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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2009-05-07 a horas: 20:27:30

Inclusión e interculturalidad, entre lo urbano y lo rural

Roberto Moscoso V.

¿Donde esta la nación?, si en los indios según Franz Tamayo o en los blancos según Gabriel René Moreno, era una pregunta pre 52. Después del hegemonismo mestizo de la revolución nacional, la plurietnicidad empezó a hacer carne en nuestra sociedad hasta que en 1994 la CPE reconoció lo multi étnico y lo pluri cultural. Hoy la CPE reconoce lo Plurinacional Comunitario y la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios.

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Queda claro que no es posible, en términos culturales, un Estado uniformizador, por lo cual es necesario imaginar un Estado que acoja la diversidad de nuestra sociedad, y que al mismo tiempo impulse bajo el concepto de interculturalidad, elementos de inclusión y de generación de una metaidentidad nacional.

Pareciera que la nueva CPE no va a posibilitar procesos interculturales, y más bien irá a generar una suerte de "reservas" especiales comunitarias, para los que se conciben a si mismos naciones y pueblos indígena originario campesinos.

La autoidentificación cultural en la medida que corresponda en un territorio indígena (rural); tiene, según la CPE, varios derechos exclusivos. La autoidentificación indígena, sin territorio, es nomás parte de las comunidades interculturales.

Antecedentes

Antes de 1993 lo urbano y lo rural eran ámbitos completamente diferenciados para el Estado con una evidente desventaja, e incluso abandono, para las áreas rurales; desde el punto de vista de la competencia en la administración de los territorios, la diferencia entre la cantidad de recursos que se invertían en cada área, el desmedido centralismo, la dificultosa participación de los indígenas en el aparato estatal, etc.

La ley de Participación Popular definió, vía descentralización, la municipalización de todo el territorio nacional estableciendo competencias, recursos, mecanismos de participación y de control social, y como un elemento central, la unidad en la responsabilidad de núcleos urbanos conjuntamente con áreas rurales. Por ejemplo, el municipio de La Paz tiene en Hampaturi y Zongo dos enormes áreas rurales como parte de su responsabilidad conjuntamente con la ciudad capital del país, o en el área rural con municipios rurales que tienen que tomar en cuenta a poblaciones con características urbanas importantes.

El reconocimiento a la democracia comunitaria ya estaba establecida a partir de la Ley de Participación Popular, que definía el nombramiento de la representación de OTB`s (juntas vecinales urbanas, comunidades rurales y pueblos indígenas) y comités de vigilancia, por usos y costumbres.

El proceso de desconcentración prefectural, planteó como un nivel de trabajo, la interrelación con las autonomías municipales, reconociendo la necesidad de ponerle más énfasis al trabajo con los municipios rurales y temas departamentales más allá de las manchas urbanas. Al igual que la visión autonomista nacida de la media luna, respetaban las autonomías municipales en su concepción original.

Por otro lado en el marco del proceso constituyente, temas como la inclusión y la interculturalidad surgieron supuestamente como basamentos del proceso de cambio, pretendiendo superar conceptualmente las reformas constitucionales de 1994 y del 2004.

El Art. 1º de la constitución de 1994, planteaba que Bolivia era multiétnica y pluricultural, aunque los conceptos y la etimología de Pluri del latín pluris - varios y Multi del latín multus - muchos, solo reflejaban un avance en el reconocimiento de la existencia de la diversidad en nuestra sociedad. La reforma del 2004 respetó esta semántica y visión.

En el último lustro se pergeñó el concepto de la interculturalidad que implica una relación entre culturas; horizontal y sin jerarquías previamente establecidas, con respeto a lo distinto, enriquecimiento mutuo y aprendizaje recíproco, propiciando en base a la interacción de culturas diferentes, una síntesis que macro represente a todos; lo que sólo es posible a partir del reconocimiento que hubo procesos históricos que posibilitaron una interacción entre ellas, aunque sin duda alguna asimétrica.

