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Área: Economía >> Empresa
Actualizado el 2009-07-02 a horas: 23:03:57

Intervención débil, sindicato blindado y ex administradores impunes en antesala de elecciones

Cotel: de la sartén ¿al fuego?

Rolando Carvajal

A 14 días de la enésima intervención gubernamental a la Cooperativa telefónica paceña, datos estremecedores revelan el festín de 40 millones de dólares anuales repartidos entre la Administración y el poderoso sindicato cotelino, a costa de 180 mil abonados locales y un servicio especialmente deficitario en atención al cliente y defensa del consumidor.

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Las multas por mala calidad del servicio y transgresiones a la norma en perjuicio de sus usuarios bordean los 15 millones de dólares, de acuerdo a resoluciones de la ex Superintendencia del sector.

Atosigada por deudas que suman 39.6 millones y un déficit acumulado de 100.6 millones, Cotel percibe ingresos anuales por 43 millones ampliamente superados por los costos de operación que sobrepasan los 52 millones de dólares, según los últimos balances divulgados por la prensa local [1].

En medio de la pobreza que afecta al 60% de la población en un país con salarios mínimos que no exceden los 90 dólares, la reciente danza de altos sueldos de Cotel (800 U$D promedio, con picos cercanos a los 3.000) y jugosas granjerías sobre todo para los 700 sindicalizados de élite (de un total de 950 trabajadores), amenaza sin embargo con prolongarse aún más, reproduciendo el esquema de prebendalismo mutuo entre autoridades y dirigentes laborales que ha subsistido en las últimas dos décadas.

Los 90 días que durará la intervención serán "escasos", se anunció oficialmente, para cumplir con las auditorías y los correctivos a aplicarse, por lo que se estima una prórroga hasta diciembre, que coincidirá con el vendaval de las elecciones generales y una cosecha de votos casi lista para la reelección presidencial y el control de la Asamblea Plurinacional.

Mientras la pugna electoral se proyecta aguda sobre todo en la ciudad sede de gobierno, donde el oficialismo populista afronta el repunte de la derecha, en la refriega por Cotel las enmiendas no alcanzarán sustancialmente al Sindicato, según las autoridades, temerosas de rozar siquiera "las conquistas laborales" de los privilegiados dependientes, plantear la racionalización de la planilla o recortar los beneficios quintuplicados de telefonía, videocable y otros servicios gratuitos, arrancados en cada presión recíproca con los administradores corruptos, que, a su vez han quedado tradicionalmente indemnes de cualquier sanción y en algunos casos han sido reelegidos.

A la fecha, se ignora si alguno de los sindicalizados ha sido sancionado por el abandono de su fuente de trabajo y la suspensión de los servicios de atención al consumidor por 11 días, antes, durante y después de la huelga que derribó a los administradores y los cambió por los interventores, pese a que la legislación en telecomunicaciones establece sanciones por atentados contra la seguridad de los servicios públicos o por poner en riesgo su prestación.

Tanteando a la fiera

La "aristocracia" obrera de Cotel parece estar confiada, ante un repentino recorte de sus privilegios, en el respaldo de las centrales obreras departamental y nacional (COD y COB), aliadas del oficialista MAS, y de sus nuevos e influyentes protectores del ámbito estatal, entre altos funcionarios y parlamentarios, enfrentados a su vez por el codiciado "botín"

"Una reducción de salarios significaría tener líos: si rebajo salarios hacen su queja y me inician un juicio, queremos evitar eso", dijo a La Razón el flamante Interventor de Cotel, César Börth, dispuesto, por el contrario a considerar un nuevo modelo de escala salarial, basado en un análisis de las "funciones y responsabilidades" de los actuales trabajadores.

El viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Rodolfo Illanes, que había anticipado que una reducción "drástica" de los salarios ejecutivos, confirmó que sólo se convocará al Sindicato para "dialogar" sobre una "curva salarial que tenga coherencia administrativa".

A la segunda semana de mando, el interventor ordenó la "vacación forzosa" de hasta 13 empleados y nueve ejecutivos -ninguno afiliado al Sindicato, que por su parte ha blindado desde el 2001 a sus afiliados con un acuerdo anti retiros-, pero, según información filtrada por los propios dependientes a los ex administradores, Börth contrató a otras 40 personas, provenientes de la ex Superintendencia de Telecomunicaciones y el Ministerio de Trabajo.

