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Actualizado el 2009-11-03 a horas: 00:35:47

Presentado a la CIDH en Washington por el presidente de la Cámara de Senadores Oscar Ortiz Antelo

Informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia

En mi calidad de Presidente del Senado Nacional de Bolivia, tengo el alto honor de poner en el ilustrado conocimiento de los respetables miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la ciudadanía boliviana y del mundo, el presente informe en el que hemos plasmado la profunda preocupación que nos embarga, ante el acelerado deterioro de los derechos humanos en Bolivia.

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Las evidencias de la decisión gubernamental de someter al Congreso a las decisiones del Poder Ejecutivo, son incuestionables. Los atentados al libre ejercicio de la función legislativa de Diputados y Senadores de la República que comprenden a su vez violaciones a sus derechos a la libertad y la integridad, se han sucedido en forma casi cotidiana. La práctica más perniciosa que se ha empleado contra el Congreso Nacional en al menos cinco oportunidades, ha sido la de los "Cercos humanos al edificio del Poder Legislativo" para evitar el ingreso al Hemiciclo o la salida de los legisladores del recinto Parlamentario y ha servido para aprobar ilegal e inconstitucionalmente varias normas consideradas fundamentales para el proyecto de poder del gobierno y resistidas legal y democráticamente por los opositores.

El uso discrecional de la justicia por parte del gobierno, para acallar a sus opositores, el incumplimiento de debida diligencia a la que se encuentra obligado, ha determinado que, en lo que va del período de gobierno del presidente Morales se han lamentado 74 muertes, centenares de heridos, torturas, secuestros e innumerables violaciones de los derechos humanos, la mayoría de estos casos no han sido investigados y menos se ha procesado a los autores.

Ahonda nuestra preocupación los casos de probables ejecuciones sumarias por acción de los órganos represivos del Estado. En los casos denunciados no se ha llevado el correspondiente proceso investigativo a los probables autores. Las ejecuciones en aplicación de la llamada "justicia comunitaria" han ido en incremento ante la tolerancia gubernamental que garantiza la impunidad.

Bajo el supuesto de combatir un pretendido foco terrorista, el gobierno ha dictado una serie de medidas inconstitucionales y ha desarrollado acciones ilegales, destinadas a perseguir a ciudadanos, violando flagrantemente sus derechos humanos. Secuestros, detenciones ilegales, torturas físicas y psicológicas y ejecuciones sumarias, se han sucedido de manera alarmante.

Finalmente la persecución se ha extendido contra el movimiento cívico en nuestro país en el cual sus máximos dirigentes han sido objeto de juicios, de campañas mediáticas millonarias para destruir su imagen, acciones que tienen por objeto reprimir cualquier forma de manifestación que se podría dar en contra del gobierno.

Las acciones del Senado no están destinadas a dejar en la impunidad los supuestos hechos delictivos que aduce el gobierno. Al contrario, lo que se pretende es el total esclarecimiento de esos hechos, empero ello solo es posible, si se cumplen las garantías y derechos establecidos en el orden constitucional, porque de otra manera, lo que en realidad está sucediendo es que el Estado, haciendo uso de la potestad de represión, impide una investigación imparcial de los mismos.

Confiamos que la oportuna acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de los otros organismos internacionales destinados a velar por el celoso cumplimiento de la vigencia de los derechos humanos, obligarán al gobierno boliviano a desarrollar acciones efectivas para restituir el Estado Democrático de Derecho, la seguridad jurídica y la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país.

Para lograr este cometido, es menester imprescindible que el Estado boliviano someta los casos aquí mencionados a una investigación independiente e imparcial realizada por comisiones técnicas internacionales.

Presentación

Señoras y señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respaldados en las distintas Resoluciones y Declaraciones Camarales emitidas por la Honorable Cámara de Senadores de la República de Bolivia sobre violaciones a los Derechos Humanos, nos permitimos poner en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el presente informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Bolivia, el mismo que resume de forma sucinta los hechos acontecidos en Bolivia en los últimos cuatro años en los que se han vulnerado las libertades, garantías y los derechos de los seres humanos reconocidos por la amplia legislación internacional que sobre la materia existe. 1

II. IntroducciónA partir de la recuperación de la democracia en octubre de 1982, la República de Bolivia ha implementado progresivamente una serie de normas cuyo fin era resguardar los derechos fundamentales de las personas y mantener el principio de principio de la separación de poderes o división de poderes consciente de que no se puede pretender el desarrollo político de un Estado si no se respeta esta independencia de cada uno de los órganos que cumple una función específica.

Otro componente del Estado democrático que siempre ha estado presente en las Constituciones Bolivianas es el sistema de los "checks and balances" (pesos y contrapesos) por el cual se trata de prevenir que un órgano o instancia del poder pueda adquirir mayores atribuciones o prerrogativas que le den mayor preponderancia sobre los otros órganos pudiendo este someter su voluntad.

La reforma de 1994 incluyo dentro de las nuevas instituciones democráticas al Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo, con el propósito de garantizar la efectiva vigencia de la norma constitucional y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales.

La actual Constitución Política del Estado establece en el Art. 410 que el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, e incluso, el Artículo 256 determina que los tratados e instrumentos internacionales que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. Estableciendo además que los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de Derechos Humanos cuando éstos prevean normas más favorables. Finalmente, señala que: "Los tratados internacionales ratificados forman parte del ordenamiento jurídico interno con rango de ley".

No obstante el régimen constitucional vigente y la adopción de los diferentes instrumentos internacionales sobre derechos humanos, el actual gobierno de manera constante y sistemática vulnera derechos humanos y principios democráticos reconocidos y plasmados por las normas internas e internacionales, con el pretexto de implementar un proceso de cambio dentro del país.

Al presente el Estado de Derecho ha sufrido un notable deterioro en sus instituciones fundamentales y en consecuencia la vigencia de los derechos individuales y sociales se encuentran restringidos por la autoridad política. Al presente más de ciento veinte líderes bolivianos de diferentes instituciones se encuentren en calidad de refugiados políticos, y asilados en países como: Brasil, Estados Unidos, España, y recientemente Perú.

Las instituciones fundamentales en la tutela constitucional de los Derechos Humanos se encuentran desmanteladas y sometidas a procesos políticos. Estos son los casos del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

No existe en la práctica ninguna institución, independiente del Poder Ejecutivo, cuya vigencia no haya sido objeto de toda suerte de amenazas, persecuciones, y procesos ante la Cámara de Diputados de mayoría oficialista. Como es el reciente caso del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Walter Eddy Fernández Gutiérrez, a quien suspendido de sus funciones sin que exista sentencia ejecutoriada, El estado de la democracia y los derechos humanos, se han deteriorado al extremo. No existen en los hechos instancias nacionales a las que acudir en defensa de los mismos. Nos encontramos en un franco estado de desprotección de nuestros derechos fundamentales.

