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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2009-01-19 a horas: 18:07:39

Posición institucional de la Fundación Tierra

La tierra en el proyecto de la nueva Constitución

El próximo 25 de enero los bolivianos no sólo emitiremos nuestro voto por el SI o el NO al proyecto de la nueva Constitución Política del Estado boliviano sino que además tendremos que decidir entre cinco mil o diez mil hectáreas como límite máximo de la propiedad agraria. Que los bolivianos tengamos que tomar esta decisión no es casual, obedece al hecho de que el conflicto y el debate por la tierra no han concluido con la Asamblea Constituyente y tampoco será un capítulo cerrado a futuro.

El capítulo de Tierra y Territorio lamentablemente no forma parte de la campaña a favor o en contra de la nueva Constitución. En cuanto a la consideración del límite máximo de la propiedad, los sectores opositores han hecho público su pedido de votar en blanco, mientras que el gobierno no muestra una posición clara al respecto. Ante este panorama expresamos nuestra posición institucional.

La Fundación TIERRA es un centro de investigación y acción especializada en el tema tierra, comprometida con la actual etapa histórica de cambios a favor de la inclusión de las mayorías. Reiteramos que los bolivianos tenemos el desafío de mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales que mayoritariamente viven en una situación de minifundio y sin oportunidades de un acceso más amplio, seguro y sostenible a la tierra y otros recursos naturales. En ese entendido y para avanzar en la eliminación de evidentes inequidades, en reiteradas oportunidades hemos planteado que una nueva Constitución debe fijar un límite a la extensión máxima de las grandes propiedades individuales -como es el caso de otros países del mundo- sea éste de cinco mil o de diez mil hectáreas. Esta medida es sumamente relevante en un contexto nacional e internacional de especial presión por la tierra debido al auge de la producción de agrocombustibles, la crisis alimentaria mundial y los intereses trasnacionales relacionados con la banca y el petróleo.

Básicamente, el proyecto de la nueva Constitución reafirma varias disposiciones ya existentes en la Ley de la Reforma Agraria de 1953, la Ley INRA o Ley 1715 y la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria. El trabajo sigue siendo la fuente fundamental para poseer la tierra, la reversión y la expropiación continúan siendo mecanismos legales para anular la tenencia improductiva y latifundiaria de la tierra, el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) está claramente definido y ratificado para el caso de las medianas y grandes propiedades, se garantizan los derechos de terceros o propietarios individuales al interior de los territorios indígena originario y campesinos y se define el latifundio y se lo prohíbe.

En cuanto al límite máximo de la propiedad -que no será aplicable a las propiedades ya existentes gracias a una negociación parlamentaria de última hora- el texto del proyecto de Constitución no es explícito en indicar que las cinco mil o diez mil hectáreas son válidas sólo para las propiedades empresariales o grandes propiedades, pudiendo entenderse que esta disposición podría ser aplicable a todo tipo de propiedad, ya sea privada o colectiva, incluyendo así a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y la propiedad comunitaria.

Es necesario aclarar que el nuevo límite máximo es válido sólo para las propiedades ganaderas del oriente, ya que para el caso de las grandes propiedades agrícolas, el límite máximo es de dos mil hectáreas, según lo establece la propia Ley de Reforma Agraria de 1953. La calificación incorrecta de estas tierras en calidad de mixtas (agrícola-ganaderas) o aptas para el pastoreo extensivo no facilitó un mejor acceso y distribución de las tierras agrícolas en el oriente. En otras zonas del país, los límites de la propiedad son menores y en todo caso, deberán reclasificarse en futuras disposiciones legales.

Concluimos que el proyecto de la nueva Constitución tiene avances importantes pero siguen siendo insuficientes para una reforma agraria efectiva que logre eliminar el latifundio improductivo y garantice los derechos de propiedad sobre la tierra. Quienes son contrarios a la fijación de un límite máximo a la propiedad han reclamado que ésta debería definirse mediante criterios técnicos, pero basta el sentido común para entender que la tenencia de la tierra hasta cincuenta mil hectáreas -como dice la norma vigente- genera inequidad y concentración.

Por un sentido de responsabilidad histórica y porque el proyecto de la nueva Constitución mantiene abierta la posibilidad de seguir avanzando por el camino de la resolución del conflicto por la tierra de forma no violenta y en el marco de la democracia, expresamos nuestro apoyo a la aprobación del proyecto de Constitución. Además, al elegir entre cinco mil o diez mil hectáreas como límite máximo de la propiedad estaremos buscando una mayor justicia y equidad en el acceso a la tierra y sobre todo, explicitando un mandato ciudadano al gobierno para que cumpla su compromiso con Bolivia de llevar adelante una verdadera reforma agraria.

Llamamos a quienes se oponen a la reforma agraria a abandonar el pedido de la propiedad absoluta de la tierra y a entender que el acceso equitativo a la tierra es tarea de todos nosotros y que es fundamental para la justicia social, la estabilidad política, el desarrollo rural y la coexistencia pacífica entre los bolivianos.

18 de enero de 2009.

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