Sólo fueron 12, aseguró la Intervención al precisar que entre los ejecutivos cesados se encuentra el gerente general, Gonzalo Angles, el de "Gestión Institucional", René Chambi (citado en una nutrida lista de nepotismo) y Miliboy Abastoflor, jefe jurídico presuntamente ligado a los "Satucos", una fracción masista al parecer ahora resistida por los actuales interventores, también oficialistas, que "destituyeron" a Abastoflor, según confirmó el viceministro Illanes, descartando la llamada "vacación forzosa".

Todavía con el ojo en tinta, el desplazado presidente del Consejo de Administración, Fernando Dips Zogby dio cuenta de "un interés político" por tomar la cooperativa para la campaña electoral. Para el ex consejero Jaime Siles, cuestionado al igual que Dips por no controlarlo desde el Consejo de Vigilancia, "mucha gente de Cotel" se volvió masista con antecedentes de haber "brincado" de otros partidos.

"Otras cooperativas con más deudas y hasta en quiebra no han sido intervenidas ...lo único que va hacer es un desfalco a Cotel y ya no será cooperativa", advirtió Siles por la red católica Erbol, mientras Dips repuso: "quiero mencionarle al viceministro que tenga cuidado, porque quizás esas 15 personas que despedirá sean del MAS".

Personajes

El viceministro Rodolfo Illanes y el interventor, principales figuras de la nueva presencia estatal en la telefónica paceña, anticiparon sanciones contra la última decena de consejeros-administradores que, según el gobierno nacional, a la cabeza de Dips (un viejo "casero" de Cotel desde 1993 cuando fue elegido por primera vez para el Consejo de Administración), llevaron a la "quiebra técnica" a la endeudada cooperativa.

Al posesionar a Börth como interventor, el ministro de Trabajo Calixto Chipana, anunció que en los siguientes tres meses se auditará los estados financieros, se investigará 29 denuncias de corrupción y convocará a elecciones para elegir a las nuevas autoridades.

Las denuncias más recientes se refieren a la compra de la ex proveedora de videocable, la cruceña Supercanal, por 9 millones de dólares, cuyo precio real fue estimado en 3.5 millones; y de la transmisora de las eliminatorias para el Mundial de Fútbol 2010, ITS, por 7 millones con un sobreprecio de 3 millones, además de la compra inútil a Hansa Ltda, de equipos por 2.5 millones de dólares para internet, cable y telefonía rurales, y el pago de 50 mil dólares por promover ilegalmente al lago Titicaca como "maravilla del mundo".

Pero Chipana, Illanes y Börth eludieron los excesos en que pudo incurrir el Sindicato, de rol definitivo en el accionar de las administraciones y de papel preponderante ­-con sus mil votos en bloque e influencia sobre otros diez mil socios- en la elección de los consejeros de Vigilancia y Administración, designados generalmente por cerca de 15 mil sufragios, menos del 10 % de sus también apáticos y decepcionados socios.

Emilio López y Edwin de la Torre, dos de los cabecillas sindicales de Cotel, aunque sólo los más recientes de una estructura que fungió medrando al compás de los gobiernos de turno en los últimos 20 años, tampoco han cuestionado la última planilla de mayo, resumida por La Prensa, donde 198 funcionarios, entre secretarias, operadores, cajeras y técnicos, perciben un haber básico arriba de los 9.000 bolivianos, fuera de otros bonos y compensaciones.

La evaluación confirmó 20 casos de nepotismo, 11 contratos discrecionales y 32 que carecen de documentación. "La mayoría formó o forma parte del Sindicato Único de Trabajadores (SUTCotel)" y más de 40 ingresaron a la cooperativa entre 1975 y 1992, indagó La Razón.

"Mientras Cotel tenga por encima del 55 por ciento de sus ingresos para salarios, la cooperativa no va a ser viable ...hay secretarias que ganan más de 12 mil bolivianos y abogados e ingenieros, que ganan por debajo de 4 mil", comparó Dips, que, por su parte, ocultó estas irregularidades hasta que fue echado de la Cooperativa.

Dips Zogby, un ex subsecretario de la UDP en los años 80, apareció por Cotel a escasos años de la primera intervención a la telefónica durante la presidencia de Jaime Paz, a fines de 1989, luego de la larga administración del MNR en tiempos de Víctor Paz, a cargo de Johnny Burgoa, continuada por Moisés Jarmusz, Roberto Mustafá y el segundo interventor, Jaime Rodrigo.

