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Área: Economía >> Energía e hidrocarburos
Actualizado el 2009-06-16 a horas: 16:08:21

Gas, petróleo e imperialismo en Bolivia

Enron y Transredes ¿Empresarios o filibusteros?

Roberto Fernández Terán *

El Gobierno del MAS ha decidido coexistir con el capital transnacional petrolero, minero y financiero, dejando aún en pie muchos de los andamios sociales y burocráticos del Estado neocolonial. La política gubernamental se ha caracterizado por establecer un tipo de relacionamiento sui generis con las corporaciones, al recibir una parte importante de la renta petrolera, nacionalizar dos refinerías y una empresa de transportes, pero también al establecer una asociación de carácter mixto con otras, además de nuevos contratos con la mayoría de las compañías que explotan hidrocarburos.

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En el primer Gobierno de Sánchez de Lozada se terminaron de estructurar las bases del poder petrolero transnacional en Bolivia. Para entonces, Jaime Paz su antecesor, había allanado el acuerdo de venta de gas a Brasil (febrero, 1993), que comprendía el compromiso inicial para la construcción del gasoducto Río Grande (Santa Cruz - Bolivia) - Sao Paulo (Brasil).

En acuerdos posteriores se estableció la venta inicial de 8 millones de metros cúbicos diarios de gas natural boliviano a Brasil, que progresivamente llegarían a los 16 millones de metros cúbicos hasta alcanzar, en las siguientes negociaciones, los 20 millones de metros cúbicos de gas por día.

De esta manera, al estar encaminado este mega proyecto, el gobierno de Sánchez de Lozada no hizo más que darle continuidad y ampliarlo hacia otros países: en esferas gubernamentales se manejaban Paraguay y Chile como posibles mercados. Bolivia quedaba condenada, una vez más, a ser una mera exportadora de materias primas. Otros países procesarían los hidrocarburos bolivianos y se enriquecerían a costa de los recursos bolivianos.

Los acuerdos iniciales suscritos entre los gobiernos de Bolivia y Brasil establecían que los porcentajes de participación en la construcción y los derechos del Gasoducto Río Grande (Santa Cruz - Bolivia) - Sao Paulo (Brasil), con un diámetro de 32 pulgadas y una extensión de 3.100 kilómetros, debían ser distribuidos de la manera como se puede ver en el cuadro:

TRAMO % PAÍS % PAÍSLado boliviano 85 Bolivia 15 BrasilLado brasileño 80 Brasil 20 BoliviaFuente: Oficina del Delegado Presidencial, "Estado y Cumplimiento de los Contratos de Capitalización, Administración y Suscripción. Empresa Transredes S. A., Informe Final, Año: 2003, 17

Luego, Yacimientos Petrolíferos Bolivianos obtuvo el 85 % de los derechos del gasoducto en la parte que éste pasaba por territorio boliviano y Petrobrás consiguió el 15 %. En el tramo brasileño, Petrobrás logró controlar el 80 % de los derechos del gasoducto y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos el restante 20 %. Lo anterior conllevaba que las dos empresas mencionadas financien la construcción del gasoducto.

Es en este escenario que aparece la petrolera norteamericana Enron Development Corporation, dispuesta a enrolarse como financista y socia en la construcción del gasoducto y administración del transporte de gas desde Santa Cruz hasta Sao Paulo. Las primeras declaraciones de su representante, Rebeca Mark, cuando llegó al país, fueron: "Bolivia puede convertirse en centro de distribución de gas del Cono Sur. Bolivia tiene una ubicación estratégica tanto para la distribución de gas como para unir el Atlántico con el Pacífico".Pero no sólo Enron mostró interés; en Brasil había varias empresas petroleras que deseaban participar de este negocio, cuya ingeniería financiera requería 2.000 millones de dólares para la construcción del gasoducto y otros 2.000 para el desarrollo de campos de destino. Así por ejemplo, la australiana Broken Hill Propietary (BHP), la inglesa British Gas (BG) y la norteamericana Tenneco Gas, formaron el consorcio BTB para negociar con Petrobras los términos de su participación en el financiamiento del gasoducto en el tramo brasileño, que resultaba siendo la parte más costosa, 1.500 millones de dólares. En el tramo boliviano -que se estimó costaría alrededor de 500 millones de dólares- Enron rápida y fácilmente se afianzó como socia de YPFB a través de sucesivos convenios y enmiendas en los acuerdos iniciales, que le permitieron hacerse dueña de la mayor parte del paquete accionario, a pesar de que incumplió, como veremos más adelante, con varias obligaciones establecidas en el mismo.

Además de las empresas petroleras citadas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) manifestaron su interés en financiar el gasoducto. Por su parte, el Banco Mundial (BM) inicialmente vetó la participación mayoritaria de Petrobras en el tramo brasileño y exigió que sea una empresa privada la que encabece este proyecto. Esta misma postura tuvieron los inversores norteamericanos que expresaron su desconfianza en el proyecto debido al liderazgo que tendría la compañía semiestatal brasileña Petrobras. Empero, para septiembre de 1994, el BM cambió de posición y aceptó participar en los estudios de viabilidad económica del gasoducto Santa Cruz - Sao Paulo, ofreciendo un monto de 300 millones de dólares para su construcción.

Las trampas y mañas de Enron

Son dos los movimientos con los cuales Enron se apropió de la participación que Bolivia había adquirido en el gasoducto a Brasil. El primero, a través de un contrato firmado en Miami que le permitía a Enron, sin invertir nada, conseguir el 34 % de los derechos, dejándole a YPFB el 51 % restante.

El segundo, en el momento de la "capitalización", cuando el 51 % de participación de la empresa pública boliviana es dividido en dos partes, quedando un 25,5% en manos del consorcio Enron - Shell y el otro 25,5% transferido a las Administradoras de Pensiones y algunos otros privados. Veamos cómo se desarrollaron estos dos movimientos.

El despojo comenzó con el argumento de que YPFB no tenía recursos para el financiamiento del gasoducto a Brasil, desde Río Grande hasta Sao Paulo; el Gobierno de Sánchez de Lozada acordó con Enron su participación como intermediario financiero o "brooker", es decir, ofreció pagarle un 3 % del monto total de los dineros que consiguiese para financiar la ejecución del proyecto.

En un segundo momento, el 9 de diciembre de 1994, en la ciudad de Miami, se firmó un documento secreto denominado Contrato de Asociación con Pacto de Accionistas entre Enron y Gonzalo Sánchez de Lozada, como presidente de Bolivia - que asistía a la Cumbre de las Américas- Mauricio Gonzales como presidente de YPFB y Antonio Araníbar, canciller de la República, conformando una compañía para desarrollar, financiar, construir y operar el gasoducto Bolivia - Brasil, en el tramo boliviano. Sánchez de Lozada no tenía atribuciones para firmar un convenio de esta naturaleza, dado que YPFB era una empresa pública y no de su propiedad particular. Este contrato inconstitucional a todas luces, por sus características internacionales, debía haber sido discutido y aprobado previamente por el Congreso boliviano.

