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Actualizado el 2009-05-04 a horas: 16:47:19

Latinoamérica-Estados Unidos: sin perder la memoria

Ernesto Montero Acuña *

(PL).- Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de la Unión Americana, concedió en 1976 al almirante César Guzzetti, interventor militar de la cancillería argentina durante la dictadura, seis meses para que eliminara el terrorismo en su país.

Así calificó en Washington las protestas sociales que se debían reprimir con la mayor celeridad, según él, para "acabar con el problema del terrorismo tan rápidamente como fuera posible".

Hace apenas un quinquenio, George W. Bush y sus asesores concibieron para una semana su entrada triunfal en Bagdad, como resultado, también, de su llamada guerra contra el terrorismo y las inexistentes armas nucleares en Iraq.Son escenarios distintos y distantes, pero con justificaciones y objetivos similares.

En Argentina se descubrió luego, mediante cuatro mil 677 documentos del Departamento de Estado desclasificados, sin incluir los de la CIA y el Pentágono, la estrecha colaboración de los más altos niveles de poder en Washington con los autores directos de al menos 30 mil muertes, la mayoría de jóvenes estudiantes.

Tres administraciones de Estados Unidos --las de Gerald Ford, James Carter y Ronald Reagan-- se involucraron en aquellos actos, cometidos para apuntalar sus condiciones geopolíticas, geoestratégicas y geoeconómicas, mediante el empleo de sus clases aliadas argentinas.

A veces se reclama olvidarse de aquellos torturados a los que quemaban con cigarrillos, violaban, aplicaban choques eléctricos en sus genitales, practicaban en ellos otros abusos sexuales; les extraían dientes, uñas y ojos; los quemaban con ácido, aceite o agua hirviente; o, en fin, los castraban.

Testimoniantes aseguran que las mujeres sufrían descargas eléctricas, también en sus genitales; inmersión de su cabeza en cubos de agua, hasta la asfixia; violaciones fálicas o mecánicas, introducción de ratas o arañas en la vagina; tortura de parientes en su presencia; y ataques de perros o golpizas, en especial a embarazadas, hasta el aborto.

Se trata de horrores muy parecidos a los de Iraq y Guantánamo hoy, con estimados superiores a más de un millón de muertos y miles de prisioneros recluidos y torturados en campos de concentración, algunos de ellos en avanzados países de Europa, que fueron víctimas antes de los campos de concentración nazis.

La dictadura argentina no pudo cumplir el reclamo de aquel gobierno estadounidense, que la abandonó luego cuando el intento de Leopoldo Galtieri por recuperar las Malvinas.

Muchos califican aquella guerra como acto homicida contra la juventud argentina, cuyo patriotismo se pretendía exaltar, para conservar un poder que de esta manera sucumbió más rápidamente, como efecto inverso.

También por entonces, Harry Shlaudman, subordinado de Kissinger, identificó la conocida Operación Cóndor como "una red de cooperación organizada entre las policías secretas de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia", para "la captura y ejecución de opositores políticos".

Este último calificativo fue el utilizado por quien impartía estas instrucciones, que debían ser cumplidas por "la policía de cualquiera de tales estados, más allá de las fronteras nacionales".

Como ahora, entonces identificaban como "terrorismo" las luchas políticas en defensa de la democracia y de la justicia en países donde regímenes militares habían desalojado del poder a gobiernos legítimamente electos, entre ellos el del socialista chileno Salvador Allende en 1973.

Al respecto no puede eludirse el testimonio del paraguayo Samuel Blixen, inicialmente reflejado en el semanario Brecha.

Como uno de los descubridores de los "archivos del horror", Blixen identificó la Operación Cóndor como "una sofisticada y secreta estructura militar supranacional para la represión y la eliminación (física) de disidentes políticos y militantes de izquierda".

Más adelante establece el año 1976, precisamente el del inicio de la Junta Militar en Argentina, el 24 de marzo, como aquel en que la "coordinación represiva adquirió una dimensión institucional".

Seis años después, en 1981, la última Junta fue desalojada del poder por las fuerzas populares.

El pueblo se lanzó a las calles en protestas y quebró aquel eslabón de la cadena de dictaduras, aunque después sobrevinieran gobiernos civiles que no dejaron de responder a sus nexos carnales con las autoridades estadounidenses.

Se abrieron las puertas al llamado Consenso de Washington y, decía el pueblo, a partir de entonces se privatizaron hasta los cementerios, a favor de las transnacionales.

Sobre las ayudas oficiales de Estados Unidos, Mark Twain advirtió en su tiempo que "podemos adoptar la bandera normal, pintando de negro las bandas blancas y sustituyendo las estrellas por calaveras y huesos cruzados".

Era su forma de criticar, como publicó en el North American Review en 1906, las intervenciones de su país, acerca del cual escribiría en 1908 que durante 50 años "ha sido ya una monarquía constitucional".

Con inobjetable antífrasis, el intelectual estadounidense precisaba en el primero de estos artículos: "hemos arrastrado el honor de América y cubierto de barro su faz ante el mundo, pero todos y cada uno de estos detalles fueron para bien".

