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Área: Documentos >> Leyes
Actualizado el 2009-08-02 a horas: 22:31:49

Anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización

El Presidente Evo Morales y el ministro de Autonomía Carlos Romero presentaron el anteproyecto de Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) que faculta a los municipios a consultar a su población si está de acuerdo con su conversión en Autonomías Indígena Originarias en el marco de la nueva Constitución Política del Estado.

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La Ley de Régimen Electoral Transitorio establece que los pueblos y naciones indígena originario campesinas que deseen convertir un municipio en autonomía indígena podrán elaborar su estatuto y realizar su referéndum autonómico en las elecciones del 6 de diciembre de 2009.

"La autonomía indígena es la inclusión de los pueblos indígena originario campesinos y sus estructuras colectivistas y comunitarias al Estado. El Estado les transfiere competencias y sus organizaciones se convierten desde hoy en instituciones organizativas del propio Estado Bolivia, en eso consiste el Estado plurinacional y la autonomía indígena", explicó el ministro Romero.

ANTEPROYECTO DE LEY MARCO DE AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACION

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Marco Constitucional En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre determinación de las naciones y pueblos indígena originario campesinos preservando la unidad del país.

Artículo 2. Objeto La presente Ley regula la organización territorial del Estado y el régimen de autonomías y descentralización establecido en la parte tercera de la Constitución Política del Estado. Artículo 3. Alcances

La presente ley comprende: a. la transferencia y delegación de competencias, el régimen económico financiero, la coordinación entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales, la participación y el control social, en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas; b. los contenidos y el procedimiento para la elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas en las entidades territoriales autónomas; c. la organización, funcionamiento, estructura y atribuciones de las entidades territoriales descentralizadas.

Artículo 4. Definiciones A los efectos de esta ley se entiende por: a) Autonomía La autonomía es la cualidad gubernativa reconocida a una entidad territorial para el ejercicio de sus competencias otorgadas por el Estado, en el marco de la Constitución Política del Estado y la presente ley. Implica la elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus órganos de gobierno en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones. b) Competencia A los efectos de esta ley, competencia es el ejercicio de atribuciones, potestades y facultades dentro de la responsabilidad reconocida al gobierno plurinacional y a los órganos de los gobiernos autónomos o administraciones descentralizadas, y está expresamente establecida en la Constitución Política del Estado, la ley y los Estatutos y Cartas Orgánicas. c) Descentralización La descentralización es el proceso de transferencia o delegación de competencias, de la administración del Estado a las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, para su gestión. Esta transferencia o delegación afecta a la titularidad de la potestad y a su ejercicio concreto. d) Entidad territorial Es la institucionalidad de una unidad territorial que administra o gobierna en su jurisdicción, de acuerdo a las facultades y competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la ley. e) Entidad territorial autónoma Es la institucionalidad con cualidad gubernativa para el ejercicio de sus facultades y competencias técnicas, legislativas, reglamentarias, fiscalizadoras y ejecutivas, con autonomía de gestión financiera. f) Entidad territorial descentralizada Es la institucionalidad administrativa dotada de autonomía de gestión financiera, técnica y administrativa para el ejercicio de sus competencias. g) Estatuto o Carta Orgánica El Estatuto o Carta Orgánica de una entidad territorial autónoma es la norma institucional básica que fija su estructura organizativa, que determina las materias sobre las que asume competencias y que establece los procedimientos a través de los cuales los órganos de la entidad territorial autónoma van a desarrollar su actividad. h) Territorios indígena originario campesinos Los territorios indígenas son las tierras colectivas o comunitarias tituladas conforme a ley y que han adquirido esta categoría mediante el procedimiento agrario correspondiente, en el marco a lo establecido en el parágrafo III, artículo 394 y el artículo 403 de la Constitución Política del Estado. i) Transferencia y delegación de competencias Es el procedimiento por el cual el nivel central del Estado o las entidades territoriales autónomas y descentralizadas pueden traspasar o asumir facultades de reglamentación y/o ejecución en las competencias que les otorga la Constitución Política del Estado y las leyes. j) Unidad territorial Es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio, territorio indígena originario campesino. La región podrá ser una unidad territorial de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Artículo 5. Principios I. Los órganos del poder público deben fomentar el ejercicio pleno de las libertades y los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, enmarcados en los principios rectores del régimen de autonomías y descentralización establecidos en el artículo 270 de la Constitución Política del Estado. II. Estos principios se definen como: a) Unidad El régimen de autonomías y descentralización se sustenta en la indivisibilidad de la soberanía y del territorio boliviano; y se fundamenta en la cohesión interna del Estado y en la coordinación entre sus entidades de gobierno que promueve la unidad en la diversidad. b) Voluntariedad El régimen de autonomías y descentralización garantiza el derecho de los ciudadanos bolivianos de las entidades territoriales a acceder voluntariamente a la autonomía, de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la presente ley. c) Solidaridad Los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas actuarán conjuntamente con el gobierno plurinacional en la satisfacción de las necesidades colectivas, mediante la cooperación permanente entre ellos y utilizarán mecanismos redistributivos para garantizar un aprovechamiento equitativo de los recursos. d) Equidad El régimen de autonomías y descentralización se dirige a superar los desequilibrios económico-financiero y social entre las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. e) Bien común La actuación de los órganos del poder público se fundamenta y justifica en el interés colectivo, sirviendo con objetividad los intereses generales y en la filosofía del Vivir Bien, propio de nuestras culturas. f) Autogobierno Es el principio democrático del gobierno propio que se fundamenta en la Constitución Política del Estado, en los derechos históricos y en la distribución territorial equitativa del poder público. En los departamentos, las regiones, los municipios y las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la ciudadanía tiene el derecho a conformar su institucionalidad gubernativa y elegir a sus autoridades en el marco de la autonomía otorgada en la Constitución Política del Estado. g) Preexistencia de las Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos Dada la existencia previa a la Colonia y a la República de las naciones y pueblos indígena originario campesinos que han preservado y compartido a lo largo del tiempo cultura, historia, lenguas e instituciones, estas naciones y pueblos gozan del derecho de participación y representación en los gobiernos autónomos y administraciones descentralizadas donde habitan, y al autogobierno en sus entidades territoriales autónomas en los términos establecidos en la Constitución Política del Estado y la ley. h) Igualdad La relación entre las entidades territoriales autónomas no admite subordinación jerárquica ni tutela entre sí. i) Complementariedad El régimen de autonomía y descentralización se sustenta en la conjunción de identidades y en la generación de valores compartidos de los ciudadanos, permitiendo que la diversidad pueda encontrar un punto de equilibrio, comprensión y armonía en bien de la colectividad y del Estado Plurinacional. j) Reciprocidad El gobierno plurinacional, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas regirán sus relaciones en condiciones de mutuo respeto y colaboración, en beneficio de los habitantes del Estado. k) Equidad de género El régimen de autonomía y descentralización garantiza la eliminación de las desigualdades de género en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, en la conformación de los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas, y en el acceso y ejercicio de la función pública. l) Subsidiariedad La toma de decisiones y provisión de los servicios públicos debe realizarse desde el gobierno más cercano a la población, excepto cuando por razones de eficiencia o escala, se justifique proveerlos de otro modo. Los órganos del poder público tienen la obligación de auxiliar y sustituir a los órganos autónomos y descentralizados en caso de necesidad. El Estado es el titular originario de todas las competencias por ser el garante de la efectivización de los derechos ciudadanos. m) Gradualidad Es la asunción de competencias por las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, de forma progresiva y de acuerdo a la diferencia de capacidades y la definición de los recursos financieros. n) Coordinación Es la relación entre el gobierno plurinacional, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas y constituye una obligación como base fundamental que sostiene el régimen de autonomía y descentralización para garantizar el bienestar, el desarrollo, la provisión de bienes y servicios a toda la población boliviana con plena justicia social. o) Lealtad Institucional Entre el gobierno plurinacional, los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas debe existir credibilidad y confianza mutua basadas en el reconocimiento, por cada una de las partes, del alcance de sus obligaciones y las limitaciones de sus facultades y competencias. p) Transparencia El manejo honesto de los recursos del Estado por parte de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas, y el acceso a toda información en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, son parte del funcionamiento del régimen de autonomía y descentralización. q) Participación y control social Los órganos del poder público en todos sus niveles garantizarán la participación y facilitarán el control social en la vida política, económica, cultural y social. r) Provisión de recursos económicos El funcionamiento de las autonomías y la asignación de competencias a cada entidad territorial autónoma y descentralizada deben acompañarse de los recursos económicos para su cumplimiento, señalando la fuente de los mismos. TÍTULO II AUTONOMÍAS Y DESCENTRALIZACIÓN CAPÍTULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 6. Finalidad I. El régimen de autonomías y descentralización tiene como fin el de distribuir las funciones político-administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio nacional para la efectiva participación de los ciudadanos en la toma de decisiones políticas y así contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y el desarrollo socioeconómico integral del país.