Junto con la interculturalidad está la lucha contra la exclusión, esa mezcla perversa entre discriminación y pobreza que provoca marginalidad social y estigmatización, como parte central del proceso de cambio vigente en el país que debería generar el respeto a la diversidad, la convergencia en base al dialogo y por supuesto, nuevas relaciones de poder al interior de la sociedad y el estado.

En base a estos y otros elementos, la CPE aprobada recientemente rescata los conceptos señalados y define los siguientes artículos que generan el marco teórico, normativo y político de los temas a analizar.

Referentes

Constitución Política del EstadoArtículos 1, 2, 3, 5, 14, 21, 26, 30, 31, 32, 80, 98, 146, 147, 148, 190, 191, 192, 269, 270, 278, 284, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 304, 385, 388, 394, 395, 403 y 406.

Proyecto de Ley transitoria del régimen electoralArtículos 11, 27, 28, 31 y 34.

Análisis crítico del problema. De la inclusión indígena

La CPE destaca elementos positivos como el Estado Unitario Social de Derecho además de los conceptos de lo democrático, intercultural y descentralizado, al tiempo de plantear la prohibición de toda forma de discriminación; pero inmediatamente implanta criterios de reivindicación de derechos especiales a partir de la existencia precolonial de habitantes en este territorio, a los que va a favorecer con criterios que van más allá de una probable discriminación positiva, denominándolos a lo largo del texto "naciones y pueblos indígena originario campesinos".

El paraguas con el que cubre esta visión es lo Plurinacional Comunitario a partir de la autoidentificación cultural, y por esa vía asume y define que; si antes el pueblo boliviano estaba constituido por ciudadanos bolivianas y bolivianos, hoy han aflorado de ellos por auto identificación 36 "naciones y pueblos indígenas..." a los cuales hay que sumar los afrobolivianos, y además por otro lado plantea la existencia de otra categoría (no auto identificada) constituida por comunidades interculturales, es decir la población urbana en las grandes ciudades.

Cuadro 1Número Pueblo o Nación (Proyecto de Ley transitoria Electoral) Idioma (CPE)1 Aymara Aymara2 Araona Araona3 Baure Baure4 Bésiro5 Canichana Canichana6 Cavineño Caviteño7 Cayubaba Cayuvava8 Chacobo Chácobo9 Chiman Chimán10 Ese-eja Ese eja11 Guaraní Guaraní12 Guarasuawe Guarasu´we13 Guarayo Guarayu14 Itonama Itonama15 Leco Leco16 Callahuaya Machajuyai-kallawaya17 Machineri Machineri18 Marapa Maropa19 Mojeño-Trinitario Mojeño-trinitario20 Mojeño-Ignaciano Mojeño-ignaciano21 Moré Moré22 Moseten Mosetén23 Movima Movima24 Pacahuara Pacawara25 Puquina26 Quechua Quechua27 Siriono Sirionó28 Tacana Tacana29 Tapiete Tapiete30 Toromona31 Uru - Chipaya Uru-chipaya32 Weenhayek Weenhayek33 Yaminagua Yaminawa34 Yuqui Yuki35 Yuracare Yuracaré36 ZamucoAfroboliviano Chiquitano Ayoreo Mojeño Murato Joaquiniano Tsimane

El reconocimiento de la existencia de estos pueblos indígenas constituye un avance en el respeto a los derechos humanos y un proceso de inclusión dentro del Estado.

Analizando la tabla Nº 1, son mencionados en el proyecto de ley transitoria electoral 32 de los 36 pueblos indígenas más los afrobolivianos, mencionados por su idioma en la CPE. Cuando se cruza la CPE con la propuesta de ley electoral hay 4 naciones que no están mencionadas en la ley y si están en la CPE (Bésiro, Puquina, Torormona y Zamuco), y 7 que están en la ley pero no en la CPE (Afroboliviano, Chiquitano, Ayoreo, Murato, Joaquiniano y Tsimane), más el Mojeño a secas que no tiene relación con un idioma específico. Es un punto que el Congreso deberá dilucidar.

