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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2008-08-25 a horas: 15:23:20

Ni la propuesta del gobierno ni la de la COB transforman sustancialmente el actual régimen privado

Un sistema de pensiones sólo es sostenible con aporte tripartito

(Cedla - Alerta Laboral).- En un país como Bolivia en el que el mercado laboral es altamente informal, los salarios son bajos y existe inestabilidad en las fuentes de empleo, el ahorro individual no va a garantizar la sostenibilidad de un sistema de seguridad social, como el actual Seguro Social Obligatorio (SSO) o el Sistema Mixto de Pensiones que plantea el Gobierno para reformarlo. La única vía para hacer sostenible un sistema de seguridad social es el aporte tripartito (estatal-patronal-laboral). Es decir, que el trabajador no debe ser el único responsable de asegurar su propia renta de vejez, sino que el empleador y el Estado deben cumplir su obligación social y económica de aportar para la jubilación de éste.

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Si partimos del principio de que la seguridad social tiene el objetivo de garantizar la vida y la reproducción del trabajador, la pregunta es ¿quién o quiénes tienen la obligación de hacer este principio efectivo?

Los empresarios deben aportar

El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) Carlos Arze, señala que, en primera instancia, el llamado a responsabilizarse por la seguridad social del trabajador es el empleador, porque éste obtiene una ganancia por el trabajo de cada uno de sus dependientes, es quien se enriquece con el trabajo ajeno, por tanto, tiene la obligación de aportar para garantizar la reproducción de quienes trabajan para él. "Pero el trabajador no sólo vende su trabajo y genera riqueza para el empleador, sino, que deja parte de sí en esa empresa, construye y ayuda a consolidarla, es por eso que el empleador tiene la obligación de pagarle (una renta) cuando éste ya no pueda rendir", puntualiza.

Lejos de respetar este principio, el actual sistema de pensiones deja toda la responsabilidad al trabajador y su baja capacidad de ahorro. Inicialmente el aporte patronal era de 21%, con el transcurso de los años se fue reduciendo hasta llegar a un 5%, y actualmente el patrón paga apenas un 1,71% por riesgo profesional, "...fondo que no es para la jubilación, sino sólo para riesgos. Es decir, que los empresarios han dejado totalmente de lado su responsabilidad con el trabajador y sólo pagan para un fondo en el caso de que el trabajador se accidente en el centro de trabajo", señala Arze.

El presidente de Asesoramiento y Orientación en Jubilación SSO (Ajubsso), Hugo Alarcón, dijo en una mesa de diálogo auspiciada por el CEDLA: "...en 1996, en el país se aplicó el Seguro Social Obligatorio, y creo que este es un cambio sustancial dentro de la historia de la jubilación en nuestro país porque, de pronto, se excluye al patrón y al Estado de la función de velar por los activos de ayer y los jubilados de hoy. Llegamos así a un sistema de pensiones totalmente individualista en el que, aparentemente, cada cual se responsabiliza por su jubilación en forma particular, descontando la participación estatal y patronal".

¿Y la responsabilidad del Estado?

Según lo establecen las normas laborales vigentes, el otro aportante en un sistema tripartito de seguridad social es el Estado, en tanto instrumento que representa los intereses de los capitalistas, tiene la obligación constitucional de proteger al trabajador, destaca Bruno Rojas, también investigador del CEDLA. Y, finalmente, el Estado debe aportar para la jubilación de los trabajadores porque es el representante de la sociedad y el garante, en última instancia, de velar por el derecho a la vida.

Al respecto el dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luís Álvarez considera que "...el actual sistema de seguridad social asume el criterio de que la jubilación debe ser una responsabilidad exclusiva de los trabajadores, lo que significa el rompimiento con el principio de seguridad social, porque, al ser parte de nuestro salario, parte de lo que significa consumir la fuerza de trabajo en la producción social, debería ser cubierto en su totalidad por el sector empresarial, porque es él quien compra y se beneficia de la explotación de la fuerza de trabajo durante toda su vida activa. Pero también, debiera financiarlo el Estado por ser representante de los intereses de la clase dominante y además el encargado de proteger los recursos humanos de una sociedad".