La intención de favorecer a Enron de manera directa se evidenció cuando en fecha 8 de diciembre de 1994, es decir un día antes de la firma del Contrato de Asociación en Miami, durante el gobierno del MNRMBL - MRTK - UCS, Víctor Hugo Cárdenas que, ante la ausencia de Sánchez de Lozada, había asumido por unos días interinamente el mando de la República, aprobó el Decreto Supremo 23908, dando su visto bueno a un contrato que todavía no había sido firmado por Sánchez de Lozada, ni conocido por el Congreso y menos por la sociedad civil, es decir era un contrato inexistente.

Para todo tipo de contratos internacionales, según las leyes de la República de Bolivia, es el Congreso el que tiene la potestad de aprobar o rechazar. El procedimiento boliviano establece que, primero, un contrato internacional sea presentado al parlamento y, después de su tratamiento, recién puede ser aprobado o rechazado, promulgándose la ley respectiva, si el contrato es aprobado. El Congreso boliviano no se enteraría de este acuerdo sino hasta muchos años después.

Dado que el convenio pactado entre Bolivia y Brasil garantizaba la venta de gas al mercado brasileño, es decir a un mercado asegurado, éste debía ser considerado como un activo intangible favorable a la empresa estatal boliviana (YPFB) y, como tal, valorizado en cualquier tipo de contrato de asociación con empresas extranjeras. ¡Esto nunca sucedió! Por el contrario, a través del Contrato de Asociación entre Sánchez de Lozada y Enron, la compañía norteamericana, aunque figuraba como holandesa en la firma del convenio, adquirió enormes beneficios a costa de los intereses de YPFB.

El Contrato de Asociación de fecha 9 de diciembre de 1994, firmado en Miami, estaba vinculado a la futura "capitalización" (privatización) de YPFB y estipulaba lo siguiente:a) Con anterioridad a la constitución de la Compañía, la propiedad de todos los activos y propiedades del Contrato de Asociación, ya sean estos inmuebles, muebles o semovientes y ya sean ellos tangibles o intangibles, estarán investidos en Enron (Ver, Sección 2.1, inciso c)b) Desarrollar, financiar, construir y operar el gasoducto Bolivia - Brasil, situado en territorio boliviano y aquél que corresponda en el territorio brasileño, para el transporte de gas natural a Brasil (Ver, Sección 2.2, inciso a, puntos i y ii)c) La denominación de la compañía será acordada por el Comité de Coordinación (Ver, Sección 2.1, inciso b)d) Hasta que el efectivo disponible del Contrato de Asociación sea distribuido para las partes, una vez la compañía sea constituida, todo el efectivo del Contrato de Asociación y de la Compañía será mantenido en cuentas bancarias a nombre de Enron (Ver, Sección 2.2, inciso b)e) YPFB será propietaria en el tramo boliviano de una participación del sesenta por ciento (60%) con la Asociación y ENRON será propietaria del cuarenta por ciento (40%) restante. Al momento de su constitución, sesenta por ciento (60%) de la participación en acciones de la compañía se emitirá a nombre de YPFB y cuarenta por ciento (40%) de dicha participación se emitirá a nombre de Enron (Ver, Sección 2.3)f) Con anterioridad a la constitución de la Compañía, Enron ejercerá la titularidad de todos los activos y bienes de la Asociación con relación al Proyecto sean estos inmuebles o muebles, tangibles o intangibles, pero siempre en beneficio de todas las Partes en proporción a sus respectivas participaciones en la Asociación (Ver, Sección 2.1, inciso c)g) Hasta que se constituya la Compañía, todo el efectivo del Contrato de Asociación será mantenido en cuentas bancarias de Enron (Ver Sección 2.2, inciso b)h) En caso de que antes de la capitalización de YPFB, cualquier contribución de capital deba ser efectuada por las partes (......), YPFB tendrá el derecho, en lugar de hacer dicha contribución de capital, de hacer que Enron otorgue un préstamo (un "préstamo entre las partes") a YPFB por el monto de la Contribución de Capital que debería efectuar YPFB (Ver Sección 2.4, inciso c)i) Se establece una cláusula de confidencialidad que prohíbe divulgar a terceros este Contrato de Asociación (excepto a los empleados y abogados) (Ver, sección 5.4)

En cuanto a las obligaciones que adquiría ENRON, en la Sección 5.6 inciso (a), se tenían las siguientes: Asesorar al Contrato de Asociación sobre la coordinación global del proyecto (inciso i) Analizar la demanda para el gas asignado del mercado y desarrollo de los mercados (inciso ii) Asesorar a YPFB en el transporte de gas (incluyendo el financiamiento, construcción y operación de gasoductos) (inciso iii)Participar junto con YPFB en la negociación de los términos de venta de gas con Petrobrás con el objetivo de optimizar el retorno de YPFB sobre el proyecto y de optimizar el valor de las inversiones del Contrato de Asociación en el mismo. (inciso iii)Ayudar a YPFB y coordinar con la empresa pública boliviana a asegurar un suministro suficiente de reservas de gas natural necesarias para cumplir con las obligaciones de YPFB como vendedor bajo el convenio de venta de gas (inciso iv)Realizar sus mejores esfuerzos para ayudar al Contrato de Asociación a obtener el financiamiento de construcción para el proyecto en los términos más favorables para el Contrato de Asociación (inciso v) Suministrar soporte técnico y de ingeniería y asesorar al Contrato de Asociación (inciso vi)Suministrar informes escritos mensualmente al Contrato de Asociación y a su directorio (inciso vii)Proveer los servicios administrativos y técnicos que fuesen razonablemente necesarios o apropiados relacionados con la planificación y desarrollo del proyecto (inciso viii)

También, en la Sección 5.6 inciso (b), se determinaba que Enron sea el administrador del proyecto respecto a la pérdida de la soberanía boliviana, se tenían las siguientes secciones:El Contrato será regido e interpretado de acuerdo con las leyes del Estado de Nueva York (Ver, Sección 8.2)Se establece que toda disputa entre las partes esté sujeta al arbitraje y en conformidad con el reglamento vigente de la Cámara de Comercio Internacional por un solo árbitro nombrado por las partes y, que si no se soluciona en treinta días el problema, todos los procedimientos de arbitraje tendrán lugar en idioma Inglés en la ciudad de Nueva York (Ver, Sección 8.12)

Con este Contrato de Asociación, Enron obtenía una participación en acciones del 40% respecto del 85 % que inicialmente le correspondía a YPFB. La fórmula para calcular el porcentaje final que le iba a tocar a Enron era la siguiente: 0,4 x 0,85 = 0,34 x 100 = 34%. Posteriormente, Enron dividiría este 34 % con su socia la Shell. Adicionalmente, existían otros beneficios para Enron: el contrato establecía que la empresa transnacional se volvía propietaria de todos los activos de dicha asociación, manejaba las cuentas bancarias de la misma y además era la encargada de administrar el proyecto. Triste destino para YPFB que había conseguido asegurar el mercado brasileño y no obtenía más que asesoramiento por parte de Enron, sin ningún tipo de inversión dineraria efectiva por parte de la empresa extranjera. YPFB entraba a la asociación como un minusválido y ni siquiera le era permitido hacerse cargo de las cuentas y la titularidad en la administración.

