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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2009-01-06 a horas: 22:33:30

Análisis de la agrupación Santa Cruz Somos Todos

El capítulo económico del proyecto de CPE

Mariano Teruggi Tonelli*

El próximo 25 de enero de 2009 tendremos por primera vez la oportunidad histórica de decidir, mediante nuestro voto en el referéndum, si estamos de acuerdo o no con el proyecto de Constitución Política del Estado (CPE). El propósito de estas líneas será indagar acerca del modelo económico propuesto en el proyecto de CPE, comparando sus aspectos más relevantes con la CPE vigente, es decir, la 1967 (General Barrientos) con sus posteriores modificaciones, fundamentalmente las reformas parciales de 1994 y 2004, de manera de dilucidar que cambios traería una eventual aprobación del texto constitucional propuesto por el oficialismo y modificado en el Congreso Nacional mediante un acuerdo con la oposición.

Este artículo intentará mostrar lo que dicen ambos textos constitucionales y no lo que dicen que dicen, de manera de brindar a los ciudadanos y ciudadanas lectores y lectoras la mejor calidad informativa posible, facilitando la constatación de las opiniones vertidas con una simple lectura de los artículos.

Antes de ello se hace necesario hacer un breve comentario sobre el momento mundial en el cual ocurrirá dicho acontecimiento. La actual crisis mundial, que comenzó en el sector financiero pero que ya se ha extendido a otros sectores de la economía real en las principales potencias, está poniendo en el centro de la discusión el rol del Estado en la economía, cuestión que en Sudamérica ya había ocurrido en los albores del siglo XXI producto del fracaso del modelo neoliberal. Así como la crisis del 30 generó el surgimiento de un nuevo paradigma económico, el keynesianismo -que justificaba desde la teoría económica la intervención estatal en la economía- y de un nuevo tipo de Estado, el Estado de Bienestar, todo indica que la resolución de la presente crisis necesitará de un Estado fortalecido y más intervencionista, claro que no para salvar a los banqueros y CEO's con USD 700.000 millones como se está haciendo por el momento.

El modelo económico

En cuanto al fin del modelo económico no se observan diferencias entre los textos constitucionales, puesto que mientras en la CPE vigente dice que "debe responder esencialmente a principios de justicia social que tiendan a asegurar para todos los habitantes, una existencia digna del ser humano" (art. 306), en el proyecto de CPE "está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos" (art. 132). Es decir, ambos textos colocan al ser humano como el centro del modelo económico.

Para lograr ese objetivo el proyecto de CPE propone un modelo económico plural que reconoce las distintas formas de organización económica existentes, esto es "comunitaria, estatal, privada y social cooperativa". Se define como objetivo del Estado lograr el desarrollo a través de "la redistribución equitativa de los excedentes económicos en políticas sociales, de salud, educación, cultura, y en la reinversión en desarrollo económico productivo" (art. 306). Es decir, la cuestión central del nuevo modelo económico será la apropiación por parte del Estado de los excedentes económicos, esos que antes se fugaban al exterior "capitalizaciones" mediante.

Si bien la CPE vigente plantea que el "régimen económico propenderá al fortalecimiento de la independencia nacional y al desarrollo del país mediante la defensa y el aprovechamiento de los recursos naturales y humanos..." (art. 133) lo general de esa definición permitió que los excedentes en la explotación de nuestros recursos naturales se fugaran hacia el exterior. Seguramente por este motivo es que el proyecto de CPE casi duplica en cantidad de artículos a la vigente (411 contra 234), de manera que lo que esté establecido en la ley de leyes no sea desvirtuado por una ley, rompiendo la pirámide jurídica.

Para ejemplificar esto veamos lo que ocurre en materia de hidrocarburos. En la CPE vigente tan sólo el art. 139 regula los yacimientos de hidrocarburos, los cuales "son del dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado", correspondiendo a este la "exploración, explotación, comercialización y transporte de los hidrocarburos y sus derivados", aunque ese derecho lo podrá ejercer "mediante entidades autárquicas o a través de concesiones y contratos por tiempo determinado, a sociedades mixtas de operación conjunta o a personas privadas", mientras que YPFB brilla por su ausencia.

En cambio, en el proyecto de CPE la cuestión de los hidrocarburos tiene todo un capítulo con 10 artículos (359 al 368), entre los cuales cabe destacar el 359, según el cual los hidrocarburos son propiedad del pueblo boliviano, mientras que el Estado "a nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización". Además, deja establecido que "ningún contrato, acuerdo o convenio, de forma directa o indirecta, tácita o expresa, podrá vulnerar total o parcialmente lo establecido en el presente artículo...".

Para ejecutar la política de hidrocarburos se establece que YPFB será la "única facultada para realizar las actividades de la cadena productiva de hidrocarburos y su comercialización", aunque en el art. 362 abre la posibilidad para que YPFB suscriba contratos de prestación de servicios con empresas públicas, mixtas o privadas para que "realicen determinadas actividades de la cadena productiva a cambio de una retribución o pago por sus servicios...previa autorización y aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional".

