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Área: Economía >> Agricultura
Actualizado el 2009-01-09 a horas: 20:57:29

Al menos 6 artículos garantizan derechos y seguridad jurídica para la propiedad agraria

Propiedad absoluta y relativa de la tierra en el proyecto constitucional

(UPIC-Tierra y Bolpress).- El capítulo Tierra y Territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) garantiza la propiedad privada y el derecho a la sucesión hereditaria. Los límites y obligaciones impuestos a la gran propiedad agraria, lejos de promover la "expropiación" o la "colectivización marxista" de la tierra, como dicen políticos y empresarios conservadores, se enmarcan en la tradición liberal contemporánea.

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El régimen nacionalista de Evo Morales no tiene ningún problema con la gran propiedad privada de la tierra. Al contrario, en sólo tres años saneará en favor de medianas y grandes empresas agropecuarias aproximadamente 900 mil hectáreas de tierra, 300 mil menos de lo que los neoliberales sanearon en la década 1996-2005 (aproximadamente 1,2 millones de hectáreas).

El gobierno ha intentado conciliar el texto constitucional con la oposición de derecha e inclusive con el cívico Branco Marinkovic, líder de la ultraderecha latifundista. El proyecto de la CPE consensuado que se votará en referéndum garantiza plenamente la propiedad privada y la forma de organización privada de la economía, y da garantías a la propiedad agraria en al menos seis artículos.

La Economía Plural respeta y garantiza la propiedad INDIVIDUAL Y COLECTIVA sobre la tierra (Art. 311, II, numeral 2), la iniciativa empresarial y la seguridad jurídica (Art. 311, 5). El Estado reconocerá y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales (Art. 349 II).

El proyecto constitucional garantiza los derechos legalmente adquiridos por propietarios individuales (pequeños, medianos y empresarios) cuyos predios se encuentran en territorios indígena originario campesinos (Art. 394, I). Las naciones y pueblos indígena originarios campesinos tienen derecho al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables de su territorio, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros (Art. 30, II).

La nueva CPE reconoce, protege y garantiza la propiedad individual de la tierra a todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional, con la condición de que sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios (Art. 315, I), y que cumpla una función social o una función económica social, según corresponda (Art. 393).

Se entiende por función social el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares (Art. 397, II). La función económica social es el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario (Art. 397, III).

Pero la burguesía agroindustrial rechaza de plano la "populista, anárquica, radical y totalitaria" CPE simplemente porque le obliga a cumplir la FES y a sujetarse a revisión estatal periódica. Esta especie de "candado" a la propiedad fundamenta su campaña contra la Constitución "atea y comunista" que "expropiará casas y bienes" de la clase media.

Según la oligarquía terrateniente, proteger los recursos naturales como bienes comunes y redistribuir los excedentes de forma equitativa es "totalitarismo socialista". Controlar la tasa de ganancia de la gran propiedad privada y exigirle el cumplimiento de una función social o ecológica es un "atentado contra el derecho natural a la propiedad privada".

En criterio de la CAO, CAINCO, CADEX, ANAPO, CONFEAGRO, FEGASACRUZ y otros gremios empresariales, la función económica social de la tierra atenta contra la seguridad jurídica y quita a la propiedad terrateniente toda capacidad para apalancar créditos o atraer inversiones productivas.

En otras palabras, los "autonomistas demócratas" con "visión occidental" que quisieron restaurar el neoliberalismo y la democracia de libre mercado a fuerza de palo reclaman la propiedad "absoluta" de la tierra, un derecho que ni el viejo Estado liberal les reconoce.

Propiedad absoluta y relativa de la tierra

La burguesía francesa intentó enfrentar al poder señorial feudal agrupando bajo la denominación de "LA" propiedad los varios tipos de derechos propietarios sobre la tierra que existían antes de la revolución francesa. Sin embargo, el concepto de propiedad absoluta nunca se aplicó en Francia.

El Artículo 544 del Código Civil francés de 1804 indica en una primera parte que "la propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de manera más absoluta", pero "... bajo la reserva que del uso que se da no sea prohibido por las leyes y reglamentos".

El artículo original de la declaración de los derechos humanos postulaba el "derecho inviolable y sagrado" a "Las propiedades" (en plural), que puede ser privado por "necesidad pública legalmente constatada y a condición de recibir una indemnización justa y previa".