II. Los gobiernos autónomos y las administraciones descentralizadas como depositarios de la confianza ciudadana en su jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: a. Promover y garantizar el desarrollo humano integral, justo, equitativo y participativo del pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional; b. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana, mediante el establecimiento, autorización, regulación, y cuando corresponda, la administración y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones en sus respectivas jurisdicciones en el marco de sus competencias; c. Reafirmar y consolidar la unidad del país, y preservar como patrimonio histórico y humano la diversidad plurinacional; d. Promover el desarrollo económico armonioso de departamentos, regiones, municipio y territorios indígenas originarios campesinos; e. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, morales y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su jurisdicción; f. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción; g. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la educación, la salud y al trabajo. Respetando su diversidad, sin discriminación y explotación, con plena justicia social y promoviendo la descolonización; h. Promover la participación ciudadana defendiendo en el ámbito de su jurisdicción y competencias, el ejercicio y práctica de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución Política del Estado y la ley.

Artículo 7. Ejercicio de la Autonomía La autonomía se ejerce a través de: a. La libre elección de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos; b. La potestad de crear, recaudar y administrar tributos, e invertir recursos de acuerdo a ley; c. La facultad de dictar normas propias determinando así las políticas y estrategias de su gobierno autónomo; d. La planificación, programación y ejecución de su gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social; e. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente ley y de sus propias normas; f. El respeto a la autonomía de las otras entidades territoriales, en igualdad de condiciones; g. El conocimiento y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la presente ley y las normas aplicables; h. La gestión pública intercultural, abierta tanto a las diferentes culturas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, como a las personas y colectividades que no comparten la identidad indígena; i. En el caso de la autonomía indígena originario campesina, mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional indígena, en el marco de la Constitución Política del Estado.

Artículo 8. Régimen jurídico autonómico Las normas que regulan todos los aspectos inherentes a las autonomías se encuentran contenidas en la Constitución Política del Estado, las leyes y el Estatuto o Carta Orgánica correspondiente. Artículo 9. Garantía Estatal El Estado garantiza el ejercicio del derecho a la autonomía y la descentralización en el marco del cumplimiento efectivo del principio de unidad entre el gobierno plurinacional y las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. Artículo 10. Forma de gobierno

I. La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas y descentralizadas es democrática participativa, representativa y comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. II. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejercerá de acuerdo al artículo 296 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 11. Ley Básica Es la norma de Derecho emanada de la Asamblea Legislativa Plurinacional que fija los principios, las reglas esenciales y el área de alcance de una determinada competencia. La Ley Básica no puede autorizar a un órgano del Estado diferente de la Asamblea Legislativa Plurinacional su modificación o la facultad de dictar normas de carácter retroactivo. Artículo 12. Leyes de desarrollo autonómicas

I. Son las normas jurídicas complementarias que, respetando las determinaciones de las Ley Básica, son dictadas por la entidad territorial autónoma y norman sobre materias en el ámbito de las competencias compartidas y jurisdicción. II. Las leyes de desarrollo autonómicas son nulas de pleno derecho si contradicen los preceptos establecidos por la legislación básica estatal. III. Las leyes de desarrollo autonómicas pueden recaer únicamente en aquellas competencias que la Constitución Política del Estado establece como compartidas.