Las diferentes recomendaciones de órganos internacionales para el fortalecimiento de la democracia en el marco del respeto y la garantía de los derechos humanos, así como el fortalecimiento y consolidación de un Estado Democrático Social de Derecho, han sido totalmente ignoradas por el actual gobierno, que continua con la transgresión de Derechos Humanos de diferentes personas conforme se desarrolla a continuación:

III. Hechos acontecidos y derechos humanos vulnerados

A. EL DESPLOME DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

III.1 INJERENCIA Y VULNERACIÓN DE DERECHOS CONTRA EL CONGRESO NACIONAL

El Congreso de la República ha sido el centro de los ataques del gobierno. El hecho de que en él se concentre la oposición democrática y principalmente en el Senado, explica la violencia física y verbal con la que el Poder Ejecutivo ha procedido en estos años.

El gobierno ha buscado durante los últimos cuatro años, someter al Congreso a las decisiones del poder político. En forma contradictoria con la Carta Democrática Interamericana, que establece que la independencia de los órganos públicos es un elemento esencial y constitutivo de los Estados Democráticos de Derecho. Partiendo de la crítica dura, la campaña de desprestigio en contra de sus miembros, la persecución judicial y la violencia física, el gobierno ha definido una relación crítica de confrontación con el Poder Legislativo.

Dentro del Órgano Legislativo se han vulnerado principios y derechos de diversa índole tal cual se puede detallar de la siguiente manera:

1.- Los Cercos al Senado y Congreso Nacional. Los cercos al Congreso se han constituido en el instrumento de presión más efectivo ejercido sobre los Senadores y Diputados del Parlamento Nacional, para imponer leyes y decisiones por encima de la conciencia y libertad de los legisladores. El mecanismo del sitio es simple. El gobierno convoca a sus grupos de choque (movimientos sociales), cuando decide imponer una acción política. Estos grupos de choque tienen ingreso libre a la Plaza Murillo sede del Palacio de Gobierno y del Legislativo. Contrariamente, otros tipos de protestas que no respondan al gobierno son severamente reprimidas, aún los casos de niños, ancianos y minusválidos.

Los movimientos sociales "sitian" el edificio del Congreso, toman todos sus accesos incluyendo los de emergencia, impiden en forma violenta el ingreso de legisladores opositores al gobierno y al mismo tiempo impiden su salida. Ayudados por la complaciente actitud de la Policía Nacional, toman el edificio del Congreso de la Nación, fuertemente armados con explosivos (dinamitas) y otras armas contundentes, y sin el control de los medios de comunicación social, se dan a la "cacería" de legisladores de oposición, quienes si son hallados son objeto de toda suerte de vejámenes físicos y psicológicos. Los principales dirigentes de los movimientos sociales que organizaban estos "cercos" al Congreso, son Fidel Surco Cañasaca máximo ejecutivo del CONALCAM (Consejo Nacional para el Cambio), e Isaac Avalos Cuchallo ejecutivo del Confederación Central única de Trabajadores Campesinos (CSUTCB). Ambos, hoy por hoy, candidatos al Senado Nacional en las listas del partido de Gobierno.

Se realizaron diferentes cercos al Congreso Nacional para la aprobación de leyes de interés del gobierno. Todos ellos convocados por el gobierno para presionar a través de sus militantes en contra de los miembros de la oposición, especialmente de los miembros del Senado Nacional. Muchos cercos terminaron en fiestas populares con presencia del Presidente de la República, una vez conseguido sus propósitos.

El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al Movimiento al Socialismo impidieron el ingreso de la oposición al palacio del Congreso. Indebidamente habilitaron a dos Senadores suplentes, todo con propósito de aprobar la Ley INRA, 44 contratos petroleros y convalidar un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. Dos días antes ya se había instalado el cerco en el Congreso mientras el Gobierno, los Prefectos de Departamento, agropecuarios y cívicos intentaban un diálogo para concertar la modificación a dicha ley. 2

El 27 de noviembre de 2007, el Movimiento Al Socialismo (MAS) movilizó a los mineros, cocaleros, campesinos y pobladores de la ciudad de El Alto, que cercaron el Congreso, mientras que los parlamentarios oficialistas con el apoyo de los mismos Senadores suplentes, aprobaron la reducción de los fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos a las regiones. También se aprobó la ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente y se incorporó el traslado del cónclave constitucional a otro lugar del país, distinto al de su sede oficial. 3

El 28 de febrero de 2008, nuevamente el partido del Presidente Morales aprobó en una cuestionada y maratónica sesión del Congreso la convocatoria de dos referéndums para validar su proyecto constitucional el 4 de mayo, entre las airadas protestas de la oposición y con la ausencia de varios de sus diputados que no pudieron acceder a la sesión por agresiones de los movimientos sociales. 4

En octubre de 2008, nuevamente se produce un cerco al Congreso con el objetivo de conseguir la aprobación de una ley de convocatoria a referendo consultivo sobre la aceptación del nuevo texto Constitucional. El texto constitucional que se pretendía aprobar era aquel que fue aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 y que fue aprobado solo por los asambleístas del partido de gobierno, sin considerar los informes de mayoría y minoría en los cuales había participado la oposición.

En un intento de concertación, el Congreso Nacional estableció la necesidad de realizar una ley que modifique al texto constitucional para que esta pueda ser aplicable y se pueda subsanar errores tanto de fondo como de forma en su redacción. Nuevamente se realizan movilizaciones del partido de gobierno para presionar al Congreso a la aprobación de la Ley que aprobaría el nuevo texto Constitucional, coaccionando específicamente a los miembros del Congreso de la oposición para obtener una Constitución afín a sus intereses. En este proceso participaron como veedores diferentes organizaciones internacionales acreditadas ante el gobierno, como son Naciones Unidas, la OEA, la Comunidad Europea. 5

En aplicación del nuevo texto constitucional, se realiza una Ley Electoral transitoria que debía ser aprobada en el plazo de 60 días conforme a la disposición transitoria primera de la misma. Se realizaron diversos proyectos de ley por diferentes sectores del país, el principal proyecto de ley fue remitido por el Órgano Ejecutivo a la Cámara de Diputados el cual se encuentra representado por la mayoría oficialista, esta Cámara aprueba el Proyecto de Ley del Órgano Ejecutivo sin considerar los demás proyectos de Ley y con modificaciones sin importancia. Remitido el Proyecto de Ley a la Cámara de Senadores, ésta realizó una sistematización de los diferentes proyectos de Ley, así como reuniones con entidades públicas, sociales y civiles para el desarrollo del Proyecto de Ley. En este trabajo de la Cámara Alta se observaron transgresiones a la nueva Constitución Política del Estado, mismas que a opinión del Órgano Ejecutivo era simplemente acciones por parte de la Oposición para frenar las elecciones de fin de año, asumiendo el Presidente de Bolivia Evo Morales Ayma, junto a 15 dirigentes de las principales organizaciones sociales del país como la Central Obrera Boliviana (COB) y la Coordinadora Nacional para el Cambio (CONALCAM) acciones tales como una huelga de hambre en el propio Palacio de Gobierno para presionar al Congreso Nacional, específicamente al Senado Nacional, a la aprobación de un Proyecto de Ley sin observancia de la Constitución y pasando por alto cuestiones inherentes a la misma de gran importancia como el nuevo empadronamiento debido a innumerables denuncias por fraude en las pasadas elecciones y referéndums. 6

Finalmente el proyecto es aprobado. Resultado de un juego de presión y resistencia, entre las bancadas de gobierno y oposición. Negociación presionada por la vigilancia de miles de personas que conformaban el cerco, y la ausencia de toda forma de protección a la seguridad de los parlamentarios de oposición.

