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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2008-11-27 a horas: 22:33:26

Una comisión empresarial huérfana de apoyo político llegó al chaco, denunció abusos de la policía en Caraparicito, pero no se animó a "retomar" la hacienda

Costas y Marinkovic dan la espalda a patrones del chaco cruceño

(UPIC-Tierra).- Hacendados, ganaderos, políticos opositores y algunos periodistas llegaron este jueves en caravana a la hacienda Caraparicito, provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. La comisión "comprobó los abusos" cometidos por la fuerza pública y brigadas del INRA cuando se reanudó el saneamiento, pero no se animó a "retomar" las tierras con las armas. Estaban desmoralizados porque ni Branko Marinkovic ni Rubén Costas quisieron acompañarlos.

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El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Confabol) Guido Nayar y otros dirigentes empresariales denunciaron que los efectivos policiales causaron destrozos y torturaron al personal de las haciendas Caraparicito, Buena Vista y Huaraca, allanadas el 21 de noviembre.

La Congabol repudió la "violenta intervención en propiedades productivas, con militares y policías" y se declaró en "movilización general" hasta que los derechos de sus afiliados se restituyan. Nayar anunció que los ganaderos del país analizarán medidas de hecho en defensa de las tierras en un congreso del gremio que se celebrará el 2 de diciembre.

La Brigada Parlamentaria Cruceña a la cabeza de su titular Carlos Pablo Klinsky exigió a las autoridades de la Prefectura, Fiscalía de Distrito y Policía que protejan las propiedades agrarias de los habitantes de la provincia Cordillera. La Prefectura de Santa Cruz presentó una denuncia en la Fiscalía "para dar con los responsables de los abusos y saqueos cometidos".

El frente patronal llamó a instituciones públicas, privadas y ciudadanía en general a "resistir y rechazar los abusos y atropellos" del Viceministerio de Tierras y del INRA. "No es posible que el ejército o el gobierno entren como si fuera su casa, robando y saqueando", protestó el diputado Ronald "Choco" Moreno, mientras que su colega Luis Alberto Pacheco convocó a la juventud cruceña a tomar las armas para "retomar" las tierras en Alto Parapetí.

Una comisión patronal "investiga"

A las 7 de la mañana del jueves 27 de noviembre partió de la ciudad de Santa Cruz rumbo al chaco una comisión integrada por el diputado Moreno, el ideólogo de la autonomía cruceña Juan Carlos Urenda, el hacendado René "Chiqui" Chávez y otras 50 personas, supuestamente para "investigar" los atropellos.

Parlamentarios opositores del ex Podemos, dos fiscales, representantes de la FEJUVE y de la COD paralela, funcionarios de la Prefectura y cerca de 15 periodistas llegaron a la localidad de Ipati a las 12 del mediodía en ocho camionetas, tres vagonetas y un bus.

El abogado autonomista Urenda declaró que la comisión "comprobó que hay evidencias de que se cometió un delito flagrante en el ingreso a la hacienda Caraparicito... porque nadie puede ingresar a una casa o hacienda sin orden judicial de una autoridad competente".

"Esto es un abuso... una venganza del Viceministro de Tierras...los efectivos deben desalojar de inmediato la hacienda", dijo Urenda y "conminó" al comandante del grupo policial que se dirija "inmediatamente" a la ciudad de Santa Cruz a prestar declaraciones por la supuesta sustracción de una cosechadora y 4.000 bolivianos en víveres.

Hasta el cierre de este despacho, la pataleta de Urenda en Caraparicito no había pasado a mayores y tampoco se habían cumplido las amenazas de algunos hacendados y diputados que llamaron a "retomar" Alto Parapetí con las armas. Se supo que la comisión opositora permanecerá en el chaco esta noche y mañana visitará las haciendas Buena Vista y Huaraca.

Los integrantes de la comisión patronal llegaron al chaco desmoralizados y huérfanos de apoyo político, ya que ni el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branko Marinkovic ni el prefecto Rubén Costas quisieron acompañarlos. Tampoco viajaron el diputado Pablo Klinsky ni el dirigente ganadero Guido Nayar.

Esta gente exige la paralización del saneamiento en Cordillera, aunque muchos pequeños propietarios están de acuerdo con el saneamiento y la titulación gratuita de sus predios.

La versión del gobierno

"Sostengo categóricamente que la intervención de la policía ha sido responsable, altamente profesional, notablemente mensurada y absolutamente ceñida al marco de la ley", aseguró el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

El viernes 21, las fuerzas del orden ingresaron a la hacienda Caraparicito, de propiedad de la familia Larsen, luego de escuchar disparos de armas de fuego. En esas circunstancias, "no se podía esperar que nos atiendan después de tocar el timbre, y algunas puertas fueron forzadas por la seguridad de todos los que estábamos allá; hubiera sido un riesgo para todos no tomar esa acción", explicó la autoridad.

Dentro de la casa de hacienda se encontró alrededor de una decena de armas largas de caza y fusiles y ametralladoras de guerra capaces de "perforar chalecos antibalas". Además, se hallaron gases lacrimógenos y otros implementos que no posee "un humilde ranchero para cazar y distraerse". "Esto muestra que en manos de ciertos ganaderos de Alto Parapetí hay una logística de la sedición", observó Almaraz.

