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Área: Opinión >> Cartas
Actualizado el 2009-06-20 a horas: 20:03:25

Carta del Comité Cívico pro Santa Cruz al Fiscal General de la República

Distinguido doctor: Por medio de la presente como ciudadanos y a nombre de la sociedad civil, nos dirigimos a su autoridad con la finalidad de denunciar las sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos que algunas autoridades vienen cometiendo en contra de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes de la Republica.

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Conforme al Art. 298 del CPP denunciamos ante su autoridad para que se inicien investigaciones sobre los hechos que a continuación se resumen:

1) Debido proceso y presunción de inocencia.- El 12 de abril de 2009, en Santa Cruz resultaron muertos tres extranjeros acusados de presuntos actos de terrorismo, sin que las autoridades policiales y el Ministerio Publico hayan demostrado su culpabilidad y responsabilidad con ese hecho que se investiga, violando las leyes de objetividad del Ministerio Publico (Art. 72 del CPP), el derecho al debido proceso (Art. 117 CPE) y la presunción de inocencia (Art. 116 CPE).

Asimismo, el 28 de abril del mismo año, miembros de la Policía Nacional sin exhibir mandamiento de aprehensión ni ninguna notificación sobre investigación penal alguna, encañonaron y secuestraron a dos ciudadanos cruceños en franca violación de sus derechos constitucionales y llevándolos a La Paz por ordenes del Fiscal asignado sin contar con jurisdicción para llevar a cabo la investigación. Violentando las reglas de competencia (Art. 49 CPP) el derecho al debido proceso, y en último caso, cometiendo el delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes e incumplimiento de deberes (Arts. 153 y 154 CP)

2) Torturas y vejámenes.- El 30 de abril se demostró a través de los medios de comunicación, la comisión por parte de la Policía de vejaciones y torturas a aquellos ciudadanos, quienes humillados en su dignidad se les vulneraron los derechos humanos reconocidos en el Art. 15 de la CPE y por consiguiente fueron victimas de los delitos de torturas y vejámenes previstos en los Arts. 270, 294 y 295 del CP

3) Juez natural.- Consecuencia de las ilícitas investigaciones realizadas por los fiscales asignados, esta autoridad ordenó citar a ciudadanos residentes en Santa Cruz para que presten sus declaraciones en el distrito de La Paz, el cual se halla carente de jurisdicción, cometiendo nuevamente los delitos anteriormente mencionados.

4) Principio de reserva legal.- El 20 de mayo de 2009 el Ejecutivo promulgó el D.S. 0138, Decreto contradictorio con el principio de reserva legal, por el cual solo el poder legislativo puede dictar normas que limiten los derechos fundamentales (Art. 109 Inc. II CPE). El cual ordena al Fiscal requerir la incautación de todo el patrimonio de personas de las que se presume estén involucradas en supuestos hechos de terrorismo y otros delitos. Todo ello en contradicción con lo prescrito en los Arts 7 y 253 del CPP, y por consiguiente violentando el derecho al debido proceso, la presunción de inocencia y la propiedad.

5) Control Jurisdiccional.- En fecha 17 de abril, el fiscal asignado, nuevamente ejerciendo facultades investigativas sin control jurisdiccional, dentro del supuesto proceso de terrorismo, aprehende a un ciudadano boliviano y lo imputa ante el juzgado de instrucción cautelar de La Paz, estando esta autoridad judicial cuestionada en su competencia y pendiente de resolución, situación que obliga a la paralización de los actos procesales (310 CPP). No obstante de aquello, el juez incurre en violación al debido proceso, al ordenar la detención preventiva del imputado. Ello sumado a que esta autoridad, no ha cumplido con el plazo de 48 horas para remitir el cuaderno de investigaciones de ese proceso ante las autoridades llamadas por ley para dirimir el conflicto suscitado.

En definitiva, se han vulnerado derechos humanos protegidos por la Constitución, las leyes y Convenios Internacionales, violaciones que hacen responsables a sus autores intelectuales y materiales sin que pueda servirles de excusa haberlos cometido por orden superior, y por lo tanto deben ser sometidos a un proceso penal. (Art. 110 CPE)

Los hechos aquí resumidos no pueden quedar impunes, así como los autores, debiendo su autoridad proceder de acuerdo con las funciones que la Constitución le imponen a su investidura como defensor de la legalidad y los intereses de la sociedad (Art. 225 CPE).

Señor Fiscal, debe imperar la ley y la justicia. La historia ha demostrado que incluso los totalitarios y dictadores más crueles así como los funcionarios que fueron parte activa de las mismas, finalmente fueron juzgados y sancionados ante los altares de la justicia que ellos mismos profanaron.

CONSEJO DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LIBERTAD

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