Los cercos son una amenaza a la vida, la integridad y la libertad personal y de conciencia. Un Congreso mutilado, vejado y amenazado no se constituye en el pilar y sustento de la democracia. Estas acciones nos privan de asumir con integridad y libertad la función de legisladores y fiscalizadores.

Este sistemático proceder, para vencer por el miedo, para atacar sin reglas, y obtener sus designios, no se apiada de los fundamentos esenciales de libertad e independencia de los poderes.

El Senado ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad en contra de las leyes aprobadas por ejercicio de la fuerza en los "cercos" al Congreso, recursos que frente a la desaparición del Tribunal Constitucional no tienen ninguna esperanza de ser atendidos.

Estos hechos violan el Derecho a la vida y la integridad personal (Art. 4 y 5), a la libertad personal (Art. 7), Libertad de pensamiento y de expresión (Art. 13) de la Convención Americana sobre Derechos humanos.

2.- Atentados y Agresiones a miembros del CongresoEn el cerco de febrero de 2008, la diputada de oposición Ninoska Lazarte sufrió agresiones físicas por simpatizantes del gobierno que cercaban el Congreso, impidiendo el ingreso de esta diputada al Congreso para el desempeño de sus funciones como representante en la Cámara Baja.

Lo mismo ocurrió con la Diputada Marisol Aban. Existiendo la presencia de los grupos sociales afines al partido de gobierno, y en el que inexplicablemente se realizo un repliegue de las fuerzas policiales, quienes no realizaron el control de seguridad a éstos grupos que cercaban el Congreso. 7

Extraña que en ocasión de otras manifestaciones contra el gobierno, la policía realice un despliegue masivo, impidiendo la entrada a la Plaza donde se encuentran el Congreso Nacional y el Palacio de Gobierno, cuestión que por demás obvia no ocurre cuando estas turbas son afines al Gobierno. Representantes del gobierno se limitaron a señalar que los hechos acaecidos en los cercos, eran legítimos y en consecuencia el gobierno no solo no reprimía los mismos sino que los alentaba. Muchos cercos terminaron en fiestas populares con presencia del Presidente de la República, una vez conseguido sus propósitos. 8

Guido Guardia Flores, Senador por el Departamento de Santa Cruz, por el Movimiento al Socialismo (MAS), disidente de conciencia, fue perseguido, agredido violentamente, y víctima de sendos atentados dinamiteros en contra de su domicilio particular y un medio radial de comunicación de su propiedad. Ninguno de estos atentados fue esclarecido hasta el presente. 9

Las últimas agresiones físicas a los parlamentarios de la oposición se produjeron en la aprobación de la Ley Electoral transitoria. Las agresiones se originaron por el abandono del Hemiciclo del Congreso de los parlamentarios de oposición, abandono que se realizo en protesta de la violación de acuerdos de concertación con el actual Presidente del Congreso y Vicepresidente de la República Álvaro García Linera. Al abandonar los predios del Hemiciclo, los parlamentarios de la oposición fueron agredidos al interior del Congreso por personas afines al Movimiento Al Socialismo quienes se encontraban dentro de instalaciones exclusivas para los congresistas, con consentimiento pleno de la seguridad del Congreso para ingresar al interior del Congreso.

En septiembre de 2008 grupos afines al gobierno, realizaron amenazas de tomar propiedades de los parlamentarios opositores y otros políticos de la oposición. Al mismo tiempo se realizaron marchas contra la embajada de Estados Unidos y contra medios de comunicación. Los dirigentes de la Central Obrera Regional (COR), la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), gremiales y la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA), realizaron declaraciones señalando que realizarían la toma de los domicilios y la propiedad privada de los opositores al gobierno por no adecuarse a la ideología de cambio que pretende el gobierno de turno. El gobierno ante tales declaraciones que pretendían la transgresión de derechos fundamentales por grupos que comparten su ideología política, evito emitir opiniones al respecto.

En marzo del presente año, Amílcar Barral jefe departamental de Alianza Social (AS) denunció un plan para tomar y allanar domicilios en la ciudad de La Paz de ciertos parlamentarios y reconocidos políticos de oposición, acciones que se realizarían por los integrantes de la "Brigada Evo Morales" y de los autodenominados "Satucos" considerados como los grupos de choque del Movimiento Al Socialismo (MAS), mismos que están conformados por propios parlamentarios del oficialismo. 10

Conforme lo señalado por Barral, la denuncia está basada en informes de personas que se habrían infiltrado en las filas del MAS quienes participaron de un ampliado en el que se definió asumir acciones para "atacar" los domicilios del senador Luis Vásquez Senador por La Paz de Podemos; Guillermo Bekar Diputado Uninominal por el Departamento de La Paz disidente del MAS; Guido Guardia Senador disidente del MAS; así como a otras figuras políticas de la oposición como Carlos Mesa (ex vicepresidente); Alejo Veliz (político campesino opositor al MAS); Víctor Hugo Cárdenas (ex vicepresidente); Fernando Untoja (político opositor al MAS); Rufo Calle (dirigente campesino) y la casa de campaña de Alianza Social en La Paz.

El domicilio particular del líder de la oposición Jorge Quiroga Ramírez, y de otros senadores fue objeto de amenazas y acoso por turbas de manifestantes convocados por el gobierno. En todas estas circunstancias el gobierno no ofreció ninguna protección.

Estas acciones violan el Derecho a la Vida (Art. 4), a la Integridad Personal (Art. 5), a la Propiedad privada (Art. 21), a la libertad de pensamiento y expresión (Art. 13) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

3.- Persecución Indebida de Parlamentarios. El 24 de mayo del 2008, se produjeron una serie de hechos violentos en la ciudad de Sucre en los cuales se produjeron enfrentamientos entre campesinos y citadinos. Ante este hecho Ángel Vallejos el mismo día presenta denuncia ante el Ministerio Público contra Epifanía Terrazas y otras personas desconocidas por la presunta comisión de los delitos de lesiones leves y robo agravado.