Artículo 13. Leyes de armonización I. Son las leyes que establecen los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas, cuando así lo exija el interés general, emitidas con carácter posterior a las disposiciones normativas de las entidades territoriales autónomas, por la Asamblea Legislativa Plurinacional y aprobadas por mayoría absoluta. II. El interés general, en cada caso, será determinado por la mayoría absoluta de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Artículo 14. Carácter supletorio del ordenamiento normativo estatal El ordenamiento normativo estatal será, en todo caso, supletorio al de las entidades territoriales autónomas. A falta de una norma autonómica, se aplicará la norma estatal con carácter supletorio.

CAPÍTULO 2 AUTONOMÍA DEPARTAMENTAL

Artículo 15. Gobierno autónomo departamental El gobierno autónomo departamental está constituido por dos órganos: a. Una Asamblea Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrada por Asambleístas Departamentales elegidos, según criterios de población, territorio y equidad, por sufragio universal y por Asambleístas Departamentales representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos. Los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos deberán ser elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios; b. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Gobernadora o Gobernador e integrado además por Secretarías, cuyo número y atribuciones serán establecidos en el Estatuto. La Gobernadora o Gobernador será elegido por sufragio universal en lista separada de los Asambleístas.

Artículo 16. Organización interna del Órgano Ejecutivo departamental I. La organización interna del Órgano Ejecutivo será reglamentada mediante el Estatuto y las leyes departamentales sin perjuicio de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. II. Los Órganos Ejecutivos de los gobiernos departamentales adoptarán una estructura organizacional propia, de acuerdo a las necesidades de cada departamento, manteniendo una organización interna mínima uniforme para el relacionamiento y coordinación con la administración del nivel central del Estado. III. No se elegirá por sufragio universal autoridades departamentales ejecutivas de carácter provincial en aquellas regiones, autonomías regionales y regiones indígena originario campesinas. No se elegirá autoridades departamentales ejecutivas cuya jurisdicción coincida o sea menor a la de los municipios o los Territorios Indígenas Originarios Campesinos.

Artículo 17. Ausencia temporal o definitiva de la máxima autoridad ejecutiva I. En caso de ausencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo departamental, la suplencia temporal se sujetará a la Constitución Política del Estado y el respectivo Estatuto. II. En caso de ausencia definitiva de la máxima autoridad ejecutiva producida por la prolongación de la ausencia temporal por más de noventa días, o por renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la gobernadora o gobernador del gobierno autónomo departamental antes de cumplirse la mitad de su mandato, se procederá a efectuar una nueva elección. En caso contrario se procederá de acuerdo al procedimiento establecido en el respectivo Estatuto.

CAPÍTULO 3 AUTONOMÍA REGIONAL

Artículo 18. Condiciones para la creación de regiones autónomas I. La región autónoma resulta de la agregación de municipios y/o provincias, circunscritas a un departamento. II. El conjunto de estas unidades territoriales sumará por lo menos el diez por ciento del territorio departamental o el diez por ciento de la población departamental. III. Puede constituirse también como región autónoma una sola provincia constituida por la agregación de sus municipios, siempre que comparta cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas complementarios, y que cumpla los requisitos del parágrafo precedente.

Artículo 19. Procedimiento de constitución de la autonomía regional I. Para acceder a la autonomía regional se debe seguir el siguiente procedimiento: a. Existiendo el acuerdo de los gobiernos municipales involucrados en la creación de la autonomía regional, los concejales, constituidos en asamblea provisional, redactarán participativamente y aprobarán por dos tercios del total de sus miembros la propuesta de estatuto, que enviarán al Tribunal Constitucional para el control de constitucionalidad. b. Si el Tribunal Constitucional objetara la constitucionalidad de todo o partes del proyecto, lo devolverá a la Asamblea Provisional, la que deberá hacer las modificaciones, aprobarlas por dos tercios y remitir nuevamente el proyecto al control de constitucionalidad. Este procedimiento deberá repetirse las veces que fuese necesario hasta contar con la resolución de constitucionalidad del Proyecto de Estatuto. c. La población de las regiones aprobará por referendo la autonomía regional y su estatuto, que se realizará simultáneamente en todas las entidades territoriales que conforman la región. d. El resultado positivo del referendo en cada una de las entidades territoriales que conforman la región, significará la constitución de la autonomía regional y la entrada en vigencia de su estatuto. e. En caso de que el referendo arroje resultado negativo en al menos una entidad territorial de la región, la iniciativa se extinguirá y no se podrá reiniciar un nuevo proceso que involucre a cualquiera de las entidades territoriales proponentes sino luego de tres años. II. Una vez aprobada la autonomía regional, la Asamblea Legislativa Plurinacional homologará por ley el reconocimiento de la región como unidad territorial. III. Para el caso previsto de los referendos por la autonomía regional aprobados con anterioridad a la promulgación de la presente ley, el referendo señalado en el parágrafo I del presente artículo se referirá exclusivamente a la aprobación de su Estatuto. Artículo 20. Gobierno autónomo regional I. El gobierno autónomo regional está constituido por: a. Una Asamblea Regional, constituida por asambleístas elegidos por sufragio universal y asambleístas indígena originario campesinos elegidos de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. La Asamblea Regional cuenta con facultades deliberativa, normativo-administrativa y fiscalizadora, en el ámbito de sus competencias. b. Un órgano ejecutivo dirigido por una máxima autoridad ejecutiva elegida por sufragio universal de acuerdo al procedimiento establecido en el Estatuto Autonómico regional.

