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Área: Economía >> Agricultura
Actualizado el 2008-08-26 a horas: 18:49:59

Destapan tres nuevos fraudes agrarios en Beni

Ex prefecto del MNR, un brasilero y una red de traficantes se adueñan de 187 mil hectáreas de tierra

(UPIC-Tierra).- La familia del ex senador del MNR y ex prefecto de Beni Fernando Romero Pantoja, el empresario brasilero Vladimir Martins y traficantes de tierras quieren apropiarse de 187 mil hectáreas de tierra fiscal en las provincias Cercado, Mamoré, Marbán e Iténez del departamento de Beni. La familia Romero Pantoja demanda 74 mil hectáreas en los Polígonos 122-147-128; Martins reclama 27 mil hectáreas en el Polígono 139, y traficantes solicitan 88 mil hectáreas en el Polígono 106.

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El Viceministerio de Tierras analizó jurídica y técnicamente los antecedentes agrarios y los procesos de saneamiento de las tres solicitudes. Además, revisó los trámites de saneamiento de propiedades colindantes y también varias imágenes satelitales multitemporales de toda la zona.

La investigación concluyó que Romero, Martins y los traficantes solicitan el reconocimiento de asentamientos en tierras fiscales posteriores a 1996 considerados ilegales por la Ley INRA 1715. A pesar de ello, ex funcionarios del INRA negligentes socaparon la ilegalidad y ayudaron a los solicitantes a acaparar enormes extensiones de tierra.

Las empresas privadas contratadas para sanear y verificar la Función Económica Social (FES) de las propiedades hicieron su trabajo en una oficina y no en campo como manda la ley, y permitieron que los interesados modifiquen una y otra vez la forma, ubicación y extensión de las áreas.En los registros documentales de los tres trámites se hallaron fotocopias sin valor legal, documentos falsos, documentos duplicados o viciados de nulidad (haciendas "clonadas"), expedientes agrarios de propiedades que no existen o que fueron declaradas "inubicables" (haciendas "fantasma") y expedientes de propiedades situadas a varios kilómetros de distancia del área demandada (haciendas "voladoras").

1. El latifundio falso de Martins

El empresario brasilero Vladimir Martins reclama la propiedad de ocho predios de una extensión total de 27 mil hectáreas. Varios de estos predios comprados a la familia de Walter Ali Parada son "fantasmas".

El año 2000, los Alí Parada intentaron que el INRA les reconozca derechos sobre varias propiedades con supuestas sentencias agrarias de 1992, pero su solicitud fue rechazada en 2001 por no existir indicios suficientes de la existencia de los predios. En ese momento se determinó que los trámites agrarios de las supuestas propiedades no figuraban en los registros del viejo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA).

La familia Alí presentó una segunda solicitud de reposición de expedientes el año 2004, la cual fue aceptada por la Directora de Asuntos Agrarios del INRA Nacional. De manera oficiosa, la autoridad sugirió dejar sin efecto la resolución de rechazo de 2001 (ya ejecutoriada) y dio luz verde para que las propiedades de los Alí sean introducidas en la base de datos del INRA como "procesos en trámite".

El 1 de junio de 2004, Vladimir Martins solicitó la priorización del saneamiento de las propiedades El Tigre, Villa Olga y Villa Elsa de una superficie de 15 mil hectáreas, y un mes después, el 4 de julio de 2004, Walter Ali Parada pidió la ampliación del área añadiendo antecedentes de los predios El Esfuerzo, Lagarto Tuerto, San Pedro y Santa María de una superficie aproximada de 21 mil hectáreas.

La empresa privada LIMITE SRL contratada para realizar el saneamiento determinó en pericias de campo la existencia de ocho predios en el Polígono 139-Martins (El Tigre, Villa Olga, Villa Elsa, Santa Martha, Bettel, Nueva Esperanza, Santa María y El Esfuerzo) de una superficie total de 27 mil hectáreas de tierra fiscal. De manera inexplicable, desaparecieron del trámite los predios Lagarto Tuerto, San Pedro y Villa Elsa.

Durante la recopilación de información en campo y el registro de datos de los predios, LIMITE SRL aceptó fotografías de mejoras y conteo de ganado vacuno fraguados; documentos de transferencia de dudosa legalidad y curiosos documentos de transferencia con doble titularidad.

Martins y Alí intentaron justificar la antigüedad de la posesión presentando documentos (planos y sentencias) de propiedades situadas a 40 kilómetros del área demandada.

La empresa no verificó el cumplimiento de la FES con trabajos de campo, realizó el saneamiento en gabinete, generó información falsa y también cometió delitos de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades.

Imágenes satelitales de 1992, 1996 y 2001 muestran de manera clara que en el área no existe trabajo humano, mejoras ni asentamientos anteriores a 1996 en los predios Villa Olga, Villa Elsa, Santa María y Bettel.

2. Romero Pantoja reclama 74 mil has con papeles de 10 mil has

El 29 de septiembre de 2004, Fernando Romero Pantoja, Julio Romero Barea y Mirian Daysi Pantoja Ruiz de Romero solicitaron el saneamiento de los polígonos 122, 147 y 128 de una superficie de 30 mil hectáreas.