En ninguna de estas denuncias se involucro a congresistas de la oposición. Sobre este hecho se aperturaron varios procesos investigativos ante la Fiscalía del Distrito de Chuquisaca, entre los cuales se tiene:

1. Caso 0801078. Denunciante: Víctor Cutipa Saavedra Denunciado: Jhamil Pilco Delito: Allanamiento de domicilio agravado en grado de instigación. Estado del Proceso: Acusación fiscal ante el juez segundo de instrucción en lo penal de la capital.

2. Caso 0801075 Denunciante: Dora Copa Calizaya Denunciado: Epifanía Terrazas Delito: Lesiones graves y leves. Estado del Proceso: Imputación fiscal ante el juzgado primero de instrucción penal de la capital.

3. Caso 0801100 Denunciante: Herbert Marcelo Terrazas Rodríguez Denunciado: Autor y autores Delito: Lesiones graves y leves, robo agravado, coacción, privación de libertad, incumplimiento de deberes y otros. Estado del Proceso: Resolución de Rechazo.

A instancias del Gobierno, el Gral. Luís Trigo Antelo, entonces General de la Fuerza Aérea presenta denuncia penal en contra de los Senadores: Fernando Rodríguez Calvo y Tomasa Yarhui Jácome y los Diputados: Dayler Andrade, Lourdes Millares Ríos y Gonzalo Porcel por los delitos de sedición, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, instigación publica a delinquir, asociación delictuosa, organización criminal, desordenes y perturbaciones públicas, lesiones gravísimas y lesiones graves y leves, en la cual hace un relato de los sucesos acontecidos el 24 de mayo en inmediaciones del estadio Patria y hace mención a la participación de cada uno de los denunciados y las autoridades que estuvieron allí sugiriendo que los mismos estuvieron cometiendo una cadena de delitos. Ninguno de estos parlamentarios estuvo presente en ocasión de estos enfrentamientos.

En fecha 3 de junio del 2008, la fiscal de materia de la capital (Sandra Molina Villarroel) informa el Inicio de investigación al Juez Instructor de turno en lo penal de la capital, a raíz de la denuncia presentada por Luís Trigo Antelo.

Posteriormente, en fecha 23 de julio del 2008, el Fiscal General de la República, Mario Uribe, presenta memorial al Presidente y Ministros de la Corte Suprema de Justicia, solicitando autorización para procesamiento de los mencionados. Finalmente, el 12 de enero del 2009, el fiscal asignado al caso Wilder Castillo, en uso de sus legitimas atribuciones y amparado en los Artículos 45 núm. 7 de la Ley de Organización del Ministerios Publico, los Artículos 304 núm. 4 del Código de Procedimiento Penal; rechaza la denuncia formulada por Luís Trigo Antelo y dispone el archivo de obrados.

No obstante lo anterior, en fecha 3 de junio del ano 2008, se dispone por Resolución Camaral, que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, asuma las funciones de cabeza del Ministerios Publico, para que así, lleve adelante la investigación de los sucesos del 24 de mayo, relativos a la posible violación de Derechos Humanos y/o delitos que se hubieran cometido. En franca violación del principio de Non Bis Id ídem.

La persecución se concentro en los Diputados y Senadores de la oposición. 11 A estos se conmino a presentarse a prestar declaraciones, en franco desconocimiento de la inmunidad parlamentaria. Finalmente se ordeno la detención formal de los mismos a pesar que el proceso había sido rechazado y archivado.

En fecha 13 de junio 2009, se realiza la audiencia para resolver la acción de libertad presentada por el dirigente cívico John Cava. La sentencia pronunciada por la Corte Superior de Chuquisaca, dispone que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no tienen competencia para investigar los sucesos del 24 mayo por encontrarse estos bajo la jurisdicción de la Fiscalía de Distrito de Chuquisaca que previno la investigación conforme al Articulo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Publico y que por lo tanto la Comisión de Derechos Humanos no tiene atribuciones para expedir mandamiento de aprehensión, correspondiendo entonces que cese de inmediato toda persecución.

Sin embargo de esta sentencia inmediatamente la comisión anuncio la continuidad del proceso penal.

Estas acciones violan el Debido Proceso (Art. 8) de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica.

4.- Violación de Derechos Humanos a través de normas inconstitucionales. El Estado Democrático de Derecho se asienta en la plena vigencia de la ley. Este principio de organización democrática del poder político se expresa en la atribución específica de producir normas jurídicas con alcance general al Congreso de la República. Solo el Congreso puede emitir leyes, a este principio se denomina el "Principio de reserva de ley".

El principio de "la reserva de la ley asegura que la elaboración, debate y aprobación de ciertas materias se produzca mediante el procedimiento legislativo parlamentario.

El gobierno, muchas veces insatisfecho en sus expectativas políticas con respecto al Congreso de la nación, ha optado por un mecanismo simple y antidemocrático, legislar mediante decretos ejecutivos. A través de esta práctica ha vulnerado la Carta Democrática de la OEA, en la medida que desconoce la independencia y separación de poderes del Estado Democrático, y vulnerado derechos fundamentales de los bolivianos. 12 Estos son alguno de los últimos Decretos Supremos que demuestra en demasía los aspectos señalados anteriormente:

Decreto Supremo No. 0138.- Esta norma señala en su artículo 1 el objeto de la misma, señalando que es "......establecer el procedimiento para determinar la jurisdicción, la aplicación de medidas cautelares sobre el patrimonio, medios e instrumentos que hubieran sido utilizados o estuviesen comprometidos, en la comisión de los delitos de Terrorismo, Sedición o Alzamientos Armados contra la Seguridad y Soberanía del Estado".

El gobierno mediante decreto, modifica el Código Penal y Código de Procedimiento Penal, para los delitos de terrorismo, sedición o alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del país, estableciendo un régimen penal especial sobre éstos.

- Este decreto viola el principio universal de presunción de inocencia, siendo que se dispone la incautación de los bienes de cualquier ciudadano por la sola suposición o imputación de los delitos de terrorismo, alzamiento armado o sedición, estos aspectos son señalados en el artículo 3, articulo 4 parágrafo I y articulo 5 parágrafo II del Decreto Supremo en cuestión.

El Principio de Inocencia o presunción de inocencia, reconocido como un derecho fundamental por el artículo 116 de la actual Constitución, es la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio.

La garantía de inocencia se conecta directamente con dos principios básicos del proceso penal: principio de legalidad y principio acusatorio; entre ambos construyen la estructura del proceso penal democrático.

Como se ha señalado, el principio de inocencia o presunción de inocencia está reglado en la nueva Constitución en su Artículo 116 que señala expresamente que "Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado."; por su lado la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala en su artículo 8. 2 que "toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad...".

