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Actualizado el 2008-11-26 a horas: 15:46:14

La usurpación del territorio guaraní comenzó en la colonia, se consumó en la República y se exacerbó con las reformas nacionalistas y neoliberales en el Siglo XX

La lucha por la Tierra y la libertad en Alto Parapetí

(UPIC-Tierra).- Cuentan los cronistas europeos que en el siglo XVI la nación guaraní se expandía por regiones subtropicales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En Bolivia, el pueblo guaraní habitaba un extenso territorio conocido históricamente como "la Cordillera" por lo menos desde el siglo XIV.

Los guaraníes cazaban, pescaban, recolectaban frutos y, más tardíamente, desarrollaron cultivos de subsistencia en Ivo (Ivü, "ojo de agua"), Kurujuky, Karaparicito, Itatiki, Iguembe, Ñoerenda, Guakaja, Ytirõke, Kamatindi y en otras ocupaciones de vieja data en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz.

Los kereimbas (guerreros) guaraníes defendieron estos territorios durante más de 300 años y repelieron con éxito a los ejércitos conquistadores en el incario, en la colonia e inclusive en los primeros años de la República. (1) Fueron derrotados definitivamente en la batalla de Kuruyuki en 1892.

El Ejército republicano fragmentó y repartió los fértiles prados cordilleranos entre unos pocos privilegiados, y encerró en las haciendas a los guaraníes en la condición de ciervos de la gleba. (2)

Curas católicos y "buenas familias" de terratenientes se encargaron de "civilizar" a los guaraníes "flojos" y "desidiosos" que vivían con sencillez en la Tierra sin Mal, despreocupados de acumular bienes materiales o ahorros.

Latifundio y servidumbre en el siglo XX

La usurpación del territorio guaraní comenzó en la colonia, se consumó en la República y se exacerbó en el Siglo XX con reformas nacionalistas que agravaron las relaciones servidumbrales y la desigual distribución y uso de la tierra.

Para fomentar el desarrollo de "empresas agropecuarias", la reforma agraria de 1953 declaró "inafectable" el latifundio en el oriente, tanto en su extensión como en su régimen laboral. Acto seguido, entregó "sin sentido de proporción ni equidad" grandes extensiones de "tierras baldías" del Estado a un sector "sector minoritario pero pudiente". (3)

Los latifundistas recibieron dotaciones gratuitas en las más codiciadas regiones de la Amazonía y del chaco; y algunos acapararon tierras más allá de lo titulado, a veces en perjuicio de comunidades indígenas y campesinas del contorno. (4)

La "escandalosa" concentración de la tierra provocó "conflictos que dañan las bases de la convivencia civil" y "situaciones de dependencia y opresión...", subraya la Carta Pastoral "Tierra, madre fecunda para todos".

La explotación laboral de pueblos indígenas y tribales en la Amazonía fue motivo de preocupación para la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a partir de la década de 1920. Fruto de ello se adoptaron el Convenio 29 sobre trabajo forzoso en 1930 y el Convenio 107 en 1957, el primer instrumento internacional dedicado exclusivamente a la defensa de los pueblos indígenas marginados y excluidos.

La Iglesia Católica evidenció casos de servidumbre en la provincia Cordillera de Santa Cruz a mediados de la década de 1970, en plena dictadura de Hugo Banzer. "Durante los primeros años sólo nos atrevimos a trabajar con guaraníes de comunidades independientes; no nos animábamos a trabajar con los de las haciendas porque era imposible, las condiciones eran bastante brutales", recuerda el sacerdote Xavier Albó, director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA).

El CIPCA y otros brazos sociales de la Iglesia Católica redoblaron tareas de asistencia social en el chaco luego de que la OIT aprobó en 1989 el Convenio 169 que reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas a la tierra que habitan.

En 1992, representantes guaraníes denunciaron varios casos de esclavitud en un acto público en Kuruyuki-Ivo, en tanto que el Instituto Indigenista Boliviano difundió "denuncias escritas" en contra de hacendados y ganaderos de la región.