Tanto Arze como Rojas, destacan que ni la propuesta del Gobierno, ni la de la COB rescatan plenamente este principio fundamental. En el primer caso se trata solamente de una reforma del SSO, mediante la cual se reduce la edad mínima o el número de aportes para acceder a la jubilación. Por ejemplo, si el SSO establecía 65 años, el proyecto de ley del Gobierno lo reduce a 60. Es decir, que en el fondo, no ha cambiado el principio individualista y de continuidad del sistema privado, porque a la propuesta no se incorpora el aporte patronal, ni estatal.

Si bien este principio no es tomado en cuenta en ninguna de las propuestas, ésta es una demanda pendiente de los trabajadores. Así lo evidencian los resultados a los que arribó una encuesta realizada por el CEDLA, entre diciembre de 2007 y enero de 2008, en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. De un total de 802 encuestados, el 61% propone que debe recuperarse el aporte tripartito en la seguridad social, uno de los componentes del antiguo Sistema de Reparto Simple (SRS).

Una carga insostenible para el trabajador

El principio de la tripilaridad está directamente relacionado con la sostenibilidad, es decir, que si no existen los aportes patronal y estatal, el sistema de seguridad social no es sostenible sólo con el aporte del trabajador. Por otro lado, existen fundamentos reales que afirman que si no se protege al trabajador, el conjunto de la economía corre el riesgo de degradarse, porque se estaría afectando a los sectores productivos ligados directamente con la reproducción de la riqueza.

Es decir que, para que funcione bien un sistema de seguridad social, no sólo se debe priorizar la estabilidad financiera y las inversiones; evitando déficit fiscales, sino se debe cumplir con el criterio esencial de cuidar la vida de los trabajadores.

¿Cuál es la mejor propuesta?

En el actual sistema, la propuesta de Ley de Pensiones del Gobierno se basa en los ahorros del trabajador, ratificando la filosofía del sistema de capitalización individual, sin embargo, pretende aparecer como solidario, porque anuncia la creación de un fondo para solventar las pensiones de todos. Sin embargo, con esta propuesta, los más beneficiados serían los trabajadores independientes, comerciantes, choferes, que por primera vez accederían a una jubilación.

Este fondo se crearía con parte de los aportes de los trabajadores asalariados para los riesgos comunes, es decir, que además de que su capacidad de ahorro de los mismos es mínima, se le restaría un porcentaje adicional para destinarlo a otros sectores que no generan excedentes para la economía. En este caso, al único que se le exige solidaridad es al trabajador, ya que ni el Estado ni los patrones se encargarían de sostener este fondo.

En cambio, la propuesta de la COB intenta recuperar, en parte, el sentido de solidaridad, que para los trabajadores tiene un carácter de clase, porque el trabajo es colectivo, de apoyo mutuo "aportas para el que se va y, para ti, aportan los que te siguen", puntualiza Arze. Es decir que, cambia el sentido, el ahorro individual pasa a ser colectivo, a pesar de que no recupera plenamente el principio de tripilaridad.Debilitamiento de la solidaridad

El estudio realizado por el CEDLA revela que el actual sistema de pensiones no responde a las expectativas que tienen los trabajadores para garantizar su renta de vejez. Al respecto, los encuestados manifestaron que, contrariamente a lo que se esperaba, la desprotección al trabajador se ha recrudecido. Una manifestación de ello, se expresa en la Ley 3785, dictaminada el 13 de noviembre de 2007, por el presidente Evo Morales, que establece el pago de una pensión mínima equivalente a un salario mínimo nacional (Bs. 577,5) como si este pago compensara los largos años de aporte de los trabajadores que esperan una pensión que cubra sus necesidades básicas. De ahí que la demanda de los trabajadores es cambiar las condiciones para acceder a la jubilación, fijando una edad de 55 años para los varones y 50 para las mujeres, además de una renta que incorpore principalmente las contribuciones de los empleadores y del Estado.

