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Área: Política >> Justicia, DD. HH.
Actualizado el 2008-07-30 a horas: 17:14:28

El prefecto Costas será enjuiciado por sedición y malversación; procesarán a la magistrada Salame por prevaricato; alistan juicios penales contra autoridades electorales que violan la ley

El gobierno enfrenta la sedición y el desacato autonomista con juicios

Redacción Bolpress

El prefecto de Santa Cruz Rubén Costas enfrentará un juicio de responsabilidades por sedición y malversación y la magistrada del Tribunal Constitucional Silvia Salame será demandada por prevaricato y otros delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Se preparan demandas penales contra los vocales de cortes electorales que violen la ley.

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La Fiscalía General de la República notificó hoy al Prefecto Rubén Costas que se inició en su contra un juicio de responsabilidades por los delitos de sedición y malversación de recursos públicos que cometió al haber impulsado una millonaria consulta autonómica ilegal e ilegítima.

En La Paz, la ministra de Justicia Célima Torrico denunció ante la Cámara de Diputados ala magistrada suplente Silvia Salame por emitir un decreto el 21 de julio solicitando la suspensión del referéndum del 10 de agosto con el argumento de que la consulta es ilegal.La magistrada Salame ha emitido un decreto en contra de lo que establece la Ley del Tribunal Constitucional, el cual no tiene validez y solamente ha confundido a la población y a los órganosresponsables de llevar adelante el proceso revocatorio, explicó Torrico.

El viceministro de Justicia Wilfredo Chávez explicó que la demanda se respalda en la Ley Especial de Juzgamiento a Magistrados del Tribunal Constitucional, Corte Suprema y al Fiscal General de la República. Chávez indicó que la acusación penal es justificada porque Salame se inventó procedimientos, usurpó funciones que no le corresponden y emitió un decreto fuera de toda norma establecida.

En criterio del Viceministro, no se cumplió con el artículo 41 de la Ley del Tribunal Constitucional referido a las tres formas de pronunciamiento del órgano responsable del control constitucional: Sentencias Constitucionales, Autos Constitucionales y Declaraciones Constitucionales.

"Es una denuncia penal porque claramente la Magistrada está incumpliendo esas formas de resolución y con decretos oficiosos está confundiendo a la gente y está poniendo en riesgo la seguridad jurídica del país", puntualizó la autoridad.

Por otro lado, el Vicepresidente Álvaro García Linera advirtió a las autoridades y vocales de cortes departamentales que están buscando desconocer una ley de la República que serán sancionados por responsabilidades penales y civiles.

"Queremos decir de una manera muy firme y responsable que estos desconocimientos y agresiones a una ley de la República, en caso de continuar y de convertirse en hechos jurídicos de facto, no van a quedar en la impunidad. En primer lugar, estas personas serán objeto de una responsabilidad penal por oponerse a la ley y a la Constitución Política del Estado; en segundo lugar, serán objeto de responsabilidad civil por daños económicos al Estado, pues hasta el día de hoy se han gastado cerca de 69 millones de bolivianos en el preparativo del referéndum ratificatorio", dijo García Linera.

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