Rol del Estado en la economía

Según el criterio de una parte de la oposición, en particular la dirigencia empresarial de Santa Cruz, uno de los mayores peligros del proyecto de CPE sería el grado de intervencionismo estatal en la economía. Al respecto, además del contexto mundial ya señalado, cabe indicar que la misma CPE vigente le otorga al Estado un papel interventor en la economía, a pesar de las reformas que sufrió el texto original de 1967, cuando el modelo económico imperante en Bolivia todavía era el capitalismo de Estado de la Revolución Nacional de 1952. Tal es así que la CPE vigente le otorga al Estado la función de regular el comercio y la industria, e incluso de "asumir la dirección superior de la economía nacional", pudiendo hacerlo "en forma de control, de estímulo o de gestión directa" (art. 141). También le encarga la "programación del desarrollo económico" (art. 144), tanto para el sector estatal, como para el mixto y el privado de la economía. A tal grado llega la posibilidad de intervencionismo que el art. 142 autoriza al Poder Ejecutivo a "establecer el monopolio fiscal de determinadas exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran".

En esa línea, el proyecto de CPE establece que entre las funciones del Estado en la economía se encuentra la de conducir el proceso de planificación económica y social, dirigiendo y controlando "los sectores estratégicos de la economía", así como participando "directamente en la economía mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos" (art. 316).

En definitiva, la intervención del Estado en la economía no es una novedad del proyecto de CPE, puesto que ya estaba presente en el texto constitucional vigente, aunque en la práctica fuera borrado por el Decreto Supremo 21.060 que implementó el modelo económico neoliberal en 1985. Lo importante de la mano visible del Estado es que en su intervención lo haga con una visión de desarrollo productivo y social y no prebendal, como las licitaciones truchas, los préstamos sin devolución, el reparto de tierras -rurales y urbanas- a grandes latifundistas, cuoteo y corrupción en las empresas estatales, y un rosario de etcéteras de la experiencia durante el Estado nacionalista revolucionario (1952-1985).

Protección a la propiedad privada y a la actividad empresarial

La CPE vigente en su art. 7 estable como derechos fundamentales de las personas "a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una función social", mientras que en el art. 22 se otorga garantías a "la propiedad privada siempre que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo", con la posibilidad de expropiación "por causa de utilidad pública o cuando la propiedad no cumple una función económica social, calificada conforme a ley y previa indemnización justa". Es decir, la propiedad privada está garantizada siempre que cumpla una función económica social.

Lo mismo ocurre con el proyecto de CPE, la cual en su art. 56 establece que "Toda persona tiene derecho a la propiedad privada o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social". Entonces, quienes tienen más de una casa, más de un vehículo, más de ..., tienen garantía de su propiedad, puesto que función social es ocupar la vivienda o alquilarla por citar un ejemplo. En cuanto a la expropiación contemplada en el art. 57 corresponde por "causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa", es decir, como estaba contemplada en la CPE vigente. Además, en el proyecto de CPE se agrega que la "propiedad inmueble urbana no está sujeta a reversión" (art. 57), con lo cual se agrega esa garantía respecto de la vigente.

Además, el texto constitucional propuesto también agrega el derecho a la "sucesión hereditaria" (art. 56.III), con lo cual quienes de manera legal lograron acumular propiedades tienen la garantía constitucional de transmitírselo a sus herederos. La segunda es

En lo que hace a la actividad empresarial, el art. 308 del proyecto de CPE dice que "El Estado reconoce, respeta y protege la iniciativa privada" y "garantiza la libertad de empresa y el pleno ejercicio de las actividades empresariales", mientras en la actual contempla que la iniciativa privada reciba el "estímulo y la cooperación del Estado cuando contribuya al mejoramiento de la economía nacional" (art. 144).

En cuanto a las restricciones, ambos textos constitucionales establecen que no estará permitida "la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro" la independencia (vigente) / soberanía (proyecto) "económica del Estado" y prohíben el monopolio privado, aunque acorde con el progreso en las formas organizativas del mercado, el proyecto de CPE agrega la prohibición de oligopolios y "cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización de bienes y servicios" (art. 314).

En suma, la campaña (des) informativa respecto a la falta de garantías para la propiedad privada del proyecto de CPE no es más que eso, propaganda desinformativa, puesto que como vimos le otorga las mismas garantías que la vigente, e incluso más como en el caso del derecho a la herencia o que la propiedad inmueble no estará sujeta a reversión.

Sin embargo, hemos visto nada más que el capítulo económico, quedando muchísimos otros aspectos para estudiar, entre los cuales se destacan el capítulo de derechos fundamentales y garantías, particularmente los económicos y sociales (medio ambiente, salud, seguridad social, trabajo, niñez, adolescencia y juventud, familias, adultos mayores, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, usuarios /as y consumidores/as), la incorporación de la justicia comunitaria al Estado Social de Derecho, tierra y territorio, y el capítulo de autonomías.

Habrá que analizar profunda y concienzudamente esos y otros aspectos del proyecto de CPE para poder tomar una decisión el 25 de enero, evitando caer en el analfabetismo político y electoral al que nos quieren llevar los que proponen consignas sin un análisis de los temas de fondo.

Mariano Teruggi Tonelli es Economista - Miembro del Consejo Editor de La Paraba.

Laparaba@laparabaeditorialvirtual.com

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