Respaldaron su solicitud con antecedentes agrarios de cinco predios: Laguna Romero, El Rincón, El Chapaco, El Chapaco II y Bella Vista que abarcan una superficie aproximada de 10 mil hectáreas. No declararon y/o respaldaron la posesión de una superficie excedente de 20 mil hectáreas.

En las pericias de campo, los Romero Pantoja presentaron papeles de nuevas propiedades y ampliaron el área demandada hasta 37 mil hectáreas. Aparecieron documentos duplicados de un mismo predio, expedientes de propiedades situadas a 80 kilómetros distancia del área solicitada (expedientes "voladores") e inclusive antecedentes agrarios viciados de nulidad absoluta, según un informe del antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA). Algunos expedientes fueron declarados "no identificables geográficamente".

El antecedente agrario del predio Laguna Romero cuenta con doble numeración (57614 y 57888). La familia Romero Pantoja aprovecha esta irregularidad para generar documentos de transferencia de dos predios diferentes y de esta forma duplica el tamaño del predio. Además, el antecedente agrario está viciado de nulidad debido a una sobreposición con el predio Maracaibo.

Se dejó pasar los expedientes "voladores" porque el INRA incumplió normas y procedimientos para la verificación de FES y pasó por alto la etapa de Relevamiento en Gabinete. El ex funcionario del INRA Beni Omar Vaca, en el ejercicio de funciones públicas, actuó como abogado en la transferencia de dos propiedades, y posteriormente como representante legal en el saneamiento de otros dos predios.

La empresa privada encargada del saneamiento CHTAS hizo pericias de campo y verificó la FES "en gabinete", tomando en cuenta documentación fraguada (fotografías de mejoras, georeferenciación de mejoras, conteo de ganado vacuno y croquis prediales) y documentos de transferencia de dudosa legalidad. Luego generó información falsa y cometió el delito de falsedad material en la ubicación geográfica de propiedades.

Concluidas las pericias de campo, la empresa CHTAS certificó a favor de los Romero Pantoja una superficie de 74 mil hectáreas en los cantones San Pedro, San Ramón y El Carmen de las provincias Cercado, Mamoré e Iténez, respectivamente, es decir más del doble de lo que la familia había solicitado.

Imágenes satelitales de los años 1992, 2004 y 2006 y un análisis del Plan de Uso del Suelo permiten concluir que los predios se encuentran en áreas de uso forestal maderable, con rasgos de monte alto y con escasas áreas aptas para la ganadería extensiva, por lo que se deduce fraude en los trabajos de pericias de cambo y verificación de FES.

En una inspección ocular en campo realizada el 13 de febrero de 2008, el INRA Nacional confirmó la inexistencia física de dos predios del Polígono Romero Pantoja, y constató que uno de ellos es un asentamiento menonita de data reciente.

3. Se lotearon 85 mil ha. con la complicidad del ex jefe del INRA Beni

Una red de traficantes de tierra integrada por comunarios, autoridades municipales y representantes institucionales pretendió perfeccionar derechos individuales y colectivos de 85 mil hectáreas de tierra fiscal a través de un supuesto "Convenio de Cooperación" suscrito por el director departamental del INRA Beni, Pablo Greminger, y el alcalde de San Javier, José Antonio Melgar, en agosto de 2007.

En dicho convenio, Greminger autorizó que personas ajenas al INRA y empleados de la Alcaldía de San Javier ejecuten el saneamiento de tierras en el Polígono 106, ubicado en los cantones San Javier y San Pedro de la provincia Cercado de Beni.

El personal que realizó el saneamiento certificó la existencia de ocho predios en el Polígono 106: Comunidad Campesina Curva del Río Negro, Comunidad Campesina Nueva América, Comunidad Campesina Villa Nazaret, Puesto Nuevo, Kenia, Maraza, Los Leones-Marayau y La Ilusión, que abarcan una superficie total de 85 mil hectáreas.

El alcalde Melgar participó directamente en este trámite irregular. La autoridad "certificó" las posesiones agrarias de algunos miembros de las comunidades campesinas Río Negro y Nueva América, y también fungió como "comunario" de la Comunidad campesina Villa Nazareth en un trámite de 2005.

El ex director departamental del INRA Beni fue cómplice del fraude porque permitió que la Alcaldía contrate personal al margen del procedimiento normal, colaboró en la rápida ejecución del saneamiento, elaboró de inmediato su informe técnico legal, y reconoció derechos de asentamientos ilegales posteriores a 1996, algunos ficticios y otros creados por acaparadores y traficantes de tierra que no viven en la zona.

La mayoría de las propiedades no cuenta con fichas catastrales debidamente llenadas y verificadas que registren la superficie real de los terrenos, la actividad agrícola, ganadera y las mejoras que se hayan hecho. Como en los casos Romero Pantoja y Martins, el INRA no verificó en terreno el cumplimiento de la FES y midió en gabinete los predios del Polígono 106.

La valoración técnico legal del contenido de las carpetas Poligonal y Prediales, el análisis de los procesos de saneamiento de áreas colindantes y datos obtenidos en entrevistas directas permiten concluir que ex funcionarios del INRA, autoridades municipales y dirigentes campesinos suscribieron el Convenio de Cooperación y participaron activamente en el saneamiento del Polígono 106 con el único objetivo de perfeccionar derechos en tierras fiscales que se habían distribuido entre ellos con antelación.

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