El tema es como a partir del reconocimiento constitucional, estas culturas constituidas en pueblos o naciones indígenas recuperan o asumen un rol dentro un Estado que recurrentemente los marginó y de esa manera generar elementos de inclusión. Porque debemos reconocer que los indígenas no han ejercido sus derechos en igualdad de condiciones y bajo criterios ciudadanos, y tampoco han tenido acceso a iguales oportunidades, y por tanto para hablar de una verdadera democracia estos problemas deben ser resueltos de manera urgente.

Y más aún, la interpretación compleja de la CPE, asumiría además que solo los habitantes que viven en las áreas rurales pueden ser considerados indígenas, por ende, la identificación tiene como condición el lugar donde se habita, el territorio (y ponemos énfasis en que no es como dice la propia CPE, que define que es un tema de autoidentificación individual; los Art. 3 y 30 de la CPE, son taxativos al respecto). La CPE define una serie de derechos para las naciones y pueblos indígena originario campesinos, en la medida que reconozcan y pertenezcan a un determinado territorio; es más, establece que las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, y en situación de aislamiento voluntario y no contactado, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. No es exagerado afirmar que la CPE define la posibilidad de regimenes en una suerte de reservas para indígenas.

El texto constitucional en el Art. 30 genera mecanismos de restitución de derechos, mediante el respeto al derecho de la autoidentificación cultural, pero fundamentalmente basado en la libre determinación y la territorialidad, es decir, definiendo derechos especiales dentro de territorios especiales. Además y es importante plantearlo, la única reivindicación de lo indígena de manera especial en lo individual es la posibilidad de incluir su nacionalidad indígena dentro del documento de identidad; todos los demás son parte de los derechos fundamentales. Hay, estrictamente una revalorización de los derechos colectivos; es decir lo indígena vale en la medida en que es pueblo o nación.

En Bolivia están registradas por la ley de participación popular más de 9 mil comunidades campesinas y pueblos indígenas, donde cada una tiene su territorio, si no establecido por lo menos disputado; por lo que se podría inferir que podrían ser los nuevos espacios de planificación y gestión, y donde su agregación en los 36 pueblos indígenas podría ser insuficiente y por lo tanto germen de mayor atomización cultural y territorial. Un potencial conflicto e incluso ruptura y fraccionamiento de unidades territoriales, es la reivindicación de las lógicas de organización y división territorial indígenas precoloniales, en base a las miles de comunidades.

Desde otro punto de vista, parece positivo e incluso necesario el interculturalizar a los grupos sociales dominantes, generando conciencia de las diferencias injustas existentes y transformando las estructuras de conocimiento y educación construidas en procesos de colonización. Los mensajes de la CPE al respecto son claros: la necesidad de que los funcionarios públicos sepan por lo menos un idioma originario, que todo el sistema educativo sea plurilingüe e intercultural, estableciendo la interculturalidad como instrumento de cohesión y convivencia armónica.

El paso de las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) reconocidas como régimen de propiedad por ley 1715 (año 1996) del Servicio Nacional de Reforma Agraria, a unidades territoriales con niveles de gobierno, economía sostenible y articulación social, podría ser positivo en la medida que sea una articulación más de un Estado Democrático Social Plurinacional e Intercultural.

Del proceso de la participación política indígena

Cuando hablamos de participación política hablamos de representación, en general territorial, es decir, que se eligen a representantes de un conglomerado social ubicado en determinado territorio. Con procesos como la participación popular, la creación de la representación por circunscripciones uninominales y el gobierno del MAS, se avanzó en la inclusión de una importante representación indígena en los poderes legislativo y ejecutivo, y en todos los niveles del Estado.