Según Dips, el 2005 la planilla de personal que el 2005 sumaba 637 empleados aumentó a 790 el 2006 y se incrementó a 947 el año pasado.

"El sindicato es el que hace subir los sueldos y mete gente. En cada reunión, siempre piden aumento o ascensos. Era su exigencia", dijo a los periodistas una ex consejera, pero Dips acusó al "matrimonio Dávila Bascopé", de ganar 15 mil y 12 mil Bs mensuales en sueldos largamente adicionados desde 1982 y 1979, respectivamente, e identificó a siete "clanes" relacionados también con las familias Aspiazu, López, Chambi, Mamani y Quisbert que "controlan la empresa".

A lo largo de su estadía en Cotel, miembros de la "familia Chambi" ascendieron a cargos gerenciales siendo sindicalizados, por lo que no pueden ser despedidos, según otros datos filtrados a la prensa y no desmentidos como el que René Chambi, unos de los gerentes, percibe un básico de 12 mil bolivianos con un total que supera los 19 mil, mientras Cristina Chambi es jefa administrativa con 14 mil bolivianos y el jefe de Facturación, Victoriano Chambi, disfruta de ingresos por más de 14 mil.

Abismo entre dos mundos

El festín no es nuevo ni los personajes, aunque los cuestionamientos a Siles y Dips enfatizan, además de las denuncias de corrupción, en que continuaron ejerciendo sus cargos pese a que sus mandatos iniciados en septiembre del 2003 vencieron el 2004 y el 2005, respectivamente, por lo que se prorrogaron de facto los últimos años, que coinciden, de manera curiosa, con los del nuevo gobierno de los movimientos sociales.

Cristina López, dirigente del Sindicato dijo a Jornada que ambos "incurrieron en actos y contratos nulos de pleno derecho, revisables en cualquier momento, al haberse prorrogado en funciones en forma ilícita e ilegal", por lo que pidió, en el caso de Dips, auditorías por toda la última década.

Paradójicamente, este tipo de negocios suceden en un tiempo en que el reparto de la riqueza nacional apenas comienza a ver frutos mediante bonos estatales distribuidos para aliviar la pobreza de tres millones de bolivianos que sobreviven con un dólar diario, sin que los "controles sociales" anunciados para Cotel y otras instituciones lleguen a concretarse.

Con la friolera equivalente a 15 sueldos por año, la planilla incrementada de 950 trabajadores cotelinos -algunos con sueldos que rebasan fácilmente los asignados a ministros y al propio presidente de la República- forma parte de una exclusiva "aristocracia obrera" que se extiende a los empleados de las universidades (ahora en descanso médico, previo a sus vacaciones invernales), de las empresas petroleras nacionalizadas o no, de los dependientes de la "gran" empresa privada boliviana conectada a los círculos externos del neoliberalismo y los jerarcas de la administración gubernamental

Los ingresos de los trabajadores de Cotel, entre otros sectores privilegiados de la economía boliviana, sumados básicos y complementos suman un promedio de 5.500 Bs y representan más de nueve veces el salario mínimo vital establecido en 90 dólares (600 Bs.) para el grueso de los trabajadores bolivianos, y cuatro veces el salario promedio de los trabajadores de este país, cercano a los 200 dólares, según cifras oficiales.

Su "convenio de trabajo" garantiza temas como salarios, horarios, descansos, vacaciones, licencias, condiciones de trabajo y despidos, según averiguó La Razón. "De esa forma, el Sindicato tiene la potestad de negar el retiro o despido de un trabajador, en contra de una determinación o de la Intervención". "Esa es su arma. Con ese contrato son intocables y eso les sirve para extorsionar a los trabajadores", le dijo al diario paceño una ex administradora.

Nueva intervención ¿Para qué?

Junto a Cotas/Santa Cruz y Comteco/Cochabamba- la paceña Cotel es una de las 14 cooperativas telefónicas con mayores ingresos del país, condición sin embargo todavía menor a la que ostentan Tigo-telecel (Santa Cruz), Viva-Nuevatel (Cochabamba) y Entel (estatal), en un mercado como el boliviano que genera utilidades por casi 470 millones de dólares según cifras oficiales al 2008[2].

