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Área: Opinión >> Comentarios y enfoque
Actualizado el 2008-07-22 a horas: 20:57:12

Sobre la constitucionalidad de la ley del referéndum revocatorio

Camilo Medina Rodríguez

La Constitución Política del Estado (CPE) aprobada en el Congreso Constituyente de 1967, en muchos aspectos no se ajusta a la dinámica social y reivindicativa de movimientos sociales, pueblos indígenas y regiones que se han manifestado en la última década exigiendo su participación directa en la administración del Estado y de sus recursos, como resultado de lo cual se han dado algunas reformas parciales. Esta tendencia ha llegado incluso a vulnerar el ordenamiento constitucional, cual ha ocurrido, al amparo de una aberrante ley interpretativa cuyo resultado es un caos administrativo y el ahondamiento de la crisis política que atraviesa el país, en el caso de la "selección" de prefectos por voto popular dentro de un Estado Unitario como lo es todavía Bolivia.

Como las reformas parciales no satisficieron muchas reivindicaciones populares, el clamor social impulsó la convocatoria de una asamblea constituyente para reformar integralmente la CPE. Luego de un accidentado desarrollo de la constituyente, al presente se tiene, en términos jurídicos, un proyecto de Constitución con múltiples innovaciones respecto a la vigente, proyecto que se encuentra pendiente de ser aprobado mediante el referéndum previsto en la Ley #3364 de 06.03.06 de "Convocatoria de la Asamblea Constituyente".

Con ese antecedente, queda perfectamente claro que, jurídicamente, el análisis sobre la constitucionalidad de la Ley #3850 de 12.05.08 de "Referéndum Revocatorio de Mandato Popular" ("LRRMP") no puede basarse en ninguna otra norma que no sea la CPE de 1967, cuya última reforma fue incorporada a nuestra Legislación mediante la Ley #2650 de 13 de abril del 2004.

De manera previa a ese análisis sin embargo, conviene recordar que existen tres formas de gobierno democrático:

- Democracia Directa, en la que todos los ciudadanos se reúnen en asamblea para decidir asuntos de interés general. Como dice el célebre tratadista G. Cabanellas, sólo es posible en pequeñas colectividades, subsistiendo al presente en algunos cantones de Suiza, donde los ciudadanos se reúnen al aire libre ("Landsgemeinde") para deliberar y decidir sobre cuestiones legislativas y electorales. En lo que atañe al presente análisis, esta misma operación destinada a lograr una participación directa del pueblo en unidades poblacionales grandes y modernas -ciudades, regiones, estados- es, precisamente, el mecanismo constitucional que nos ocupa, o sea el REFERÉNDUM o plebiscito.- Democracia indirecta o representativa, cuando el pueblo delega su soberanía a sus representantes.- Democracia semidirecta, cuando el pueblo delega el ejercicio de soberanía en sus representantes, reservándose el ejercicio de ciertas potestades para resolver ASUNTOS DE INTERÉS ESPECIAL.

El citado tratadista Cabanellas define al referéndum como el sufragio en virtud al cual el pueblo interviene en forma directa en el régimen político estatal; esto es, el mecanismo mediante el cual se ejerce una democracia pura y genuina puesto que es el pueblo el que decide en forma directa y sin intermediarios. Pueden ser consultivos o vinculantes.

Hasta antes del 2004 nuestra CPE adoptaba la democracia representativa, porque prescribía que el pueblo "... no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes"; y a partir de la reforma de 2004, la CPE adopta la democracia semidirecta.

En efecto, en su art.1 la actual CPE establece taxativamente que Bolivia "... adopta para su gobierno la forma democrática representativa y participativa"; esto es, contempla tanto representantes del pueblo como la participación directa del mismo en asuntos esenciales o de interés especial, participación que se lleva a cabo mediante las formas GENÉRICAMENTE previstas en el art.4 de la CPE, entre las que se encuentra el referéndum, disponiendo que cada caso deberá ser reglamentado mediante ley. Textualmente, en su parte pertinente ese art.4 reza así:

"I. El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa Legislativa Ciudadana y el Referéndum, establecidos por esta Constitución y normados por Ley".

En consecuencia, de acuerdo a estos arts.1 y 4 de la CPE, el referéndum es un procedimiento expresamente previsto que viabiliza la participación directa del pueblo en el gobierno de asuntos especiales, por lo que el Referéndum Revocatorio de Mandato Popular -al igual que cualquier otro asunto sometido a referéndum o decisión directa del pueblo- es perfectamente CONSTITUCIONAL al presente.