El Viceministro informó que tres personas fueron detenidas en presencia de un fiscal, y aseguró que ninguna persona fue torturada o golpeada, como denunciaron los gremios empresariales.

Por otro lado, se notificó a Julia Aguilera y René Ernesto Chávez, propietarios de la hacienda Buena Vista, y a Mario Malpartida, dueño del predio Huaraca, comunicándoles que el INRA iniciará trabajos de campo en sus predios.

En estas haciendas se incautó escopetas y aparatos de radio comunicación, luego de que se intervinieran conversaciones en las cuales empleados de Larsen pedían refuerzos para defender la hacienda Caraparicito.

Hace un par de semanas el Ministerio Público entregó citaciones a los hacendados Malarpartida y Chávez por el juicio penal que el gobierno inició contra ambos.

Enjuician a Malpartida --"un sujeto repugnantemente cobarde y torturador", según Almaraz-- por flagelar durante varias horas a profesionales guaraníes en Cuevo el pasado 13 abril. Acusan a Chávez de ser uno de los principales organizadores de la violenta revuelta latifundista de febrero, marzo y abril de este año en la provincia Cordillera.

El 9 de octubre, los terratenientes Malpartida y Chávez amedrentaron con armas de fuego a comunarios de Itakuatia y les despojaron de su equipo de radio comunicación para que no denuncien los atropellos.

El secretario ejecutivo de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray acusó a las familias Larsen, Malpartida y Chávez de mantener en servidumbre a sus trabajadores.

El gobierno alcalzó preacuerdos con varios productores de Alto Parapetí, a quienes convenció de los beneficios del proceso de saneamiento. Algunos ya recibieron resoluciones finales de saneamiento que consolidan sus derechos y obtendrán próximamente sus títulos ejecutoriales.

Sin embargo, no aceptaron el diálogo ni los acuerdos algunos ganaderos, "los más grandes, los más denunciados, los más violentos y los más arbitrarios", quienes hasta ahora obstruyen de forma violenta el proceso de saneamiento, enfatizó Almaraz.

Entre febrero y abril de este año, patrones de la provincia Cordillera atacaron con armas de fuego y secuestraron al Viceministro Almaraz y al director del INRA Juan Carlos Rojas. En una oportunidad, el propietario de Caraparicito, Ronald Larsen, amenazó con matar a Almaraz y a Rojas si osaban quitarle sus propiedades.

Ostentando sus armas de fuego ante medio centenar de personas, entre ellos periodistas de Camiri, este patrón se jactó de ser un fiero vaquero de Montana, del "farwest", que ajustició a cuatro ladrones en su hacienda.

"No estamos hablando de angelitos sino de terratenientes y latifundistas en Alto Parapetí que acudieron al uso de armas, impidieron el ingreso de comisiones oficiales agrarias, y esto le consta a todo el país", recordó el ministro de Gobierno Alfredo Rada.

"Por todo eso fue necesario acudir al uso de la fuerza pública" para que el INRA reanude los trabajos de saneamiento en el chaco cruceño el 21 de noviembre, precisó el viceministro Almaraz. "Y así tiene que ser, pues la acción de la Ley no puede ser impedida por la actitud violenta, arbitraria y sediciosa de algunas personas".

Es grosero el cinismo de Nayar al pretender mostrar como víctimas a los hacendados del chaco. "Ellos son los violentos y asesinos; los masacradores de campesinos que golpean una y otra vez a indígenas desarmados son sus correligionarios, formados como él en la escuela criminal de Banzer", protestó Almaraz.

"Nayar y Larsen deben entender que la provincia Cordillera está en la República de Bolivia y no en Montana o el farwest. Aquí la gente no puede ser perseguida, asesinada y enterrada como perro por un terrateniente desubicado; no puede haber arsenales privados", sentenció la autoridad.

El saneamiento continúa

Brigadas de técnicos y abogados del INRA continúan notificando a 45 propietarios individuales en dos de los cuatro polígonos de la TCO Alto Parapetí, para luego pasar a la medición o mensura de los predios, fase conocida como pericias de campo. Se estima que el trabajo terminará en dos meses.

"El proceso de saneamiento antes duraba meses o años, y ahora se hace en meses; por eso en tres años de gestión de gobierno la superficie saneada es 20 millones de hectáreas contra nueve millones saneados por los gobiernos anteriores en 10 años. Se emplea en Alto Parapetí una metodología más rápida", informó Almaraz.

Si se identifica la existencia de relaciones servidumbrales en los trabajos de campo, se desconocerá el cumplimiento de la Función Económica Social (FES), ya que la FES está definida como la actividad productiva que no sólo beneficia al propietario sino a la comunidad.

Cuando una persona es sometida a servidumbre y se desconocen sus derechos laborales y humanos, no hay cumplimiento de la FES, y si no se cumple la FES se procederá a la reversión o expropiación de la tierra, de acuerdo con la ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, explicó Almaraz.

El ministro Alfredo Rada advirtió que hará respetar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí: "Si vuelven hablar (los terratenientes) de comités de defensa armados de la tierra, tendrán que saber que va haber una respuesta del Estado con el uso de la fuerza legal y constitucional".

Los propietarios que se consideren afectados por el saneamiento pueden recurrir al Tribunal Agrario Nacional, como manda la Ley INRA; esperemos que presenten documentación legal, dijo el ministro Rada.

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