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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2009-08-07 a horas: 23:00:42

"País a la venta" ... ¿cuál es su oferta?

Rocio Bustamante

La máxima jurídica de que es mejor "un mal acuerdo que un buen juicio" parece estarse aplicando a varias cuestiones relacionadas con la explotación de recursos naturales en el país, y también con los acuerdos internacionales como el del Silala o "Siloli", que recientemente ha causado una agitada polémica y no sin razón ya que para los que pudimos leerlo en detalle - gracias al inaudito acto de transparencia del equipo de ABI que subió el documento en borrador a su pagina web (1), fue motivo de mas de una duda y varias criticas sobre su texto y contenido.

En primer lugar, si bien sabemos que el documento es un ‘borrador', este hecho no disculpa a sus autores por la pésima redacción y poco cuidado con una serie de detalles que deberían haber sido considerados mas concienzudamente y que en definitiva dan la impresión de que la tarea de su elaboración no fue tomada muy en serio. Aparte, aunque este es un documento de carácter jurídico, parece que no se contó con mucha asesoría jurídica especialmente en el uso de los términos correctos no solo en el idioma español sino a nivel de su definición legal.

En ese sentido, me quedan muchas dudas sobre lo que se quiere realmente decir con: aprovechatarias, "aguas de libre disponibilidad", "aguas crudas", "sujeto detentor", etc., cuyo uso resulta inapropiado por su imprecisión o por el contexto en que se inserta.

A lo largo del texto, se utilizan diferentes denominativos, ninguno de los cuales es suficientemente claro como precisar el tipo de derechos que se están otorgando sobre las aguas del Silala, lo cual obviamente tiene implícitas consecuencias jurídicas, ya que no es lo mismo otorgarle a alguien el uso que el usufructo. Desde ya la condición de ‘aprovechatario' no existe en la legislación boliviana, entonces me pregunto de qué sirve que se le de competencia al estado boliviano para someter a este sujeto jurídico al ordenamiento legal del país, si no existe como tal en nuestras leyes; ¿significa eso que al final tendrá nomás que seguirse las disposiciones del Código de Aguas chileno que si tiene esta figura?

En cuanto al término de ‘aguas de libre disponibilidad', según el tratadista jurídico (chileno por supuesto) Alejandro Vergara Blanco, es un sinónimo de lo que se considera el mercado de aguas (2), lo cual no sorprende, ya que aunque se trate de disfrazar la situación con eufemismos como ‘compensación' en realidad de lo que se trata es de las condiciones de una venta (con efecto retroactivo) pura y simple del recurso.

Seguramente por las implicaciones que esto tiene para el gobierno cuyo slogan es que el agua ‘es un derecho no una mercancía", es que no se explica con mas precisión lo que realmente se quiere decir con ‘libre disponibilidad' y que consecuencias conlleva el uso del término.

Un término utilizado fuera de contexto es el de ‘aguas crudas', que usualmente hace referencia a las agua ‘no tratadas', ‘en estado natural', que se encuentran en la fuente previo proceso de potabilización. Para el caso del Convenio el adjetivo de ‘crudas' no tiene mayor sentido y es innecesariamente utilizado.

Finalmente tenemos, el término de ‘sujeto detentor' o ‘titular público', cuya imprecisión resulta hasta sospechosa porque no se establece su estatuto y por lo tanto los derechos y limitaciones que pueda tener en calidad de representante o cuasi apoderado del Estado boliviano.

Analizando con más detalle el documento propuesto, tengo además las siguientes observaciones:- en varios artículos del Acuerdo propuesto se hace referencia a que se pretende preservar la sostenibilidad del ‘sistema hídrico Silala", pero excepto en el articulo 4 que habla de la ‘fragilidad del sistema' y hace referencia mayormente a la calidad, no se tiene nada concreto al respecto.

De los estudios realizados anteriormente por investigadores de la UMSA en esta área se sabe que la calidad no es precisamente el principal problema, sino la cantidad (3) que se extrae, en un ecosistema de bofedales que podría ser afectado por una sobreexplotación.

Entonces si el Acuerdo esta basado en "estudios técnicos" y la información que cada una de las partes ha aportado (como se indica en la parte argumentativa) porque no se incluyen datos mas precisos sobre el caudal que actualmente esta siendo llevado al otro lado de la frontera? Ya que podría constituir una mejor base de negociación, no solo de la ‘compensación' sino también de los márgenes de ‘uso sustentable'... o es que hay alguna razón para mantener esta información tan imprecisa?

- Existe un párrafo mas que oscuro en el articulo 3 y que hace referencia al ejercicio del ‘derecho preferente' que tiene Bolivia, para?