Latinoamérica no retoma con la frecuencia que debiera, tal vez por la acumulación de los acontecimientos del presente, los recientes años de las dictaduras militares y sus persecuciones sangrientas, bajo la concepción de un diseño fijado en Estados Unidos.

La sede de la Operación Cóndor, conocida como centro clandestino Automotores Orletti, en Buenos Aires, se estableció allí debido a que hasta marzo de 1976 Argentina había sido el único reducto democrático representativo en el Cono Sur y en ella se concentraban los perseguidos políticos procedentes de otros países.

El general Manuel Contreras, jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional chilena (DINA) y figura descollante en la Operación, no tuvo reparos, luego de su procesamiento y condena, en admitir que la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) fue la rectora de múltiples asesinatos según su diseño para aquella etapa.

Incluía entre ellos los de Orlando Letelier, ex ministro del gobierno de Salvador Allende, en Washington; del ex comandante en jefe general Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires; y el atentado contra Bernardo Leighton y su cónyuge en Roma.

El 6 de octubre de 1975 este y su esposa, Ana Fresno, sufrieron un ataque que lo dejó parapléjico de por vida, cometido por neofascistas italianos en asociación con Stefano delle Chiaie, entonces al servicio de la DINA, el organismo de represión de la dictadura chilena.

Hoy se reconoce que el terrorismo de Estado en América Latina fue el medio para establecer y consolidar un diseño económico que sintéticamente se identifica como de apropiación de las riquezas nacionales por las transnacionales. Pero con demasiada frecuencia se limitan a Suramérica las referencias a este programa, que geográfica y temporalmente va más allá.

Ronald Reagan acentuó, desde 1981, lo que ya se venía practicando a partir del compromiso de su país con las dictaduras del continente y en contra de los gobiernos o movimientos populares en ascenso o triunfantes en la región.

Su administración financió, asesoró y entrenó a los miembros de la contra nicaragüense y empleó todos los medios --incluida la participación de asesinos como Luis Posada Carriles-- contra los revolucionarios de ese país, El Salvador y Guatemala.

Durante los años ochentas, desplegó la denominada Guerra Sucia contra Nicaragua, utilizando para ello, fundamentalmente, a ex guardias somocistas que ultimaron a no menos de 100 mil compatriotas suyos, antes y después del triunfo del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

Violando la Ley de Exportación de Armas, la de Neutralidad y la Enmienda Boland, que lo prohibían, el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), la CIA y altos funcionarios del Pentágono y del Departamento de Estado, planificaron y ejecutaron lo que luego se denominó escándalo Irán-Contras.

Fue el teniente coronel Oliver North, miembro del CSN, quien supervisó, desde el sótano de la Casa Blanca, una vasta red de traficantes de armas y de cuentas bancarias destinadas a Centroamérica y de drogas procedente de ésta, en los mismos aviones militares utilizados para la logística.

Desde North, como revela James Cockcroft en su documentado libro América Latina y Estados Unidos, "la cadena de mando del Irán-Contras pasaba por otros organismos hasta llegar al presidente Reagan, quien, a pesar de sus negativas oficiales, dijo a los periodistas en 1978, al fin, que "en primer lugar fue una idea mía".

La conexión de circunstancias entre Irán y Nicaragua, a la luz de los intereses estadounidenses, parte de la época del descontento de los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña con el primer ministro iraní Mohammed Mossadeq.

Tariq Alí, en El choque de los fundamentalismos, refleja que "la CIA gastó cinco millones de dólares en ayudar a los clérigos prooccidentales que se encargaron de sobornar a las multitudes que se manifestaron" contra el gobernante hasta conseguir su destitución, por "nacionalizar el petróleo iraní".

La intervención de la CIA restituyó en el poder al sha Reza Pahlevi, quien, a su vez, fue derrotado por un levantamiento popular en 1979.

Precisamente en julio de aquel año triunfa la Revolución sandinista en Nicaragua, en época que coincide con la más despiadada represión en casi todo el Cono Sur americano; y que motiva la adquisición de fondos para la contra nicaragüense, empleando la venta de armas a Irán y el contrabando de drogas encabezado por North.

Para nada comprometido con los revolucionarios iraníes, Reagan envió en 1983 a Donald Rumsfeld, posteriormente secretario de Defensa de George W. Bush, a reunirse con Saddan Hussein en Bagdad, con el fin de ofrecerle asistencia directa contra Teherán.

Ello incluía elementos biológicos, con el propósito de que emprendiera una guerra contra la República Islámica de Irán, en una agresión que duró ocho años. Así, Saddan fue entonces un aliado de los estadounidenses, aunque después devino --para ellos-- terrorista y amenaza, en virtud de intereses energéticos y geopolíticos y no de armas de destrucción masiva.

Decía Mark Twain a principios de siglo: "Deben de existir dos Américas: una que libera al cautivo, y otra que priva de su libertad al cautivo recién liberado (...), y luego lo mata y se queda con sus tierras".

Desde 1898, en Cuba, esta ha sido práctica consolidada por más de un siglo y con antecedentes superiores a 200 años.

