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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2009-02-13 a horas: 19:30:25

El prefecto Rubén Costas integra comités de defensa de latifundios y retrasa la conformación del gobierno autónomo de Santa Cruz

El autonomismo cívico empresarial vuelve a las trincheras

La Prefectura de Santa Cruz conformó un Comité de Defensa de Tierras para evitar la reversión de 10 haciendas en el chaco y los "avasallamientos" de propiedades urbanas; anunció que dispondrá de las tierras fiscales de forma autónoma, y decidió no asistir a la primera negociación política del régimen autonómico con el Presidente Evo Morales este viernes en Palacio de Gobierno.

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Las instituciones políticas y empresariales más importantes del departamento de Santa Cruz tuvieron que aceptar a regañadientes y reconocer la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado (CPE), pero advirtieron que el límite máximo de 5 mil hectáreas para la propiedad agraria aprobado por el pueblo alentó la toma de tierras y provocará un eventual recorte de la producción de alimentos.

La Prefectura, la Alcaldía, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y otros gremios empresariales del departamento conformaron un Comité de Defensa de Tierras para resistir las "tomas" y los "avasallamientos" de predios privados que supuestamente recrudecieron luego del referéndum del 25 de enero.

En las últimas semanas, alrededor de 100 familias intentaron ocupar terrenos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el cuarto anillo y avenida Piraí de la ciudad de Santa Cruz; otro grupo de 500 familias se asentó en un predio vecino; y 200 personas ocuparon tierras en San Julián dispuestos a pagar por ellas. Valerio Queso, dirigente del Movimiento Sin Techo, anunció que ocuparán al menos 17 propiedades urbanas "de engorde" que no cumplen una función social.

Los empresarios cruceños acusaron al gobierno de alentar la toma de predios privados y de "recolectar gente y firmas para agredir, avasallar e invadir propiedades productivas". Los conflictos por la tierra en el departamento muestran que los masistas están cobrando por su voto en el referéndum, afirmó el secretario de Desarrollo Productivo de la Prefectura Rubén Ardaya.

El presidente del consejo departamental Juan Carlos Parada denunció que los comandantes de la Policía y de la Octava División de Ejército no hacen nada para evitar las "invasiones de propiedades urbanas y rurales"; en tanto que el presidente de Fegasacruz Guido Nayar dijo criticó a las autoridades policiales que incumplen sus deberes "por servir al MAS".

El Poder Ejecutivo "no está dando cumplimiento a algunos mandatos judiciales de desalojo en algunas propiedades", se quejó el presidente de la CAO Mauricio Roca, y el secretario general del Gobierno Departamental Roly Aguilera amenazó con procesar penalmente a las autoridades que no cumplan su deber constitucional de preservar la propiedad privada.

La Brigada Parlamentaria y sectores empresariales condenaron el "amedrentamiento, la persecución política y el exilio en contra de los productores agropecuarios", luego de que el INRA anunció que se revertirán 10 haciendas en la Provincia Cordillera de Santa Cruz que no cumplen una función económica social y que mantienen a más de 50 familias guaraníes en condición de servidumbre.

"Es un acto de barbarie lo que esta sucediendo en la provincia Cordillera, hoy día nos está tocando a nosotros, pero el objetivo fundamental del gobierno es tomar las tierras de todo el departamento de Santa Cruz", reclamó el diputado ganadero Ronald Moreno, representante de la zona.Duston Larsen, propietario de uno de los predios revertidos al Estado, dijo que su "gran pecado es ser dueño de una hacienda que se encuentra en Alto Parapetí, una zona rica en hidrocarburos".

Los derechos humanos y civiles de los productores han sido vulnerados mediante el uso abusivo de la fuerza, privándoles de las más elementales condiciones para tener un debido proceso. No se puede utilizar el proceso de saneamiento como excusa para despojar a los productores de sus propiedades, objetó el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña Pablo Klinsky.

Los legisladores cruceños confirmaron su "plena solidaridad y compromiso con todos los productores del departamento" y demandaron a las autoridades nacionales y departamentales responsables del saneamiento de tierras que se restituyan los derechos conculcados a los propietarios de tierras. Responde el gobierno

El Vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Carlos Romero aseguraron que el gobierno hará respetar la propiedad de la tierra con firmeza, desalojará toda ocupación ilegal con el uso de la fuerza pública, y remitirá a la Justicia a toda persona que se asiente en predios del Estado sin seguir los trámites correspondientes.

"Accederá a la dotación legal de tierra el que cumpla los requisitos determinados por el Estado, que se basan fundamentalmente en la existencia de tierras fiscales que no pueden ser alegadas en derecho propietario por nadie", aclaró Romero y advirtió que no se permitirá el avasallamiento u ocupación ilegal de predios fiscales o privados que cumplan la FES.