La comisión investigadora y la Ley en defensa de los territorios indígenas que prometió el entonces presidente Jaime Paz Zamora nunca se concretaron. Y dos años después, el 16 de enero de 1994, el periódico católico Presencia denunció que 10 mil guaraníes continuaban viviendo como esclavos en haciendas del chaco cruceño, tarijeño y chuquisaqueño. (5)

Entre 1993 y 1996, la Iglesia Católica y algunas ONGs como CIPCA impulsaron la compra de más de 30 mil hectáreas de tierra en las comunidades Ipatí, Amaguazú, Villa Hermosa, Ñaurenda, Aguayrenda, Ziponi, Cañadillas, Tierra de El Ingre y Casapa de la provincia Cordillera para distribuirlas entre los guaraníes empatronados.

La reforma agraria del Banco Mundial

El 18 de octubre de 1996 se dio inicio a un proceso de saneamiento y titulación con la finalidad de desconcentrar la tierra y redistribuirla entre quienes no la tienen o la poseen insuficientemente.

La Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria 1715 dispuso que pueblos indígenas y campesinos accedan de forma preferencial y gratuita a predios públicos titulados como Tierras Comunitarias de Origen (TCO), un nuevo régimen de propiedad colectiva.

El 17 de septiembre de 1996, Nicolás Moreno, Bonifacio Barrientos, Rogelio Aireyu, Valerio Mena, Arucayu Catuari Guayiri, Bonifacio Rivera, Calixto Guachama y Dionisio Vivarico, líderes indígenas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, solicitaron al INRA la dotación y titulación de TCOs en el chaco boliviano, entre ellas un territorio guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

Los guaraníes de Alto Parapetí demandaron la restitución de al menos de un pedazo de su extenso territorio fragmentado, amparados por los artículos 1 y 171 de la Constitución Política del Estado, la Ley 1257 de 1991 que ratifica el Convenio 169 de la OIT, y los decretos supremos 23110, 23111 y 23112 de 1992.

El INRA admitió la demanda el 10 de enero de 1997 y el 18 de julio inmovilizó un área de 54.387 hectáreas en el departamento de Santa Cruz, provincia Cordillera, Sección Primera, cantones Lagunillas y Aquio (Ipati), la cual fue declarada área de saneamiento de TCO el 21 de noviembre mediante resolución administrativa N. R-ADM-TCO 004-97.

Pero muy pronto el INRA defraudó a las mayorías desposeídas. La burocracia obstaculizó la redistribución de tierras a indígenas y campesinos, y el trámite guaraní en Alto Parapetí fue enviado a la congeladora durante nueve años.

En 2004, la Televisión Española reveló que la esclavitud persistía en algunos rincones olvidados del chaco, en el sur de Bolivia.

El gobierno de Carlos Mesa reconoció oficialmente a comunidades cautivas que "trabajan por cuenta ajena, en condición de subordinación y dependencia, en labores propias de la actividad agropecuaria en espacios histórica y ancestralmente ocupados por ellas, y que no tienen tierra en propiedad" (Decreto Supremo 28159 del 17 de mayo de 2005), y propuso adquirir 50 mil hectáreas para distribuirlas entre más de mil familias guaraníes empatronadas.

En 2005, la Defensoría del Pueblo concluyó que la compra tierras minimizaba la lucha ancestral y legítima de las comunidades por un territorio; legalizaba la distribución inequitativa, y no eliminaba la servidumbre. Además, evaluó que el parcializado proceso de saneamiento de tierras ejecutado desde 1996 consolidó la inequitativa distribución de tierras en el país y no favoreció al pueblo guaraní. (N. RD/SCR/00002/2005/DH)

Cientos de familias indígenas continuaban padeciendo servidumbre en haciendas de las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O'Connor y Gran Chaco de los Departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, confirmaron varios informes e investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Federación Internacional de Derechos Humanos y de Organización Mundial contra la Tortura, entre otros. (6)

Servidumbre en Alto Parapetí

La semiesclavitud es la obligación de trabajar para una persona hasta saldar una deuda acumulada. Caracterizan la semiesclavitud la pérdida de la libertad, la servidumbre, la explotación laboral y el trabajo coercitivo.

