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Área: Política >> Relaciones exteriores
Actualizado el 2009-02-10 a horas: 22:45:46

Sudamérica condena la nueva Directiva de la UE y Bolivia denuncia un rebrote de xenofobia y racismo

Europa pretende penalizar la contratación de emigrantes ilegales

El Consejo de Ministros de la Unión Europea aprobaría la Nueva Directiva en materia migratoria que sanciona a los empleadores de emigrantes irregulares. Los gobiernos de Sudamérica expresaron su total rechazo a esta nueva violación de los derechos humanos, mientras que el gobierno boliviano lamentó el rebrote de prácticas xenófobas y racistas en Europa.

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La Directiva de la UE confirmó que entre el 18 y 19 de febrero el Parlamento Europeo aprobará formalmente en Bruselas sanciones penales para los empresarios que contraten a inmigrantes en situación irregular.

La Directiva introduce penas mínimas a escala europea, entre ellas multas, la exclusión de las subvenciones y ayudas públicas, tanto nacionales como europeas, durante un periodo de cinco años.

La legislación española prevé multas de entre 6 mil y 60 mil euros por cada trabajador en situación irregular. La Directiva establece que los castigos no se impondrán sólo a las personas físicas que infrinjan la normativa, sino también a las jurídicas, algo que la legislación española no contempla.

El texto prevé la aplicación de sanciones penales contra los empleadores en caso de reincidencia, si se contrata a un gran número de personas en situación irregular, si las condiciones de trabajo están marcadas por la explotación, si la persona contratada es víctima de tráfico de seres humanos o si se trata de un niño/niña.

Si el empleador de un inmigrante en situación irregular es subcontratista, el contratista principal y los intermediarios también serán considerados responsables. El Parlamento Europeo obligará a los estados miembros a que publiquen la lista de empresarios que infrinjan la Directiva.

La Cancillería de Bolivia expresó su profunda preocupación por el alcance de la medida que prioriza el control fronterizo y la seguridad, y consideró que la determinación pretende frenar el acceso a fuentes laborales del emigrante indocumentado, generando de esta manera mayor vulnerabilidad y condiciones para que el extranjero sea víctima de una política migratoria represiva.

Cerca de medio millón de bolivianos que viven en diversos países de Europa corren el riesgo de perder sus trabajos. El gobierno boliviano lamentó la reposición de ciertas prácticas xenófobas y racistas que han intentado ser eliminadas por la comunidad internacional desde la segunda guerra mundial.

La Cancillería exhortó a los Estados de la UE a revisar y reconsidera la medida, tomando en cuenta los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, entre ellos la Convención Internacional sobre la protección de derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), y el Grupo del Río rechazaron la propuesta de la Directiva. Según la CAN, la aplicación de la Directiva "tendrá un impacto negativo en las personas migrantes, ya que la sanción a los empleadores de los mismos, eliminará toda posibilidad de que los inmigrantes alcancen la realización de sus objetivos por los que han viajado a Europa".

UNASUR también rechazó "enérgicamente" la propuesta y advirtió que al privilegiar los conceptos de seguridad, control fronterizo, represión y migración selectiva, aleja a Europa de principios tales como la solidaridad, la defensa de los derechos humanos, uno de los cuales es la movilidad humana y la búsqueda del desarrollo.

El Grupo del Río consideró que "la llamada Directiva de Retorno y esta nueva iniciativa no ofrecen una respuesta integral a los flujos migratorios hacia la Unión Europea, sino que por el contrario tienen el potencial de agravar las condiciones de vulnerabilidad de las personas en situación irregular y poner en riesgo el respeto a sus derechos humanos y sus condiciones de trabajo".

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