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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2009-04-07 a horas: 22:33:37

Iván Gantier y Gonzalo Castellanos ya son procesados por ayudar a un traficante de madera

Denuncian que dos vocales del TAN defienden a menonitas que despojaron tierras fiscales

Los vocales del Tribunal Agrario Nacional (TAN) Iván Gantier Lemoine y Gonzalo Castellanos Trigo --suspendidos y procesados por apoyar a un empresario que traficaba con madera preciosa-- son acusados de favorecer a colonizadores menonitas que avasallaron tierras del Estado en Beni.

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El Viceministerio de Tierras presentó dos denuncias contra Gantier y Castellanos, la primera ante la Fiscalía General de la República, y la segunda ante el Consejo de la Judicatura, por los delitos de Prevaricato, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

Luego de que el gobierno anuló un fraudulento trámite de saneamiento del Polígono 106 en Beni, y tomó medidas administrativas para recuperar estas tierras fiscales ocupadas ilegalmente por la Comunidad Menonita "Río Negro", los extranjeros afectados presentaron un recurso de revocatoria, un recurso jerárquico y un tercer recurso contencioso administrativo ante el TAN.

La legislación agraria actual dispone que una persona que se considere perjudicada puede plantear un recurso jerárquico o recurrir a un proceso contencioso administrativo, pero no a los dos recursos.

A pesar de ello, los vocales Gantier y Castellanos admitieron de manera simultánea todos los recursos planteados por los menonitas.

Las acciones de ambos vocales constituyen delitos de orden público y faltas muy graves en la función judicial porque, inclusive, actuaron en un proceso que no era de su competencia, aseguraron los abogados del Viceministerio de Tierras.

"Estos dos vocales violaron la normativa agraria para salir en defensa de avasalladores menonitas que despojaron tierras fiscales", criticó el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Este escandaloso caso de corrupción está lesionando la institucionalidad democrática del país y pone en riesgo la transparencia del proceso agrario. Por eso, "si la justicia boliviana no quiere seguir ganando fama mundial de corrupta, que haga justicia y que los corruptos sean castigados, empezando por los doctores Gantier y Castellanos", reclamó Almaraz.

La mala hora de los vocales

Gantier y Castellanos fueron demandados penalmente por prevaricato ante la Fiscalía General, y denunciados formalmente ante el Consejo de la Judicatura el 29 de enero de 2009 por la Superintendencia General del Sistema de Regulación de Recursos Naturales Renovables (SIRENARE).

El SIRENARE acusó a Castellanos y a Gantier de favorecer indebidamente al Aserradero Fátima de propiedad del senador del MNR Miguel Majluf, multado por almacenar ilegalmente 1.477 troncas de madera.

De manera inexplicable, Gantier y Castellanos ordenaron devolver la madera decomisada al Aserradero Fátima, aunque la empresa no está autorizada para talar bosques.

El 5 de marzo de 2009, el Tribunal Sumariante del Consejo de la Judicatura inició un proceso disciplinario en contra de Gantier y Castellanos por existir suficientes indicios de faltas muy graves y prevaricato, y dispuso su suspensión preventiva por 60 días con retención de haberes.

Iván Gantier Lemoine fue Fiscal de Distrito de Pando desde 1993 hasta julio de 1999, y vocal de la Corte Superior de Justicia de Pando hasta el 19 de agosto de 2005. En agosto del mismo año fue designado vocal del TAN.

En 2007, un litigante denunció a Gantier por presuntos cobros de dinero en la tramitación de un proceso. Durante la etapa preliminar de la investigación se evidenciaron "indicios de responsabilidad".

El mismo año, denunciaron que Gantier pedía coimas a través de su asistente Mario Ortiz Cerezo. El programa "Frente a Frente" del canal de televisión Gigavisión difundió el 4 de septiembre de 2007 la grabación de una conversación telefónica que confirma los pedidos de coima.

Gonzalo Castellanos Trigo estaba a cargo de un proceso contencioso interpuesto por Yasminka Marinkovic y Robert Jakuvek contra el INRA por el derecho propietario del latifundio Yasminka de 12.587 hectáreas despojadas al pueblo indígena guarayo.

Con datos de UPIC-Tierra.

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