En el tema de cobertura se puede evidenciar que del total de afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sólo aporta el 46%. En 1996, bajo el Sistema de Reparto, la cobertura alcanzaba a 314 mil personas y para fines del 2007 llegaba a un poco más de un millón, de las cuales sólo 400 mil personas eran aportantes regulares. Además de ello, se marginó de la jubilación a miles de trabajadores que no pueden ahorrar lo suficiente para una renta, considerando sus bajos ingresos y la alta inestabilidad laboral en que se encuentran.

El actual sistema impuso, también, la lógica individualista estableciendo la mayor carga del ahorro en los trabajadores y alentó la competencia entre ellos. Esta lógica, más arraigada en los afiliados jóvenes de 26 a 35 años, puede considerarse como una de las consecuencias más nocivas de la propagación de una cultura individualista, impuesta por el neoliberalismo como respuesta a la extrema vulnerabilidad a la que se enfrenta el trabajador, que enaltece la solución individual, exhorta al mayor sacrificio, a la frugalidad y a la competencia entre trabajadores.

En un contexto caracterizado por una economía poco desarrollada industrialmente y por la persistencia de políticas públicas favorables a los monopolios extranjeros y contrarios a los trabajadores, se reduce la probabilidad de contar con una jubilación acorde a las necesidades esenciales. Así la seguridad social, entendida como un derecho funda-mental, está sometida, en nuestro país, a los vaivenes de la economía y a la debilidad del Estado.

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¿POR QUÉ QUEBRÓ EL ANTIGUO SISTEMA?

Una de las razones fundamentales por las cuales quebró el antiguo sistema de reparto, fue justamente, que dos de los componentes del sistema tripartito dejaron de cumplir con sus aportes. Uno de ellos fue el Estado que, siendo el principal empleador en ese tiempo -el 40% de los ocupados trabajaban en el sector público- no canceló sus obligaciones para cubrir la seguridad social de sus empleados. Y por otro lado, como éste manejaba paralelamente las cuentas del Tesoro General de la Nación (TGN) y las de la Caja Nacional de Seguridad Social (CNSS), dejó de transferir los fondos correspondientes, incrementándose considerablemente su deuda pública. Una muestra de ello fue que, según cálculos de algunos asesores de la COB denunciados durante el proceso de privatización, el Estado debía alrededor de mil millones de dólares, sólo al sector minero.

Carlos Arze señala que el Estado también incurrió en malos manejos de los recursos públicos. Los gobiernos terminaron corrompiendo a los dirigentes. Al respecto, el dirigente del magisterio José Luis Álvarez, considera que "los recursos provenientes de la seguridad social deberían ser administrados por los directos interesados, en este caso los trabajadores. Creemos que la administración de la seguridad social debiera tener carácter autónomo con respecto al Estado y a los gobiernos de turno, para evitar que se convierta en un botín de guerra. Debiera estar controlada colectivamente por los obreros con delegados, fundamentalmente, laborales bajo control obrero colectivo, sin dieta alguna y con carácter revocable en su mandato. En el caso en que se determinase una dieta, lo máximo que se les debiera otorgar es el sueldo promedio que gana un obrero o un trabajador del sector al cual representa".

Otra de las deficiencias del Estado, señaladas por Arze fue que en ese momento existían todo tipo de limitaciones, desde legales hasta financieras, "...no había bolsa de valores, banca privada, acciones... y se acabó invirtiendo los recursos en bienes inmuebles". Otro de los encuestados señala al respecto: "creo que en el anterior sistema el Estado era corrupto, invertía en viviendas y no se en qué tipo de cosas, ahí ha empezado el problema. Tal vez en el actual sistema que es netamente privado, el Estado tendría que tener algo de control de todo el dinero de los aportantes".

Por otro lado, el responsable de la ruptura del anterior Sistema de Reparto fue el empresario que es el otro componente de este principio de tripilaridad (patronal-estatal-laboral). El sector patronal que al reducir su aporte gradualmente desde el 21% a sólo el 5%, ocasionó que los recursos para pagar la jubilación fueran insuficientes.