- El Decreto Supremo 138, además crea una jurisdicción especial. Es la "Jurisdicción" procesal que se pretende establecer para el procesamiento de los delitos de terrorismo, sedición o alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado, estableciendo como único territorio para el procesamiento a los que adecuen sus conductas a estos delitos en la ciudad de La Paz.

- Modifica a través de este Decreto, una serie de garantías procesales protegidas por convenios internacionales y leyes penales vigentes en Bolivia. El artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. También vulnera la garantía inmersa en la Ley Orgánica del Poder Judicial No. 1455 de 18 de febrero de 1993. El principio del Juez Natural es un derecho fundamental que asiste a todos los sujetos del derecho en cuya virtud deben ser juzgados por un órgano creado conforme a lo prescrito por la Ley Orgánica correspondiente dentro del ámbito de la jurisdicción ordinaria, respetando los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad y sumisión a la ley; debiendo constituirse además con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidas.

- El Decreto Supremo No. 138 instituye además de lo ya analizado, la posibilidad de incautación y confiscación de los bienes y patrimonio de las personas que se encuentren como imputados o posibles instigadores y cómplices a los delitos que se mencionaron. Establece que los bienes incautados a los ciudadanos que se presuma involucrados en estos delitos, serán utilizados por el Estado como propios hasta la finalización del proceso legal. (artículos 3 y 4 parágrafo V del Decreto No.138). También se menciona que si el ciudadano sospechoso o imputado fuese declarado inocente, el Estado devolverá, no sabemos después de cuantos años ni en qué estado, los bienes que le hubiere incautado. El decreto no contempla ningún tipo de indemnización o reconocimiento por la pérdida del valor de los mismos, o por el deterioro por el uso que les habría dado el Estado. Por el contrario, si el ciudadano es declarado culpable de la comisión del delito, los bienes incautados pasan a la categoría de confiscados y a propiedad del Estado, sin derecho a indemnización alguna de acuerdo al artículo 5 parágrafo II inciso d).

- El gobierno ha denunciado a la oposición como autores de los delitos de terrorismo y aquellos definidos como de la seguridad interior del Estado. Ha definido en los hechos el traslado de todos estos procesos a la ciudad de La Paz, en franco desconocimiento de la ley y las decisiones de la Corte Suprema. Finalmente se encuentra desplegando una masiva campaña comunicacional en contra de líderes de la oposición como responsables de actos de sedición y terrorismo. En síntesis la oposición para el gobierno es una forma de sedición y terrorismo, a la que se debe combatir judicialmente y no democráticamente. Este es el sentido esencial del Decreto Ejecutivo 138. 13

III.2 VIOLACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA DIGNIDAD PERSONAL, Y DERECHO A LA INTIMIDAD, MEDIANTE SEGUIMIENTO ILEGAL, INTERFERENCIAS TELEFÓNICAS, VIGILANCIA Y OTRAS ACCIONES EN CONTRA DE LIDERES POLÍTICOS, SENADORES Y DIPUTADOS DE OPOSICIÓN, EMPRESARIOS PRIVADOS, PREFECTOS Y ALCALDES, DIRIGENTES CIVICOS, PERIODISTAS Y OTROS

A partir de fecha 24 de enero de 2008, la opinión pública tuvo conocimiento de hechos de seguimiento y vigilancia a políticos, policías y periodistas, los cuales fueron difundidos por diferentes medios de comunicación. El gobierno había ordenado el seguimiento, vigilancia y escuchas telefónicas de dirigentes políticos, congresistas, dirigentes cívicos, periodistas, miembros de la iglesia Católica, empresarios privados, policías, etc. Con violación directa de su derecho a la intimidad y la dignidad. 14

Se reveló la existencia de un Grupo Especial (GE), dependiente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) de la Policía Nacional, el cual presuntamente habría realizado ese trabajo, de forma indebida y clandestina. Asimismo, que ese Grupo tendría dependencia directa del ex Director Nacional de Inteligencia, Coronel José Luis Centellas, conocido en esa instancia con el alias de "Don Fidel". 15

Frente a la gravedad de estas denuncias públicas, fotos y otros documentos de los organismos de inteligencia del Estado, el gobierno reacciono denunciando un hecho de posible espionaje organizado por Embajada de los Estados Unidos. 16

Ante ello, en fecha 14 de febrero de 2008, el Pleno de la Cámara de Senadores aprobó por mayoría la Resolución Camaral Nº 006/08, que designó a la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral del H. Senado Nacional como "Cabeza del Ministerio Público", y para la investigación de supuestas violaciones a derechos fundamentales y garantías constitucionales de ciudadanos bolivianos; asimismo, y por iniciativa de la bancada oficialista, se aprobó la investigación de hechos de espionaje que se hubieran suscitado por instrucciones de la Embajada Americana y otros.

Es importante señalar que la investigación desarrollada por la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, se encuentra estrechamente relacionada al Sistema de los Derechos Humanos imperante en nuestra República mediante Tratados Internacionales vinculantes.

Así, tanto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señalan que ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación; siendo además una obligación de los Estados precautelar y garantizar estos Derechos.

Luego de haber realizado un exhaustivo y prolongado proceso de investigación la Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Publico, Derechos Humanos y Régimen Electoral del H. Senado Nacional, arriba a las siguientes conclusiones en el caso de referencia: Existen indicios suficientes de al menos veinticuatro (24) hechos de seguimiento y vigilancia realizados a ciudadanos bolivianos y cuyas conductas claramente no se adecuaban a hechos de espionaje, organización criminal, narcotráfico o terrorismo; por lo que fueron violatorios a sus Derechos Humanos, bajo el siguiente detalle:

a) Seguimiento y vigilancia hacia los Prefectos de Santa Cruz y Beni, Rubén Costas y Ernesto Suárez y al entonces Presidente de la CAINCO Gabriel Dabdoub. Todo ello en el Informe V - 01, caratulado como el Caso "Camba" (sin mayores referencias) en fecha 26 de junio de 2007.

El seguimiento comprendería desde el arribo al Aeropuerto de la ciudad de El Alto (procedente de la ciudad de Santa Cruz, vuelo 231, nocturno, de la Línea "Aerosur"), dirigiéndose en 2 vagonetas (con Placas 19-01-49 y 1160-ZUN) hacia la Embajada del Reino de España, de cuya reunión salieron tiempo después, pernoctando en los Hoteles "Radison" y "Camino Real" respectivamente.

b) Seguimiento y vigilancia hacia el Prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa en fechas 1 de marzo, 16 de abril, 5 y 6 de julio y 31 de agosto de 2007 respectivamente. Todo ello, en los Informes V - 01, V - 02, V - 04 y V - I, caratulados todos como el Caso "Bombón" (sin mayores referencias). Los seguimientos fueron realizados en la ciudad de Cochabamba y en la ciudad de La Paz.

c) Seguimiento y vigilancia al Prefecto de Tarija, Mario Cossio en fecha 15 de agosto de 2007, mediante Informe V/01 caratulado como Caso "Prefectura" (sin mayores referencias).

