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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2009-11-11 a horas: 17:30:30

La Suprema emite orden de detención contra el ex ministro de Educación Hugo Carvajal

Una Corte de Estados Unidos allana el juicio contra Goni

Cambridge, Massachusetts, EEUU (Juicioagoni.org y PL).- La Corte Federal del Distrito Sur de Florida falló el 9 de noviembre que los casos contra el ex presidente de Bolivia Gonzalo Sánchez de Lozada y el ex ministro de defensa José Carlos Sánchez Berzaín por crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales puedan proceder.

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Los casos son Mamani et al. v. Sánchez Berzaín, y Mamani et al. v. Sánchez de Lozada. Ambas demandas buscan indemnizaciones por daños y perjuicios, así como sanciones económicas bajo el emparo del "Alien Tort Statute" (ATS).

El Juez Adalberto Jordán resolvió que las demandas de los querellantes bolivianos contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín son viables. Cada uno de los demandantes ha presentado demandas en nombre de familiars difuntos que fueron víctimas de las fuerzas de seguridad que se encontraban bajo las órdenes de los acusados. Entre los demandantes están Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani, cuya hija de ocho años murió en el dormitorio de la Sra. Mamani, víctima de un disparo que penetró la ventana del dormitorio. También está Felicidad Rosa Huanca Quispe, quien perdió a su padre de 69 años, cuando éste recibió un disparo mortal en la vera de un camino. Otro de los demandantes es Gonzalo Mamani Aguilar, quien perdió a su padre cuando éste recibió un disparo mortal.

"El fallo es una gran victoria para los demandantes, cuyos familiars murieron por heridas de bala, después de que las fuerzas de seguridad bolivianas los hicieran blancos de sus disparos", dijo Judith Brown Chomsky, una abogada que colabora con el Centro por los Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés). "Esta decisión del juez reafirma que las cortes de Estados Unidos pueden oír casos en contra de aquellos que abusan los derechos humanos".

Las demandas alegan que en septiembre y octubre de 2003 Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín ordenaron a las fuerzas de seguridad bolivianas que usaran fuerza mortal, incluyendo rifles de alto calibre y ametralladoras, para suprimir las protestas populares civiles en contra de las políticas del gobierno de Sánchez de Lozada. Durante este periodo de dos meses, 67 personas murieron y más de 400 fueron heridas. Casi todas estas personas eran miembros de comunidades aymaras en Bolivia.

"Seis años después de haber dirigido a las fuerzas de seguridad contra civiles bolivianos, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín están un paso más cerca de tener que responder por sus acciones frente a un tribunal judicial", dijo Jeremy Bollinger, abogado con el bufete Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

"Este fallo es un recordatorio que los jefes de estado no pueden actuar con impunidad", dijo James Cavallaro, Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos y Profesor en la Facultad de Derecho de Harvard. "Es un ejemplo poderoso de cómo el derecho internacional está impidiendo que aquellos que violan los derechos humanos puedan escapar sus responsabilidades simplemente al huir a otro país".

El 17 de octubre de 2003, Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín huyeron a los Estados Unidos. Las demandas se presentaron en septiembre de 2007. La decisión de ayer denegó parte de una moción para desestimar presentada por los acusados. La corte también hizo lugar a parte de esta misma moción.

El equipo legal incluye a los abogados Juidth Chomsky y David Rudovsky, quienes colaboran con el CCR; Steven Schulman, Jeremy Bollinger, Mike Small y Chris Petersen, del bufete legal de Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP; James Cavallaro, Tyler Giannini y Susan Farbstein, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard; Jennie Green, de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota; Paul Hoffman de Schonbrun, DeSimone, Seplow, Harris y Hoffman; e Ira Kurzban, del bufete legal de Miami de Kurzban Kurzban Weinger & Tetzeli.

Por otro lado, la Corte Suprema emitió una orden de detención contra el ex ministro de Educación Hugo Carvajal, acusado por genocidio por el llamado Octubre negro de 2003 y que reside actualmente en España.

Según el fiscal del caso, Milton Mendoza, la iniciativa incluye la solicitud de extradición de Carvajal, miembro del gabinete del ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), ahora exiliado en Estados Unidos.

Mendoza explicó que la decisión fue adoptada por el alto tribunal, como ocurrió con los casos de otros ex ministros de Sánchez de Lozada asilados en Perú y el norteño país.

De acuerdo con Mendoza, la Corte remitirá a la cancillería de Bolivia la petición de captura en Madrid de Carvajal para que sea enviada al Ministerio de Exteriores de España y las autoridades judiciales y policiales de ese país ayuden a capturarlo. Posteriormente se pedirá su extradición, según el fiscal, ya que las leyes bolivianas impiden enjuiciar a los acusados en su ausencia.

El tribunal también ha solicitado a Lima la extradición de los ex ministros de Economía Jorge Torres; de Participación Popular, Mirtha Quevedo; y de Salud, Javier Torrez, quienes han conseguido asilo político.También está fuera de Bolivia el ex ministro de Servicios financieros Dante Pino, que teóricamente está en Perú.

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