- Una cuestión que no queda clara a lo largo del documento es quien es el ‘titular' exactamente ‘de que tipo de derecho', y hay una utilización confusa de los términos que puede llevar a varias conclusiones distintas. Para irnos aclarando las cosas tal vez ayuden algunas preguntas:

¿"Quién" otorgará "qué" tipo de derecho a "quién" en Bolivia?, en los artículos 12 y 15 se indica que será el Ministerio de Medio Ambiente y Agua quien designe al ‘sujeto detentor' de la ‘autorización' (¿? ), aunque a menos que se haya cambiado la legislación por algún sorpresivo Decreto, esta no es una atribución ni competencia de este Ministerio, ya que mientras no tengamos una nueva Ley de Aguas en el país, solo la SISAB y el SENARI (SEDERIs en algunos casos) pueden otorgar derechos sobre las fuentes de agua ...y solamente para riego y consumo doméstico. Todos los demás usos deben tramitar una Ley especial.

¿Qué tipo de derecho? , pues, según la normativa vigente solo es posible tener Registros y Autorizaciones y solo para su uso en riego, pecuaria, forestal y doméstico; bajo la limitación de que no es posible la transferencia (o sea la ‘libre disponibilidad') del derecho ni el recurso.

Tampoco existe bajo la figura de Autorización la posibilidad de recibir ‘compensaciones' por el uso del recurso.

Finalmente, también al otro lado de la frontera quedan muchas imprecisiones por aclarar, por ejemplo cuando se establece que el ‘seguimiento y operación técnica' estará a cargo de la DGA en Chile, pero posteriormente se indica que el gobierno de Bolivia podrá requerir directamente del ‘aprovechatario' el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, lo cual parece no solo confuso sino imposible de poder implementarse en la practica, sino es a costa de un complejo y probablemente costoso procedimiento.

- En el articulo 3 de la propuesta de Convenio se establece que Bolivia podrá ‘caducar la autorización otorgada', lo cual muestra un manifiesto desconocimiento de lo que la caducidad implica en términos jurídicos y es una de las varias incoherencias que surgen de la pocas claridad jurídica del documento.

- En el articulo 6 se dice que del 100% de las aguas (exactamente cuanto? ), el 50% (cuánto?) le corresponde inicialmente a Bolivia, que "lo podrá utilizar en su territorio o autorizar su captación para su uso por terceros, incluyendo su conducción a Chile", es decir que se ha analizado seriamente la posibilidad de no vender el agua a Chile? ¿Qué implicaría esto?, ¿por qué no se tiene mas información al respecto? ¿las organizaciones sociales fueron consultadas también sobre este tema? Y a propósito, ¿se ha considerado su participación en el Acuerdo?

- Si como establecen los artículos 13 y 14, lo que se pretende es el pago de una compensación, ¿por qué en el valor se considera solamente el criterio de precio por volumen y no otros inherentes a una ‘compensación' en términos jurídicos, es decir que incluyan por ejemplo los costos de oportunidad, el resarcimiento de ‘daños y perjuicios', los costos de preservación ambiental, etc.?

- Finalmente, en cuanto al procedimiento establecido para la resolución de controversias, debemos decir que mucho de lo que se dice resulta inaplicable cuando el cumplimiento no depende directamente de las partes firmantes del Convenio sino de terceros poco definidos tanto en Bolivia como en Chile.

Lo que si queda claro de todo esto es en primer lugar que la falta de una norma general sobre aguas en el país lleva a situaciones imposibles, en las que los innumerables ‘parches' que se han elaborado para los sectores como riego y agua potable no son suficientes para tratar otras situaciones.

Por otro lado, a nivel de la política publica en el tema de los recursos naturales en general, sean estos petróleo, gas, minerales o agua, vemos que el gobierno no se ha desviado gran cosa de los lineamientos establecidos por los anteriores regimenes de carácter neoliberal, aunque en el discurso pretendan que si (4).

A pesar de las buenas intenciones y las palabras bonitas, en realidad lo que cuenta todavía son las cifras y el dinero que se consiga, no importa como...para ‘vivir bien' eso si.

Notas

1. http://www.abi.bo/index.php?i=noticias_texto_paleta&j=20090803221130&k= revisado el 4 de Agosto del 20092. http://books.google.nl/books?id=4o3G0FyArtAC&pg=PA502&lpg=PA502&dq=aguas+de+libre+disponibilidad&source=bl&ots=N5ewnXgBp0&sig=RGNnZdxjxSajgD9zNWy_jXgQhg&hl=en&ei=Jhl4StGeGIaLQaa163CBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1#v=onepage&q=&f=false revisado el 4 de Agosto del 20093. http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20090716/chile-usufructua-aguassubterraneas-de-potosi_26085_40870.html, revisado el 4 de Agosto del 20094 Como se plantea en la propuesta de Evo Morales para que la ONU apruebe la Declaración Universalde los Derechos de la Madre Tierra.

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