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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2009-07-19 a horas: 02:24:37

Inmigrantes y asilo

Cerca de 100 millones de personas viven en un país distinto al de su nacimiento

Pablo Mendieta Paz

Desde su creación en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabaja con migrantes y gobiernos para proveer respuestas humanas a los desafíos que presenta la migración. La OIM, con sede central en Ginebra, Suiza, actúa como Organismo Internacional Intergubernamental y cuenta actualmente con 118 Estados miembros y 20 observadores.

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Con esta referencia, la organización, entre sus principales atribuciones, permanentemente revela datos acerca del comportamiento migratorio en el orbe, y en este sentido ha dado a conocer últimamente que cerca de cien millones de personas viven actualmente en un país distinto al de su nacimiento.

En principio, y con visos predecibles y materialmente incontrolables, esta escalada migratoria se ha declarado desde 1960 hasta el presente, lapso en el que se ha producido un fenómeno verdaderamente alarmante: mientras la población mundial se ha duplicado, la migrante se ha triplicado.

Muchos se preguntarán ¿a qué se debe esta desigual aritmética? La respuesta es sencilla: a la profunda desigualdad entre países en desarrollo y los desarrollados, hacia los cuales flujos migratorios desempleados recalan en busca de mejores condiciones de vida.

La estadística, en fin, no sería tan inquietante si no reparáramos en que aproximadamente de treinta a cuarenta millones de aquéllos viven y trabajan sin permiso en otras naciones, de los cuales cerca de diez millones se establecen en los Estados Unidos de Norteamérica y ocho millones en la Unión Europea.

Frente a cifras de tamaña magnitud nos preguntamos: ¿Qué política impondrá la OIM con relación a la reciente sanción denominada Directiva de Retorno del Parlamento Europeo, la que norma, sin distinción, reglas de expulsión uniformes de migrantes irregulares; máxime si la aprobación de la norma linda con un carácter criminal de los indocumentados? ¿Y qué otro recurso podrá interponer para enfrentar la propuesta de Pacto Europeo de Inmigración que Francia ha presentado a sus pares de la Unión Europea, cuyos 27 ministros del Interior, unidos bajo una línea maestra de acción y reacción, la han aprobado en reunión de Consejo?

No es, a estas alturas, tarea fácil para la OIM. Sin embargo, como ente orgánicamente defensor de los derechos humanos, y humanamente solidario a partir de aquella fuente que rige su constitución, debe buscar modalidades de acción para debatir y procurar desestimar las cinco áreas fundamentales del planteamiento francés, a saber: la inmigración legal con relación al mercado de trabajo (una posición dual, pues no se trata de inmigración indebida, si no de la ya lícita, pero puesta sobre el tapete de cuestión ante los dramáticos grados de desempleo); la lucha contra la inmigración ilegal y la regulación de las expulsiones; el control de las fronteras; la fijación de bases para una política europea de asilo; y la búsqueda permanente de una asociación entre los países de origen y de tránsito migratorio.

Naturalmente que una de las prioridades de la OIM es alcanzar niveles de negociación con la UE que permitan dotar a la Directiva de Retorno de una visión más humana del problema, cual es -reiteramos- la naturaleza esencial de la organización. En ello está la resolución de uno de los problemas más sensibles que afectan las relaciones entre uno y otro país y, más aún, entre uno y otro continente. No olvidemos que ella misma -la OIM- ha comprendido, y comprende mucho más ahora, que la decisión de emigrar tiene como horizonte la extrema necesidad de alimentar y garantizar el provenir de las familias, y en esa necesidad tan aguda no se prevén las consecuencias de las políticas migratorias del lugar de destino.

Entre los innumerables estudios de la OIM, se ha llegado a la conclusión de que cuando los métodos migratorios son señaladamente restrictivos -como son los de Estados Unidos de Norteamérica o de cualquiera de los 27 países europeos que conforman el Consejo-, por un principio inherente a la condición humana la inmigración indocumentada o irregular se acrecienta, lo cual ocasiona que se fomente y ponga en práctica uno de los delitos más graves contra los derechos humanos: el tráfico ilícito de personas a través de las fronteras, cuya rentabilidad en el mundo del crimen organizado supera en la actualidad los 10.000 millones de dólares. Veamos cómo se comprueba esta afirmación:

El 2002, el negocio global del tráfico de seres humanos ascendía a 7000 millones de dólares. Este comercio está, por lógica elemental, muy frecuentemente relacionado con redes del crimen organizado, pues la criminalización de los indocumentados y las condiciones de vulnerabilidad de los inmigrantes que no tienen posibilidades de regularizar su situación, sumadas a la relación que en muchos casos se establecen con estas redes criminales para ingresar en el país de destino, crean, a su vez, situaciones más propicias para el negocio de la trata de personas, especialmente de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral.

Es obvio, entonces, que la criminalización de las migraciones irregulares viola principios básicos de los derechos humanos, en tanto que los instrumentos internacionales sobre la materia son aplicables a todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición.

Pero lo que más inquieta es el hecho de que ningún Estado de la Unión Europea ni de América del Norte haya ratificado la convención internacional de 1990 sobre protección de los derechos de todos los migrantes y sus familias, lo que exige la necesidad de llegar a un consenso mínimo sobre derechos aplicables que la comunidad mundial debe necesariamente cumplir.

Así, es necesario tratar el tema de la migración irregular no sólo en los debates globales, sino también en las negociaciones concretas (para nosotros Bolivia), a fin de que las políticas migratorias realmente sean coherentes con las conclusiones y los consensos plasmados en los instrumentos internacionales. Ante este panorama, un camino posible para regular la migración sería reducir los niveles de desigualdad, disminuir los desequilibrios y las diferencias socioeconómicas y lograr una mayor democratización de las sociedades, con posibilidades de más trabajo decente. Objetivos difíciles, y hasta de tono romántico, pero alcanzables.

Se impone elaborar, en conjunto, una política de inmigración desde una perspectiva integral, con reparto de responsabilidades y cargas financieras compartidas entre países receptores y emisores, acordadas en los ámbitos naturales para esos consensos y en rondas de comercio en las que se puedan someter a debate las necesidades de los países productores de materias primas y las medidas proteccionistas de los países más desarrollados, que harían que los países expulsores ahonden sus carencias y produzcan día a día, por explicarlo de un modo sui generis, la asistencia a su orbe económico de mayores legiones de emigrados.

Debido a que se trata de un fenómeno internacional, el tema migratorio requiere un tratamiento multilateral y el compromiso de muchas naciones, tanto de origen como de tránsito, con la meta de que los acuerdos sobre la materia, que contrastan con una realidad cada vez más dramática y cambiante, no se tornen meros marcos teóricos (siempre, como por fórmula, adversos a los migrantes, o a sus países), sino principios a los cuales la comunidad internacional deba someterse.

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