En la actualidad, todos los sistemas de tenencia en cualquier parte del mundo reconocen múltiples derechos sobre la tierra, los cuales pueden clasificarse en tres grandes tipos: 1. derechos de uso de los recursos, 2. derechos de gestión o de control del territorio, y 3. derechos de transferencia en el tiempo de los dos anteriores tipos. (1)

En Francia, el Estado mantiene un derecho eminente sobre la tierra rural, y el comúnmente llamado "propietario" puede compartir sus derechos con otros que pueden transitar por su "propiedad" si existe una "servidumbre de paso". Hasta hace poco, el propietario no podía prohibir la caza en sus parcelas, ya que los derechos de caza en Francia estaban en manos de sociedades locales.

El dueño comparte el derecho a vender su tierra agrícola con la SAFER de la zona, un organismo mixto de la sociedad civil y el Estado que interviene en el mercado, que puede comprar con prioridad una finca en venta y fijar el precio si ésta sobrepasa los niveles históricos constatados en la zona.

Siguiendo la tradición agraria liberal y los usos y costumbres de los pueblos indígenas, el capítulo Tierra y Territorio del proyecto de CPE que será sometido a referéndum en Bolivia reconoce derechos propietarios múltiples sobre la tierra. Eso significa que los títulos otorgados por el Estado garantizan la posesión y varios otros derechos a propietarios individuales y colectivos, pero no todos los derechos.

¿Quiénes rechazan la Constitución?

El proyecto constitucional asegura un papel protagónico del Estado en la aplicación de políticas centradas en la agricultura familiar campesina e indígena y la soberanía alimentaria; reconstituye el territorio de comunidades indígenas y campesinas; exime a la propiedad inmueble urbana de la reversión y, en general, beneficia a las grandes mayorías nacionales.

También constitucionaliza la reversión y la expropiación de tierras para evitar la concentración de la propiedad agraria, un duro golpe para los latifundistas y unos cuantos agroindustriales que viven de "favores políticos" y del alquiler y la renta de tierras improductivas que no cumplen una función económica y social.

Esta "burguesía parasitaria" se ha dedicado a la lucha política y a financiar a "asaltantes de instituciones" porque a partir de la aprobación de la nueva CPE el 25 de enero de 2009 estará prohibida la obtención de renta fundiaria por el uso especulativo de tierras (Art. 395, III), y nadie podrá adjudicarse más de 5 mil ó 10 mil hectáreas de tierra, explica el Vicepresidente Alvaro García Linera.

García Linera es enfático: "Se acabó la orgía del libre mercado", el Ejecutivo mantendrá los decretos que "vigilan y regulan" las exportaciones para asegurar la provisión del mercado interno. Y el latifundio está condenado a la extinción: "Se acabaron las asignaciones de 20 mil, 30 mil (hectáreas) al cuñado, al concuñado, al pariente, a la amante... Sólo accederán a dotaciones fiscales gratuitas las comunidades campesinas, pueblos indígenas y pequeños productores agrarios".

El Vicepresidente recalca que "con o sin nueva Constitución" el Estado revertirá y expropiará tierras que no cumplan una Función Económica Social (FES), un principio fundamental que marca la línea progresiva del derecho agrario vigente desde 1953, al asociar la seguridad jurídica de la propiedad con los derechos humanos, económicos y sociales, recuerda el ministro de Desarrollo Rural y Agropecuario Carlos Romero.

El concepto de FES antes definido por una ley se incorpora por primera vez a la Constitución y se convierte en una herramienta constitucional para impedir la acumulación de tierras ociosas, asegura García Linera. La nueva CPE ratifica que el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria, la cual deberá cumplir una función social o una función económica social, de acuerdo a su naturaleza, para salvaguardar su derecho. (Art. 397, I).

Además, la nueva CPE constitucionaliza la expropiación de la tierra por necesidad y utilidad pública, previo pago de una indemnización justa, y también la reversión de tierras que incumplen la FES o se explotan aplicando un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral.

Nota

1. Regimenes de tenencia de la tierra, sistemas financieros y construcción de nuevas modalidades de gobernanza; Michel Merlet, AGTER; Seminario Internacional "Economías campesinas y sistemas financieros rurales". Foro latinoamericano y del Caribe sobre finanzas rurales (FOROLACFR). Julio de 2007. http://www.agter.asso.fr/

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