Artículo 21. Conformación de la Asamblea Regional Mientras no entre en vigencia disposición diferente referida a la conformación de la Asamblea Regional establecida en cada Estatuto Autonómico regional, se adoptará transitoriamente la siguiente: a. Un asambleísta elegido por criterio territorial en las regiones conformadas por cinco o más unidades territoriales, correspondiente a cada una de ellas. En las regiones conformadas por menos unidades territoriales, se elegirán dos en cada una de ellas. b. Adicionalmente, por criterio poblacional se elegirá una cantidad de asambleístas correspondiente a la mitad del número de unidades territoriales, distribuidos entre éstas proporcionalmente a su población. Si el número de unidades territoriales fuese impar, se redondeará el resultado al número inmediatamente superior. c. En los municipios a los que corresponda un solo asambleísta regional, éste será elegido por mayoría simple de votos. Donde correspondan más, serán elegidos de manera proporcional al voto obtenido por cada fórmula en el municipio, asignando los escaños según el método de divisores naturales. d. Se elegirá adicionalmente al menos un asambleísta representante de cada una las naciones y pueblos indígena originario campesinos, los cuales serán elegidos según normas y procedimientos propios.

Artículo 22. Ausencia temporal o definitiva de la máxima autoridad ejecutiva I. En caso de ausencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo regional, la suplencia temporal corresponderá a un miembro de la Asamblea Regional, debiendo establecerse el procedimiento de tal situación en el correspondiente Estatuto. Esta suplencia temporal será de un tiempo máximo de noventa días. II. En caso de producirse la prolongación de la ausencia temporal por más de noventa días, o por la renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la gobernadora o gobernador del gobierno autónomo regional antes de cumplirse la mitad de su mandato, se procederá a efectuar una nueva elección. En caso contrario se procederá al nombramiento de un asambleísta ya electo de acuerdo al procedimiento establecido en el respectivo Estatuto.

CAPÍTULO 4 AUTONOMÍA MUNICIPAL

Artículo 23. Condiciones para la creación de nuevos municipios I. Los nuevos municipios a crearse tendrán una base demográfica mínima de 10,000 habitantes, además de otras condiciones establecidas por ley. En aquellos municipios en frontera, la base demográfica mínima será de 5,000 habitantes. II. Los incentivos para la fusión de municipios con población inferior a 5,000 habitantes están establecidos en el título de financiamiento de la presente ley.

Artículo 24. Gobierno autónomo municipal El Gobierno Autónomo municipal está constituido por: a. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus competencias. Está integrada por concejalas y concejales electos, según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal y representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos elegidos mediante normas y procedimientos propios en los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario campesinos. La ley determinará los criterios generales para la elección y cálculo del número de concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. b. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o Alcalde e integrado además por Oficialías Mayores, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la Carta Orgánica. La Alcaldesa o Alcalde será elegido por sufragio universal en lista separada de los concejales.

Artículo 25. Ausencia temporal o definitiva de la máxima autoridad ejecutiva I. En caso de ausencia temporal de la máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo municipal, la suplencia temporal estará determinada de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la respectiva Carta Orgánica. II. En caso de ausencia definitiva de la máxima autoridad ejecutiva producida por la prolongación de la ausencia temporal por más de noventa días, o por renuncia, muerte, inhabilidad permanente o revocatoria de la alcaldesa o alcalde del gobierno autónomo municipal antes de cumplirse la mitad de su mandato, se procederá a efectuar una nueva elección. En caso contrario se procederá al nombramiento de una concejala o concejal ya electo de acuerdo al procedimiento establecido en la respectiva Carta Orgánica.

Artículo 26. Distritos municipales y subalcaldías I. La organización del espacio territorial del municipio en distritos municipales o la creación de subalcaldías, con el fin de desconcentrar la administración municipal, estará determinada por la Carta Orgánica. II. Los distritos municipales tendrán el carácter de espacios desconcentrados de administración, gestión, planificación, participación ciudadana y descentralización de servicios, de acuerdo a Carta Orgánica.

Artículo 27. Distritos municipales indígena originario campesinos I. Se crearán distritos municipales indígena originario campesinos a partir de los territorios indígena originario campesinos no autónomos. Estos distritos se crearán mediante un proceso administrativo y estarán especificados en las Cartas Orgánicas respectivas. II. Los municipios podrán crear distritos indígena originario campesinos que no estén basados en Territorios Indígenas Originario Campesinos no autónomos, de acuerdo a lo establecido en sus Cartas Orgánicas. III. Las naciones y pueblos indígena originario campesinos de los distritos municipales indígena originario campesinos elegirán a su(s) representante(s) al Concejo Municipal y a su(s) subalcalde(s), de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.

CAPÍTULO 5 AUTONOMÍA INDÍGENA ORIGINARIA CAMPESINA Sección 1 Disposiciones Generales

Artículo 28. Régimen autonómico indígena originario campesino El régimen autonómico indígena originario campesino se encuentra contenido en los artículos 289 a 296 y 303 al 304 de la Constitución Política del Estado, las disposiciones establecidas en la presente ley, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo ratificado por Ley N° 1257 del 11 de junio de 1991, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas ratificada por Ley N° 3760 del 7 de noviembre de 2007, normas y procedimientos propios que fueran aplicables de las entidades territoriales indígena originario campesinas y sus estatutos. Este régimen alcanza al pueblo afroboliviano en concordancia a su reconocimiento en el artículo 32 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 29. Autonomía indígena originaria campesina La autonomía indígena originaria campesina es la expresión del derecho al autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinas, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, organización e instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Está dirigida principalmente a la gestión de sus territorios aplicando sus propias cosmovisiones y sistemas económicos e implica la manifestación y desarrollo de sus estructuras organizativas articuladas a partir de sus propios referentes culturales.

