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Área: Sociedad >> Regiones
Actualizado el 2008-09-24 a horas: 21:55:06

Indígenas conminados a abandonar Huaraca hasta el 30 de septiembre

Terratenientes ofrecen pedacitos de tierra a guaraníes que les son fieles y destierran a los rebeldes

(UPIC-Tierra).- Ganaderos y terratenientes de la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz aterrorizan e intimidan a comunidades y familias guaraníes que trabajan en las haciendas en condiciones servidumbrales. Los patrones ofrecen tierra a los indígenas cautivos que les son fieles y expulsan a los guaraníes rebeldes, denunciaron dirigentes de la zona.

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Los patrones alzados en armas impidieron que autoridades del Viceministro de Tierras y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) lleguen hasta las haciendas para asistir a los cautivos, y ahora intentan expulsar al pueblo indígena guaraní de su propio territorio.

Desde el siglo XIV, el pueblo guaraní habita el territorio de la Cordillera, una extensa área geográfica defendida con éxito durante más de 300 años por los guerreros guaraníes (kereimbas). Los fieros kereimbas fueron derrotados militarmente en la batalla de Kuruyuki en 1892, el Ejército republicano fragmentó su territorio y entregó a los indios levantiscos a "buenas familias" de hacendados para que los "civilicen".

De pronto los indígenas despojados se encontraron viviendo en tierras de "otros" y trabajando para "otros" como siervos de la gleba. Desde entonces, comunidades guaraníes íntegras trabajan para sus patrones sin recibir salario sino retribuciones en especie, algunos de ellos endeudados de por vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) verificó en junio de 2008 que familias guaraníes todavía son explotadas laboralmente y sometidas a un régimen de opresión feudal en algunas haciendas de la provincia Cordillera y de provincias del departamento de Chuquisaca.

Patrones revoltosos

La mayor parte de las 98.875 hectáreas de Alto Parapetí, provincia Cordillera, está en manos de unos cuantos hacendados. Según el INRA, 14 predios categorizados como empresas agropecuarias abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades ocupan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%).

En alianza con el Consejo Nacional Democrático (Conalde), los dueños del poder económico regional se levantaron en armas para frenar la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria impulsada por el gobierno de Evo Morales, y de esta manera proteger sus haciendas.

Entre febrero y abril de 2008, ganaderos y terratenientes expulsaron de Camiri a funcionarios del INRA y atacaron con armas de fuego a autoridades del Poder Ejecutivo para evitar el saneamiento de las haciendas de la zona y la creación de una TCO guaraní en la localidad de Alto Parapetí.

En mayo continuaban los bloqueos de caminos en el municipio de Cuevo, donde fueron emboscados y heridos más de 40 indígenas guaraníes y autoridades de gobierno el 13 de abril. Autoridades municipales expulsaron del pueblo a algunos profesores solidarios con los indígenas que reclaman la TCO, y los líderes sociales y activistas vinculados con los guaraníes tenían prohibida la pisada en Cuevo.

El 14 de mayo, la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol), la Federación de Ganaderos de Tarija (Fegatar), la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) y la Federación de Ganaderos del Chaco (Fegachaco) crearon un Comité Interinstitucional para evitar el saneamiento de tierras en el chaco integrado y la creación de la TCO de Alto Parapetí, que su criterio no es nada más que un intento de "confiscación de la propiedad privada productiva para usar la tierra con fines políticos" y apropiarse de "sus" recursos naturales.

Los ganaderos y latifundistas de la provincia Cordillera desempeñaron un papel protagónico en la intentona golpista cívico prefectural que estalló en Santa Cruz el 19 de agosto. Los patrones y sus grupos de choque comandaron los bloqueos en varias zonas del chaco. Se movilizaron por la autonomía y el IDH, pero su verdadero interés era evitar que el INRA vuelva a la zona para sanear las haciendas.