Hoy la CPE crea los instrumentos y mecanismos para posibilitar una favorable representación de pueblos indígenas, con la creación de las circunscripciones especiales indígenas.

La CPE reconoce que el número de diputados debe reflejar la votación proporcional obtenida por cada partido o agrupación ciudadana o indígena. Sin embargo el planteamiento de circunscripciones especiales indígenas donde solo los pueblos indígenas proponen candidatos (es más, donde a cada uno de los pueblos indígenas se le reconocerá solo una representación política, en realidad sindical, ante la CNE), afirma que existe una potencial hegemonía sobre la candidatura a la circunscripción especial indígena asumiendo que hay un proceso previo de democracia directa comunitaria en su elección como candidato. Por ende, lo más posible es que la proporcionalidad se desvirtúe en función a la representación de los uninominales como señala el Art. 34 del proyecto de ley electoral.

En diputados existían 70 circunscripciones uninominales (39 rurales y 31 urbanas) y 60 plurinominales; hoy la propuesta va por 70 circunscripciones uninominales de las cuales aproximadamente 39 serían rurales y 31 urbanas, 14 circunscripciones especiales indígenas y 46 plurinominales, dejando claro que alrededor de 53 circunscripciones serían rurales, sin contar con la segura representación indígena vía plurinominales. El propósito de la propuesta gubernamental pasa por conseguir 2/3 de representantes en la asamblea legislativa plurinacional (fortalecer las circunscripciones uninominales y las especiales, estas últimas a costa de las plurinominales). Además la teoría sobre sistemas electorales señala a la uninominalidad como un instrumento que conduce a la generación de un sistema polarizado.

En las circunscripciones especiales indígenas solo determinadas organizaciones acreditadas por la CIDOB, la CSUTCB o el CONAMAQ serán las especialmente reconocidas por la CNE (una por pueblo o nación indígena) y las que podrán presentar candidatura. Los partidos y las agrupaciones ciudadanas no podrán competir. En este esquema se subvalúan temas como que dentro de la identidad cultural, puede existir también diferencias de clase, políticas, religiosas o incluso culturales. La territorialidad de estas circunscripciones especiales está en función a las TCO`s establecidas, a las comunidades originaria campesinas, municipios e incluso asientos electorales. Es está territorialidad a definirse, la que a su vez condicionará la identidad indígena originaria.

Esta representación cultural, pretende articular y combinar coherentemente la representación directa con la delegada; dos vertientes de la representación, dos formas propias de ejercicio de los derechos políticos. Y con ello, el desafío de la construcción de la diversidad política, de la pluralidad, de la representación directa de un territorio, del control social y rendición de cuentas, de formas diferentes de elegir a los representantes, del mandar obedeciendo...

Otra discusión está en el número de circunscripciones especiales indígenas que se establece; para los 36 pueblos o naciones indígenas se les reconoce 14 circunscripciones, por lo que probablemente las verdaderas minorías étnicas no podrán tener algún representante en el parlamento (afirmando su condición de excluidos permanentemente).

Aunque la visión indígena establece que hay varias naciones dentro de un pueblo, y para la cultura occidental la interpretación es al revés, una discusión subyacente y no resuelta es cuantas naciones existen dentro de los pueblos aymara y quechua; pregunta clave que incidirá en las futuras autonomías indígenas.

Una pregunta es si es posible la construcción de una sola visión y planteamiento indígena, a partir de tan variadas e institucionalizadas miradas, donde hacia el futuro las autonomías indígenas a constituirse, reivindicarán su propia representación política uninominal.

