015, volumen que resulta insuficiente y que en un 52% no esta financiado.

La disminución progresiva de nuestras reservas es también otro indicador directo de la disminución de las inversiones, ya que para mejorar las reservas se requieren trabajos de exploración que no se hacen. Bolivia certificó sus reservas el año 2005, desde ese tiempo, el Gobierno Nacional a través de YPFB no efectúo ninguna otra certificación, por lo que las políticas del sector se formulan "a ciegas".

v. Nuestro gas está siendo desplazado de sus mercados naturales y los países vecinos están cada vez menos interesados y dependen poco de comprar gas boliviano.

La pérdida de nuestros mercados se explica por la falta de políticas para la apertura de nuevos mercados externos, la disminución de la demanda por efecto de la crisis internacional y principalmente, la pérdida de credibilidad y confianza que ha generado el accionar del Gobierno Nacional en nuestros vecinos.

El gas boliviano pierde mercado en el Brasil porque impulsa proyectos alternativos para el suministro de gas que se consolidan hoy con una fuerte inversión en exploración, en el descubrimiento de reservas de gas y petróleo y la inversión en plantas de regasificación de LNG, que hoy están en operación, generando competencia al gas boliviano. La venta de gas natural a Cuiabá no se concreta hasta ahora por divergencias en el precio.

Hoy la Argentina analiza reducir el diámetro del GNEA y esta importando LNG de ultramar desde Bahía Blanca, resultado de los incumplimientos del contrato firmado con el Gobierno Nacional. Chile ya cuenta también con una planta de regasificación de LNG en Quinteros y estudia la posibilidad junto a Perú de comprar gas de Camisea. La estrategia "gas por gas" ya es un hecho pero a la inversa, porque ahora Chile está recibiendo gas por mar, importando el energético licuado por ultramar a la planta de Quinteros que le permitirá cubrir su consumo e incluso importar a la Argentina, nuestro cliente.

Lo único que logró este Gobierno en estos años es que en los países vecinos del Conosur se construyan 5 plantas para importar 50 MMCD al día de LNG de otros países. La exportación de ese volumen de gas hoy significaría para Bolivia 4.000 millones de $us. de ingresos anuales.

Antes de este Gobierno se tenían mercados seguros y en crecimiento, además de otros en proyección, ahora se ve solamente tendencias decrecientes en las compras de nuestros clientes y menos oportunidades de encontrar nuevos clientes.

En suma, todos los elementos descritos muestran que Bolivia ha perdido su oportunidad histórica de ser el eje de la distribución de gas en el Cono Sur y ahora estamos comenzando a pagar esa factura.

vi. La disminución de los volúmenes de producción, implica también la disminución de los volúmenes exportados al Brasil y a la Argentina lo que determina la caída del valor de nuestras exportaciones. Esta reducción de la producción acompañada a la caída de precios internacionales, genera incertidumbre y serios problemas para las finanzas públicas nacionales, si la tendencia continúa.

El valor de las exportaciones del sector hasta septiembre del 2009 ha disminuido en un 35% respecto a la gestión 2008. La producción de gas natural llegó a su techo el 2005 entre 41 y 42 millones de metros cúbicos por día. Este estancamiento en la producción de gas natural de estos últimos 4 años contrasta con el rápido crecimiento que se observó entre el 2000 y el 2005, cuando pasó de 15,58 MMmcd a los 40,24 MMmcd (2009) en sólo cinco años (158%).

La producción bruta de gas natural, directamente afectada por la caída de las exportaciones, se situó en 36.7MMmcd al primer semestre de la gestión, lo que la coloca en niveles similares a los de hace cinco años y, con un tasa negativa de crecimiento de -12.9% contra el pico de producción de 42.2MMmcd alcanzado en 2008.

El 61.6% de la producción nacional de hidrocarburos está comprometida con el contrato de exportación Bolivia- Brasil. No debe extrañarnos entonces que la brusca contracción de la demanda brasilera por gas natural boliviano de un promedio anual de 30.5 MMmcd en 2008 a uno de solo 22.3MMmcd entre enero y mediados de junio de 2009 haya tenido un profundo impacto no solo sobre el volumen y valor de las exportaciones de gas natural, sino indirectamente, sobre la producción nacional de líquidos.

Aunque el volumen global de las exportaciones de gas natural, incluidas esta vez las destinadas a Argentina, se redujo de un promedio de 33MMmcd en 2008 a un promedio de 27,6 MMmcd durante el primer semestre de la actual gestión, el volumen promedio de exportaciones al primer trimestre de 2009 se situó de todos modos por debajo, inclusive, de los 27,7 MMmcd exportados en promedio durante enero de 2007, dos años antes.

Ante una capacidad de producción de 41,7 MMmcd en 2007 que se ha mantenido prácticamente estática en los últimos tres años, las obligaciones contractuales de Bolivia a la fecha suman alrededor de 47 MMmcd sin contar la demanda del mercado interno y salvo que se revisen los compromisos asumidos a los que se sumó el proyecto del Mutún, la demanda alcanzaría a 74 MMmcd en enero de 2010.