Adicionalmente, como se advierte de la lectura de la última parte del parágrafo constitucional transcrito arriba, se condiciona la celebración de cualquier referéndum a que cuente con su correspondiente ley reglamentaria. Siendo múltiples los temas que pueden ser sometidos a referéndum, cada cual debe estar normado de acuerdo a sus características intrínsecas, lo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa a través de la ya aludida LRRMP. Consecuentemente, respecto a la validez y vigencia de esta ley, de acuerdo a nuestro actual ordenamiento jurídico que es -o al menos debería ser- vinculante sin excepción para la ciudadanía, la LRRMP también es perfectamente LEGAL, sin lugar a discusión alguna, debido a que el art.2 de la Ley #1836 de 01.04.98 del "Tribunal Constitucional", presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Estado mientras no se declare formalmente su inconstitucionalidad.

En cuanto al contenido de la misma, debe tomarse nota, por una parte, que para revocar el mandato del presidente y de los prefecto, esta ley respeta los porcentajes de la votación con la que dichas autoridades fueron electas el 18 de diciembre de 2005, determinando que para que proceda la revocatoria, el "porcentaje y votación" por el NO deben ser SUPERIOR al obtenido por cada autoridad para su elección. En este tema, es preciso aclarar que cuando se indica "porcentaje y votación" no se incurre en ambigüedad o incongruencia alguna, puesto que debe ser tomado en cuenta el natural crecimiento del padrón electoral (aunque sólo sea el vegetativo), de manera que el porcentaje con el que cada autoridad fue elegido conllevará, a la hora del referéndum revocatorio, un número mayor de votos que los obtenidos anteriormente, previsión ésta que también precautela los intereses de dichas autoridades.Por otra parte, debe recordarse que todos los prefectos fueron "seleccionados" por mayorías simples de votos, sin que ninguno llegue al 50% por ciento más uno. Por tanto, es equitativo y correcto -O SEA LEGÍTIMO- que la revocatoria para ellos también proceda por mayoría simple. Dicho en otros términos, prescribir que esas autoridades sean revocadas con más del 50% de los votos, importaría otorgar indebidas ventajas -o sea atentar contra la equidad y la legitimidad- a los que no obtuvieron ese porcentaje.

Cabe también señalar, que ninguna disposición en nuestra economía jurídica establece la necesidad de contar con la mitad más uno de los votos para que proceda la revocatoria; más aún, ni la Doctrina ni el Derecho Comparado son unánimes en esta temática, dándose casos de las dos modalidades.

En síntesis, del apretado análisis precedente se concluye razonable y objetivamente, que la Ley del Referéndum Revocatorio de Mandato Popular es CONSTITUCIONAL Y LEGAL. En esto no hay duda.

Sobrepasando el ámbito académico de este análisis -pero ciertamente en el campo legítimo de la libertad de expresión y porque resulta sumamente orientador-, debe anotarse que el referéndum en cuestión no sólo es constitucional y legal, sino que también conlleva alentadoras perspectivas:

- Que el pueblo revocará o confirmará a sus Autoridades, dando lugar a que a través de ello pueda superarse el enervante empate político en que Bolivia se encuentra, sea al ratificar su intención de cambio expresada en diciembre de 2005, o al revocar el mismo al actual Gobierno nacional;- que ese esclarecimiento será llevado a cabo en PAZ Y DEMOCRÁTICAMENTE, en vez de que se lo alcance a través de recurrentes y cada vez más enconados enfrentamientos que ya han sumido al país en una destructiva anarquía lindante en la anomia, con el agravante de que pueden terminar en derramamientos de sangre inadmisibles para todo ciudadano consciente y honesto; y- que, en la ejecución de este acto plebiscitario previsto para el diez de agosto próximo, los bolivianos profundizaremos la nueva práctica democrática de participación directa que nos permite la figura del referéndum incorporada a la Constitución en 2004. Consecuentemente, todas las personas de vocación democrática debemos alentar, fomentar y, naturalmente, perfeccionar -ciertamente ninguna obra es perfecta de inicio- la realización de ese acto de democracia pura y genuina de participación directa del pueblo que es el referéndum.

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