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Área: Política >> Notas de gobierno
Actualizado el 2008-10-23 a horas: 23:56:23

Se protege la propiedad agraria que cumpla FES o que se utilice para "generar empleos" y "producir y comercializar" bienes o servicios

Nueva CPE: Ganan derechos los dueños de tierras y el Estado pierde competencias y armas para combatir al latifundio

Redacción Bolpress

El Congreso modificó el contenido y no sólo la forma del Capítulo de Tierra y Territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007. El Estado cedió competencias en materia agraria a los gobiernos autonómicos; se debilitaron los instrumentos de lucha contra el latifundio y el acaparamiento de tierra, y el trabajo y el cumplimiento de la Función Económica Social (FES) dejaron de ser las únicas condiciones para adquirir, conservar y reconocer propiedades agrarias.

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La nueva Carta Magna corregida en el Congreso, más blanda con los grandes propietarios de tierras, reconoce derechos de predios particulares ubicados dentro de territorios indígenas; no limita la extensión de viejos latifundios y ya no ordena revisar los derechos otorgados que han derivado en el acaparamiento de tierras en el plazo de un año, desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

Competencias

La Política general sobre tierras y territorio, y su titulación, y la Política general de Biodiversidad y Medio Ambiente son "competencias privativas" del nivel central del Estado, y su legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega. (Artículo 298. I.)

El Servicio Boliviano de Reforma Agraria (SBRA), cuya máxima autoridad es el Presidente del Estado, es la entidad responsable de planificar, ejecutar y consolidar el proceso de reforma agraria y tiene jurisdicción en todo el territorio del país. (Artículo 404) Es atribución de la Presidenta o del Presidente del Estado ejercer la autoridad máxima del SBRA (ex INRA) y otorgar títulos ejecutoriales en la distribución y redistribución de las tierras. (Artículo 172, 27.)

En las "competencias concurrentes", el nivel central del Estado legisla y las entidades territoriales autónomas ejercen simultáneamente facultades reglamentaria y ejecutiva en Agricultura, ganadería, caza y pesca; preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental, y Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. (Artículo 299, 1. 4. 16.)

Un nivel de gobierno (Estado, departamento, región, municipio o territorio indígena) tiene "competencias exclusivas" sobre determinadas materias, con facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. (Artículo 297)

Son "competencias exclusivas" el Régimen general de biodiversidad y medio ambiente; Política Forestal y régimen general de suelos, recursos forestales y bosques; Elaboración y aprobación de planos y mapas cartográficos oficiales, geodesia; Sistema de Derechos Reales en obligatoria coordinación con el registro técnico municipal; Áreas protegidas bajo responsabilidad del nivel central del Estado; Reservas fiscales respecto a recursos naturales; Control de la administración agraria y catastro rural; Asentamientos humanos rurales; Políticas de planificación y ordenamiento territorial, y Régimen de la tierra. La ley determinará las facultades a ser transferidas o delegadas a las autonomías. (Artículo 298. II. 6, 7, 12, 18, 19, 20, 22, 29, 33 y 39)

Son "competencias exclusivas" de los gobiernos departamentales autónomos, en su jurisdicción, la Elaboración y ejecución de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación con los planes del nivel central del Estado, municipales e indígena originario campesino; Servicios de sanidad e inocuidad agropecuaria; Promoción y conservación del patrimonio natural departamental; Promoción y administración de los servicios para el desarrollo productivo y agropecuario. (Artículo 300. I. 5, 14, 18, 31)

Tipos de propiedad de la tierra

El proyecto constitucional reconoce, protege y garantiza derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra. En el plazo de 180 días a partir de la vigencia de la Constitución, el Órgano Ejecutivo proyectará una ley que fije las características y los límites máximos y mínimos de la propiedad agraria, considerando las condiciones naturales de las diferentes zonas geográficas del país, las actividades socioeconómicas que se desarrollan en éstas, preservando el equilibrio de la calidad ambiental. (Disposición transitoria Sexta)

Propiedad individual

La propiedad agraria individual se clasifica en pequeña, mediana y empresarial, en función a la superficie, a la producción y a los criterios de desarrollo. Sus extensiones máximas y mínimas, características y formas de conversión serán reguladas por la ley (...). (Artículo 394. I.)

La pequeña propiedad es indivisible, constituye patrimonio familiar inembargable, y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. La indivisibilidad no afecta el derecho a la sucesión hereditaria en las condiciones establecidas por ley. (394. II.)