El hecho que Bolivia no haya cumplido con los volúmenes de exportación previstos en los contratos de compra venta generó una pérdida importante de recursos para el país, valor que hasta hoy significa al menos 1.483 millones de dólares de renta petrolera que dejó de recibir nuestro país.

Si bien se realizan anuncios gubernamentales de incremento en los volúmenes de producción y exportación, éstos requieren financiar importantes inversiones que es muy difícil se concreten en el corto plazo en el contexto descrito.

vii. Cuando se extraen menos volúmenes de gas natural para exportar, el país dispone de menos líquidos para el consumo interno como se muestra en el Cuadro Nº 12, por ello, se ha generado un desabastecimiento enérgico interno, por lo que se ha tenido que acudir a la importación de líquidos. Desde julio de 2005 hasta abril de 2009, en 4 años del Gobierno del MAS, la producción de petróleo se redujo en 42,4%, de gas natural 23,3% y de gas licuado de petróleo en 72,5%.

La falta de inversión provoca la pérdida de nuestra capacidad de abastecimiento de combustibles, por lo que la necesidad de importación de diesel es cada vez mayor y últimamente de GLP y de gasolina.

El país experimenta una cruda realidad en la producción petrolera. En los últimos 3 años la producción de líquidos se contrajo de 50.756 barriles por día a solo 41.029, es decir, una disminución del 20% equivalente a 10.000 barriles día. Los volúmenes tienden a seguir en descenso pues se estima que 30 pozos petroleros de los 70 existentes están en franea declinación.

La rápida contratación en la producción de líquidos a principios de 2009 es atribuible en parte a la caída coyuntural de las exportaciones de gas natural a Brasil a partir de diciembre pasado, pero la producción nacional de líquidos ya venía sufriendo una inexorable disminución a partir de 2006 a causa del colapso en la inversión petrolera en el país, de la previsible declinación de la producción en campos antiguos primordialmente petroleros y a causa del estancamiento de los últimos tres años en la producción de gas natural de los de los campos primordialmente gasíferos de la cual se extrae a la fecha el 93,6% de la producción de líquidos del país.

El Estado boliviano gastó un total de 1.390 millones de dólares para la importación de combustibles, entre enero de 2006 y agosto de 2009, según datos del INE. El 84% de este monto es por diesel, pero el GLP fue en ascenso y comenzaron las compras de gasolina, combustible en el que el país era autosuficiente desde 1954. En suma, hoy un 25% del abastecimiento de combustible en el país depende de la importación de combustibles líquidos y gaseosos.

El 2009, el mayor abastecedor externo de combustibles es Venezuela, alcanzando el 65% de la provisión. Según YPFB, durante los próximos 6 años el país gastará $us. 2.584 millones adicionales para importar líquidos.

Este hecho no solo implica una creciente dependencia externa, sino también un drenaje de divisas que no son recuperables, tomando en cuenta que el país compra estos productos con la cotización internacional y los vende a menores precios, al estar ellos congelados en el país. A eso se suma que el Gobierno Nacional no ha concretado políticas agresivas para el cambio de la matriz energética en el país, hoy altamente dependiente de los combustibles líquidos.

•3. LA RECENTRALIZACIÓN DE LOS RECURSOS Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

a. El país ha construido desde 1994 con la Ley de Participación Popular y luego con la Ley de Descentralización Administrativa el marco institucional de un Estado Descentralizado en el que la ejecución de las políticas públicas había sido transferida a las Prefecturas y Gobiernos Municipales, instancias que maduraron históricamente su capacidad de ejecutar inversión pública.

Sin embargo, el actual Gobierno Nacional ha decidido romper este esquema y retornar al pasado re centralizando la gestión pública de manera que desde el nivel nacional de gobierno se ejecutan directamente programas y proyectos. Se han configurado un conjunto de medidas que tienen como principal intención recuperar la popularidad del Gobierno Nacional e inviabilizar la gestión de las Prefecturas opositoras en su perspectiva autonómica y de las Municipalidades, estrangulando sus capacidades de inversión y de atención de las demandas de los procesos de desarrollo departamental y local a pesar que el alto nivel de ejecución presupuestaria prefectural y municipal ha resuelto el debate sobre la capacidad de gasto e inversión.

Esta actitud se confirma también en la alta centralización de la inversión pública con recursos externos de crédito y de donación, en el intento de incluir los presupuestos municipales al interior del PGN y la falta de atención a las competencias y atribuciones nacionales para forzar la atención con recursos municipales y departamentales.