Artículo 30. Sujeto autonómico I. Los sujetos de la autonomía indígena originaria campesina son: las naciones y pueblos indígena originario campesinos que comparten identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la colonia, pero que incluye al pueblo afroboliviano, y cuyo territorio está actualmente habitado por esas naciones y pueblos indígena originario campesinos. II. Las autonomías indígena originario campesinas respetarán los derechos fundamentales y garantías y el derecho a las acciones de defensa establecidos en la Constitución Política del Estado y las salvedades particularmente referidas a la propiedad privada.

Sección 2 Constitución de la autonomía indígena originario campesina Artículo 31. Tipos de autonomías indígena originario campesinas Son autonomías indígena originario campesinas: a. Los Territorios Indígena Originario Campesinos que hayan adoptado dicha categoría, sobre la base de las Tierras Comunitarias de Origen según trámite de conversión específico, y que ingresen al régimen autonómico según procedimiento establecido en la presente sección; b. Los Municipios que por voluntad de los pobladores que habitan dicho territorio, adopten esta categoría mediante referendo de conversión; c. Las Regiones Indígena Originario Campesinas, que por voluntad de los pobladores que habitan dicha región adopten esta categoría mediante referendo; d. Las regiones autónomas constituidas, que por voluntad de los pobladores que habitan dicha región adopten esta categoría mediante referendo de conversión a autonomía indígena originario campesina. Su denominación será Región Indígena Originario Campesina.

Artículo 32. Territorios Indígena Originario Campesinos I. Los Territorios Indígena Originario Campesinos delimitados a partir de las Tierras Comunitarias de Origen no acceden de forma automática al régimen autonómico. Según la voluntad del pueblo o nación, se procederá a consulta para el acceso al régimen autonómico. II. Los Territorios Indígena Originario Campesinos para constituirse en autonomía indígena originario campesina deberán cumplir como requisitos complementarios a lo establecido en la Constitución Política del Estado: a. que la población que actualmente habita el territorio sea igual o mayor a 10,000 habitantes, en el caso de naciones y pueblos de tierras altas; b. que la población que actualmente habita el territorio sea igual o mayor a 3,000 habitantes, en el caso de naciones y pueblos de tierras bajas; c. que exista una capacidad institucional certificada por el Servicio Estatal de Autonomías y Descentralización. III. Podrán constituirse en una sola Autonomía Indígena Originario Campesina la agregación de dos o más Territorios Indígenas Originarios Campesinos que tengan afinidad cultural, cuya población total que habite dentro de los territorios cumpla los requisitos del parágrafo anterior, sin que sea necesaria la continuidad territorial. IV. Los Territorios Indígena Originario Campesinos que no se constituyan en autonomía y los que estén compuestos por comunidades podrán constituirse en distritos municipales indígena originario campesinos. La delimitación de nuevos distritos municipales indígena originario campesinos se hará según Carta Orgánica o ley municipal correspondiente. V. Los distritos municipales indígena originario campesinos provenientes de un mismo Territorio Indígena Originario Campesino que no se ha constituido inicialmente en autonomía, podrán acceder al régimen autonómico en cualquier momento, una vez cumplidos los procedimientos y condiciones establecidas en la presente ley.

Artículo 33. Conversión de municipio a autonomía indígena originario campesina I. Los municipios podrán convertirse a la autonomía indígena originario campesina en caso de que la nación o pueblo indígena originario campesino exprese la voluntad de conformar una autonomía indígena originario campesina por ordenanza municipal, ya sea por iniciativa institucional o por iniciativa popular. II. Cuando la autonomía constituida por esta vía no abarque la totalidad del Territorio Indígena Originario Campesino, se iniciará un proceso administrativo de delimitación para integrar la totalidad del Territorio Indígena Originario Campesino a la autonomía indígena originario campesina que deberá ser aprobada por ley.

Artículo 34. Regiones indígena originario campesinas autónomas III. Podrán constituir una región indígena originario campesina autónoma la agregación de autonomías indígena originario campesinas ya consolidadas, con continuidad territorial, y mediante referendo, según lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral. IV. La conformación de una región indígena originario campesina autónoma no implica la desaparición de las entidades territoriales que la conforman. En todo caso, la fusión de las mismas no está prohibida, y se efectuará según procedimiento establecido por ley del Estado Plurinacional. V. La inclusión de distritos indígena originario campesinos en una región indígena originario campesina colindante implicará la modificación del límite municipal correspondiente, según el proceso de delimitación establecido en este capítulo. VI. Podrá también acceder a la autonomía indígena originario campesina regional la región autónoma definida como tal según lo establecido en el presente Título. Las regiones procederán a consulta sobre la conversión a región indígena originario campesina mediante referendo en cada una de las entidades territoriales que las compongan, según lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral. VII. Una región autónoma que decida convertirse en región indígena originario campesina procederá a la modificación de su Estatuto para tal efecto. Esta modificación tendrá que ser aprobada por referendo simultáneo en cada una de las entidades territoriales que la conformen. VIII. Las autonomías indígena originario campesinas municipales, los Territorios Indígena Originario Campesinos y los distritos indígena originario campesinos, pertenecientes a una determinada región no autónoma, no están impedidos de constituirse en una región indígena originario campesina que difiera espacialmente de aquella región. IX. Las entidades territoriales modificarán, si corresponde, sus Estatutos o Cartas Orgánicas, para permitir su acceso a una región indígena originario campesina. X. Uno o varios distritos indígena originario campesinos podrán agregarse a una entidad territorial indígena originario campesina, que haga parte de una región indígena originaria campesina colindante, previo proceso de nueva definición de límites municipales de acuerdo a ley.

