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Área: Política >> Elecciones
Actualizado el 2008-07-29 a horas: 23:58:56

Autonomistas aterrados

Los triunfalistas prefectos y cívicos de la “media luna” que desafían al gobierno central ostentado estatutos autonómicos aprobados con más del 80 por ciento de votos en sus regiones tienen la oportunidad histórica de desterrar para siempre al “andinocentrismo” y ratificar en las urnas sus “contundentes” victorias pasadas. Sin embargo, su movimiento autonomista perdió los bríos y la confianza en menos de tres meses y por eso, temblando de miedo debajo de la cama, hacen lo imposible para no dar examen en el referéndum revocatorio del 10 de agosto.

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No queremos referéndum revocatorio porque estamos de acuerdo con las autoridades que tenemos y queremos que el Presidente Evo Morales cumpla su mandato, declaró a radio Fides Santa Cruz este martes una dama cívica cruceña. Otra mujer comentó que su región ya es autónoma, tiene estatuto y no puede “estar en las urnas cada jueves y domingo”. “Queremos ser libres y, si nos siguen jodiendo, hasta independientes, porque hasta la naturaleza nos ha dividido”, dijo un activista más radical.

Los autonomistas de base y sus líderes enmudecen cuando se les pregunta por qué no reconfirmar en el revocatorio las históricas goleadas autonómicas en los referéndums por los estatutos que se celebraron en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

Los opositores de derecha están desesperados porque una vez que Evo Morales sea ratificado se llamará a otra consulta pública para refrendar el nuevo proyecto de Constitución aprobado por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007.

En el fondo, saben que no son mayoría y les aterra que el pueblo no sólo ratifique al Presidente y al Vicepresidente Álvaro García Linera sino que también revoque a algunos prefectos aliados. Los más preocupados son José Luis Paredes (La Paz), Leopoldo Fernández (Pando) y Manfred Reyes Villa (Cochabamba).

Reyes Villa presentó sin éxito ante la CNE dos recursos de nulidad de la Ley 3850 de Referendo Revocatorio y Mandato Popular y amenazó con plantear una denuncia penal en la Fiscalía General de la República. La Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Distrito de Cochabamba rechazó otro amparo sin fundamento presentado por un grupo de ciudadanos el 16 de julio.

Un recurso presentado por el diputado Arturo Murillo de Unidad Nacional (UN) motivó a una magistrada suplente del Tribunal Constitucional a pronunciarse en contra del revocatorio. Apoyándose en la opinión de esta magistrada, que carece de valor legal, los presidentes de las Cortes Departamentales de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca solicitaron suspender el referéndum.

El presidente de la CDE de Santa Cruz Mario Orlando Parada espera que el recurso incidental de inconstitucionalidad contra la Ley 3850 que se presentará este miércoles en sala plena faculte al organismo electoral departamental a suspender la consulta en Santa Cruz hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, informó la agencia ABI.

Según Parada, la sala plena de la CDE puede promover un incidente ante la “duda” de constitucionalidad de la Ley en cuestión sin hacer un juicio de constitucionalidad, apoyándose en el artículo 59 de la Ley del Tribunal Constitucional y la Constitución Política del Estado, y no en el Código Electoral porque se trata de una duda constitucional y no de un asunto electoral.

Los vocales cruceños argumentan que nadie está obligado a cumplir con el mandato de una ley dudosa. “Nos movemos amparados en las leyes, tenemos como principio básico el respeto a la ley y así nos hemos movido desde la instauración de la democracia”, afirma Parada. Si es así, ¿por qué no aplicaron el mismo recurso cuando organizaron la consulta autonómica ilegal del 4 de mayo? Porque “nadie presentó una demanda de inconstitucionalidad”, explican los vocales cruceños.

Una vez más, la CDE cruceña rompe la institucionalidad electoral y desacata una decisión de sala plena de la Corte Nacional Electoral (CNE), que el lunes decidió llevar adelante el revocatorio. Es más, Parada decidió no asistir a la reunión convocada por la CNE en La Paz porque “disiente” con el referéndum. Según el vocal de la CNE Gerónimo Pinheiro, otro “disidente”, si las cortes departamentales se pronuncian en contra de la consulta, el proceso se paraliza.