Se remite a seguir sus actividades en la ciudad de La Paz, en el que visita diferentes lugares alojándose en el Hotel "Camino Real"; asimismo se realizó seguimiento al vehículo con Placa de control 19-01-49.

d) Seguimiento y vigilancia al Prefecto de Pando, Leopoldo Fernández en fechas 14, 15 de agosto y 1 de septiembre de 2007, referidos en los informes V/01, V/02 y V/03, caratulados ídem como el Caso "Prefectura" (sin mayores referencias).

Se observa actividades en la ciudad de La Paz durante esos días en que visita diferentes lugares y finalmente se dirige a un domicilio donde se alojo ubicado en la zona Sur; asimismo, se realizó un seguimiento al vehículo con placa de control 1585 - LDK.

e) Seguimiento y vigilancia al Líder de "Podemos", Jorge Quiroga Ramírez en fechas 28 y 30 de mayo de 2007, mediante los Informes V - 01, V - 02 caratulados como el Caso "Pluto" (sin mayores referencias).

Se remite a seguir sus actividades esos días, tomando especial interés en la vigilancia del inmueble de "Fundemos" ubicado en la zona de Sopocachi; asimismo, procedieron a tomar fotografías de la gente y movilidades que ingresaban o salían del inmueble, destacándose las fotografías del Senador Tito Hoz de Vila y de la Diputada Lourdes Millares.

f) Seguimiento al Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, David Choquehuanca, informe PLAN OI. CEIP. ANI -007, Caso DNI - CEIP - 063 - 07 - SEC, signado como "secreto" dirigido a "Don Fidel", por Orden "R - O". Se centraría a señalar sus actividades, mas detalles de su vida privada y bienes.

g) Seguimiento al Senador Benigno Guido Guardia Flores, en fecha 3 de mayo de 2007. Informe G.E. 01/07 caratulado como el Caso "El Gordo". Se centraría a realizar el seguimiento a sus actividades y lugares a los que se dirigió en un vehículo con Placa 1645 - ENR.

h) Seguimiento y vigilancia al Diputado Gustavo Torrico Landa, en fechas 10, 11 de julio, 21, 24, 31 de agosto y 3 de septiembre de 2007, respectivamente. Se realizan los informes V - 1, 01/07 (este con referencia de autoría G. "E"), V - 1, V - 2, V - 3, V - 6 y V - 7, todos caratulados como Caso "Tavito".

Se centrarían a realizar el seguimiento a sus actividades, vigilando además el inmueble donde funcionaría la agrupación juvenil "Satucos" ubicado en la Avenida Ecuador; asimismo, vigilancia a dos domicilios ubicados en las zonas de Bajo Seguencoma y San Sebastián, mas seguimiento a su movilidad con Placa 1412 - KRI.

i) Seguimiento a los Presidentes de los Comités Cívicos de Chuquisaca, Beni, Pando (Jhon Cava Chávez, Alberto Melgar Villaroel y Ana Melena de Suzuki), en fecha 14 de agosto de 2007 respectivamente. Dentro el informe V/01 caratulado como Caso "Cívicos" (sin mayores referencias).

Se remite a seguir sus actividades en la ciudad de La Paz cuando sostuvieron una reunión en el Hotel "Plaza"; asimismo, realizaron seguimiento a sus vehículos con Placas 1598 - PHT y 1549 XYT.

j) Seguimiento al Constituyente David Vargas Flores, devenido del Informe PLAN OI. CEIP. ANI -007, Caso DNI - CEIP - 068 - 07 - SEC, signado como "secreto" dirigido a "Don Fidel" por Orden "Ministro de la Presidencia y Ministro de Gobierno". Se centraría a señalar su actividad como constituyente y antecedentes de su vida privada.

k) Seguimiento y vigilancia al señor Juan José Espada Sandy, Subjefe de Prensa de "Unitel" en fechas 6 y 7 de noviembre de 2007. Informes 01/07 y 02/07 caratulado como Caso "Juanjo" (sin mayores referencias).

Se centraría a ubicar su domicilio a través del seguimiento a su vehículo, automóvil VW, color azul metálico, con Placa 1212-GYS.

l) Seguimiento al señor René Fernández, periodista de "Radio Cadena Nacional". Este hecho surge de la Denuncia presentada por el propio señor Fernández en ocasión a su declaración prestada ante la Comisión de Constitución del Senado Nacional (en fecha 28/02/2008), refiriendo no solamente un seguimiento indebido, sino amenazas y robo de sus documentos ocurrido en fecha 25 de enero de 2008.

m) Seguimiento y vigilancia al General Jorge Espinoza Salinas y al Coronel Humberto Echalar de la Policía Nacional, caratulado como el Caso "E y E". La misma evidencia de las fotografías tomadas a sus domicilios ubicados en las zonas de Miraflores y Alto Obrajes, respectivamente (sin mayores referencias). Por declaración del mismo General Espinoza, se conoce que existió un seguimiento a su familia, realizando inclusive interceptación de su línea telefónica.

n) Seguimiento y vigilancia al Coronel (actual General) Miguel Estremadoiro de la Policía Nacional, en fecha 30 de julio de 2007 bajo la referencia a "Don Fidel" por parte de "Roy" y "Pancho". Se centraría a realizar el seguimiento a sus actividades como Comandante Departamental de la Policía en Santa Cruz y a los lugares que se dirigió ese día en los vehículos con Placas 1567 - EIS y 1524 - KDE.

o) Seguimiento al Coronel William Osinaga de la Policía Nacional. Este hecho se conoce a través de las Declaraciones que prestan los Generales Estremadoiro, Espinoza y el Coronel Pacheco ante la Comisión de Constitución del Senado Nacional, adjuntando además documentación de respaldo.

p) Seguimiento a los Oficiales de la Policía Nacional, Mayor Víctor Molina, Teniente Hernán Larrea Moscoso, Teniente Ludwing Villanueva Bozo, Subteniente Fernando Gálvez Guzmán, Subteniente Mireya Morales Escobar y Subteniente Rodrigo Miranda Gutiérrez.

