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Área: Economía >> Transportes
Actualizado el 2008-11-17 a horas: 13:20:22

Sobreoferta de transporte público

Parque automotor sube de 90 mil a más de 704 mil vehículos en una década

El parque automotor en el país subió de 90 mil a más de 704 mil vehículos en una década. Entre enero y octubre de 2008, ingresaron al país 104 mil automotores, 90 por ciento usados y 10 por ciento nuevos, según un informe del Registro Único Automotor (RUAT).

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Existe sobreoferta de transporte público en las principales capitales de Bolivia, lo que provoca caos, desorden y contaminación, coincidieron los participantes del Primer Congreso Internacional de Transporte Público Urbano, realizado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en pasados días.

El caos en el transporte en general se debe a la inadecuada política de importación de vehículos, la falta de educación vial, la ausencia de reglamentos específicos y la concentración de actividades en el área central, concluyeron los asistentes al Congreso organizado por la Superintendencia de Transportes, el Viceministerio de Transportes, el Gobierno Municipal de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y la Confederación de Chóferes de Bolivia.

El sector del transporte público pidió al gobierno que reduzca la importación de vehículos usados, líneas de crédito y la necesidad de crear empresas o sociedades anónimas que presten servicios urbanos.

La Superintendencia de Transportes (STR) registró 2.414 reclamos directos de usuarios contra los servicios entre enero y julio de 2008. De este tota, 59% correspondió al sector del transporte automotor público terrestre (larga distancia), seguido por el transporte aeronáutico con 38% y el aeroportuario con 2% de las reclamaciones.

La Oficina de Atención al Consumidor (ODECO) de la STR es la encargada de recibir, canalizar e iniciar los procesos correspondientes como resultado de los reclamos de los usuarios, quejas en las que consideran que no han recibido un buen servicio como por ejemplo, el extravío de equipaje, el cobro por encima de las tarifas vigentes o el maltrato de parte del operador de los servicios.

Dicho reclamo en primera instancia, se presenta ante el operador (empresa) para que pueda resolver el caso; si el usuario no está de acuerdo con la solución o explicación que le brinda el operador del servicio, se inicia un proceso administrativo. En el marco de la normativa vigente, la Superintendencia de Transportes busca en esa instancia un escenario de avenimiento que pretende evitar el proceso y lograr un acuerdo.

Si esta iniciativa no tiene éxito, el operador por una parte y el usuario por la otra, de acuerdo a la normativa, deben presentar alegatos y pruebas de cargo y descargo. Cumplidos los plazos previstos por la norma, la entidad reguladora aprueba una Resolución Administrativa Regulatoria mediante la cual se pronuncia a favor o en contra de la reclamación efectuada por el usuario. De acuerdo a datos de la Superintendencia de Transportes, de cada 10 procesos administrativos más de 70% finaliza a favor de los usuarios.

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