No quieren referéndum las autoridades electorales, cívicos, empresarios y políticos. Otros aliados de la derecha medialunera también meten la cuchara. Human Rights Foundation, un organismo internacional desprestigiado, llamó a respetar el control de constitucionalidad “como elemento esencial del Estado de Derecho”.

“Ante las serias dudas sobre la constitucionalidad del Referéndum Revocatorio, que incluso violaría principios esenciales como el de igualdad ante la ley, recordamos que todo acto de los poderes públicos está sujeto al control del Tribunal Constitucional y que ése es el ámbito indicado para absolver dichas dudas, garantizando la protección de los derechos de los ciudadanos”, dice HRF en un pronunciamiento público, y exhorta al presidente de la CNE José Luis Exeni a “suspender el cronograma de realización del referéndum revocatorio” hasta que un Tribunal Constitucional debidamente integrado se pronuncie.

“Torpes y estúpidos”

No es tiempo de interpretaciones, se tiene “que acatar lo que dice la ley; otro tipo de actitud sería ir en contra de la normativa vigente, ir en contra el Poder Legislativo y el rol de la Constitución. La Corte Nacional Electoral tiene la obligación y el rol constitucional de cumplir lo que el Congreso ha mandado”, afirma el Vicepresidente García Linera.

“Hay un enorme entusiasmo de parte de la ciudadanía para llegar al 10 (de agosto) y creemos que no sólo sería una gran torpeza sino una soberana estupidez” intentar impedir el referéndum revocatorio, dice el ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.

Organizaciones sociales, instituciones privadas y públicas, medios de comunicación y ciudadanos en general observan de lejos la guerra política que se ha desatado. A muchos indigna la doble moral autonomista a la hora de interpretar y aplicar leyes. Otros gozan con el curioso espectáculo que dan los alicaídos comandantes de la nueva “república autonómica”.

Lo más llamativo de todo es que la polarización política ha sacado del letargo a mucha gente. En La Paz, proliferan foros y debates públicos para reflexionar sobre la influencia real de los medios de comunicación privados y estatales en esta coyuntura (jueves 31 de julio de 09:00 a 15:00 en el Centro Qhana). Los partidos de izquierda aglutinados en la Alianza Revolucionaria Antiimperialista (ARA) se movilizan (mitin el 2 de agosto a las 10 horas en la plaza Garita de Lima en La Paz) para respaldar al proceso de cambio en las urnas.

La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos, la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, cocaleros de Cochabamba, algunas Juntas Vecinales y organizaciones indígenas del país se encuentran en “vigilia”, dispuestos a castigar a las cortes electorales rebeldes. El Presidente advirtió hace poco que “el pueblo se puede levantar” contra las cortes que se resistan a cumplir la ley. Organizaciones sociales y autoridades indígenas de la provincia Jach'a Omasuyus y de otras del departamento de La Paz reunidas en una cumbre social el 27 de julio en el Cuartel General de Q'alachaka confirmaron su total respaldo al Presidente Morales para que profundice el proceso de cambio iniciado con la lucha del pueblo.

Los pobladores de las provincias paceñas aseguran que la derecha de Tuto Quiroga y de los prefectos racistas “ha perdido la brújula histórica” y no tiene un proyecto de país. “Por esto exhortamos a todos los movimiento sociales de Bolivia unificar fuerzas para derrotar de una vez y para siempre a estos señores que han vivido de nuestra sangre y de nuestro territorio”.

Estas y otras organizaciones sociales consideran que el referéndum del 10 de agosto será la batalla decisiva para derrotar a la minoritaria derecha fascista separatista, a los prefectos racistas que representan al latifundio y al imperialismo, y a sus bandas paramilitares. Algunos grupos apoyarán el proceso de cambio con la condición de que Evo saque del gobierno a los conciliadores y a los infiltrados de la derecha.

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