Por afectar a su aprovechamiento sustentable y por ser contrario al interés colectivo, se prohíbe la división de las propiedades en superficies menores a la superficie máxima de la pequeña propiedad reconocida por la ley que, para su establecimiento, tendrá en cuenta las características de las zonas geográficas. El Estado establecerá mecanismos legales para evitar el fraccionamiento de la pequeña propiedad. (Artículo 400)

Propiedad colectiva: de TCO aTerritorio Indígena Originario Campesino

La propiedad comunitaria o colectiva de la tierra comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y las comunidades campesinas. (394. III.) En el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo, la categoría de Tierra Comunitaria de Origen se sujetará a un trámite de conversión a Territorio Indígena Originario Campesino. (Disposición transitoria Quinta)

Se reconoce la integralidad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario campesinos podrán estar compuestos por comunidades. (Artículo 403. I.)

El territorio indígena originario campesino comprende áreas de producción, áreas de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales y espacios de reproducción social, espiritual y cultural. La ley establecerá el procedimiento para el reconocimiento de estos derechos. (Artículo 403. II.)

La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad. (394. III.)

Derechos propietarios sobre la tierra

El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y comunitaria o colectiva de la tierra, en tanto cumpla una función social o una función económica social, según corresponda. (Artículo 393)

El trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. (Artículo 397. I.)

La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades, y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. (Artículo 397. II.)

La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario... (Artículo 397. III.)

La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social. (Artículo 397. III.)

El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. (Artículo 401. I.)

La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública, y previo pago de una indemnización justa. (Artículo 401. II.)

Se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. La superficie máxima no podrá exceder las (cinco o 10 mil) hectáreas. (Artículo 398 sometido a Referéndum Dirimitorio)

El Estado regulará el mercado de tierras, evitando la acumulación en superficies mayores a las reconocidas por la ley, así como su división en superficies menores a la establecida para la pequeña propiedad. Las extranjeras y los extranjeros bajo ningún título podrán adquirir tierras del Estado. (Artículo 396. I y II.)

Por ser contraria al interés colectivo, está prohibida la obtención de renta fundiaria generada por el uso especulativo de la tierra. Se prohíben las dobles dotaciones y la compraventa, permuta y donación de tierras entregadas en dotación. (Artículo 395. II y III)

Más derechos parapropietarios privados

Se elimina el parágrafo II. de la disposición transitoria Séptima de la Constitución aprobada por la Asamblea Constituyente que disponía la revisión de derechos otorgados que han derivado en el acaparamiento de tierras en el plazo de un año desde la elección del Órgano Ejecutivo y Legislativo.

Se garantizan los derechos legalmente adquiridos por propietarios particulares cuyos predios se encuentren ubicados al interior de territorios indígena originario campesinos. (Artículo 394. I.)

En función a la "irretroactividad de la Ley", el artículo 399 establece que los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán sólo a los predios adquiridos luego de que la nueva Constitución entre en vigencia. Sólo en estos casos, las superficies de tierra excedentes serán expropiadas aunque cumplan la Función Económico Social. Se reconocerán y respetarán los derechos de posesión de propiedades agrarias anteriores, de acuerdo a Ley.

Además, el artículo 399 precisa que la doble titulación prohibida en el artículo 398 se refiere a las dotaciones tramitadas ante el ex Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA), y no se aplica "a derechos de terceros legalmente adquiridos". (Artículo 399. II.)

Sin mencionar a la FES y al trabajo como "fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria", el Estado reconoce la propiedad de tierras a todas aquellas personas jurídicas legalmente constituidas en territorio nacional siempre y cuando sea utilizada para el cumplimiento del objeto de la creación del agente económico, la generación de empleos y la producción y comercialización de bienes y/o servicios. (Artículo 315. I.)

Las personas jurídicas señaladas en el parágrafo anterior que se constituyan con posterioridad a la presente Constitución tendrán una estructura societaria con un número de socios no menor a la división de la superficie total entre cinco mil hectáreas, redondeando el resultado hacia el inmediato número entero superior. (Artículo 315. II.)

Repeticiones

Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. (Artículo 349, I. y II)

La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. (Artículo 349, III. / TITULO II: MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES, TIERRA Y TERRITORIO. CAPÍTULO SEGUNDO: RECURSOS NATURALES)

La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies animales protegidas, son actividades que se rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución referida a la estructura y organización económica del Estado. (Artículo 311. I. II. / CUARTA PARTE ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO - TÍTULO I: ORGANIZACIÓN ECONÓMICA DEL ESTADO - CAPÍTULO PRIMERO: DISPOSICIONES GENERALES)

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