Organizaron los bloqueos en el chaco, entre otros personajes de la patronal cruceña, el diputado Gonzalo Moreno (Podemos) y el vicepresidente del Comité Cívico Roberto Gutiérrez, ambos ganaderos, con intereses personales en las tierras de Alto Parapetí, y denunciados por mantener a indígenas en condición de servidumbre.

Los hacendados del chaco tomaron el control de alcaldías, subprefecturas y comités cívicos de Yacuiba, Villamontes, Camiri y de otras poblaciones, y durante varias semanas mantuvieron un férreo bloqueo caminero.

El poder ganadero intentó sin éxito destruir físicamente al Comité Cívico en Camiri luego de perder el control de la organización. Después creó un Comité paralelo encargado de mostrar la cara "social" de una movilización estrictamente patronal, sin respaldo de la mayoría de la población.

La COR, la APG, el INSPOC y otras organizaciones sociales rechazaron los cortes de ruta de los matones de la Unión Juvenil Cruceñista y funcionarios de la Sub Prefectura de Camiri. Los terratenientes y cívicos instalaron un punto de bloqueo en una tranca distante 10 kilómetros de Camiri para no tener que enfrentar los reclamos diarios de los sectores populares.

Los patrones del chaco criticaron al máximo líder cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic cuando instruyó levantar los bloqueos. En principio sólo la ruta Tarija - Bermejo fue desbloqueada, mientras que los activistas cívicos de Villamontes y de otras regiones rurales de Tarija anunciaron que no suspenderían los cortes de ruta mientras no vean los frutos del diálogo con el gobierno de Evo Morales.

Opresión en las haciendas

Luego del levantamiento terrateniente las condiciones de opresión se agravaron puertas adentro de las estancias de la provincia Cordillera. En varias oportunidades se denunció que algunos hacendados de Huacareta, en Chuquisaca, amenazan y desalojan a las familias indígenas reducidas a la servidumbre.

En un trabajo de campo realizado entre el 9 y 13 de junio, una delegación de la CIDH constató que se han agravado las condiciones servidumbrales en las que viven varias familias guaraníes.

La comisión confirmó la extrema vulnerabilidad de los derechos laborales y sociales de la población guaraní; la existencia de relaciones de poder y dominación violatorias de los derechos humanos; y la falta de acceso a la tierra, todo en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado y a la inefectiva labor de las instituciones llamadas a defender la justicia.

La CIDH instó al Estado boliviano a "aumentar su presencia institucional" en la región, ejecutar las leyes de reforma agraria y garantizar los derechos fundamentales de comunidades nativas que históricamente han sufrido y continúan sufriendo una extrema discriminación.

A comienzos de septiembre, líderes indígenas guaraníes denunciaron que se prepara una ofensiva ganadera en la región del chaco. Los patrones han comenzado a prometer pedazos de tierra insignificantes a los indígenas que estén dispuestos a defender sus propiedades.

Funcionarios del INRA conocieron casos de "algunos indígenas que se están dando la vuelta y que son armados para defender las propiedades del hacendado (...) A los que se quedan les están mejorando algunas cosas... por lo menos tienen tierra para cultivar".

Se conoció que los hacendados ofrecieron a la población guaraní de Itakuatia financiamiento para organizar gremios paralelos a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Los guaraníes que no se someten sencillamente tienen que salir del chaco porque sus vidas correrían peligro. La patronal chaqueña comenzó a lanzar los ultimátums a principios de julio.

Se conoce de la existencia de al menos tres familias que fueron conminadas a abandonar hasta el 30 de septiembre la localidad de Huaraca, situada al sur de Alto Parapetí. Mario Malpartida, dueño de la hacienda Huaraca, es conocido como uno de los patrones más abusivos de la zona.

Lo más triste es que no hay donde alojar a los guaraníes expulsados de las haciendas, los cuales siguen buscando refugio y un lugar donde vivir.

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