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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2008-12-04 a horas: 00:20:13

El Poder Judicial se suma a la campaña por el No a la Constitución

Unasur recomienda "refundar" el Poder Judicial y "actualizar y profundizar la formación teórica y práctica" de los jueces

Redacción Bolpress

Conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos. La masacre de por lo menos 20 personas en Pando el 11 de septiembre es un delito de lesa humanidad con ensañamiento e ignominia, y "los delitos de esa naturaleza no pueden ser nunca delitos de función... Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria", concluye el informe de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Sudamericanas.

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"Dicha masacre reviste por sus características los rasgos de una violación extremadamente grave y flagrante de derecho a la vida y a la integridad de la vida, cuyo goce y ejercicio es condición de todos los derechos humanos", señala el informe presentado este miércoles al Presidente Evo Morales por el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, presidente de la Comisión investigadora de la masacre, secundado por los delegados Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia), y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).

"Téngase en cuenta que la responsabilidad criminal alcanza a aquellos que tenían el dominio de los hechos, porque en cualquier momento los podrían haber hecho cesar y por su omisión de actuar, se hacen responsables del resultado trágico de estas muertes producidas con premeditación y alevosía", señala el informe.

La masacre en Pando del 11 de septiembre fue organizada bajo una cadena de mando prefectural y "contaban con funcionarios y bienes del gobierno departamental, al servicio de una empresa criminal".Atacaron a los campesinos civiles armados vinculados al poder local y sicarios extranjeros pagados que fueron filmados cuando disparaban armas de fuego. La inteligencia brasileña verificó esto.

Hay autoría material e intelectual de responsables perfectamente definidos que ejercían autoridad en el departamento y que acarrean responsabilidades de orden penal y civil. El ex prefecto Leopoldo Fernández reconoció haber ordenado que cavaran una zanja para frenar una marcha campesina. Eso contraría la libre circulación, conjura el derecho a la reunión, a la manifestación pacífica, el derecho a la vida, a no recibir tratos crueles y degradantes, todos derechos humanos fundamentales protegidos por pactos y tratados internacionales.

Unasur critica a algunos magistrados que intentan de manera recurrente viabilizar un juicio de responsabilidades para favorecer al ex prefecto Fernández, acusado de delitos comunes. El ciudadano exige que se haga justicia y protesta contra la desigualdad bochornosa en la aplicación de justicia.

Unasur reconoce que la impunidad ha sido una constante en muchos de los países de la región, no sólo bajo las dictaduras militares, sino también después de restituido el orden constitucional. Hay que revisar el modo de administración de justicia en todos los países del Sur, desde la suprema hasta los tribunales inferiores. "Se trata de erradicar un fenómeno complejo que deslegitimiza al Estado y aleja a la sociedad del apego al derechos y la justicia, ya que sustituye el respeto a ley, por la búsqueda de los intereses individuales o sectoriales a cualquier precio".

La Comisión de Unasur recuerda que la impunidad tiene que ver con la falta de investigación, juzgamiento y castigo. "La lucha contra la impunidad exige una profunda transformación del Poder Judicial boliviano; nos animaríamos a decir una refundación institucional", declaró Rodolfo Mattarollo a la red Erbol.

Preocupa la "debilidad" de la justicia boliviana, en recursos humanos y materiales y sobre todo en conocimientos de derecho internacional. Por eso Unasur recomienda elaborar un programa de intercambio de experiencias entre los países de la región sobre temas relativos a la independencia, objetivos y competencia de la justicia para juzgar graves violaciones de los derechos humanos.

"Los magistrados deben actualizar y profundizar su formación teórica y práctica, para lo cual la comisión recomienda la elaboración de un programa en forma conjunta entre el Estado boliviano y los Estados que comprenden Unasur. Este programa consistiría, entre otras cosas, en un intercambio de experiencias tendiente a reforzar la independencia, objetividad y competencia de la justicia, conforme a los estándares constitucionales y las garantías judiciales de los tratados de derechos humanos de los que Bolivia es parte".

Se propone impulsar programas de cooperación técnica para la formación de jueces, fiscales y auxiliares de justicia, incluso mediante el refuerzo del Instituto de la Judicatura y la realización de seminarios conjuntos.

Unasur debería colaborar técnicamente al Ministerio Público en Bolivia mediante consejeros en distintas materias relativas a la investigación y el proceso penal, e incluso realizar contribuciones en calidad del llamado amigus curiae, que fundamente en la competencia de la justicia ordinaria para juzgar a los acusados de participar en la masacre de Pando.

El Poder Judicial en campaña por el No a la Constitución

Los órganos del Poder Judicial reunidos en su VI Cumbre en Trinidad rechazaron el proyecto de Constitución Política del Estado que se votará en referéndum, que en su criterio es una propuesta contraria al sistema democrático y al estado de derecho, y que puede llevar al desorden jurídico institucional.

Presidentes de la Corte Suprema, Cortes de Distrito, Consejo de la Judicatura, Tribunal Agrario Nacional, magistrados, vocales y miembros de la Asociación de Magistrados de Bolivia criticaron la permanente afectación al principio de independencia del Poder Judicial, "al grado de impulsar el desmoronamiento del sistema judicial de Bolivia".

El Poder Judicial exigió al Presidente del Ejecutivo Evo Morales que cumpla y haga cumplir las resoluciones judiciales. Conminó a las autoridades jurisdiccionales y del Ministerio Público ajustar sus acciones a la Constitución y la ley, y evitar interferencias en sus funciones.

"En defensa de la independencia del Poder Judicial y ante los atropellos y sistemático amedrentamiento a los jueces de la República, el Poder Judicial de Bolivia se verá obligado a asumir las acciones que el caso aconseje", amenaza en su declaración de la VI Cumbre.

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