Resulta un contrasentido que el Estado descentralice cada vez más las competencias y las responsabilidades y que se re centralice el manejo de los recursos públicos para atenderlas. Ahora, solo el 50% de la inversión pública es ejecutada por los gobiernos subnacionales y las universidades, porcentaje que alcanzaba a 65% antes del actual Gobierno Nacional.

b. Pero además el Gobierno Nacional hace política pública nacional utilizando en buena parte el dinero de las regiones según vamos a demostrar: § A partir del D.S. 29322, el pago de la Renta Dignidad se financia con recursos departamentales confiscados del IDH de las Prefecturas. Se sacrifican 205 millones de $us. de inversión en rubros estratégicos para la lucha contra la pobreza para financiar una política asistencial que no tiene retorno económico ni sostenibilidad. § El financiamiento y el fortalecimiento de YPFB que se realiza con recursos de los departamentos, con el nuevo sistema de liquidaciones instituido por el D.S. 29528 y al excluir a los departamentos de la coparticipación en los recursos provenientes de los líquidos que se exportan al Brasil en la corriente del gas (D.S. 29434 y D.S. 29444). § La emisión discrecional de notas de crédito fiscal (Bs. 7,500 en dos años) que no co-participan en un 25%, es otro mecanismo para darle liquidez al Tesoro General de la Nación.

Los impuestos que las Petroleras pagaban en efectivo y coparticipaban, ahora YPFB los paga con notas de crédito fiscal mecanismo que posibilita la evasión de la coparticipación de Universidades y Gobiernos Municipales.

Si la recaudación se pagara manteniendo el sistema aplicado a las petroleras antes del 2007, el monto adeudado en la gestion 2009 por este concepto sería de Bs. 21.890.000 a las Universidades y Bs. 905.555.600 a los Gobiernos Municipales, lo que suma un total de Bs. 1.117 millones.

c. En ese marco, el Gobierno Nacional no ha manejado de forma transparente la hacienda pública y el Presupuesto General de la Nación, del que no se conoce hasta ahora un informe de ejecución y nunca en esta gestión de gobierno se ha debatido su contenido. Por eso Bolivia está caracterizado como uno de los 3 países peor calificados según el Índice Latinoamericano de Transparencia Presupuestaria del 2009.

Asimismo, genera enormes dudas la poca transparencia en la administración de la renta petrolera y de las notas de crédito fiscal, ya que hoy YPFB es incapaz de publicar un informe o de remitir a las Prefecturas, Municipalidades y al propio Gobierno Nacional las liquidaciones de regalías e IDH, debidamente respaldadas lo que permita una adecuada conciliación de cuentas. Tampoco se informa sobre la gestión y uso de notas de crédito fiscal que se recibe por la importación de combustibles.

•4. ¿Y LA LUCHA CONTRA LA POBREZA?

El PNUD confirma que a pesar del crecimiento de la economía, se observa en el país un aumento en 166.869 del número de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. En ese marco, conviene hacer el siguiente recordatorio:

No se lucha contra la pobreza comprando aviones sino construyendo sistemas de agua potable y pozos de agua a las comunidades. No se lucha contra la pobreza importando gas de petróleo, GLP y gasolinas sino invirtiendo en proyectos para incrementar la producción cubrir la demanda interna No se lucha contra la pobreza comprando armamentos sino otorgando desayuno y almuerzo escolar a los niños en edad escolar. No se lucha contra la pobreza comprando satélites sino apoyando la educación con ítems, equipos y materiales. No se lucha contra la pobreza alquilando aviones comerciales sin rentabilidad sino construyendo tendidos eléctricos para beneficio de poblaciones del área rural y apoyar el desarrollo local. No se lucha contra la pobreza gastando en los Ministerios de Gobierno y Defensa el 50% del Presupuesto de los 17 Ministerios, sino otorgando prioridad a contratación de médicos y compra de medicamentos para los hospitales del país. No se lucha contra la pobreza endeudando irresponsablemente al país, sino invirtiendo en la producción de alimentos y otorgando un mínimo de seguridad alimentaria. No se lucha contra la pobreza gastando las Reservas Internacionales Netas en proyectos que pueden financiarse con recursos de organismos de cooperación en condiciones concesionales. No se lucha contra la pobreza con una reducción de 35% de los ingresos de 350 instituciones públicas en el Presupuesto General de la Nación 2010, recortando la inversión pública de Universidades, Gobiernos Municipales y Prefecturas afectando la ejecución de programas y proyectos de desarrollo.

En conclusión, la nueva crisis económica en el país se está generando por el accionar del propio Gobierno Nacional a partir del ineficiente manejo de la política fiscal y de la crisis que se ha provocado en el sector estratégico más importante de la economía boliviana como es el de los hidrocarburos. Los efectos de esta situación hoy se ven traducidos en la baja de la renta petrolera, factor que generará un efecto multiplicador negativo en todas las variables de nuestra economía y en especial en los niveles de inversión pública que se vinculan directamente con nuestra capacidad de desarrollo, de generación de empleo y de lucha contra la pobreza.

* Prefecturas de Santa Cruz, Tarija, Beni y Chuquisaca.

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