Artículo 35. Procedimiento de acceso a la autonomía indígena originario campesina I. En el caso de los Territorios Indígena Originario Campesinos, que acceden a la autonomía: a. Si afectase los límites de uno o varios municipios, se procederá previamente a una nueva delimitación de los municipios afectados de acuerdo a ley del Estado Plurinacional. b. Una vez aprobada la ley, o en el caso de que no exista afectación de límites, la nación o pueblo indígena originario campesino, a través de las autoridades titulares del Territorio, comunicará al Órgano Electoral Departamental cuál es el procedimiento que, de acuerdo a su tradición, emplearán para conformar su Consejo Autonómico, estableciendo lugar(es) y fecha(s) para su designación, por lo menos con 30 días de anticipación. El Órgano Electoral Departamental deberá supervisar el procedimiento y emitir certificación de quiénes componen el Consejo. c. El Consejo Autonómico elaborará y aprobará un proyecto de Estatuto, que lo remitirá al Tribunal Constitucional Plurinacional, el que deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad. En caso de tener observaciones lo devolverá al Consejo, las veces que sea necesario, para su corrección. d. Contando con la resolución sobre la constitucionalidad del proyecto de Estatuto y su versión definitiva, el Órgano Electoral Departamental quedará encargado de la realización del referendo para la aprobación del Estatuto, de acuerdo al artículo 275 de la Constitución Política del Estado, la legislación nacional aplicable, emitiendo las normas administrativas necesarias y elaborando el correspondiente cronograma. Los recursos financieros para la realización de los actos electorales serán proporcionados al Órgano Electoral Departamental por los peticionarios; e. Una vez aprobado el Estatuto, el mismo entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. En caso de que el referendo por el Estatuto arroje resultado negativo, la nación o pueblo indígena originario campesino podrá reiniciar un nuevo proceso solamente transcurridos tres años; f. Se procederá a la elección de las autoridades definidas en los Estatutos aprobados, según procedimientos propios supervisados por el Órgano Electoral Departamental.

II. En el caso de la conversión de municipios a autonomías indígena originario campesinas, y de las regiones indígena originario campesinas: a. Los concejos municipales convocarán a referendo por la autonomía indígena originario campesina, el cual será administrado por el Órgano Electoral Plurinacional; b. En caso de que el referendo arroje resultado negativo en al menos una entidad territorial, la iniciativa se extinguirá y no se podrá reiniciar un nuevo proceso que involucre a cualquiera de las entidades territoriales proponentes sino luego de tres años. En caso de aprobación del referendo por parte de la población de la o las jurisdicciones correspondientes, se constituirá, bajo supervisión del Órgano Electoral Departamental, un órgano redactor encargado de elaborar el proyecto de estatuto autonómico según normas y procedimientos propios; c. El órgano redactor remitirá el proyecto de Estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional para su control de constitucionalidad, de acuerdo a procedimiento constitucional. En caso de que existan observaciones, el Tribunal devolverá el proyecto de Estatuto al órgano redactor las veces que sea necesario, para su corrección; d. Recibido la resolución positiva de control de constitucionalidad el órgano redactor notificará al Órgano Electoral Departamental correspondiente que administrará un referendo aprobatorio dentro de la jurisdicción correspondiente, según el artículo 275 de la Constitución Política del Estado, la legislación nacional aplicable, emitiendo las normas administrativas necesarias y elaborando el correspondiente cronograma. Los recursos financieros para la realización de los actos electorales serán proporcionados al Órgano Electoral Departamental por los municipios involucrados; e. Una vez aprobado por mayoría absoluta en cada una de los municipios involucrados, el estatuto aprobado entrará en vigencia, desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado. Para la región indígena originario campesina, la Asamblea Legislativa Plurinacional homologará la creación de la nueva unidad territorial por ley. En caso de que el referendo por el Estatuto arroje resultado negativo, se podrá reiniciar un nuevo proceso solamente transcurridos tres años; f. Se procederá a la elección de las autoridades definidas en los Estatutos aprobados, según procedimientos propios supervisados por el Órgano Electoral Plurinacional.

Sección 3 Gobierno de las autonomías indígena originaria campesinas Artículo 36. Gobierno I. El gobierno de las autonomías indígena originario campesinas se ejerce a través de sus propias normas y formas de organización de conformidad al artículo 296 de la Constitución Política del Estado y lo establecido en la presente Ley. II. El gobierno autónomo indígena originario campesino está constituido por: a. Entidades colegiadas: Asambleas, cabildos, corregimientos, capitanías y otros; b. Autoridades ejecutivas denominadas: secretarios ejecutivos, apumallkus, mamatajllas, capitanes, caciques, corregidores y otras; c. Además, podrán hacer referencia a sus entidades matrices: consejos, confederaciones, coordinadoras, centrales, subcentrales u otras.

Artículo 37. Estructura organizativa La estructura organizativa prevista en el Estatuto correspondiente debe contemplar como mínimo: identificación de sus autoridades y las atribuciones de su gobierno propio, organización, funcionamiento, procedimiento de elección, requisitos, periodo de mandato y otros aspectos organizativos. Además debe prever la decisión del pueblo de renovar confianza periódicamente a sus autoridades y la sanción por incumplimiento.

Artículo 38. Expresión oral o escrita de sus potestades Las facultades deliberativas, fiscalizadoras, legislativas, reglamentarias y ejecutivos, además del ejercicio de su facultad jurisdiccional, podrán expresarse de manera oral o escrita, teniendo el mismo valor bajo sus propias modalidades, con el único requisito de su registro.