Varias de estas empresas se encuentran sometidas desde hace décadas al control de las logias regionales y grupos de poder que protagonizan la actual confrontación ideológico-política en el país.

En el caso de Cotel, las intervenciones más publicitadas se sucedieron desde 1990 y 1992, recuerda el periodista Guido Pizarroso­, aunque las peores, dice, fueron las los años 2000 y 2003, durante las coaliciones neoliberales de los ex presidentes Sánchez de Lozada y Hugo Banzer, al calor de las elecciones y las necesidades económicas de la coyuntura política.

La antepenúltima, con René Bustillos el 2001, entregó la administración delegada de la Cooperativa a la empresa alemana Detecon, que fue suspendida el 2003 mediante una nueva intervención, con Javier Tapia, tras la cual se convocó a elecciones, controladas por el "Grupo Fides", de las que emergió Pierre Chain como administrador el 2004 impulsando la concesión de "líneas gemelas" para revalorizar las acciones, aunque sólo fueron beneficiados 30 mil socios.

Tradicionalmente la telefónica paceña, creada en 1941 y convertida en cooperativa en 1985, ha sido considerada como un "botín político".

La nueva intervención fue solicitada, entre otros diputados, por los oficialistas Jorge Silva, Edgar Valeriano y Humberto Iquiapaza, además de las juntas vecinales de El Alto. Su colega Gustavo Torrico, líder de los "Satucos", negó cualquier presencia de sus seguidores en la intervención y dijo desconocer sus actividades.

Este año, tras un acuerdo con los trabajadores para "racionalizar los sueldos, jubilar a algunos trabajadores y trazar una curva de incremento salarial", el Sindicato retrocedió acosado por la presiones de los clanes familiares y veteranos grupos de poder influyentes desde hace décadas en la Cooperativa, dijo Dips.

Al margen de esas decisiones quedó la mayoría anónima de los 180 mil abonados y socios que nutren con sus pagos diarios a la Cooperativa, y que en la reciente huelga se toparon con ventanillas y puertas cerradas, salvo las pocas habilitadas para efectuar los cobros de facturas, no obstante que el atentado contra la seguridad de los servicios públicos está tipificado como delito formal o "de peligro"..

Según el fiscal adscrito al caso, con base en datos de la Dirección de Cooperativas, la deuda de Cotel asciende al 46 por ciento de su patrimonio y los pasivos ascienden a 280 millones de bolivianos, mientras que las acciones otrora cotizadas en 1.500 dólares han caído a un nivel formal de 850, rematándose incluso en 650 dólares.

Según Dips, los ingresos bajaron el 2008 sobre todo porque "malos funcionarios" como el jefe de la Planta Interna, facilitaron a varias "empresas fantasma" la realización de llamadas por internet, sin cancelar valor real.

En carta dirigida al presidente Morales antes de su alejamiento, el ex presidente de Cotel denunció, también tardíamente que, tejiendo una red de "herencias de cargos", varios funcionarios condicionaron su jubilación a la contratación de un hijo o pariente cercano con casi el mismo sueldo, al tiempo que otros sustrajeron material para que Cotel vuelva a comprarlo por presiones de los mismos implicados.

"La intervención no puede estar destinada a que Cotel se convierta en un centro de propaganda o de financiamiento para las próximas elecciones, ya sea para el partido gobernante o para cualquier otro, por cuanto la misma es propiedad privada y no estatal", reconvino en su columna de Jornada el periodista José Manuel Loza.

Pero en el desafío de imponer correctivos y sanciones, el gobierno parece haber empezado con el pie equivocado: el nuevo Interventor está cuestionado por presuntos cargos durante su anterior presencia en la Cooperativa, mientras que el viceministro Illanes fue acusado por Dips de cobrar "doble sueldo", tanto del gobierno central como de la Universidad local.

Notas

[1] http://www.laprensa.com.bo/noticias/19-06-09/noticias.php?nota=18_06_09_nego1.php, http://www.la-razon.com/versiones/20090619_006763/nota_249_831472.htm

[2] Superintendencia de Telecomunicaciones: las utilidades de los operadores sumaron 469 millones de dólares y se calcula que pueden duplicarse hasta finalizar la gestión. Son 23 las compañías que brindan servicios básicos de telecomunicaciones en Bolivia, de las que el 4 por ciento se lleva el 84 por ciento del total de los ingresos netos generados en el mercado. La Prensa, 29-dic-2008

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