En cuanto a las obligaciones de Enron, éstas se limitaban a "asesorar", "ayudar", "coordinar", "suministrar soporte técnico" y realizar esfuerzos para conseguir dinero para la construcción del gasoducto. ¡Prácticamente Enron no arriesgaba nada!, y los fondos que inicialmente ponía para entrar a la Asociación eran manejados por ella misma. Incluso se llegó al extremo de entregar a Enron la propiedad de todos los activos tangibles e intangibles de la Asociación, entre ellos el activo intangible de haber conseguido el mercado brasileño para el gas boliviano ¡cualquier principiante de economía conoce que dicho activo tiene un valor de millones de dólares! De esta manera, Enron se beneficiaba enormemente, siendo YPFB el gran perdedor en el Contrato de Asociación. Por si fuera poco, se incluía una cláusula de confidencialidad para que los ciudadanos no se enterasen del contenido del Contrato, y se subordinaba el acuerdo de las partes a la supremacía y soberanía de las leyes norteamericanas.

Una carta escondida: descapitalizar YPFB para capitalizar Enron

Basados en el Contrato de Asociación firmado en Miami, Enron se movió como pez en el agua para hacerse cargo de la mayor parte de los oleoductos y gasoductos existentes en Bolivia. El 5 de diciembre de 1996, la Comisión Calificadora del Ministerio de Capitalización sugirió la adjudicación de la unidad de transporte para la administración de los oleoductos y gasoductos a un consorcio formado por Enron - Shell.

El nombre original de la nueva empresa sería el de Transportadora Boliviana de Hidrocarburos Sociedad de Economía Mixta (TBH S.A.M.). A principios de 1997, se cambió el nombre de Transportadora Boliviana de Economía Mixta (TBH S.A.M.) a Transredes Transporte de Hidrocarburos de Economía Mixta (Transredes S.A.M.). El importe que el Estado colocaba en acciones para la nueva empresa de transporte de hidrocarburos alcanzaba a un valor libros de los activos de YPFB de doscientos sesenta y tres millones con quinientos mil dólares americanos (263.500.000 $us) y los socios capitalizadores debían depositar en la cuenta de Transredes una cantidad similar para inversiones. Cumplido este paso las acciones bolivianas debían ser depositadas en un ente fiduciario para luego traspasarlas a entidades financieras transnacionales conocidas como Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Así, las acciones bolivianas fueron colocadas en un fondo fiduciario de un banco de las Islas Caimán, el Cititrust, filial del CITICORP y del CITIBANK. En dicho momento, el ente fiduciario podía manejar dichas acciones con las características de un activo privado, sin que los bolivianos o el Estado puedan intervenir de algún modo. Este proceso tenía vacíos legales muy grandes porque en los decretos posteriores se traspasaban las acciones bolivianas a un Fondo de Capitalización Colectivo (FCC) que no era, de ninguna manera, una persona jurídica (Roca 2000). Este Fondo de Capitalización Colectivo pasaría después a ser manejado por empresas financieras privadas, como por ejemplo el Banco Bilbao Vizcaya (BBV) bajo la figura de Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP). En otras palabras, un patrimonio colectivo y público del pueblo de Bolivia era entregado de manera irregular a los banqueros para que lo administren privadamente.

La capitalización privatizadora

Ahora bien, habíamos dicho líneas arriba que, en el caso del paquete accionario del gasoducto que se iba a construir de Santa Cruz a Brasil, YPFB había reducido su participación de 85 % en el lado boliviano a 51 %, en tanto que Enron había obtenido el 34 % por el simple hecho de firmar el Contrato de Asociación en Miami, quedando el 15 % restante para la empresa estatal brasileña Petrobras y sus socios. Luego, incluso el restante 51 % de participación de YPFB en el gasoducto en el tramo boliviano se desvanecería con el denominado proceso de capitalización.

En efecto, con el proceso de capitalización del transporte de hidrocarburos, el consorcio Enron - Shell se hacía cargo de la mitad del 51 % de acciones restantes que le correspondían a YPFB en el gasoducto a Brasil, esta vez bajo el nuevo nombre de Transredes. Es decir que al 34 % que Enron obtuvo de manera gratuita en Miami, se le añadía el 25,5 % por entrar como socio capitalizador junto a la Shell; ambas empresas tenían una participación en el gasoducto a Brasil de 59,9 % del paquete accionario. Con este golpe maestro, Enron, a cambio de una simple promesa de inversión, pasaba a controlar la mayor parte del paquete accionario del gasoducto junto a su socia la Shell Overseas. Pero no era sólo el porcentaje mayoritario de las acciones del gasoducto a Brasil que pasaba a manos de Enron - Shell, sino que la infraestructura en poliductos, oleoductos, gasoductos e instalaciones que pertenecían a YPFB pasaban a ser administrados por el consorcio. De esta manera, la sociedad Enron - Shell se hacía cargo de los ductos de YPFB, pasando a administrar los mismos como si fueran suyos. Así, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos se descapitalizaba completamente y se convertía en un cascarón vacío en relación a lo que había sido en el pasado.

No quedaba la menor duda de que, cuando Transredes hablaba acerca de su política empresarial, en realidad era el consorcio Enron - Shell el que se estaba expresando. Por tanto, la inversión que el consorcio se comprometía a realizar en el momento de la capitalización era una inversión para sí mismo, bajo la figura de una mal llamada empresa de economía mixta.

Este dominio de Enron - Shell no terminaba con la posesión de la mayoría de las acciones en Transredes, sino que también se expresaba en el control del directorio. En efecto, de los siete directores de la nueva empresa, cuatro eran nombrados directamente por el consorcio Enron - Shell; los otros tres directores eran nominados por las Administradoras de Pensiones, entre las cuales, la empresa Zúrich, con relaciones transnacionales en los negocios internacionales, tenía la capacidad para influir en la nominación de directores.