Riesgos o los verdaderos objetivos. La exacerbación de lo diferente

Bolivia reconoce territorialmente a los departamentos, a las regiones, a los municipios y a los territorios indígena originario campesino. Es en este espacio cuatriterritorial, donde se definen los territorios indígenas en el marco de las autonomías indígena originario campesinas: que son inembargables, indivisibles e irreversibles; donde la propiedad de los recursos naturales renovables se hace evidente (agua como alimento, servicio, riego y fuente de energía, recursos forestales, biodiversidad, etc.), que la consulta sobre los recursos naturales no renovables se hace necesaria con su consecuente participación de los beneficios, que la justicia comunitaria se aplica, que se controla el aprovechamiento de los áridos, que tienes garantizado el desarrollo integral sustentable mediante políticas de fomento al aprovechamiento de los recursos naturales renovables, que las organizaciones económica productivas será fortalecidas por el Estado, donde no se pagan impuestos de ninguna naturaleza, que se aplica la condición de únicos beneficiarios de dotación de tierras fiscales, y que asumen control y regulación de las instituciones que desarrollen actividades dentro de su jurisdicción, por supuesto rural. Estos elementos le dan a las NYPIOC los derechos especiales sobre el territorio, que son exclusivos de ellos y de los cuales no gozan el resto de ciudadanos bolivianos que habitan las grandes ciudades, sean estos autoidentificados indígenas o no. Hay que resalta que las Competencias concurrentes y las compartidas de las autonomías indígenas, no las tienen los gobiernos autónomos departamentales o municipales.

Por otro lado, la autoidentificación cultural puede llegar al extremo de posibilitar la inscripción de dicha identidad, junto a la ciudadanía boliviana en la cédula de identidad, pasaporte u otro documento de identidad, confirmando la posibilidad de extremar las diferencias; pero es el territorio rural, extremado en la autonomía indígena, el verdadero elemento que hace al componente cultural.

La posibilidad de pasar de autonomías a generar mini Estados indígenas dentro del Estado boliviano no es algo remoto si tomamos en cuenta que a algunas poblaciones rurales, que ya poseen identidad, se les dota de: territorio (algo ya alcanzado con el establecimiento de las TCO`s), presupuesto, facultad de generar normas y tener su propia justicia, y además se establece marcos de autonomía para todo ello.

Está claro que otro aspecto de amenaza a elementos unitarios en lo territorial, son las autonomías regionales, donde el referéndum autonómico territorial del Chaco se constituye en el ejemplo más contundente. Las indefiniciones limítrofes y las superposiciones territoriales, se pueden expresar en numerosos conflictos subnacionales entre departamentos y dentro de ellos, con las consecuencias políticas, administrativas, económicas y sociales que ello implica.

El proceso de municipalización ya tiene en la fragmentación de municipios y la generación de municipios con baja población y por ende con pobres recursos económicos, uno de sus principales enemigos. Uno de los temas que no se considera es la sostenibilidad de los territorios autonómicos, donde se plantea recursos transferidos automáticamente por el Estado Plurinacional únicamente a las autonomías indígenas.

El tema de financiamiento, la imposibilidad de generar un pacto fiscal, junto con las dificultades de articulación de una gestión publica entre el nivel nacional, prefectural, municipal, indígena y regional, establecen un escenario poco alentador de articulación y agregación, posibilitando la interpretación que se instituye una suerte de disposición a socavar la gestión de los gobiernos departamentales autónomos encabezados por los prefectos opositores. A ello se suma un nivel desconcentrado como son las subprefecturas en el nivel de provincias y la eminencia de su elección directa, y los distritos municipales con sus subalcaldías. Podemos conjeturar también sobre una clara intención de vulnerar las autonomías municipales, con las regionales y específicamente con las indígenas.

La contradicción nacional étnica-cultural y la económica-territorial, no podrán ser solucionadas solo por un proceso de descentralización a ultranza. Podemos incluso afirmar, que la unidad nacional está en riesgo, por lo menos en el sentido de convergencia y de la difícil construcción de una identidad a partir de un debilitado proceso de encuentro intercultural.