El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales Sacha Llorenti reiteró que el dirigente Valerio Queso actúa por cuenta propia y no mantiene relación alguna con el gobierno. La semana pasada, el fiscal de distrito de Santa Cruz Jaime Soliz ordenó detener a Queso.

El director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) Juan Carlos Rojas explicó que los conflictos agrarios en Santa Cruz y Trinidad no son recientes, sino consecuencias directas del deficiente proceso de saneamiento iniciado en 1996.

"Lamentablemente, el Consejo de Reforma Agraria dotó tierras gratuitamente en muchos lugares del país sin hacer trabajo de campo, lo que generó que haya dos propietarios sobre una misma área, como ocurre en la provincia de San Ramón", explicó Rojas. El director departamental del INRA Víctor Camacho aclaró que no existe avasallamiento de predios privados en San Ramón, sino una disputa entre 14 privados.

Camacho enfatizó que el saneamiento de tierras en la provincia Cordillera continuará, puesto que la verificación de la FES, la liberación de indígenas cautivos y la reversión de latifundios son mandatos constitucionales.

Autonomistas atrincherados

Es la tercera vez que los patrones de Santa Cruz organizan comités para defender sus tierras en coordinación con el gobierno departamental, el municipio y varias instituciones privadas.

El 8 de marzo de 2008, la Prefectura y el Comité Cívico de Santa Cruz firmaron un pacto con autoridades municipales, ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera para evitar el saneamiento y la creación de la TCO Alto Parapetí. El 16 de marzo, un "comité de defensa de la tierra" del chaco le declaró la guerra al INRA y al Viceministerio de Tierras. El 14 de mayo de 2008, crearon un Comité para evitar el saneamiento de tierras en el chaco integrado los gobiernos municipales de las provincias Gran Chaco, Hernando Siles, Luis Calvo y Cordillera (Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz), la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federación de Ganaderos de Tarija (Fegatar), la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco).

En febrero de 2009, los latifundistas dijeron estar dispuestos a defender sus tierras incluso con las armas. "Estamos dispuestos a morir por la tierra que producimos, de aquí salen los alimentos y no es justo que nos las quiten", declaró un ganadero a Notimex, agencia que corroboró que guardias armados con fusiles, revólveres y pistolas resguardan propiedades en provincias de Santa Cruz.

El presidente de la CAO Mauricio Roca advirtió que si no se frenan los avasallamientos, Santa Cruz podría convertirse en una "tierra de nadie donde valga la Ley del más fuerte", lo que podría desencadenar situaciones de violencia. "Dios no quiera que tengamos que lamentar agresiones, violencia, heridos y la pérdida de vidas humanas", dijo el empresario.

Los latifundistas amenazaron con acogerse a los estatutos autonómicos de su región para no perder sus predios, y luego exigieron al gobierno departamental que convoque a una reunión de emergencia de la Comisión Agraria Departamental para tomar decisiones.

La Prefectura de Santa Cruz salió en defensa de los patrones y anunció que identificará tierras fiscales para distribuirlas, pese a que esta es una competencia del gobierno central ejercida por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).

En la primera semana de enero, el Primer Mandatario invitó a los prefectos de todo el país para consensuar la creación de un Ministerio y la redacción de una ley marco de Autonomías, pero sólo asistieron los prefectos, alcaldes y movimientos sociales de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba y Pando-

Morales programó para este viernes una segunda reunión con los que no asistieron a la primera cita con el fin de comenzar a coordinar la conformación del Consejo Nacional Autonómico, pero los opositores volvieron a rechazar la invitación.

El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas decidió no asistir al diálogo porque el "gobierno busca un show para decirnos que cumplamos la Constitución que perdimos...". Siguieron su ejemplo Ernesto Suárez de Beni, Mario Cossío de Tarija y Savina Cuellar de Chuquisaca. Suárez no asistirá porque la población de Beni rechazó la nueva Constitución. Cuéllar reiteró que no hablará con Morales porque no respeta a los departamentos que le dijeron No a la Carta Magna en el referéndum del 25 de enero.

Cossío explicó que su departamento debe adoptar y reflexionar una postura antes de negociar con el gobierno, aunque no tiene el respaldo pleno de su región. "Ya no queremos perder la soga y la cabra con el prefecto Cossío y lo hemos emplazado para que venga a la reunión en La Paz o caso contrario lo vamos a sustituir como interlocutor por 11 alcaldes, los parlamentarios y los dirigentes cívicos", advirtió el diputado Willman Cardozo (Podemos).

El gobierno reiteró que la restitución del IDH no está en la agenda del diálogo autonómico. "Señores, autonomía sin plata no hay, y dejen de mamarnos (engañarnos), busquen otra fuente de financiamiento para su Renta Dignidad, devuélvanos nuestros recursos económicos", reclamó el diputado Cardozo. "Si vamos a hablar de autonomías se tiene que hablar de IDH, pero el Presidente no quiere; entonces no entiendo cómo se va a hablar de autonomías", dijo el senador Paulo Bravo (Podemos).

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