CAPÍTULO 6 ESTATUTOS Y CARTAS ORGÁNICAS Artículo 39. De la Elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas

Las entidades territoriales autónomas, a través de sus órganos deliberativos, formularán de forma participativa con las organizaciones sociales sus proyectos de Estatuto o Carta Orgánica, observando los siguientes contenidos mínimos de manera obligatoria: I. Contenidos generales: a. Declaración de sujeción a la Constitución Política del Estado y las leyes; b. Identidad de la entidad autónoma; c. Ubicación de su jurisdicción territorial; d. Estructura organizativa; e. Facultades y atribuciones de las autoridades de los órganos ejecutivo, y legislativo o deliberativo; f. Competencias asumidas de carácter exclusivo; g. Mecanismos y formas de participación y control social; h. Relaciones institucionales de la entidad autónoma; i. Procedimiento de reforma del estatuto o carta orgánica; j. Mecanismos y sistemas administrativos; k. Forma de organización del órgano legislativo o deliberativo; l. Disposiciones generales sobre planificación, administración de su patrimonio y régimen financiero; m. Facultad de desconcentrarse administrativamente.

II. Contenidos potestativos: a. Idiomas oficiales; b. Además de los símbolos del Estado Plurinacional de uso obligatorio, sus símbolos propios; c. Otros que emerjan del ejercicio de la naturaleza de sus competencias; d. En el caso de los Estatutos Departamentales, las competencias exclusivas que se convierten en concurrentes con otras entidades territoriales autónomas del departamento.

III. En el caso de las Autonomías Indígena Originario Campesinas, el órgano y sistema de administración de justicia y el régimen para minorías no pertenecientes a naciones y pueblos indígenas originario campesinos que habiten su territorio.

Artículo 40. Procedimiento de elaboración y aprobación de Estatutos y Cartas Orgánicas I. Los órganos deliberativos a cargo de aprobar el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica, con arreglo a lo determinado en el artículo 275 de la Constitución Política del Estado, son: a. En el caso de los departamentos, la Asamblea Departamental; b. En el caso de los municipios, el Concejo Municipal; c. En el caso de la región, la reunión de los Concejos Municipales que la conformen; d. En el caso de las autonomías indígena originario campesinas, un consejo conformado según procedimiento propio y bajo supervisión del Órgano Electoral Departamental correspondiente.

II. Este órgano deliberativo aprobará dicho proyecto por dos tercios del total de sus miembros. Si no fuera esto posible, deberá aprobar un proyecto por mayoría y otro por minoría. En todo caso, el o los proyectos serán remitidos al Tribunal Constitucional Plurinacional para el control de constitucionalidad. Esta instancia tendrá un plazo máximo de 60 días calendario, computables a partir de la recepción del proyecto de estatuto, para su control.

III. Después de concluido el control de constitucionalidad como establece el artículo 196, parágrafo I de la Constitución Política del Estado, y se encontrasen disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado en el o los proyectos de Estatuto o Carta Orgánica, el Tribunal Constitucional Plurinacional se pronunciará mediante resolución expresa señalando la normas tachadas de inconstitucionales y dispondrá de un plazo de 48 horas de emitida la resolución para su envío al órgano deliberante correspondiente.

IV. El Órgano Deliberativo efectuará las modificaciones que correspondan, debiendo a la conclusión de dicho plazo, remitir nuevamente el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica al Tribunal Constitucional Plurinacional.

V. Remitido nuevamente el o los proyectos de Estatuto o Carta Orgánica al Tribunal Constitucional Plurinacional, el mismo, en un plazo de 60 días calendario, se pronunciará nuevamente sobre su constitucionalidad. Si persistiesen disposiciones contrarias a la Constitución Política del Estado, se repetirá el procedimiento de los parágrafos anteriores.

VI. Efectuado el control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional Plurinacional notificará a las partes interesadas y al Órgano Electoral Departamental correspondiente, el cual convocará al referendo en un plazo de 90 días para la aprobación del proyecto de Estatuto o Carta Orgánica, o para la aprobación de uno de los dos proyectos presentados; el mismo será aprobado por mayoría simple de votos y entrará en vigencia como norma básica institucional de la entidad territorial una vez promulgado por el órgano ejecutivo y publicado en el medio de difusión determinado en el Estatuto o Carta Orgánica.

VII. En el caso de que el proyecto de Estatuto o Carta Orgánica no sea aprobado por referendo, se procederá a la elección anticipada de un nuevo órgano deliberativo, el cual deberá elaborar un nuevo proyecto con arreglo al procedimiento descrito precedentemente. Artículo 41. Cartas Orgánicas Municipales

Los municipios que no elaboren o no aprueben su Carta Orgánica ejercerán los derechos de autonomía consagrados en la Constitución Política del Estado y la presente ley, siendo la Ley de Municipalidades la norma supletoria con la que se rijan, en lo que no hubiera legislado el propio Municipio, en ejercicio de sus competencias.

Artículo 42. Adecuación de Estatutos En el caso de los departamentos que optaron por la autonomía departamental en el referendo de 2 de julio de 2006, los mismos deberán adecuar sus Estatutos y sujetarlos a control de constitucionalidad, con arreglo a los parágrafos II al V del artículo precedente. Una vez realizado el procedimiento señalado, estos departamentos entrarán directamente al régimen de autonomías departamentales, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la presente ley, sin necesidad de referendo aprobatorio.

Artículo 43. Reforma de Estatutos y Cartas Orgánicas La reforma de los Estatutos o Cartas Orgánicas se sujetará al control de constitucionalidad a cargo del Tribunal Constitucional Plurinacional y requiere de referendo para su aprobación.