Está claro que los procesos de inclusión intercultural existentes, reconociendo que es en base a la cultura occidental, se están dando en las grandes ciudades; la pregunta es si el generar enclaves de pueblos indígenas en las zonas rurales no hace otra cosa que aislar a los mismos evitando cualquier proceso intercultural y por ende manteniendo niveles de exclusión, discutible si es con privilegios. Sin lugar a dudas, tampoco parece ser una forma de lucha contra el racismo.

Si la autoidentificación cultural solo tiene significado en el territorio indígena, que pasa con los que dentro de esos territorios no se auto identifican como indígenas... probablemente tendrán que someterse a la cultura mayoritaria de ese territorio. De la misma manera, entendiendo que lo campesino es una categoría ocupacional económica, la pregunta es si todo campesino es necesariamente indígena u originario.

Lo que si se hace evidente es que este proceso constitucional no pasa por reconocer la propiedad individual, sino por la propiedad colectiva de la tierra, la cual incluso puede ser administrada por comunidades trasladadas desde diferentes parte del país. La reivindicación de la propiedad colectiva sobre la individual es congruente con la visión en Derechos Humanos de la valorización de los derechos colectivos sobre los individuales. Lo colectivo se ve reforzado u obligado a partir de la tenencia y el trabajo comunitario de la tierra, y de la visión comunal sobre los usufructos dados en la CPE.

La construcción intercultural

Podemos entender que la construcción y el desarrollo de interculturalidad dentro de una sociedad es una herramienta para construir cohesión social, entendiendo esta al decir de Michel Veunac , una propiedad de la sociedad compuesta por la inclusión y el sentido de pertenencia, que además nos pueden acercar al concepto de nación y a su construcción.

El forzar autoidentificación cultural, es un mecanismo para reforzar la identidad o el sentido de pertenencia a partir de la negación del otro, del distinto; es obligarnos a extremar nuestra atención en las diferencias, en lo que nos separa. Y está claro que no podemos pretender una identidad exclusiva y peor única, en un país multicultural como el nuestro, pero el reto es construir metaidentidad a partir de procesos interculturales.

La generación de límites o fronteras para las identidades culturales indígena originarios campesinos, con todas las prerrogativas vistas, parece nomás una suerte de "reserva" para generar bolsones de afinidad ideológica y política. Cuanto de exclusión tiene esta política, es algo que hay que profundizar.

Si hay lecturas de privilegios para las autonomías indígenas y pueblos originarios, podemos también entender estas medidas como incentivos, para perpetuar la cultura, mantener la población rural, generar lazos de patrimonialismo político y generar bolsones de afinidad política y electoral.

Un elemento no identificado en la CPE es la discriminación a los indígenas urbanos, estableciendo de alguna manera una identificación cultural (lo indígena) con el territorio (lo rural); donde lo indígena urbano simplemente no existe o se mezcla en la pluriculturalidad, donde ha ido construyendo y construirá culturas diferentes y sintetizadoras.

Si entendemos (y debemos hacerlo) que la interculturalidad es una herramienta correcta, con comunicación, respeto, relación y convivencia, para construir el cambio estrechamente ligado a una democracia con inclusión, pero resignificada como desmonopolización del poder (económico, social, político y fundamentalmente cultural) basada en procesos educativos al interior de la abigarrada sociedad, como un principio de convivencia que debe ser transversal a toda la estructura del Estado, de la Sociedad y de los espacios territoriales que las componen; podemos asumir que una concepción tendiente a territorializar la interculturalidad o peor a impedirla en determinados territorios es, ni más ni menos, un suicidio como Sociedad y fundamentalmente como Estado.

Debemos insistir en resaltar que el proceso de descentralización municipal, empoderamiento social y participación ciudadana que implicó la ley de Participación Popular, fue y es a todas luces un proceso de interculturalidad, en el marco legal y de poder, donde se fueron encontrando las culturas construyendo espacios de lo común; quizá no nacional pero si definiendo importantes características e identidades regionales.

Podríamos, además, asumir que un proceso autonómico departamental, con base y relación con las autonomías municipales podría generar un salto cualitativo de formación social de identidades colectivas, al menos a nivel departamental.