Y finalmente, en los años ochenta el país ingresó a una economía neoliberal, a través de la cual se liquidan los empleos públicos y se cierra una buena parte de las empresas estatales, razón por la cual los trabajadores formales se hacen informales, invisibilizando las relaciones laborales y ocasionando el incumplimiento de todas las normas sociales, entre ellas las relativas a la seguridad social. Entonces se modifica drásticamente la relación entre trabajadores activos y pasivos, ya que antes 10 pasivos pagaban la renta de un pasivo (la relación era de 10 a 1), actualmente sólo 3 activos aportan para un pasivo.

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LA COB PLANTEA RECUPERAR LOS PRINCIPIOS DEL ANTIGUO SISTEMA

• La propuesta de la COB busca garantizar los medios de subsistencia del trabajador cuando por diversas circunstancias éste ya no puede desarrollar un trabajo que le permita vivir dignamente. Entonces, en sustitución del salario, se propone un pago mensual que le permita subsistir a él y su familia.• Plantea una administración de orden público-técnico encargada de la fiscalización y que responda a criterios sociales. En tal sentido, la propuesta prevé retomar los tres principios de la seguridad social: la universalidad, la solidaridad y la unidad de gestión.• La universalidad plantea que no solamente los trabajadores dependientes gocen de protección social; sino también aquellos que trabajan por cuenta propia, que no tienen patrón ni posibilidades de conseguir un trabajo, aquellos que habiendo llegado a la vejez no cuentan con asistencia del Estado.• El segundo principio es el de la solidaridad, que implica que los trabajadores se apoyan mutuamente de manera colectiva y en beneficio de todos. Esto no significa que al trabajador se le "confisque" su cuenta individual; sino que se determina una prestación adecuada -70% de su último salario-, un beneficio definido que sea claro para todos los trabajadores, mismo que está basado en dos elementos: uno la edad, que de acuerdo a los estudios, se ha establecido en 55 años y otro se refiere al número de aportes, el mismo que debería ser de 240 cuotas mensuales.Pero además, hay otro elemento propuesto por el magisterio urbano-rural y es que se calcule la pensión sobre el salario promedio de los últimos doce meses; no sobre la remuneración de hace cinco años atrás. Éste tendría que garantizar los medios de subsistencia del jubilado; en ningún caso, la pensión debería verse disminuida.• La propuesta de la COB considera el tercer principio: la unidad de gestión. Es decir que, la administración debe estar a cargo de una sola entidad; no así como hasta hace 11 años, cuando varias entidades gestoras se hacían cargo de la administración de los recursos. Además del Fondo Básico había un Fondo Complementario por cada sector, aunque cabe destacar que el Fondo Complementario del Magisterio, por ejemplo, contaba con solvencia económica.

Fuente: Cuadro realizado sobre la base de la ponencia de Jaime Guzmán de la Comisión Técnica de la COB, en la Casa Social del Maestro, 23 de julio de 2008.

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LOS TRABAJADORES SE UNIFICAN EN UN SOLO PEDIDO

Desde que Evo Morales asumió el Gobierno, la propuesta de Ley de Pensiones de la COB fue el único elemento unificador que movilizó a los trabajadores, quienes hasta el momento no habían logrado articular demandas comunes.

Hace algunas semanas la Central Obrera Boliviana emprendió un plan de movilizaciones y medidas de presión para exigir al Gobierno el tratamiento y aprobación del proyecto de ley de un nuevo sistema de pensiones, propuesto por esta entidad matriz, el mismo que fue aprobado en un Congreso de Seguridad Social, realizado el pasado año.

Estas movilizaciones llegaron a un grado de conflictividad tal que la represión policial, dejó un saldo de dos muertos y 46 heridos en Caihuasi (en la carretera a Cochabamba), pero el resultado más preocupante para el Gobierno fue el quiebre de una supuesta "alianza" con el sector laboral. Debido a ello el MAS se vio obligado a reiniciar la búsqueda de un diálogo con la COB para conciliar posiciones respecto a este tema tan vital para los trabajadores.

En un inicio, el Gobierno había rechazado esta propuesta, argumentando que el planteamiento no es sostenible financieramente, porque se centraría en los trabajadores dependientes, marginando a los independientes, desconociendo el principio de solidaridad; crítica que es también atribuible a su proyecto, según Bruno Rojas.

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