Este hecho se conoce a través de la denuncia presentada por el Mayor Molina a la Fiscal Tania Alfaro en fecha 27 de noviembre de 2007, en la que le señala que esa investigación supuestamente habría sido realizada por el Coronel Centellas y el Teniente Calvo (de la DNI) por orden del Presidente de la República, Ministro de la Presidencia y Ministro de Gobierno.

q) Seguimiento a los ex Magistrados del Tribunal Constitucional, Martha Rojas y Alfredo Raña en fecha 22 de agosto de 2007. Todo ello mediante Informe 01/07 (con referencia de autoría G. "E"), caratulado como Caso "Magistrados". Se centraría a realizar el seguimiento de sus actividades en el día señalado, en el que se dirigieron a varios medios de comunicación.

r) Seguimiento al Fiscal General de la República, Mario Uribe Melendres, devenido del Informe PLAN OI. CEIP. ANI -007, Caso DNI - CEIP - 066 - 07 - SEC, signado como "secreto" dirigido a "Don Fidel" por Orden "Ministro de la Presidencia y Min. Gobierno". Se centraría a señalar supuestos vínculos con autoridades nacionales, más información de su vida privada y bienes.

s) Seguimiento al Fiscal Milton Mendoza Guzmán, del Informe PLAN OI. CEIP. ANI -007, Caso DNI - CEIP - 062 - 07 - SEC, signado como "secreto" para "Don Fidel". Se centraría a señalar sus actividades más información de su vida privada y familiar.

t) Seguimiento a los Fiscales William Alave Laura y Ramiro López Durán. Se origina y conoce por la denuncia presentada por el Mayor Molina a la Fiscal Tania Alfaro en fecha 27 de noviembre de 2007.

u) Seguimiento a David Vildoso Zamorano y Milton Ovando Aguilar, funcionarios de la Cámara de Diputados, devenido del Informe PLAN OI. CEIP. ANI -007, Caso DNI - CEIP - 064 - 07 - SEC, signado como "secreto" para "Don Fidel" por orden del "Viceministerio de Trasparencia y Ministerio de Gobierno". Se centraría a señalar supuestos actos de corrupción.

v) Vigilancia al inmueble de "Fundemos" ubicado en la zona de Sopocachi, tomándose fotografías a personas y movilidades que ingresaban o salían del lugar, destacándose las fotografías de los Senadores Luis Vásquez, Tito Hoz de Vila y el Diputado Fernando Messmer. Actuados realizados en fecha 8 de diciembre de 2007 (sin mayores referencias).

w) Vigilancia a domicilios ubicados en las zonas de Mallasa, Calacoto y Achumani, tomándose fotografías a personas y movilidades que ingresaban o salían. Se señala que dichos inmuebles estarían relacionados al Constituyente y Líder del Partido Político "Unidad Nacional", Samuel Doria Medina.

Realizados en fecha 25 de noviembre de 2007 y mediante Informe 01/07 caratulado como el Caso "Doria" (sin mayores referencias).

x) Vigilancia instalada en los Moteles "Kandy", "Le Petit", "Paraíso" e "Inn" de la ciudad de La Paz, con el objetivo de observar el ingreso y salida de personas en vehículos de uso oficial. Vigilancias realizadas en fechas 11 y 12 de junio de 2007, mediante los Informes V - 01 y V - 02 caratulados como Caso "California" (sin mayores referencias).

La Comisión de Constitución, Justicia, Policía Judicial, Ministerio Público, Derechos Humanos y Régimen Electoral del H. Senado Nacional en su informe final señala que los hechos indebidos de seguimiento y vigilancia presentados, han violado la Carta Internacional de los Derechos Humanos vigente en nuestro país.

El informe final de la Comisión de constitución del Senado Nacional fue sometido a tratamiento del plenario, habiendo el mismo sido aprobado por la mayoría de esta Cámara Legislativa, la cual dispuso mediante Resolución expresa en su parte pertinente la remisión de los antecedentes del caso al Ministerio Público y también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lamentablemente, a pesar de haber puesto en conocimiento de estos hechos a la Fiscalía General de la República acompañado por abundante prueba, la investigación propuesta por el Senado Nacional ha sido archivada por el Ministerio Público, específicamente por el Fiscal del Distrito de Potosí Gustavo Calvo Ugarte quien ejerció la titularidad de la representación de dicha instancia ante la excusa formulada por el Dr. Mario Uribe Melendres, emitió la Resolución Nº 261/2008 de 12 de septiembre de 2008.

La autoridad fiscal dictamina el archivo de los obrados por falta de materia justiciable sin que siquiera hubiera realizado el análisis y examen de los elementos de convicción aportados por parte del Senado Nacional dentro de la investigación realizada. Vulnera además el procedimiento legal al no dar noticia al tribunal encargado de realizar el control jurisdiccional de la causa sobre el inicio de sus actuaciones. Finalmente la Ley Nº 2411 de 2 de agosto de 2002, en base a la cual dispone el archivo de obrados, no se encontraba en vigencia porque fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante Sentencia Nº 0009/2003 de 3 de febrero de 2003. Se ordeno el archivo de obrados basado en una ley derogada.

El proceso finalizó con todos los vicios legales señalado, sin ninguna posibilidad de procesamiento de los autores de estos delitos, perfectamente identificados por la Comisión investigadora. Los antecedentes fueron archivados una vez más cuando la responsabilidad acusaba a miembros del gobierno.

III.3 VIOLACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, CONCEJO DE LA JUDICATURA, Y FISCALÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

Los jueces y magistrados del Poder Judicial en sus más altas esferas, fueron objeto de una sistemática persecución y amedrentamiento, durante el gobierno de Evo Morales Ayma. Las más altas autoridades judiciales del país, todas ellas elegidas todas por el voto de dos tercios del total de miembros del Congreso de la República y en pleno ejercicio de su período de funciones, fueron intimidadas y amenazadas en caso de no presentar renuncias a ser procesadas por comisiones en la Cámara de Diputados en las que el partido de gobierno tenía mayoría.

El Fiscal General de la República, Pedro Gareca Perales, advertido públicamente de amenazas en sus funciones, finalmente renuncia en fecha 27 de septiembre de 2006 Es el primer caso que inauguraba un proceso de desestabilización constante del Poder Judicial.

Los magistrados del Tribunal Constitucional fueron objeto de persecución y amedrentamiento públicos, en caso de no presentar renuncias a sus funciones. Objetivo finalmente conseguido.

El Consejero de la Judicatura José Luis Dabdoub, renuncia luego de ser sometido a diferentes procesos por las comisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados. Una vez conseguida la renuncia los procesos son archivados.

Todos los magistrados de la Corte Suprema en funciones se encuentran sometidos a juicios penales ante el mismo órgano. El Presidente de la Corte Suprema de la Nación, Dr. Eddy Fernández Gutiérrez se encuentra suspendido de sus funciones desde el 13 de mayo de 2009 hasta el presente, acusado por retardación de justicia. Finalmente es sometido a juicio penal merced a una orden de apremio corporal.

Este resumen muestra claramente que la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial, ha sido de enfrentamiento y acoso permanente. A cada decisión del Poder Judicial que no satisfacía la pretensión del gobierno, inmediatamente le seguía un proceso penal. Juicios penales que finalmente fueron abandonados cuando conseguían la renuncia de las autoridades interpeladas.

1.- El Tribunal Constitucional. El 30 de diciembre de 2006, el Presidente de la República designa inconstitucionalmente a 4 Ministros de la Corte Suprema de Justicia, mediante Decreto Supremo No. 28993.