Servidumbre es el servicio personal gratuito y el trabajo obligatorio bajo coacción, originado en deudas adquiridas con procedimientos tramposos, estafa y otros fraudes.

La víctima de la servidumbre por deudas, una práctica clandestina análoga a la esclavitud tradicional, no puede dejar su trabajo o la tierra que cultiva mientras no reembolse el dinero que debe al patrón. El deudor transfiere a sus hijos la deuda que no puede pagar. El empatronamiento se caracteriza por la sobreexplotación de la fuerza de trabajo familiar, a cambio de una compensación en especie que no cubre ni retribuye el esfuerzo ni el tiempo empleado en las labores desempeñadas. Se origina el endeudamiento a través de "adelantos" en dinero o en especie.

Según una investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí perviven relaciones laborales servidumbrales en 26 haciendas. Existirían al menos 10 comunidades indígenas "cautivas" en Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito.

Personas de todas las edades, incluyendo niños, niñas, adolescentes y adultos mayores viven en la miseria absoluta, sin servicios de agua, electricidad, atención médica ni educación. Se trata de uno de los casos más serios de explotación laboral y violación de los derechos humanos en toda la región andina.

A cambio de vivienda y alimentación, las familias trabajaban las tierras de los hacendados desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Las mujeres prestan servicios en la casa del patrón cocinando, lavando ropa y cuidando niños, o pelan maní y escarmenan lana.

Los menores de edad acarrean agua y crían gallinas, chanchos, chivas y otros animales. Algunos pueden asistir a la escuela, y otros se someten a la educación impartida por el patrón.

Los hacendados pagan a sus trabajadores mínimas sumas de dinero que no compensan las largas jornadas laborales, y bajo ninguna circunstancia cubren las necesidades básicas de subsistencia.

Los patrones fían o venden con sobreprecio coca, alcohol, ropa usada, aceite y otros alimentos, y de esta forma se genera una situación de endeudamiento permanente. Los trabajadores no pueden salir de las propiedades en tanto no paguen sus cuentas acumuladas, las que puede llegar a ser vitalicias e incluso heredarse.

Los propietarios tratan a los indígenas guaraníes como ganado humano de su propiedad. Azotan a los "desobedientes" y es frecuente que "aguijoneen" a sus trabajadores "flojos, descuidados" y "sin iniciativa", aunque trabajen más de 12 horas diarias.

El trabajador en servidumbre, sin derecho al libre albedrío y a forjarse un destino propio, está sometido a una relación laboral de dominación asimétrica, indigna y cargada de discriminación.

El pongueaje es consecuencia directa de la alta concentración de tierras en pocas manos. El INRA estima que de un total de 98.875 hectáreas de tierra de Alto Parapetí, 14 predios categorizados como empresas abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades copan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%).

Alto Parapetí para los guaraníes

En 2006, el gobierno de Evo Morales se comprometió con la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) a dotar suficiente tierra a todas las comunidades de Tarija, Santa Cruz y Chuquisaca.

El 28 de noviembre de 2006, el gobierno aprobó la Ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria modificatoria de la Ley INRA, instrumento que permite el reconocimiento y la titulación y/o devolución de las tierras y territorios ancestrales a los pueblos indígenas históricamente excluidos.

El 28 de noviembre de 2007, el gobierno dictó un decreto para distribuir alrededor de 450 mil hectáreas de tierra en Chuquisaca entre 500 familias guaraníes.

En septiembre de 2007, la Dirección Departamental del INRA Santa Cruz admitió la demanda de la TCO Guaraní Alto Parapetí de 203.352 hectáreas solicitada el 14 de julio de 2007 por los responsables de Tierra y Territorio de la Capitanía de Alto Parapetí José Yamangay y de la Asamblea del Pueblo Guaraní Leonardo Guarupachi Mayaregua.

El 16 de noviembre de 2007, el Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente dictó y remitió al INRA el Registro de Identidad del Pueblo Indígena demandante MDRA y MA/UT/ADPIB/CTO/IT N. 21/07.

El 17 de diciembre de 2007 se priorizó un área de saneamiento de 157.094 hectáreas dividida en cuatro polígonos de la TCO Alto Parapetí (resolución determinativa JAJ-DD-SC N.078/2007) y se dispuso la regularización del derecho propietario de 43 predios de terceros ubicados dentro del área.

