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Área: Economía >> Energía e hidrocarburos
Actualizado el 2009-06-20 a horas: 22:13:59

Cívicos y sindicalistas preguntan al Presidente Evo Morales

¿Nacionalizar los hidrocarburos es comprar acciones y renovar contratos petroleros?

Ex dirigentes de la FEJUVE, activistas y dirigentes de El Alto exigieron al Presidente que precise si hubo nacionalización de los hidrocarburos o una simple renovación de contratos. El Comité Cívico de Camiri se declaró en estado de emergencia y dio 15 días de plazo al gobierno de Evo Morales para que refunde un YPFB operativo de manera efectiva, tal y como se comprometió en febrero de 2007 y abril de 2008. Todos piden la renuncia del presidente interino de YPFB Carlos Villegas por incumplimiento de funciones en los casos Catler Uniservice y en la conformación irregular de la empresa SIPSA.

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Los cívicos de Camiri denuncian que el gobierno no ha iniciado ningún proceso de nacionalización de los hidrocarburos ni refundación efectiva de YPFB, mucho menos procesos de industrialización para salir de la dependencia y el atraso. "Por el contrario, en cerca de cuatro años de gobierno, vivimos azorados un masivo proceso de corrupción en nuestra principal empresa que ha provocado inmensos daños económicos al estado".

En un voto resolutivo, el Comité Cívico de Camiri exige al gobierno que inicie la explotación del campo Camiri y que construya una planta separadora de líquidos para aprovechar el flujo de gas que se exporta a Brasil.Los cívicos camireños recuerdan que el Estado prometió en abril del año pasado que YPFB operará los campos Camiri y Guayruy, y que en los 90 días siguientes al 1 de mayo de 2008 se planificará, programará y definirá el cronograma de las actividades referidas a estudios técnicos, legales y económicos. Posteriormente, en el plazo de 12 meses, YPFB debía encarar el proceso de exploración profunda en el campo Camiri, en la perspectiva de alcanzar las formaciones Huamampampa, Icla y Santa Rosa.

El plazo se ha cumplido y hasta ahora YPFB no ha iniciado ninguna de las fases comprometidas. Y ahora los cívicos de Camiri exigen la nacionalización - expropiación de Campo Camiri - Guairuy, ya que la empresa Repsol YPF incumplió el contrato, como lo demuestran las auditorías ordenadas por el gobierno.Además, exigen reanudar de inmediato la construcción de la Planta Separadora de Licuables para evitar que Brasil siga obteniendo gratis cerca de 500 millones de dólares por la explotación de líquidos que se necesitan en Bolivia.Por otro lado, los cívicos de Camiri exigen la renuncia de Carlos Villegas por incumplimiento de funciones y compromisos, y fundamentalmente por el daño económico al Estado en la compra de acciones de Transredes.

Los dirigentes sociales de Camiri se declararon en estado de emergencia y aseguraron que si en 15 días no tienen respuestas reanudarán medidas de presión.Críticas al gobierno

El 1 de mayo de año 2006, el gobierno de Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos mediante Decreto 28701 Héroes del Chaco, una norma complementaria de la Ley de Hidrocarburos 3058 promulgada por el Presidente del Senado Hormando Vaca Diez el 17 de mayo de 2005, la cual establece que las petroleras que operan en el país deberán readecuar sus contratos en el plazo de 180 días.

El Decreto Héroes del Chaco otorga un nuevo plazo de 180 días para la suscripción obligatoria de nuevos contratos.

Ex dirigentes de la FEJUVE de El Alto, activistas y dirigentes de esta ciudad emplazan al Presidente Morales a precisar si hubo nacionalización de los hidrocarburos o simplemente una renovación de contratos para proteger a las petroleras transnacionales que habrían cometido los delitos de contrabando, evasión de impuestos, contaminación ambiental y saqueo del gas natural y petróleo.

El Sindicato de Trabajadores y ex directores del Consejo de Administración de la nacionalizada YPFB Transporte (ex Transredes) afirman que la nacionalización no tomó en cuenta los adeudos, los pasivos ambientales ni el compromiso asumido por los accionistas. Denuncian que varios operadores de la capitalización continúan trabajando en la compañía, situación que explica los sabotajes a la empresa.

