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Actualizado el 2008-11-14 a horas: 20:55:56

Vocal de Corte Suprema reconoce haber prevaricado

Daniel García Alvarado

Con sorprendentes declaraciones ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, el vocal de la sala penal segunda de la Corte Suprema Dr. José Luís Baptista, tácitamente confesó haber prevaricado con el AUTO SUPREMO por el cual "ordenó" arbitrariamente suspender la audiencia de mediadas cautelares realizada en la ciudad de La Paz donde se dispuso la detención preventiva del ex prefecto de Pando, y además, "se remitan a Sucre" todos los antecedentes de la cruel masacre perpetrada en Pando con más el detenido ex prefecto, presuntamente para un juicio de responsabilidades en la Corte Suprema.

Sin embrago, la verdadera intención era evitar aquella detención preventiva por delitos comunes que no ameritan ningún juicio de responsabilidades, y que una vez llegue a Sucre, ponerlo en libertad. Intención confirmada sin rubor alguno por el propio Dr. Baptista, cuando declaró públicamente, inclusive adelantando criterio, que el ex prefecto "debería estar LIBRE".

En sus declaraciones ante dicha Comisión, Baptista también admitió haber dictado el referido auto supremo, a sabiendas que no podía hacerlo al no haberse abierto la competencia de la Corte Suprema en éste caso concreto, y que lo hizo ante un simple "anuncio de investigación" del fiscal general de la República, reconociendo a la vez, que ningún juicio de responsabilidades puede ser iniciado "de oficio" como él pretendió hacerlo, sino solamente mediante una PROPOSICIÓN ACUSATORIA de cualquier ciudadano ante el fiscal general, conforme establece taxativamente el artículo 3 de la Ley 2445 de juicio de responsabilidades.

Ahora bien, establecido claramente este hecho, corresponde analizar la reprochable ilicitud del referido auto supremo dictado por Baptista y el otro vocal de la Sala Penal 2da. de la Corte Suprema, que a todas luces constituye una resolución manifiestamente contraria a la ley y tipificada claramente como delito de PREVARICATO por el artículo 173 del Código Penal, agravada además por las circunstancias e intencionalidades ilícitas y dolosas con las que se pretendió favorecer al ex prefecto, abusando del cargo y el uso indebido de influencias. Ya que además, al margen de la extrema celeridad con la que se actuó, había otra segunda intencionalidad basada en el propio artículo 3 de la Ley 2445, donde se determina que en base a la proposición acusatoria, el fiscal general, en un plazo máximo de 15 días debe formular el requerimiento acusatorio ante la Corte Suprema de Justicia, y ésta a su vez, remitir el caso ante el Congreso Nacional pidiéndole autorización expresa con el voto afirmativo de 2/3 del total de sus miembros para enjuiciar al ex prefecto. Siendo éste detalle precisamente, la mayor prueba del denunciado favoritismo con el ex prefecto, por el sencillo hecho que la derecha política opositora al gobierno y del cual es miembro el ex prefecto, tiene el candado congresal de los 2/3 para IMPEDIR que se enjuicie a uno de sus correligionarios, y por consecuencia, éste sería tácitamente absuelto de todo cargo en dicho "juicio" de responsabilidades, y tal vez, ser restituido nuevamente en su cargo de prefecto como si nada hubiese ocurrido.

De todo lo dicho, corresponde absolutamente someter a juicio de responsabilidades por los delitos de prevaricato y uso indebido de influencias a los firmantes del referido auto supremo, conforme al procedimiento señalado en la Ley 2623 de 22 de diciembre de 2003.Prevaricato en que también han incurrido los dos vocales del tribunal de hábeas corpus de Sucre, cuando declararon procedente el recurso y ordenaron el "traslado" del detenido ex prefecto a Sucre, atropellando y desconociendo las competencias del Poder Ejecutivo que en el marco del estado de sitio dispuso el lugar del confinamiento de éste, y vulnerando los artículos 111 y 112 de la Constitución, y el artículo 1 numeral 14 de la Ley de Organización Judicial. Constituyendo este fallo de hábeas corpus, otra resolución manifiestamente contraria a la ley, y que fue dictada además, con el deliberado propósito de favorecer a uno de los hombres más ricos de Bolivia como es el ex prefecto de Pando, llegando inclusive al extremo de la imbecilidad para amenazar y amedrentar al gobernador de la cárcel de San Pedro, ordenándole reiteradas veces "trasladar" al ex prefecto hasta Sucre a disposición del fiscal general, a sabiendas que el fiscal general se ha inhibido de investigar este caso, por haberse conformado la referida Comisión Investigadora que, por mandato Constitucional y de la propia Ley del Ministerio Público, EJERCE las máximas funciones como Ministerio Público.

Configurando plenamente estos hechos, igual que en el caso del auto supremo aludido precedentemente, actuaciones de flagrante PREVARICACIÓN.

Finalmente, ante las caprichosas y maliciosas interpretaciones a las que se presta la Ley 2445 en su artículo 1, que consigna los delitos para juicio de responsabilidades, lamentablemente incluye en su inciso b), la violación de derechos y garantías fundamentales, como delito que merece el privilegio de juicio de responsabilidades, cuando por el contrario, la Constitución Política del Estado determina imperativamente por dicho delito, un juicio en la jurisdicción ORDINARIA en su artículo 34:"Artículo 34.- Los que vulneren derechos y garantías constitucionales QUEDAN sujetos a la jurisdicción ordinaria." Por tanto, corresponde derogar completamente el referido inciso b) de la Ley 2445, por vulnerar esta norma constitucional y pretender situarse por encima de ella, quebrantando inclusive la primacía Constitucional consagrada por el art. 228.Además de ello, la Ley 2445 también incurre en evidente ambigüedad en el mismo artículo 1 donde se especifican los delitos por los cuales dichas autoridades se privilegian con juicio de responsabilidades, cuando expresa en el inciso j): "j).- Cualquier otro delito cometido en el ejercicio de sus funciones."Esta ambigüedad, adquiere al presente relevancia jurídica, por cuanto los defensores del ex prefecto, aseveran erróneamente que corresponde aplicar juicio de responsabilidades "por cualquier cosa que haya hecho el ex prefecto". Lo cual es totalmente falso, puesto que de ser así, la ley 2445 se limitaría simplemente a determinar se aplique dicho juicio de privilegio, por TODOS los delitos contemplados en el Código Penal, y no así consignar y DETALLAR específicamente aquellos delitos.Es más, el propio inc. j) cuando expresa: "cualquier otro delito cometido en el EJERCICIO de sus funciones", correctamente interpretado, quiere decir: vinculado a "sus funciones". Y además, inmediatamente después en el párrafo final del referido artículo 1, se aclaran todas las dudas cuando añade y especifica otro delito más, expresando textualmente: "Los prefectos de Departamento serán enjuiciados por los delitos MENCIONADOS en este artículo Y POR el delito de sedición".De cualquier forma, y ante tanta malicia demostrada en éste caso, corresponde sancionar otra Ley modificatoria de la referida Ley de Responsabilidades Nº 2445, derogando por completo los incisos b) y j) del artículo 1, para descartar definitivamente toda interpretación sesgada, caprichosa y maliciosa.

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