El fundamento de la decisión en criterio del gobierno radicaba en la facultad constitucional comprendida en la atribución 16, del Artículo 96 de la Constitución de 1967, vigente entonces. Esta norma textualmente prescribía: "nombrar interinamente en caso de renuncia o muerte a los empleados que deban ser elegidos por otro poder cuando este se encuentre en receso".

Como resultado evidente, el Poder Legislativo se encontraba en pleno funcionamiento, a tiempo de la promulgación del Decreto, y no se había producido ninguna renuncia o muerte en miembros de la Corte Suprema.

Frente a una norma intrínsecamente inconstitucional, miembros del Senado Nacional interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de dicha norma.

De acuerdo a la Ley Nº 1836 - Ley del Tribunal Constitucional los Senadores Luis Ángel Vásquez Villamor y Oscar Miguel Ortiz Antelo demandaron la constitucionalidad del citado Decreto a través de un recurso directo o abstracto de inconstitucionalidad ante el órgano contralor de la constitución, al considerar que dichos nombramientos vulneran el principio de independencia entre poderes y que vulneran la misma Constitución al no permitirse cumplir al Congreso Nacional con su deber constitucional.

La acción de control de constitucionalidad, luego de haber corrido el trámite establecido por ley, concluyo con la emisión de la Sentencia Constitucional Nº 018/2007 - RDI de 9 de mayo de 2007 que declaro la constitucionalidad del Decreto Supremo Nº 28993 disponiendo en consecuencia que: a) los Ministros interinos de la Corte Suprema de Justicia designados mediante Decreto Supremo deben quedar cesantes en sus cargos a partir de su notificación con la Sentencia Constitucional en razón a haber cumplido con el tiempo máximo establecido por ley para el ejercicio del cargo interino, b) la Sentencia Constitucional no afectara los fallos y resoluciones dictadas por los Ministros Interinos de la Corte Suprema de Justicia y c) se exhorta al Congreso Nacional para que en el marco de las atribuciones que la CPE le reconoce designe a la brevedad posible a designar a los Ministros Titulares de la Corte Suprema de Justicia.

Lo resuelto por la Sentencia Constitucional, determino el inicio de una acción implacable por parte del Gobierno en contra de los Magistrados del Tribunal Constitucional, cuando en un hecho sin precedentes, el mismo Presidente de la República dio inicio a un juicio de responsabilidades en contra de los representantes del órgano rector de la constitución, a través de una denuncia formulada en el marco de la Ley Nº 2623 de 22 de diciembre de 2003 por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Impedir o Estorbar el Ejercicio de Funciones y Prevaricato, tipificados respectivamente en los Artículos 153, 161 y 173 del Código Penal boliviano. 17

De ahí en más comienza la persecución política en vez de un de un debido proceso judicial en el que los Diputados de la tienda oficialista empiezan a ejercer una mandato político dirigido a buscar la destitución o la renuncia de los Magistrados del Tribunal Constitucional, llegándose a emitir órdenes de aprehensión, violándose en todo momento el procedimiento previsto por Ley, limitando el ejercicio del derecho a la defensa de presuntos culpables, desconociendo las determinaciones asumidas por instancias competentes y finalmente imponiendo por la fuerza la acusación en contra de las mencionadas autoridades determinando de ese modo la suspensión del control de constitucionalidad en Bolivia al dejar sin el número necesario de magistrados para garantizar la continuidad del funcionamiento del Tribunal Constitucional. 18

Las principales violaciones a los derechos, procedimientos y normas surgidas en la tramitación de la causa en contra de los miembros del Tribunal Constitucional pueden ser resumidas de la siguiente manera:

Primera: Una vez que la denuncia del Presidente Constitucional de la República fue remitida al Comité del Ministerio Público y Policía Judicial, los Magistrados del Tribunal Constitucional fueron citados el 24 de mayo de 2007 a objeto de prestar sus declaraciones informativas, conforme al siguiente rol: martes 29 de mayo de 2007, a Hrs. 9:00, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, a Hrs. 11:00, Dra. Martha Rojas Álvarez, a Hrs. 15:00, Dr. Artemio Arias Romano, y a Hrs. 17:00, Walter Raña Arana.

Los Magistrados del Tribunal Constitucional, ejerciendo su derecho a la defensa, el 28 de mayo de 2007 interpusieron excepciones de incompetencia y falta de acción ante la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de y solicitaron la suspensión de la audiencia fijada para el día 29 de mayo de 2007, en mérito a las excepciones presentadas.

No obstante la existencia de ambos memoriales, el 29 de mayo de de 2007, el Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, libró mandamientos de aprehensión contra los Magistrados del Tribunal Constitucional, antes de cumplirse el horario de declaraciones establecido por el propio Comité, para tres magistrados del Tribunal Constitucional, sin considerar los memoriales presentados el 28 de mayo de 2007, y pese a que la Ley 2623 prohíbe la aplicación de medidas cautelares- como es una aprehensión- durante la etapa preparatoria.

Segunda: Los Magistrados del Tribunal Constitucional, presentaron varios memoriales denunciando actividad procesal defectuosa al órgano encargado de ejercer el control de la etapa preparatoria, como debería ser la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial; empero, ninguno de esos memoriales fue tramitado, menos resuelto.

Tercera: La tramitación de las excepciones interpuestas por los Magistrados del Tribunal Constitucional ante la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial, no se sujetó al procedimiento establecido en la Ley 2623, Ley Procesal para el Juzgamiento de altas autoridades del Poder Judicial y del Fiscal General de la República, ya que sus miembros demoraron su tratamiento y omitieron efectuar el pronunciamiento previo y especial que la norma exige, toda vez que al tratarse de excepciones por las cuales se cuestiona la competencia del Órgano Legislativo, su resolución debe ser inmediata, con carácter previo a cualquier decisión que defina la situación jurídica de los imputados.

Cuarta: Una vez que la Comisión de Constitución declaró improbadas las excepciones, los Magistrados del Tribunal Constitucional, en uso de su derecho a la defensa, interpusieron recurso de apelación incidental el 27 de junio de 2007; sin embargo, el mismo no fue tramitado conforme al procedimiento establecido por la Ley 2623, pese a los constantes reclamos efectuados ante esa Comisión, cuyos miembros no se pronunciaron sobre el particular ni imprimieron el trámite de ley al recurso de apelación, lo que obligó a los Magistrados a presentar un recurso de amparo constitucional que fue concedido por la Sala Social y Administrativa Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, mediante Resolución de 8 de agosto de 2007, en la que se dispuso "la inmediata tramitación del recurso de apelación incidental interpuesto y su consiguiente remisión a la Comisión de Derechos Humanos de conformidad a la previsto por el Art. 33 parágrafo II de la Ley 2623 y art. 40

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