El 12 de febrero de 2008, el INRA emitió la Resolución Determinativa de Área de Saneamiento de Tierras Comunitarias de Origen N. 029/2008 de la Capitanía Alto Parapetí, ubicada en los departamentos de Santa Cruz y Chuquisaca, provincias Cordillera y Luis Calvo, respectivamente, secciones Primera, Cuarta, Quinta y Sexta, Cantones Camiri, Lagunillas, Aquio, Gutiérrez, Choreti, Cuevo, Ticucha, Villa Vaca Guzmán e Iguembe.

La TCO colinda al norte con las comunidades Iguasurenda, Itaimi, Tenta Piau-Lagunillas, Curupaiti y Kuruyuqui. Al sur, con Río Cuevo, los predios El Piritial, Parapetí, Yaguagua y con la comunidad Santa Rosa de Cuevo. Al este limita con la TCO Kaami y al oeste con la comunidad Santa Rosa de Cuevo, Tierra fiscal, Quebrada Itacua, Río Caraparí y el predio Santa Bárbara.El 26 de febrero se emitió la Resolución de Inicio de Procedimiento RA-ST 0034/2008, disponiendo que brigadas técnicas comiencen a recolectar información en campo.

La revuelta terrateniente

Los terratenientes del chaco cruceño en alianza con políticos y empresarios autonomistas de Santa Cruz organizaron comités y grupos de choque armados para defender "sus territorios". La consigna era resistir "con todo" y sabotear el saneamiento y la titulación de la TCO Alto Parapetí por lo menos hasta que se apruebe el estatuto autonómico del departamento en el referéndum el 4 de mayo.

El 27 de febrero, la Federación de Ganaderos del chaco expulsó de Camiri al equipo técnico del INRA encargado de sanear tierras en Alto Parapetí y zonas adyacentes. Fue la primera acción directa de la temeraria revuelta terrateniente.

El 29 de febrero, el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el director Nacional del INRA Juan Carlos Rojas y otros funcionarios fueron atacados en puertas de la hacienda "Caraparicito" de Ronald Larsen. La comisión oficial se dirigía a la comunidad de Iviyeka para supervisar el inicio del saneamiento en Alto Parapetí.

Larsen, dueño de más de 50 mil hectáreas en Santa Cruz, disparó a dos neumáticos de una camioneta gubernamental y amenazó con "ajusticiar" a los funcionarios.

A principios de marzo, el subprefecto Marcelino Apurani, el consejero de la subprefectura Bernardo Suárez y sus guardaespaldas irrumpieron en una reunión que sostenían el director Nacional del INRA y un propietario que tramitaba el saneamiento de su predio. Los latifundistas advirtieron varias veces que no se harían responsables "si le pasa algo al personal del INRA".

El 8 de marzo, la dirigencia político empresarial cruceña y los ganaderos de Cordillera reunidos en la localidad de Lagunillas acordaron tomar acciones conjuntas. "Comités de defensa de la tierra" de las asociaciones ganaderas de Macharetí, Gran Chaco, Camiri, Boyuibe, Cuevo, Lagunillas, Cabezas, Gutiérrez, Huacareta, Villa Guzmán, Ingre y Monteagudo instalaron "trancas de control" en toda la zona para impedir el tránsito de funcionarios del Viceministerio de Tierras y del INRA.

El 4 de abril, el norteamericano Ronald Larsen y otros patrones de la provincia apedrearon y agredieron a indígenas y funcionarios del Estado, y por segunda oportunidad frustraron el inicio del saneamiento de la TCO guaraní.

El 13 de abril, terratenientes y ganaderos que obtuvieron enormes haciendas en las dictaduras y en los regímenes neoliberales interceptaron y atacaron salvajemente a un grupo guaraní en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, obligando al gobierno a declarar una pausa en el saneamiento en la provincia Cordillera.