Se supo que la empresa adeudaba 286 millones de dólares a la Corporación Andina de Fomento (CAF) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El dirigente nacional de la Asociación de Choferes del Transporte Internacional Silvestre Susaño dice que el gobierno no sólo compró las acciones de las transnacionales sino que a nombre de todos de los bolivianos está pagando las deudas que tenían las multinacionales con dinero del Estado boliviano.

"Evo Morales nos ha hecho creer que hay nacionalización, pero en los hechos los únicos favorecidos son las petroleras porque sus deudas que tenían están siendo canceladas por todos los bolivianos bajo el supuesto de que hay nacionalización pero para el colmo no hay industrialización y éstas multinacionales continúan en el país porque el gobierno ha vuelto a renovar sus contratos por 40 años más", opina Susaño.

El ex dirigente de la FEJUVE alteña Jorge Chura comenta que nacionalización quiere decir pasar los activos de una empresa transnacional o privada al inventario del Estado boliviano. "Eso no pasó en Bolivia, ni siquiera un tornillo se ha nacionalizado lo que ocurrió es la compra de las acciones y renovación de contratos con las transnacionales".

La dirigente de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) Lidia Mamani lamenta que el gobierno no haya tomado en cuenta el informe de auditoria realizado a las empresas capitalizadas por el ex presidente de YPFB Enrrique Mariaca, documento que indica claramente que las petroleras incumplieron sus compromisos de inversión, no pagaron impuestos, cometieron el delito de contrabando y otros.

El representante del Bloque Vecinal Revolucionario (BVR) Froilan Calcina considera que no correspondía pagar ni un centavo a las capitalizadas, sino que se debería haber aplicado una nacionalización sin indemnización, es decir una confiscación para luego industrializar los recursos naturales.

El presidente de YPFB Carlos Villegas explicó que de 1998 a 2005, período de la capitalización del sector energético, el Estado obtuvo 2.140 millones de dólares. Desde mediados de 2006 hasta 2008, el Estado recibió 4.250 millones de dólares. Durante la capitalización, YPFB generó 105 millones de dólares; desde mediados de 2007 hasta 2008 la empresa generó 861 millones de dólares.

Según Villegas, luego de la recuperación de las empresas estratégicas el valor bruto de producción asciende a 3.000 millones de dólares anuales.

La autoridad asegura que la nacionalización de Transredes, es decir de todo el sistema de gasoductos y oleoductos, fue la mejor decisión del gobierno.

Luego de la recuperación de Transredes el 2 de junio de 2008, YPFB decidió iniciar la construcción del Gasoducto Carrasco Cochabamba. Otros proyectos de la estatal petrolera son la ampliación de la capacidad del Gasoducto al altiplano (GAA) Fases III B y III C; ampliación del Oleoducto y Gasoducto Carrasco Cochabamba; incremento de la capacidad de transporte de gas y líquidos del Gasoducto del Noreste Argentino (GNEA) y del oleoducto Cochabamba Oruro La Paz (OCOLP I y II).

Se retrasará la instalación de 100 mil nuevas conexiones, admitió el director nacional de Redes de Gas de YPFB Óscar López, luego de que YPFB declaró desiertas cuatro licitaciones de materiales para cambiar la matriz energética de GLP a gas natural (GN) en la gestión 2009.

La empresa Plasmar se adjudicó la dotación de 52 mil metros de tuberías de polietileno de 90 milímetros y 430 mil metros de tubería de 40 milímetro por 5,4 millones de bolivianos. La empresa Imbolsur proveerá accesorios de polietileno por un monto de 19,9 millones de bolivianos, y la importadora Campero proveerá tuberías de acero y accesorios por un monto de 2,2 millones de bolivianos.

Se presentaron cuatro proveedores de estaciones distritales de regulación, pero ninguno calificó, mientras que la licitación para la provisión de gabinetes de medición y regulación para usuarios domésticos fue declarada desierta.

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