CAPÍTULO 7 DESCENTRALIZACIÓN DEPARTAMENTAL Sección 1 Disposiciones generales Artículo 44. Alcances Se norma el régimen de descentralización departamental regulando la estructura orgánica, competencias, integración y condiciones de funcionamiento de las prefecturas. Artículo 45. Estructura orgánica de la Prefectura

La Prefectura está constituida por: a. Una entidad colegiada denominada Consejo Departamental cuya composición procede de elección combinada emergente de sufragio popular y en lista separada a la de la Prefecta o Prefecto y designación de representantes indígenas originario campesinos, según sus normas y procedimientos propios; b. Una autoridad ejecutiva denominada Prefecta o Prefecto del Departamento, elegida por voto popular y nombrada por la Presidenta o Presidente del Estado Plurinacional e integrada por Secretarías Departamentales, una de las cuales deberá ser la Secretaría General, y otras reparticiones que puedan crearse de acuerdo a sus necesidades y características, que permita niveles de coordinación con el gobierno plurinacional y respondiendo a las políticas estatales de desarrollo; c. La prefecta o prefecto del departamento será la o el representante de la prefectura y estará bajo la tuición del Presidente del Estado Plurinacional.

Artículo 46. Competencias de las prefecturas I. Son competencias de las prefecturas, en su jurisdicción: a. Formular el Plan de Desarrollo Departamental, en el marco del Plan General de Desarrollo y de acuerdo a las normas del sistema plurinacional de planificación; b. Realizar la gestión pública del desarrollo departamental en las materias de su competencia; c. Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública conforme a las prioridades establecidas en el Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a las normas del Sistema Plurinacional de Inversión Pública y la organización económica del Estado prevista en la Constitución Política del Estado; d. Elaborar y ejecutar el presupuesto departamental, de conformidad a las normas del Sistema Plurinacional de Presupuesto de Administración Financiera y Control Gubernamental; e. Planificar y ejecutar la infraestructura departamental y dotar de equipamiento, infraestructura y recursos económicos a los municipios para la atención y protección de derechos especiales de los sectores vulnerables; f. Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso departamental; g. Otorgar personalidad jurídica a fundaciones, asociaciones, instituciones y organizaciones no gubernamentales, organizaciones sindicales y comunidades que desarrollen sus actividades exclusivamente en su jurisdicción; h. Promocionar acuerdos internacionales de interés específico del departamento, previa información y en sujeción al Ministerio del ramo, de conformidad a los intereses del Estado, y de acuerdo con la Constitución Política del Estado y la ley; i. Gestionar créditos para inversión, de conformidad a las normas del Sistema Estatal de Tesorería y Crédito Público y promover la inversión privada en el departamento; j. Coordinar el régimen de defensa civil con los órganos del Estado Plurinacional, y los gobiernos autónomos y descentralizados; k. Promocionar, planificar y gestionar estrategias y acciones para la equidad e igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; l. Crear un sistema de control social y canalizar los requerimientos, propuestas y relaciones de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales a través de las instancias correspondientes del Órgano Ejecutivo Plurinacional; m. Otras atribuciones asignadas por la legislación vigente y aquellas que sean delegadas mediante norma jurídica expresa.

II. Las prefecturas ejecutarán las siguientes competencias concurrentes con los gobiernos autónomos al interior de la jurisdicción departamental: a. Planificar y promover las actividades deportivas y administrar su infraestructura, en concurrencia con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos; b. Planificar, gestionar y promocionar el turismo, en concurrencia con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos; c. Promocionar y proteger el patrimonio cultural, histórico, artístico, arquitectónico y arqueológico, tangible e intangible, así como el patrimonio natural de su jurisdicción, de manera exclusiva o en concurrencia con los gobiernos municipales e indígena originario campesinos, y con el Estado Plurinacional.

III. El Consejo Departamental en ejercicio de sus competencias legalmente previstas dictará Resoluciones Departamentales y la Prefecta o Prefecto de Departamento dictará Resoluciones Prefecturales.

Artículo 47. Ejercicio de funciones Las Consejeras o Consejeros y Prefectas o Prefectos del Departamento, ejercerán sus funciones, por un periodo de cinco años, pudiendo ser reelectos consecutivamente una sola vez, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución Política del Estado. Sección 2 Consejo Departamental

Artículo 48. Consejo Departamental El Consejo Departamental es un órgano colegiado normativo-administrativo de control y fiscalización de la gestión administrativa de la Prefecta o Prefecto, enmarcado en el ámbito de sus competencias señaladas en la presente Ley. Las formas de elección de sus miembros estarán definidas en la Ley Electoral.

Artículo 49. Atribuciones del Consejo Departamental El Consejo Departamental tiene las siguientes atribuciones: a. Elaborar y aprobar su reglamento; b. Elegir a su directiva, determinar su organización interna y su funcionamiento; c. Aplicar sanciones a los consejeros de acuerdo con su reglamento, por decisión de dos tercios de votos de los miembros presentes; d. Aprobar los planes, programas y proyectos para el desarrollo departamental presentados por la Prefecta o Prefecto, en el marco del Plan General de Desarrollo del Estado y controlar y evaluar su ejecución; e. Aprobar, el proyecto de presupuesto departamental presentado por la Prefecta o Prefecto, para su posterior tratamiento constitucional; f. Aprobar el informe de gestión del Prefecto sobre la cuenta departamental de ingresos y egresos ejecutados y fiscalizar los actos de la Prefecta o Prefecto; g. Dictaminar sobre la conveniencia y necesidad de gestionar créditos para el departamento conforme a las disposiciones legales vigentes para su posterior aprobación por la Asamblea Legislativa Plurinacional; h. Dictaminar sobre la suscripción de acuerdos internacionales de interés específico del departamento, previa información y en sujeción al Ministerio del ramo, de conformidad a los intereses del Estado y de acuerdo con la Constitución Política del Esta

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