Conclusiones

¿Inclusión o sólo empoderamiento?La ecuación interesada de que todo lo rural es fundamentalmente un territorio indígena originario y que todo indígena originario debe responder al MAS, genera un eslabonamiento complejo y peligroso por sus dimensiones reduccionistas; estableciendo que en las zonas urbanas existe un reconocimiento a lo pluri-multi con construcción intercultural y en las zonas rurales solo hegemonía, impuesta además con un proceso de amedrentamiento.

Una paradoja es que la ciudad de El Alto, conglomerado urbano entendido como un bastión ideológico político del MAS no es asumida, por ejemplo, como un modelo de ciudad intercultural; este rol es empequeñecido en la CPE.

Las viejas prácticas políticas de clientelismo, paternalismo y prebendalismo están presentes en la política de preservación o mejor dicho de "reservación" de pueblos originarios vía autonomías indígenas.

El Art 135 constitucionaliza lo que se vino a llamar en los últimos años la "democracia de las calles", donde la democracia no debe ser individual sino colectiva, y no legitimada por el voto sino fundamentalmente por la capacidad de movilización de las organizaciones sociales.

Otro tema a destacar es el no avance en la representatividad de los plurinominales, que siguen de la "leva" del candidato, sean indígenas o no, donde lo ideal sería una circunscripción nacional y el voto por lista diferenciada, para que el ciudadano pueda, al tiempo de votar por un candidato presidencial, escoger sus diputados de una lista plurinominal nacional.

Podemos leer como un transfondo otra cuestión, si es que claramente este proceso de inclusión es hegemónicamente relacionado a los pueblos indígenas, obviamente con grandes dosis de enfrentamientos; una de las preguntas es si generará a su vez otros grupos sociales de excluidos. El denominado "cholo" o mestizo es parte de una vida dual entre el campo y las grandes ciudades, donde un aspecto a considerar en el área rural es la pugna entre los pobladores de comunidad (campesinos originarios) y los pobladores de núcleos urbanos, y peor aún, el conflicto entre pobladores de comunidad con los denominados residentes (migrantes que viven en las grandes ciudades o en el exterior y que todavía poseen propiedad en sus comunidades o pueblos), que se da fundamentalmente en días de las festividades de cada zona.

Con esa experiencia, la CPE no define que la población indígena que reconoce y tiene un territorio, se quede en ese territorio a vivir. La experiencia de varias TCO`s, señala que los habitantes siembran y usufructúan de la tierra (en este caso territorio) y viven en la ciudad o población más cercana; por diversos motivos relacionados fundamentalmente con los servicios públicos y con oportunidades para sus hijos.

Hay una intención de crear en la percepción individual y colectiva, el sentimiento de inevitabilidad de un nuevo orden emergente y la consiguiente necesidad de subordinación a las nuevas relaciones de dominación. La destrucción del poder simbólico cultural es fundamental para la creación de nuevas relaciones de dominación, en este caso, indígenas. Destruir la dominación simbólica del mundo "k'hara", es decir, la legitimidad de la representación subjetiva de lo boliviano y lo occidental.

Un tema pendiente de análisis es todo lo referido a la equidad de género, con importantes problemas en los pueblos indígenas.

El proceso electoral, a partir de la CPE, necesita recuperar confianza; a partir de una ley electoral equitativa que respete la proporcionalidad, un padrón electoral transparente, el control del voto comunitario que garantice la libertad política, el control del voto en el extranjero y una Corte Nacional Electoral imparcial con credibilidad.

El "chenko" de lo territorialLa representación siempre constituye un conflicto, por que a quien representa tiene que ver, probablemente con el modo de elección, pero fundamentalmente a que intereses va a representar y defender: Un aspecto de la representación política se la comprende como que responde a los partidos, a las organizaciones ciudadanas, a los pueblos indígenas; pero a su vez la representación es de un territorio como el departamento y/o la circunscripción uninominal.