Entre tanto, los ciudadanos comunes de Bolivia nunca pudieron conocer con precisión quiénes eran los representantes por parte de las AFP en Transredes, ni tampoco obtuvieron una rendición de cuentas, transparente y oportuna, por los manejos correspondientes de las acciones bolivianas por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Participación final accionaria en el gasoducto Bolivia - Brasil

Para fines de 1996, el grupo Enron - Shell, en complicidad con altos funcionarios del Ministerio de Capitalización de Bolivia, obtuvo la mayoría de las acciones, tanto en Transredes - en la que ambas empresas consiguieron una participación de poco más de la mitad del paquete accionario con otros socios menores -como por la propia participación en Gas Transboliviano donde el par, Enron - Shell, ya participaba con el 34 % gracias al contrato de Accionistas firmado en Miami el 9 diciembre de 1994. En resumen, Transredes y Gas Transboliviano, controladas por el consorcio Enron - Shell- AFP, pasaron a poseer el control efectivo del 85 % del paquete accionario.

En territorio brasileño, Enron, por el Contrato de Asociación firmado en Miami el 9 de diciembre de 1994, consiguió el 40 % del 20 % que le correspondía originalmente a YPFB. La fórmula para entender mejor esto es la siguiente: 0,4 x 0.2 = 0,8 x 100 = 8 %. De este 8 %, Enron y Shell, al unirse en un consorcio, se dividirían a 4 % cada uno. Posteriormente, entre fines de 1996 y principios de 1997, con la llamada "capitalización", eufemismo para ocultar la privatización de YPFB, Enron y Shell y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) que formaban parte de Transredes en aquel tiempo, se quedaron con el 12 % de las acciones restantes que inicialmente estuvieron asignadas a la empresa estatal boliviana de hidrocarburos, cuando se establecieron los convenios para vender gas a Brasil.

Con esta jugada digna de los mejores tahúres, los intereses colectivos y públicos del pueblo boliviano quedaban, en los hechos, en manos privadas.

La economía política del colonialismo neoliberal

La tesis que sustentamos sostiene que las disposiciones legales para el sector de hidrocarburos elaboradas durante los gobiernos neoliberales - jurídicas y tributarias, tanto de la Ley de Hidrocarburos 1689 con su conjunto de reglamentos como de la Ley Tributaria 843 y su respectivo Código y los contratos de riesgo compartido- permitieron la constitución de un superpoder petrolero en Bolivia que se benefició de la exportación de gas barato a sus filiales en los países limítrofes, de las rebajas en los pagos de regalías y del impuesto a la remisión de utilidades, así como de la explotación del mercado interno. Las empresas fueron favorecidas además por las constantes alzas en los precios de los combustibles destinados al consumo de los bolivianos y que guardaban relación con la elevación internacional del precio del petróleo. Luego, resultó ser una trágica ironía que Bolivia, uno de los países más pobres de Sudamérica, teniendo grandes reservas de hidrocarburos, tuviese que pagar precios tan altos por sus hidrocarburos.

Este poder petrolero logró construir un nuevo andamiaje burocrático estatal, orientado en sus funciones y estructura a defender los intereses de las compañías petroleras, particularmente en los ministerios del área económica -Desarrollo Económico, Desarrollo Sostenible- así como en la Superintendencia de Hidrocarburos e incluso en lo que se denominó eufemísticamente como YPFB residual. Este nuevo poder petrolero limitó a propósito las funciones y atribuciones que tenían las instituciones estatales -en el propio estatuto orgánico de la administración pública- para fiscalizar y controlar a las empresas petroleras.

Los ministerios del área económica, la superintendencia y YPFB residual tenían la misión de regular y fiscalizar a las empresas, pero terminaban en muchos casos, pagando su funcionamiento institucional y sueldos de personal con los dineros de organismos multilaterales y bilaterales y con los que ponían las empresas petroleras, quedando por lo tanto subordinados, en términos presupuestarios, a las directrices de la "ayuda externa" y a aquellas formuladas por las corporaciones que explotaban el gas y el petróleo en Bolivia.

Tanto es así que, a principios del año 2006, el primer ministro de hidrocarburos del gobierno del MAS, Andrés Solíz Rada, se encontró con la desagradable sorpresa de que la "cooperación internacional" financiaba los sueldos de 30 funcionarios de alto nivel del ministerio. Y, ¡cual extraña casualidad!, el apoyo financiero terminaba precisamente el 31 de enero del 2006, es decir a los pocos días de la llegada al gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) encabezado por Evo Morales. Es más, dicha situación de debilidad del Estado alcanzaba también a la antigua compañía petrolera boliviana convertida - debido a las políticas de privatización desde el año1996 - en una simple oficina administrativa de las empresas extranjeras.

En efecto, YPFB residual se caracterizaba por pagar con recursos provistos por las compañías petroleras -estipulados en el Anexo D de los Contratos de Riesgo Compartido- consultorías y propagandas en medios de comunicación, así como gastos y viajes de las autoridades "bolivianas" del sector de hidrocarburos.

Estos gastos realizados por YPFB residual, según lo estipulado en el Anexo D, se descargaban ante la Dirección Nacional de Impuestos de Bolivia como egresos de las corporaciones privadas petroleras y, con los números de registros de las compañías. Los bienes y servicios adquiridos con los dineros del Anexo eran de propiedad de las empresas petroleras. Es muy poco probable que se encuentre en alguna parte del mundo, instituciones estatales que perdiesen de este modo el principio de autonomía relativa y neutralidad, al depender financieramente de una manera tan directa de los consorcios petroleros.

De igual modo, durante el año 2002, la designación de autoridades vinculadas a las empresas transnacionales petroleras en el Ministerio de Desarrollo Económico, primero, y posteriormente en el Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB residual, mostraron de manera descarnada una nueva forma de operar del poder extranjero en Bolivia, una forma en verdad típicamente colonial. De ahí que no resultaba sorprendente que la mayoría de los funcionarios gubernamentales "bolivianos", antes de jurar a sus cargos en el gobierno, se hubieran desempeñado como empleados de las corporaciones que explotan hidrocarburos. Luego, se comprende, por qué dichas autoridades defendieron casi siempre los intereses de las empresas petroleras y no los de los consumidores y ciudadanos bolivianos.

Los pagos que realizaron las compañías por regalías e impuestos resultaron ser sumamente exiguos para el Estado, respecto a otras fuentes de ingresos fiscales. En efecto, a ocho años de la privatización de los hidrocarburos en Bolivia, el aporte de las aproximadamente 35 empresas petroleras, oscilaba alrededor del 6,59 % de los ingresos totales del Estado -unos 231, 87 millones de dólares- en el año 2003.

Por si fuera poco, las compañías pagaban una parte importante de sus obligaciones impositivas con certificados de crédito fiscal y no con dinero contante y sonante. En dicho año, los impuestos a las utilidades empresariales alcanzaban alrededor de un 4,66 %. Todas las contribuciones del sector privado transnacional y nacional apenas alcanzaban a un 11, 25 % del total de los ingresos fiscales en el año 2003. Al ser éste un aporte mínimo a las arcas fiscales, podemos concluir que el Estado estaba dirigido a favorecer al empresariado privado.