La Prefectura de Santa Cruz, Comité Cívico, legisladores de derecha (Podemos, MNR, UN), el cardenal católico Julio Terrazas, la Subprefectura de la Provincia Cordillera; las Alcaldías de Camiri, Cuevo y Boyuibe; la Fiscalía de Camiri, la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (FEGASACRUZ), la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas (ANAPO) y la Asociación Municipal de Santa Cruz (AMDECRUZ) iniciaron una campaña propagandística en contra del saneamiento.

El bloque empresarial denunció que el gobierno intentaba "apropiarse" de las tierras de "empresarios productivos" para luego repartirlas "políticamente" entre campesinos masistas del occidente. Alertaron que el saneamiento "barrerá a todos los propietarios de la provincia Cordillera"; "cercenará los territorios municipales", y "arrebatará las regalías y las reservas petroleras, acuíferas y gasíferas a las alcaldías".

Patrones sin discurso

A principios de junio comenzaron a caer una a una las mentiras y medias verdades de la propaganda autonomista.

La TCO de Alto Parapetí no se "apropiará" de los recursos naturales ni de los ingresos por Coparticipación Tributaria Municipal, HIPC II e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de las siete secciones municipales de la provincia Cordillera, simplemente porque la TCO es una forma de propiedad de la tierra y no una institución receptora de recursos públicos.

El saneamiento en la provincia Cordillera garantiza el derecho propietario de pequeños agricultores y ganaderos que poseen predios de menos de 500 hectáreas. Más de 10 mil familias serán beneficiadas con títulos gratuitos sin perder ni siquiera un centímetro de tierra.

La servidumbre no es una "excusa" gubernamental para "ensuciar" la imagen de ganaderos y agroindustriales -como decían el autonomismo cívico empresarial y sus medios-; es una vergonzosa realidad con profundas raíces históricas que sigue mellando la dignidad nacional e interpelando al Estado supuestamente democrático y "moderno" en pleno siglo XXI, corroboró una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 13 de junio de 2008.

El movimiento cívico empresarial de Santa Cruz, supuesto gobierno de las "mayorías" cruceñas y defensor de la justicia, encabezaba la revuelta patronal y lo ataques armados en el chaco. Y la gente se preguntaba: si la tierra de Santa Cruz es exclusivamente para los cruceños, como dicen el prefecto Rubén Costas y el cívico Branco Marinkovic ¿por qué se les niega una TCO a los guaraníes del chaco, los primeros cruceños?

Los autonomistas quisieron imponer a palos un gobierno cruceño tan autónomo como una republiqueta para proteger propiedades de terratenientes descendientes de europeos, croatas y turcos que encabezaban el movimiento cívico prefectural de Santa Cruz.

Más de un centenar de organizaciones sociales, sindicales, indígenas, religiosas, intelectuales, ONGs y organismos internacionales condenaron a los sediciosos y su malintencionada campaña de desinformación.

La CIDH y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Bolivia deploraron las agresiones a indígenas y autoridades de gobierno. Danielle Mitterrand reprochó a las "bandas fascistas" y "provocadoras" de Santa Cruz.

La Federación Internacional de Derechos Humanos instó a los dirigentes empresariales del chaco a respetar el estado de derecho. Amnistía Internacional recordó a los patrones que romper el círculo vicioso de la pobreza y la exclusión supone luchar contra las violaciones a los derechos humanos que las motivan y las perpetúan.

Los sacerdotes de base criticaron a los jerarcas de la Iglesia Católica parcializados con los hacendados, y reflexionaron a los ricos que la tierra es un bien de todos.

El 19 de noviembre de 2008, el gobierno de Evo Morales aprobó el decreto supremo 29802 que instruye revertir haciendas que mantienen sistemas servidumbrales. Dos días después, el 21 de noviembre, brigadas técnicas del INRA reanudaron el saneamiento de tierras en Alto Parapetí.

Sólo los gremios patronales cruceños y algunos medios a su servicio repudian el nuevo "avasallamiento" a "la propiedad privada". Según las mayorías ciudadanas, el derecho a la propiedad privada particular puede y debe restringirse para preservar los derechos colectivos.

La alta concentración de la propiedad agraria perpetúa la penosa situación de indígenas sometidos a la servidumbre. La única manera de liberar a esta gente es reestablecer el proceso de saneamiento y redistribuir la tierra en el chaco.

