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Área: Política >> Ejecutivo
Actualizado el 2008-11-20 a horas: 23:50:18

El gobierno pide al INRA que investigue casos de servidumbre en las haciendas

Redacción Bolpress

El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene la atribución para denunciar el incumplimiento de la función económica social (FES) de predios agrarios rurales en los que verifique y establezca la existencia de sistemas servidumbrales, trabajo forzoso o formas análogas, decretó el gobierno de Evo Morales.

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El decreto supremo 29802 aprobado por el Ejecutivo el 19 de noviembre de 2008 instruye al INRA que considere todos antecedentes sociales de las propiedades agrarias durante la ejecución del procedimiento de verificación de la FES, con las consecuencias establecidas en el artículo 157 del decreto reglamentario 29215 de 2 de agosto de 2007.

El artículo 157 del decreto 29215 establece que los predios agrarios rurales que mantienen sistemas de peonazgo, trabajo forzoso, cautiverio, servidumbre o formas análogas son contrarios al beneficio e interés colectivo, e incumplen la función económica social.

Se entiende que existe un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud, cautiverio o formas análogas cuando comunidades, familias o personas trabajan o sirven al propietario o titular de un predio en el desarrollo de actividades agrarias, en un marco de violación a los derechos fundamentales, bajo sometimiento y sin el pleno consentimiento de los trabajadores; o cuando se incumplan las obligaciones de pago de salario, sea en especie o por debajo del salario mínimo nacional establecido, define el decreto 29802.

Las relaciones servidumbrales tienen múltiples connotaciones sociales, económicas, de derechos humanos, culturales y jurídicas, estando las instancias pertinentes facultadas para aplicar normas penales o laborales especiales dentro de sus competencias, y con los efectos correspondientes.

El decreto 29802 precisa las atribuciones en materia agraria, disponiendo que el Instituto Nacional de Reforma Agraria, de acuerdo con el principio de especialidad, establezca tipos de relaciones servidumbrales durante la verificación de la FES en la ejecución de procedimientos agrarios, tomando en cuenta denuncias y todo otro elemento de prueba complementario, así como indicios que permitan verificar y determinar lo ocurrido en el predio objeto del proceso agrario.

En un plazo de cinco días a partir de la promulgación de la norma, el INRA debe emitir una guía que establezca los criterios, la metodología y procedimientos para verificar y establecer en materia agraria la existencia de sistemas servidumbrales, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias, personas cautivas o formas análogas.

El artículo 47 del decreto reglamentario 29215 atribuye al INRA la facultad de emitir disposiciones técnicas, dictar reglamentos, manuales, guías y otras normas internas con el objeto de asegurar la celeridad, economía, sencillez, eficiencia y eficacia en los procedimientos agrarios.

Atribuciones del INRA

Precisa el decreto 29802 que el desplazamiento forzado de comunidades, familias o personas de predios agrarios, sea por presión psicológica, con engaños o a través de medios violentos, será considerado un indicio de la existencia de relaciones servidumbrales. En estos casos se verificará la relación existente entre las personas desplazadas y el propietario o titular del predio antes de haberse producido el desplazamiento.

Las conciliaciones ante autoridades laborales o desestimientos ante autoridades penales tendrán valor demostrativo en lo relacionado a su contenido específico, y no impedirán al INRA emplear o recurrir a otros elementos para verificar las relaciones objeto del decreto 29802.

Las personas que adquieran un predio agrario asumen todas las obligaciones que el anterior propietario hubiese contraído con los trabajadores del predio. En estos casos, la verificación de la existencia de relaciones servidumbrales sufrirá efectos con relación al propietario actual. El artículo 11 de la Ley General del Trabajo señala que la sustitución de patronos no afecta la validez de los contratos existentes.

El decreto 29802 determina que la existencia de un sistema servidumbral, trabajo forzoso, peonazgo por deudas y/o esclavitud de familias o personas cautivas en el área rural es contrario al beneficio de la sociedad y al interés colectivo, y por tanto implica el incumplimiento de la función económico social. (Artículo 157 del decreto 29215)

El artículo 169 de la CPE establece que el Estado garantiza la mediana propiedad y la empresa agropecuaria en tanto cumplan una función económica social calificada conforme a ley.

La Ley 1715 del Servicio Nacional de Reforma Agraria del 18 de octubre de 1996, modifica por la ley 3545 de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria del 28 de noviembre de 2006, determina que la función económico social es el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, así como la conservación y protección de la biodiversidad, la investigación y el ecoturismo, conforme a su capacidad de uso mayor, disponiendo con claridad que estas actividades deben realizarse en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y del propietario.

Antecedentes legales

El artículo 5 de la Constitución Política del Estado (CPE) protege a la población de cualquier género de servidumbre y establece que nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin su pleno consentimiento y justa retribución. El parágrafo II del artículo 6 determina que la dignidad y libertad de las personas son inviolables, y que respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado.

El Convenio 29 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 30 junio de 1930 amplió la definición de esclavo de la Convención de 1926, incluyendo el término trabajo forzoso y obligatorio como "todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente".

El artículo 4 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 dice que "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre", y prohíbe toda forma de esclavitud, precepto que fue incorporado en el artículo 6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 que entró en vigor en 1978.

El artículo 1 de la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud y del Tráfico de Esclavos e instituciones y prácticas similares a la esclavitud aprobada el 7 de septiembre de 1956 señala que "Cada uno de los Estados Partes en la Convención adoptará todas aquellas medidas legislativas o de cualquier otra índole que sean factibles y necesarias para lograr progresivamente y a la mayor brevedad posible la completa abolición o el abandono de las instituciones y prácticas como la servidumbre por deudas o la servidumbre de la gleba, dondequiera que subsistan". Esta Convención se ratificó mediante Ley 2116 el 11 de septiembre de 2000.

El artículo 6 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobada y ratificada mediante Ley de la República de Bolivia el 11 de febrero de 1993, señala que "Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas".

El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ratificado por Bolivia mediante Ley 1257 del 11 de julio de 1991, obliga al Estado a proteger los derechos de estos pueblos y garantizar el respeto a su integridad, en lo que concierne al acceso y tenencia de la tierra, acceso a la educación y seguridad social, así como medidas especiales para garantizar una protección eficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, eliminando sistemas coercitivos que implique formas de servidumbre por deudas.

El gobierno creó mediante decreto 29292 del 3 de octubre de 2007 el Consejo Interministerial para la Erradicación de la Servidumbre, el trabajo forzoso y formas análogas. Una de sus atribuciones es promover la actualización, adecuación, ampliación y profundización de la normativa vigente con el fin de garantizar la libertad, la dignidad y los derechos humanos de personas, familias y comunidades proclives a ser sometidas a esta clase de relaciones de explotación.

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