En tanto, la crisis económica era transferida a los consumidores bolivianos por la vía de una serie de impuestos indirectos y directos, que representaban aproximadamente un 30,53 % el año 2002 y un 27,17 % el año 2003, los empresarios extranjeros obtenían ganancias extraordinarias por la explotación de los recursos naturales y por la apropiación que hacían de buena parte de los ingresos de las familias bolivianas, a través del mecanismo fiscal y de precios; la mayoría de la población se empobrecía cada vez más.

Finalmente, el mismo año, las donaciones y préstamos hechos por los gobiernos de los países centrales, organismos financieros internacionales y bancos privados, oscilaban en torno al 50,74%, mostrando la excesiva dependencia del Estado respecto a los banqueros. A lo anterior se le añadía la pesada carga de los pagos del Estado por concepto de la deuda externa e interna a los acreedores internacionales, situación que impedía superar el abultado déficit fiscal boliviano. Así, los bolivianos se enfrentaban a una temible maquinaria política y económica de dominación y explotación típicamente colonial.

La arquitectura del poder colonial en la Bolivia del neoliberalismo

Para comprender de manera objetiva el modo de operar del poder extranjero en Bolivia es importante hacerlo desde una perspectiva holística, es decir relacionando el sector hidrocarburos con el conjunto de la sociedad. Por ello, a continuación, presentamos las características más importantes del Estado neoliberal y las relaciones de subordinación que se desprendieron de éstas.

Los fundamentos del Estado neocolonial en Bolivia

Entre los años 1985 - 2003, los factores de poder extranjero y oligárquico que operaban en la sociedad boliviana estaban compuestos por las instituciones financieras internacionales (FMI, BM, BID, GTZ y USAID), las empresas transnacionales y el denominado "empresariado nacional" que, apoyados por un conjunto de intelectuales orgánicamente vinculados a los programas de la llamada "cooperación internacional" erigieron un nuevo armazón sociopolítico con características típicamente coloniales.

En efecto, los organismos multilaterales de crédito fueron los que a través de sus políticas de privatización y ajuste posibilitaron la presencia de las empresas transnacionales en los sectores estratégicos de la economía y, con la provisión de recursos financieros permitieron la cooptación de muchos de los intelectuales e incluso el pago de los sueldos de una parte importante de la burocracia estatal en Bolivia.

El núcleo central de poder de esta organización política estaba estructurado jurídica, económica y burocráticamente para responder en lo fundamental a los intereses del sector financiero internacionalizado (bancos multilaterales, Administradoras de Fondos de Pensiones y privados) y al de las compañías petroleras transnacionales. Esta maquinaria social benefició a estos sectores y a sus séquitos de operadores políticos (consultores, dirigentes y autoridades de alto rango).

Ésto se ponía en evidencia al constatar que los bolivianos se encontraban sujetos a una relación de servidumbre, a través de mecanismos como el pago de la deuda pública externa e interna, la aplicación de impuestos directos e indirectos que recaían en las espaldas de los consumidores, la transferencia gratuita de reservas probadas de hidrocarburos a manos extranjeras, la exportación de gas barato a los países vecinos por parte de los empresarios petroleros y la fijación de precios internacionales de los energéticos para el consumo doméstico boliviano.

Las más viles formas de explotación eran practicadas en Bolivia; sus ciudadanos fueron convertidos, esta vez, por obra de sus elites neoliberales, en "modernos" tributarios de las empresas transnacionales europeas, norteamericanas y brasileñas, y en deudores casi permanentes de las instituciones financieras internacionales.

El funcionamiento colonial del Estado también se podía observar en la descarnada apropiación, por parte de los organismos financieros internacionales (BM, FMI, BID), del proceso de toma de decisiones en los temas estratégicos de la economía y en la formulación de leyes. De igual modo, el mecanismo colonial se manifestaba en el soporte monetario condicionado de la "inversión pública boliviana" por parte de los organismos internacionales y, peor aún, en el financiamiento de los sueldos o gastos corrientes de los ministerios, con créditos y donaciones de los bancos multilaterales y gobiernos de los Estados dominantes (norteamericano y europeos).

Al igual que el Estado colonial español en el pasado, el Estado neocolonial y neoliberal instituía leyes que permitían el despojo de los recursos naturales, la transferencia de la propiedad de los recursos estratégicos a manos extranjeras y la puesta en marcha de un feroz mecanismo tributario y de pagos de deuda cargados sobre las espaldas de la población, apropiándose de los recursos naturales del país y de aquellos generados por el trabajo de los bolivianos para luego transferirlos a las arcas de las economías centrales y a las cuentas financieras de los empresarios transnacionales.

Siguiendo un patrón similar, una parte importante de la alta burocracia del Estado neocolonial compartía la ideología del colonizador y funcionaba siguiendo las directrices de los Estados dominantes a través de sus programas de "ayuda" financiera. Los ministerios y superintendencias eran los lugares donde la presencia de los intelectuales "tecnócratas", pagados total o parcialmente por la "cooperación internacional", sea como autoridades o como "asesores", desempeñaban la función de operadores políticos y gestionaban las leyes y decretos favorables a las empresas petroleras y a los banqueros internacionales.

Este andamiaje de poder alcanzaba a una serie de bufetes jurídicos y consultores privados, comunicadores sociales, medios televisivos, algunos Comités Cívicos y los gremios empresariales bolivianos, constituyendo un tejido social con estrechos nexos con los partidos neoliberales. He ahí la prueba más fehaciente de la dominación y del funcionamiento transnacional en Bolivia, en la época de la globalización.

Entre la Nacionalización y el reacomodo1. Acción directa de los movimientos sociales en contra del Estado neoliberal y su núcleo central de poder bancario - petrolero

Desde 1996, año en que un reducido número de intelectuales bolivianos opuso tenaz resistencia a la privatización de los hidrocarburos, hasta los acontecimientos del año 2005, la bandera de la nacionalización del gas y el petróleo ha estado presente en las demandas de diversos sectores sociales. Se desencadenó una serie de gigantescas movilizaciones populares que combinaron la insurrección popular urbana, los bloqueos campesinos y la ocupación de campos de gas y petróleo, amén de las instalaciones y gasoductos; es decir, prácticas populares de abierto desafío a un Estado con características neocoloniales y a su núcleo central de poder constituido por la banca multilateral internacional y el sector petrolero transnacional.