Los diputados plurinominales representan al departamento y al partido u organización ciudadana; pese a que durante los últimos años hemos visto que los intereses regionales han ido ganando espacio cuando se confrontaban a los intereses partidarios o políticos. Los diputados uninominales representan a su circunscripción y al partido u organización ciudadana; y en general han respondido a las políticas de la organización, aunque su rol territorial ha sido más rico en gestión (casi municipal) que el de los plurinominales.

En el caso de las circunscripciones especiales indígenas (lo rural en general), la representación... ¿es política, ideológica, cultural o territorial?, más aún cuando su matriz de poder proviene de una forma sindical, aunque claramente respaldada por el proyecto político gubernamental. La democracia representativa y participativa es regulada por el Estado, pero la comunitaria no.

La disputa de poder y la captura de la renta fiscal, los derechos expectaticios sobredimensionados en regiones y poblaciones indígenas y originarias, la política de presión frente a los órganos representativos se suman a los argumentos que plantean escenarios futuros de difícil y conflictiva aplicabilidad del modelo territorial complejo propuesto.

Se asume que la calidad de democracia corresponde con el grado de expansión de su ciudadanía política y esta pareciera ligada al proceso de urbanización del país. Es en las ciudades donde se construye, interculturalmente y en un largo proceso, la democracia "occidental"?. Por las particularidades de la vida cotidiana se va construyendo el individuo como sujeto político, como ciudadano. Hoy se estima que el 66% (2/3) de la población Boliviana es Urbana.

Y si algo funciona en el Estado son los municipios y con gran éxito no solo como gestión, sino fundamentalmente como un espacio de empoderamiento de la sociedad, de reconocimiento de culturas, de reconocimiento entre lo urbano y rural (todo municipio tiene su ciudad o "pueblo" como referente urbano), de escuela de gestión y plataforma política; es decir en un rico proceso de interculturalidad. Se espera que se establezcan requisitos mínimos de población, no solo en el nivel municipal, sino en niveles como las autonomías indígenas y regionales.

Una interculturalidad con sabor a pluri-multiEn 1993 ya avanzamos hacia lo pluri-multi cultural, que era un reconocimiento de la diversidad; la pregunta es si es cierto que hoy alzamos las banderas de la interculturalidad, cuando en realidad se cuestionan los puentes e hilos que unen a las distintas culturas, reconocidas por el Estado y existentes en la sociedad. La exacerbación de lo distinto, el énfasis en unas culturas, la agregación excluyente, el ahora me toca a mi, la desigualdad jurídica, la destrucción de un nosotros (o la construcción incompleta), la indefinición frente a los procesos de globalización económica y tecnológica, inhiben la identidad y la cohesión de un nosotros meta-nacional.

Lo Plurinacional está planteado como un antítesis de lo nacional; en la medida que implica el reconocimiento de la existencia de varias naciones en convivencia, pero no se perfila ni se sugiere la construcción de una sola Nación.

La identidad ya no es solo un tema de ciudadanía en base a derechos políticos, sino en base a derechos especiales culturales con el consiguiente reconocimiento estatal, es decir, pasa necesariamente según la CPE, por la autoidentificación cultural; aunque en los hechos el tema indígena sea un elemento estrictamente territorial. De la ciudadanía política a la ciudadanía cultural o étnica.

Hace falta generar un proceso de construcción de hegemonía ideológica nacional, capaz de vencer la polaridad existente y construir la metaidentidad nacional. Es contundente que estamos cada vez más lejos de construir la Nación, aquella que el MAS ya definió que no existe, estamos destruyendo política e ideológicamente la posibilidad histórica del "nosotros", pergeñada pero inconclusa por el proceso de la revolución nacional. Estamos generando un andamiaje de identidades y lealtades por encima del "yo" nacional.

www.institutoprismo.org

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