Cuba es centro de las operaciones estadounidenses como parte de la política regional y global de aquel país, cuyos gobiernos atacaron sistemáticamente a la Isla y a la vez utilizaron en sus acciones a reconocidos y confesos terroristas.

El asesino Luis Posada Carriles declaró a The New York Times en 1998 que él formaba parte "del eslabón principal de la cruzada anticomunista de la Casa Blanca en el Hemisferio Occidental iniciada por Reagan" y también antes, durante y más allá de la Operación Cóndor.

La publicación estadounidense se refirió muy claramente también a la vinculación de Posada con "las actividades clandestinas, entre otras, del teniente coronel Oliver North para suministrar armas a los contras nicaragüenses".Asimismo relató al NYT que "las autoridades estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley mantuvieron la actitud de benévolo abandono en relación a él (sic) durante la mayor parte de su carrera, permitiéndole que siguiera libre y en actividad".

Además, "la CIA nos enseñó de todo, de todo (...) sobre explosivos, asesinatos, bombas, sabotajes. Cuando los cubanos trabajaban para la CIA, se les llamada patriotas", dijo.

Esto forma parte del sistema que agredió a Vietnam, diseñó la Operación Cóndor, concibió la guerra contra Iraq, mantiene el bloqueo contra Cuba; organizó, financió y respaldó agresiones contra ella, y ha mantenido amenazas semejantes hacia Venezuela, Bolivia, Nicaragua y otros países.

En nombre de la guerra contra el terrorismo, repetida justificación de los asesinatos y torturas llevadas a cabo por militares latinoamericanos vinculados a estadounidenses, se ha mantenido la continuidad de esta "política" por sucesivos gobiernos de Estados Unidos, con similares objetivos.

Hasta hace poco más de tres meses, se mantuvieron en el gobierno "americano" los mismos individuos vinculados al Plan Cóndor o a la Guerra Sucia; a la invasión contra Iraq y al terrorismo, como aliado o como pretexto; o al asesinato de líderes políticos extranjeros y del propio presidente John F. Kennedy.

Dwight Eisenhower, iniciador de las agresiones a Cuba, advirtió acerca del riesgo que representaba la fusión del poder entre el complejo militar industrial y los petroleros de Texas, claros "beneficiarios" del magnificado contra JFK, y ahora en Iraq. Sobre todo, desde el dúo republicano Bush-Reagan.

Dick Cheney, reciente vicepresidente y poder detrás del trono, antes fue jefe de personal de la Casa Blanca; Donald Rumsfeld había desempeñado su misma función posterior; George Bush padre fue jefe de la CIA, vicepresidente y presidente, por un mandato; y Condoleezza Rice fungió como especialista acerca de la URSS.

Por otro lado, la opinión pública internacional considera un pretexto que se "exterminaba" a los llamados terroristas en el extranjero para salvaguardar al pueblo estadounidense. De este modo han sido los propios norteamericanos los más amenazados en sus vidas y sus valores esenciales, por aquel gobierno.

Cuando la agresión contra Nicaragua --cuenta James Cockcroft en América y Estados Unidos-- existían "planes eventuales para suspender la Constitución (estadounidense) y usar centros de detención, que ya estaban construidos, para encerrar hasta 400 mil manifestantes contra la guerra".

La justificación sería la lucha contra el terrorismo. Ahora la mayoría del pueblo estadounidense elige a un presidente del cual espera cambios, porque los requiere con urgencia.

Borrar las secuelas de viejas prácticas políticas parece difícil para Obama, pero persistir en ellas seguramente lo será más. Cumplir su consigna electoral de "change" es el principal reto, como también lo está siendo para la mayoría de los países de América Latina y el Caribe.

De igual forma ellos acometen políticas de cambios internos urgentes y de integración regional frente a la globalización absorbente y a la violencia frecuente de las mismas fuerzas que antes participaron en la represión, la respaldaron o son sucesoras de las dictaduras militares, el Plan Cóndor y el control del poder.

Además, la crisis merma las exportaciones, los precios de los recursos naturales, las remesas familiares, los ingresos, los beneficios sociales y la disponibilidad de alimentos, a la vez que aumenta el desempleo, los niveles de pobreza, la indigencia y podría disminuir la popularidad gubernamental.

Son retos de América Latina y el Caribe, aunque también de Estados Unidos, como mercados mutuamente relacionados, si bien políticamente independientes.

Hasta 90 millones de personas más podrían caer este año en la pobreza extrema, globalmente, debido a la recesión mundial, según estadísticas divulgadas el 24 de abril por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, varias decenas de millones de ellas en Latinoamérica y el Caribe.

Tan grave situación, tanto al sur del Río Grande como en Estados Unidos, requiere nuevas alternativas. Como en la canción del cóndor, Latinoamérica, que aprendió a caer; a volar aprenderá.

Pero, como recordó Evo Morales en la V Cumbre de las Américas, lo hará sin olvidar su historia, ni tampoco la de Estados Unidos.

* Especialista en temas globales y de integración.

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