Particularmente, entre los años 2000 - 2005, se dio un rebrote nacional de las organizaciones campesinas, asociaciones de regantes rurales, etnias indígenas, juntas de vecinos urbanos, con una importante participación femenina en todas ellas y una mayor efectividad política en su enfrentamiento con el Estado. Y, en particular se erigió un liderazgo nacional del sindicalismo fabril y campesino cochabambino, cualitativamente superior al de los años de auge neoliberal. Este nuevo liderazgo tuvo entre sus virtudes la capacidad de nuclear unitariamente, en torno a demandas de servicios básicos y recursos naturales, a otros sectores de la población, en una suerte de hostigamiento sin cuartel al Estado neocolonial y a las empresas transnacionales cobijadas por éste. Esta revalorización colectiva de la idea nacionalizadora y del rol de lo público - de lo que "es de todos" - tiene antecedentes inmediatos en la insurrección popular victoriosa en contra de la privatización del agua en la ciudad de Cochabamba. Con ella, se inició un proceso de cuestionamiento al poder de las empresas transnacionales.

La insurrección bautizada por la población como "Guerra del Agua", en abril del año 2000, fue protagonizada por el conjunto de la población cochabambina, urbana y rural, en contra de la privatización del agua y de la compañía transnacional Bechtel. El Gobierno de Banzer/Quiroga, a pesar de que reprimió violentamente las protestas cochabambinas, no pudo parar las mismas y se vio obligado a detener la privatización y a mantener la función pública de la empresa de agua potable.

La segunda insurrección popular, en febrero del 2003, con un saldo de más de 30 muertos y más de 100 heridos, se desarrolló en la ciudad de La Paz durante el segundo Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.

Para financiar el déficit fiscal, el régimen "gonista", en concordancia con el programa firmado con el Fondo Monetario Internacional, eligió gravar a todos los asalariados con un impuesto fijo que empeoraba aún más la crítica situación de los trabajadores y empleados.

El amotinamiento policial y la insurrección popular urbana en contra del "impuestazo" pusieron en jaque al gobierno que, presionado por la efervescencia social, se vio obligado a retirar su proyecto de presupuesto general anual, así como el impuesto a los ingresos.

Finalmente, la insurrección de octubre de 2003, bautizada como la "Guerra del Gas", abarcó cinco departamentos de la parte andina - La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Chuquisaca - en los cuales se levantó la mayor parte de las organizaciones sociales, urbanas y rurales, enarbolando las banderas de la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos y de la industrialización del gas boliviano y en contra de su exportación bajo el régimen legal actual, en razón de que únicamente significaría esmirriados ingresos para el fisco y jugosos beneficios para las compañías transnacionales de petróleo.

El Gobierno de Sánchez de Lozada, falto de recursos políticos, optó por una feroz represión utilizando a las Fuerzas Armadas, con un saldo de 74 muertos y más de 200 heridos, hecho que provocó una mayor indignación y protestas de varios sectores sociales en contra de la violencia gubernamental.

Las organizaciones sociales populares que concurrieron al conflicto fueron los campesinos y habitantes de los poblados rurales aymaras, los estudiantes de la Universidad pública de la ciudad de El Alto, vecinos de las villas populares, los trabajadores mineros, los afiliados a la Central Obrera Regional de El Alto, los gremiales (pequeños vendedores en los mercados y calles, los panificadores, etc.), trabajadores por cuenta propia, jóvenes desocupados, asociaciones de mujeres y las organizaciones de vecinos. Las medidas de protesta fueron variadas, desde mítines, marchas callejeras, construcción de barricadas, obstrucción de las principales arterias alteñas con materiales de desecho hasta el cavado de zanjas, bloqueo de caminos que conectaban a la ciudad de La Paz con las provincias y otros países, paralización del abastecimiento de alimentos agropecuarios por decisión de los productores en las zonas aledañas a la urbe paceña e interrupción en la elaboración de pan destinado a la ciudad de La Paz, por decisión de los gremios de panaderos.

Desde el lado gubernamental, el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada contaba con el apoyo de los principales partidos del establisment político: MNR, MIR y NFR, una coalición bastante desgastada en su legitimidad desde los conflictos de febrero del 2003; también tenía el respaldo de las principales organizaciones empresariales (Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz, Empresarios de Cochabamba, Cámara de Hidrocarburos) y de los Comités Cívicos de Santa Cruz y Tarija, así como del Alto Mando de las Fuerzas Armadas. De igual modo, contaba con el apoyo decidido del embajador norteamericano David Greenlee, que en esos días declaraba mediante la prensa, que no aceptaría ningún otro gobierno que no sea el de Sánchez de Lozada; también fue respaldado por organismos internacionales que públicamente le ofrecieron más créditos en el momento más agudo de la crisis, a la par que señalaban los peligros que traería la caída del gobierno para el orden legal constituido.

La Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Organización de los Estados Americanos (OEA) igualmente brindaron su apoyo incondicional al régimen político del MNR - MIR - NFR, encabezado por Sánchez de Lozada.

Este gobierno, sin el menor ánimo de modificar el régimen de los hidrocarburos favorable a las compañías extranjeras, se negó tozudamente a dar curso a los pedidos de las organizaciones populares que demandaban cambiar la Ley de Hidrocarburos. Así, recurrió primero a la dilación de las negociaciones, con el fin de desgastar a los sectores que se le oponían; y cuando ello no le dio resultado, acudió a la salida militar para resolver la crisis.

En los días más críticos del enfrentamiento, las acciones populares sobrepasaron incluso a sus dirigentes regionales y nacionales. Era una verdadera autodeterminación de la multitud, una evidentísima demostración del poder popular. Los grupos de vecinos organizados en 562 comités preparaban ollas comunes para alimentar a los que estaban en las manifestaciones, apoyaban logísticamente, hacían la guardia en el vecindario, establecían un horario de atención muy de madrugada para que las tiendas de abarrotes abrieran sus depósitos, con el fin de que las familias de El Alto pudieran reabastecerse de víveres y controlaban los precios de los productos de primera necesidad.

Los insurrectos otorgaron permisos a ciertos medios de comunicación de probada actitud plural, como el caso de Radio Televisión Popular, la red de radioemisoras ERBOL y prohíbieron el acceso a otros medios que siempre tuvieron una posición pro gubernamental y pro empresas transnacionales.

A medida que pasaban los días y el número de víctimas fatales aumentaba como producto de la represión gubernamental, se empezó a fracturar la coalición oficial: el vicepresidente Carlos Mesa renunció a ser parte de un gobierno que asesinaba; un ministro y algunos viceministros hicieron dejación de sus cargos condenando las masacres. El Gobierno se hallaba en la situación en que ya no podía garantizar el abastecimiento de los principales mercados de expendio de alimentos, tampoco la provisión normal de gasolina, ni controlar la información sobre los sucesos.

Lentamente, la ciudad de La Paz se fue paralizando. El desafío efectivo de los insurrectos al poder estatal era un hecho.