Notas

1. Crónicas de Garcilazo de la Vega, Diego F. de Alcaya y Diego de Guzmán. (El Inca. Comentarios reales; Octava Edición, Colección Austral. Espasa - Calpe; Buenos Aires, 1967)Los Guaraníchiriguano; PIFARRE Francisco; Cuadernos de Investigación. N 31; CIPCA, La Paz 1989.Los Andes orientales: Historia de un olvido; SAIGNES Thierry; CERES IFEA; Estudios Históricos N 2; 1 Ed., Cochabamba, octubre 1985.Economic Change and Rural Resistance in Southern Bolivia, 1880-1930, y Misiones Franciscanas y Trabajadores Chiriguano, Colonización, aculturación y mano de obra indígena en el sudeste de Bolivia; Erick Langer.El Guaraní conquistado y reducido, Ensayos de etnohistoria; MELIA, Bartomeu; Biblioteca Paraguaya de Antropología, Vol. 5; Centro de Estudios Antropológicos Universidad Católica, Asunción 1993.Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos; FABRE Alain; TUPÍ, 2005.

2. Etnografía chiriguana, Bernardino de Nino, La Paz Bolivia, 1912.

3. Carta Pastoral Tierra, madre fecunda para todos, inspirada en el documento "Para una mejor distribución de la tierra: El reto de la Reforma Agraria", publicado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz del Vaticano el 23 de noviembre de 1997.

4. La reforma agraria de 1953 desmanteló las haciendas tradicionales de tipo feudal de las tierras altas y los valles, pero ese sistema volvió a surgir en las tierras bajas del oriente, donde se adjudicaron inmensas extensiones de tierra a poderosos partidarios políticos de los regímenes de entre los años 60 y 90. La gran mayoría de los campesinos pobres dedicados a la pequeña agricultura poseen apenas el 1,4% de las tierras cultivadas, mientras que el 7% más rico de los terratenientes bolivianos posee el 85%. (Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon, 2003)

La gran propiedad agraria en Santa Cruz se consolidó en la segunda mitad del siglo XX. El crecimiento porcentual de las haciendas/empresas agrícolas ha sido de un 348%, mientras que el crecimiento de la superficie que ocupan estos predios en el departamento se ha incrementado en 1.062%. La política agraria de 1953 y especialmente los regímenes de Banzer y Jaime Paz han transformado drásticamente la estructura agraria en el departamento de Santa Cruz a favor de la gran propiedad. (De la goma a la soya: El proyecto histórico de la elite cruceña, Ximena Soruco Sologuren, en Los Barones del Oriente, El poder en Santa Cruz ayer y hoy; Fundación Tierra, 2008)

5. El reportaje describe el sistema de servidumbre que somete a familias íntegras por generaciones; se refiere a los jornales de entre 3 y 10 bolivianos pagados en especie; a los castigos físicos, al trabajo forzoso infantil y sobre explotación sin derecho a descanso ni feriados; a la privación de libertad y a las familias castigadas en "potreros" alambrados (relata el caso de cuatro familias presas durante cuatro meses); y a la compra de la libertad de familias. La periodista Amanda Dávila hizo la investigación con apoyo de 3 diputados, una socióloga y el representante de la Asamblea del Pueblo Guaraní Lidio Merites.

6. * OEA-CIDH: Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. * Programa de acción especial para combatir el trabajo forzoso, Organización Internacional del Trabajo (OIT), 2004.* Informe de Derechos Humanos de los pueblos indígenas afectados por las industrias de la minería, gas y petróleo y el caso de las familias cautivas en el chaco boliviano, elaborado en 2005 por CPESC, OICH, APG, CONAMAQ, CODERIP, CEADES y el Capítulo Boliviano de Derechos Humanos.* Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en Bolivia elaborado por el Departamento de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica "Country Reports on Human Rights Practices", 2007. * Informe del Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación Jean Zieglercon* Investigación multidisciplinaria realizada por la Cruz Roja Suiza y el Ministerio de Justicia en 2006, en Alto Parapetí.* Folleto informativo N.14 del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), elaborado por el Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud.

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