Entretanto, en los departamentos occidentales las manifestaciones en contra del gobierno fueron en aumento y los bloqueos de caminos probaron su efectividad. Después de la masacre del domingo 13, grupos de intelectuales, artistas y activistas de derechos humanos iniciaron una huelga de hambre en las principales ciudades del país, exigiendo la renuncia de Sánchez de Lozada. Los sacerdotes de base de la iglesia se solidarizaron con el pueblo y también pidieron que el presidente dimita.

La consigna inicial enarbolada por los movimientos sociales respecto a los hidrocarburos cedió su lugar a otra que exigía la salida del primer mandatario. Esta tomó cuerpo y se masificó nacionalmente, en medio de la efervescencia de la multitud. Y, finalmente, Sánchez de Lozada, ante la irradiación del movimiento insurreccional hacia otros departamentos e impedido de gobernar por los numerosos bloqueos campesinos y gigantescas manifestaciones urbanas que exigían su renuncia, la multiplicación de huelgas de hambre de intelectuales y activistas que le pedían dejar el cargo y, por sobre todo la total carencia de recursos políticos creíbles para la gente y la imposibilidad de solucionar la crisis usando la fuerza militar, no tuvo otra alternativa que presentar su renuncia a la presidencia.

En estos días tan luctuosos de la historia nacional se pudo observar formas de organización del poder popular en abierto desafío al poder institucional del Estado. El resultado final de esas jornadas fue la renuncia de Sánchez de Lozada, la ascensión al mando del vicepresidente Carlos Mesa y la inclusión en la agenda nacional de la necesidad de nacionalizar los hidrocarburos en manos de las compañías transnacionales.

La cuarta insurrección, que exigía la nacionalización de los hidrocarburos, entre mayo - junio del 2005, paralizó prácticamente todo el país al abarcar a seis departamentos - La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz - con bloqueos efectivos en todas las carreteras, ocupación de varios campos petroleros por parte de indígenas y campesinos y movilizaciones masivas de cooperativistas mineros y campesinos hacia la ciudad de Sucre, lugar donde se encontraba sesionando el Congreso Nacional luego de la renuncia del presidente Carlos Mesa. En todas estas insurrecciones se forjó una alianza tácita entre sectores sociales urbanos y rurales en torno a la nacionalización del gas.

La crisis desnudaba las contradicciones de la sociedad boliviana; las enseñanzas que se desprendían de todas estas insurrecciones urbanas y bloqueos campesinos tenían un sentido claramente antiimperialista en contra de las empresas transnacionales petroleras y de los organismos financieros internacionales. De esta manera se puso en evidencia la necesidad de que cualquier proyecto político mínimamente democrático debería tener en cuenta toda esta acumulación social en contra de las corporaciones privadas extranjeras y la banca internacional, para acabar con los mecanismos coloniales de subordinación del país y construir una propuesta autónoma nacional.

2. La nueva forma estatal que se configura con el gobierno del MAS

La victoria del Movimiento al Socialismo, a fines del año 2005, con cerca del 54 % de la preferencia electoral, parecía inaugurar un proceso de disolución del Estado neocolonial. Sin embargo, al finalizar el tercer año del Gobierno del MAS, el año 2008, todo parece indicar que ha decidido coexistir con el capital transnacional petrolero, minero y financiero, dejando aún en pie muchos de los andamios sociales y burocráticos del Estado neocolonial. Tenemos entonces que la política gubernamental se ha caracterizado por establecer un tipo de relacionamiento sui generis con las corporaciones, al recibir una parte importante de la renta petrolera, nacionalizar dos refinerías y una empresa de transportes, pero también al establecer una asociación de carácter mixto con otras, además de nuevos contratos con la mayoría de las compañías que explotan hidrocarburos.

En general, podemos decir que existen tres estrategias que van reconfigurando las características del nuevo tipo de Estado, a partir de la llegada del Movimiento al Socialismo al gobierno. La primera que nace desde el poder ejecutivo, plantea colocar como núcleo central de poder y acumulación a las empresas estatales y mixtas (con participación del sector público y transnacional) en los sectores estratégicos de la economía, como los hidrocarburos, minería, electricidad y recursos ambientales. De ello se deriva que los mecanismos de acumulación del excedente económico estarían centrados en la participación que obtendría el Estado en las empresas mixtas y estatales y en la renta y la tributación provenientes de la exportación de materias primas.

La segunda es aquella que desarrollan los movimientos sociales y cívicos que se manifiestan en las propuestas sobre tierra, territorio y recursos naturales, expresadas en los debates sobre autonomías indígenas y departamentales, desde el año 2006 hasta el presente.

En la última propuesta de Constitución, acordada entre el gobierno y la mayor parte de la oposición el 21 de octubre del 2008, se estableció que la autonomía departamental estará conformada por una Asamblea Departamental cuyos miembros serán electos al igual que el Gobernador Ejecutivo del Departamento. La Asamblea tiene facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el departamento. Entre algunas de sus competencias están la planificación y gestión del desarrollo e inclusive la creación de impuestos departamentales. Entre otras concurrentes con el Estado Central, están la conservación de suelos y la asociación en empresas petroleras; sin embargo, no tendrán competencias directas sobre los recursos naturales estratégicos.

En todo caso, esta situación revela que se están generando espacios institucionales de participación ciudadana dentro los marcos de la democracia liberal, de los cuales emergerán nuevos operadores políticos departamentales.

La tercera estrategia se refiere a la presencia de los organismos financieros y la banca privada nacional e internacional en el financiamiento al gobierno del presidente Evo Morales. La cuarta es aquella desarrollada por los empresarios privados de Bolivia que, a través de sus gremios, intentan participar en el proyecto de poder que propone el Gobierno del MAS.

El núcleo de acumulación de esta nueva forma estatal estaría compuesto por las empresas capitalistas estatales, mixtas, privadas y la alta burocracia política del Estado.A pesar del fuerte discurso del gobierno del MAS, que afirma que en el centro del poder estatal estarían los campesinos, pueblos indígenas y originarios, cooperativistas y microempresarios, podemos observar que esto no es así. En efecto, las empresas transnacionales están simplemente readecuando su influencia y poder al interior del Estado, formando una sociedad entre Estado y corporaciones petroleras; por otra parte la intermediación política de los militantes del MAS en el aparato gubernamental, no puede ser considerada como una participación política directa de los movimientos sociales en el mismo.

Observamos que, a pesar de la fuerte retórica nacionalista por parte del régimen político del Movimiento al Socialismo, éste ha preferido un sistema de connivencia con las empresas transnacionales petroleras - reconociéndoles las inversiones pasadas por un valor de cerca de 1.500 millones de dólares, además de la devolución de los costos recuperables - que se expresa claramente en la firma de los nuevos contratos, así como en la ampliación de la venta de los volúmenes de gas a Argentina y Brasil. Estos acuerdos endeudan a YPFB y otorgan enormes ventajas a las corporaciones transnacionales que explotan hidrocarburos, a la par de provocar el desabastecimiento interno y reafirmar el rol productor de materias primas del país.

La nacionalización de la empresa Transredes, mediante la compra de acciones, le ha dado sentido a la intención gubernamental de controlar el transporte y gran parte de la comercialización externa e interna de los hidrocarburos, pero la compensación económica que se pretende pagar por dicha estatización es algo que en verdad llama la atención, puesto que el consorcio incumplió su compromiso de inversiones e incurrió en una serie de delitos lesivos al Estado boliviano.

En lo que concierne a las empresas Chaco y Andina, el régimen del MAS pretende comprar las acciones necesarias con el fin de controlar la mayoría del paquete accionario (50 % + 1 acción) en ambos casos. Vale la pena destacar que, de concretarse esta última acción, el Estado únicamente controlaría alrededor del 15 % de las reservas de gas y 10 % del petróleo, quedando más del 85 % restante bajo el comando de las transnacionales petroleras que se adecuaron a los nuevos contratos, además de haberles reconocido el pago de las inversiones pasadas y la devolución de los costos de recuperación actuales, como señalamos líneas arriba.

La asociación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos con las corporaciones petroleras, bajo la modalidad ya explicada, así como la compra de las refinerías y de la empresa Transredes, tienen su contraparte negativa al cargarle todas las deudas a YPFB, que tiene que pagar las inversiones pasadas, los costos de recuperación, la compra de acciones y, en otros casos, las indemnizaciones. Si a ello le añadimos que YPFB debe garantizar con sus recursos el pago de una parte de la renta dignidad para las personas mayores de 60 años, podemos concluir que la empresa estatal se encuentra casi completamente asfixiada por las deudas y con una débil capacidad financiera para desarrollar sus operaciones.

De igual modo, llama la atención el comportamiento de las elites políticas bolivianas, tanto del Gobierno como de la oposición que, sin el menor empacho, han repartido el excedente petrolero obtenido por el Estado a las prefecturas, al gobierno central, a las alcaldías y a las personas de la tercera edad, sin ponerse a pensar en la necesidad imperiosa de entregarle recursos a YPFB para las tareas de explotación, comercialización, pago de deudas, políticas medioambientales y de energía limpia y para llevar adelante la industrialización del gas.

Reiteramos que el control de gran parte de la explotación (poco más del 85 % de las reservas de gas y petróleo) continúa en manos de las corporaciones petroleras extranjeras, en tanto que YPFB carece de los dineros necesarios para la inversión, así como del personal técnico requerido para una adecuada fiscalización. Coetáneamente, la asociación de las corporaciones petroleras con YPFB, bajo la figura de las empresas mixtas y los contratos últimos que firmaron, muestra el readecuamiento del poder petrolero al interior del núcleo de poder del Estado boliviano.

Podemos concluir entonces que, si bien existe el intento de buscar una cierta autonomía en el negocio hidrocarburífero por parte del régimen político del MAS, el relacionamiento que se está construyendo entre las empresas y el Estado puede terminar en una suerte de subordinación de YPFB a la lógica del capital transnacional, agravándose aún más dicha situación por las deudas que pesan sobre la empresa estatal y la falta de una política energética nacional de largo plazo, clara y transparente, por parte del Gobierno.

3. La política y la economía desarrolladas por el Gobierno del MAS

Desde la perspectiva de los ingresos fiscales se puede observar que básicamente son tres las mayores fuentes de recursos del Estado el año 2007, a saber: los pagos que hacen los consumidores por impuestos indirectos y directos de 1.178,79 millones de dólares (32,49 %), los pagos de las compañías petroleras por concepto de regalías e impuestos de 1.197,12 millones de dólares (33%) y las donaciones y préstamos de 665,12 millones de dólares (18,34%).

A diferencia del año 2003, en el que las principales fuentes de recursos eran los aportes de los consumidores y las donaciones y préstamos que hacían los gobiernos y banqueros, en la nueva situación el año 2007, existe un significativo incremento en los pagos por regalías e impuestos por parte de las empresas petroleras que, junto a los consumidores y personas, se convierten en generadores de la mayor parte de los dineros para las arcas fiscales.

Sin embargo, la política tributaria neoliberal que grava fuertemente a los consumidores con impuestos indirectos continúa todavía en vigencia. Asimismo, llama la atención la importancia relativa de las donaciones y préstamos financieros que el gobierno del MAS está recibiendo de países y banqueros.

Constatamos que el Gobierno continúa la política crónica de los que le precedieron, endeudándose cada vez más de los organismos financieros internacionales, como la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM) y las Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFP).

A pesar de las condonaciones hechas por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo - poco más de 2.000 millones de dólares - la deuda externa antigua y nueva alcanzan en el momento presente alrededor de los 2.236,5 millones de dólares: 1.733,9 multilateral y 502,6 bilateral.

Si a ello le sumamos la deuda interna que tiene el Estado con las Administradoras de Fondos de Pensiones, de 1.646,1 millones de dólares para mediados del año 2008, tenemos un total parcial de 3.882,6 millones de dólares que el Estado debe a organismos financieros internacionales, gobiernos extranjeros y entes privados.

Si bien el Gobierno está en proceso de cambiar el sistema de jubilaciones basado en el sector privado, no se sabe a ciencia cierta, si el sistema será completamente estatal o coexistirá con las Administradoras de Fondos de Pensiones. Pero, queda claro que la deuda interna contraída con éstas no desaparecerá y pasará a engrosar las cargas fiscales del Estado.

A lo anterior se debe añadir la deuda consolidada, incluyendo al Sector Público no Financiero y al Banco Central de Bolivia, que alcanza a 4.844,2 millones de dólares. Entonces, el monto total de la deuda pública externa e interna bordearía los 8.726,8 millones de dólares.

La razón del endeudamiento interno en los años 2006 - 2007 radica en la política contradictoria del régimen masista porque, por un lado, la economía boliviana recibió bastantes ingresos por los buenos precios de la minería, hidrocarburos, remesas del exterior y la entrega de dineros a la población por parte del Gobierno; pero por otro lado, dicha situación aumentó la demanda de los artículos de primera necesidad, que conllevó una elevación en los precios de los productos, generando efectos inflacionarios. El Gobierno, para retirar la gran cantidad de dinero circulando en la economía, ha empezado a endeudarse internamente para retirar esa gran masa monetaria de circulación.

Llama la atención que el MAS, teniendo ingresos tan generosos, hubiese contraído una deuda tan abultada en solo dos años y medio de gestión gubernamental, sin haber podido realizar inversi

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