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Área: Economía >> Agricultura
Actualizado el 2008-07-14 a horas: 21:52:40

El proyecto de Constitución eleva a rango constitucional la reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social, y también la redistribución de tierras fiscales a comunidades indígenas y campesinas

Baten récords en saneamiento y distribución de tierra

(UPIC-Tierra).- El capítulo referido a la tierra y el territorio del proyecto de Constitución Política del Estado (CPE) aprobado por la Asamblea Constituyente consolidará las reformas de la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, las cuales comenzaron a modificar sustancialmente la alta concentración improductiva de la tierra a través de un rápido y masivo proceso de redistribución, asegura el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

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El gobierno de Evo Morales hizo muchísimo más en dos años y medio que los regímenes anteriores en toda una década. En sólo tres años se detuvo la concentración de la propiedad agraria y comenzó un proceso de reapropiación indígena y campesina de la tierra que estaba en manos de latifundistas. El éxito alcanzado en cuanto al saneamiento y distribución de tierras valida las nuevas normas agrarias y la metodología de saneamiento que abrevia y transparenta todo el proceso. Según Almaraz, las cifras cantan: Frente a los 9,3 millones de hectáreas saneadas en 10 años de administración neoliberal, en dos años y medio de gestión del Presidente Evo Morales hemos saneado 14,7 millones de hectáreas. En los 10 años comprendidos entre 1996 y 2005, a los campesinos se les dio nada más que 36 mil hectáreas, mientras que en la gestión de Morales se ha distribuido 700 mil hectáreas de tierras fiscales disponibles en dos años y medio.

El año pasado, cuando ya se notaba un ritmo notablemente más acelerado en el avance del proceso agrario, la oposición comentó que el gobierno actual se limitaba a concluir procesos de saneamiento iniciados en anteriores gestiones. “Pero esto no es ni una verdad a medias (…) lo relevante es que a estas alturas hay procesos de saneamiento que empezaron y concluyeron en la actual gestión”, explica Almaraz.

En el neoliberalismo, el saneamiento de tierras era un trámite largo y poco transparente que debía cumplir más de 200 pasos; el demandante esperaba su título de propiedad hasta 10 años o más. El gobierno de Morales demostró que el saneamiento es un trámite transparente y participativo que puede resolverse en cuestión de meses.

El saneamiento de la tierra también fue un negocio redondo en el pasado reciente. Entre 1996 y 2005, los regímenes neoliberales invirtieron cerca de 90 millones de dólares para sanear 9,3 millones de hectáreas, es decir 9,43 dólares por hectárea. Ahora el gobierno de Morales sanea una hectárea de tierra a un costo promedio de 1,20 dólares.

La CPE consolida la revolución en el agro

La nueva CPE asegurará la continuidad de la reconducción comunitaria de la reforma agraria en un horizonte temporal y garantizará su culminación. “La Constitución nos asegura que terminaremos de distribuir la tierra en Bolivia”, una acción fundamental en el proceso de cambios que vive el país, con impactos muy importantes a mediano y largo plazo en la realidad social y económica, señala Almaraz.

Las disposiciones del proyecto de CPE básicamente elevan a rango constitucional el mecanismo de reversión de tierras por incumplimiento de la función económico social (FES), y también la redistribución de tierras fiscales disponibles a las comunidades indígenas y comunitarias.

Almaraz coincide con los constituyentes respecto a la necesidad de limitar la extensión de la propiedad agraria. Disposiciones vigentes en la Ley de Reconducción Comunitaria y la reversión por el incumplimiento de la FES constituyen por sí solas garantías contra el latifundio y el monopolio. Sin embargo, fijar límites para la propiedad agraria evita la concentración monopólica de la tierra.

En criterio del Viceministro de Tierras, un empresario puede trabajar cientos de miles de hectáreas de manera productiva, e inclusive respetando los derechos sociales de sus trabajadores, pero eso no es saludable y no contribuye a la democratización económica.

El Viceministro de Tierras sugiere determinar el límite de la propiedad agraria mediante una ley especial que otorga mayores soportes técnicos. El parámetro debería ser discutido con una cierta ductilidad ya que puede variar en función a la marcha del proceso de desarrollo rural.

“Si se opta por 10 mil o cinco mil hectáreas (los topes que serán sometidos a referéndum), en lo personal yo me inclinaría por 10 mil porque no convendría afectar a actividades productivas que exceden las cinco mil hectáreas productivas lícitas, beneficiosas para la generación de divisas y para la seguridad alimentaria”.

Nadie frena el saneamiento en Alto Parapetí

Almaraz considera que la opinión pública está bien enterada de que un grupo relativamente pequeño de ganaderos con propiedades, posesiones o pretensiones en Alto Parapetí impidió con inusitada violencia que las autoridades cumplan con su obligación legal de realizar el saneamiento. Fue una especie de ensayo o primer ejercicio de la autonomía que reclaman las elites cruceñas, con el respaldo pleno de grupos políticos y cívicos de Santa Cruz.

La autoridad confía en que el saneamiento se reanudará apenas presenten sus informes tres comisiones de observadores que estudian el caso Alto Parapetí.

En primer lugar, acompaña el proceso de saneamiento una comisión interinstitucional integrada por las instituciones más respetables y confiables de sociedad, la cual seguramente hará conocer algún resultado preliminar de su trabajo en los próximos días.

También visitó las haciendas y las comunidades indígenas de Alto Parapetí una comisión de la Cámara de Diputados que se ha constituido en cabeza del Ministerio Público, la cual también entregará un informe de trascendencia en los próximos días que permitirá encausar las acciones penales para resolver el conflicto en el marco de la legalidad.

La tercera comisión, probablemente la más importante, no es un órgano del MAS ni un grupo con inclinaciones políticas o una ONG cualquiera. Es nada menos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo del Sistema Interamericano de la OEA con una trayectoria muy importante en la defensa de los derechos humanos en el continentey que actuó con equilibrio político durante décadas.

Dos relatores de la CIDH y un importante equipo técnico trabajaron más de una semana en el país y varios días en las haciendas y comunidades de la zona, y, a diferencia de las otras dos comisiones, presentaron un resultado escrito y preliminar de su trabajo, en el que hacen afirmaciones categóricas.

Con autoridad moral, la CIDH ratifica que en Alto Parapetí hay servidumbre, que allí se violan los derechos humanos y que hubo torturas perpetradas por ganaderos contra indígenas guaraníes. Almaraz confía en que las otras dos comisiones se pronunciarán en el mismo sentido y que ratificarán la realidad que el gobierno boliviano hizo conocer al pueblo.

El informe de la CIDH “nos compromete a culminar el cumplimiento de nuestra obligación legal de aplicar el proceso de saneamiento, redistribuir la tierra, respetar el derecho de los productores, pero también titular la tierra que les corresponde tener como legítima apropiación de su territorio histórico a los indígenas guaraníes del Alto Parapetí”, dijo Almaraz.

Juicio a Marinkovic

Para el gobierno es inadmisible e insultante que el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic intente despojar a los indígenas guarayos, los primeros cruceños, las mejores 27 mil hectáreas de su territorio ancestral histórico, incluida la más bella y más importante laguna de la zona. “Pareciera que el gobierno moral de los cruceños se convirtió en un instrumento de agresión y despojo”, lamenta Almaraz.

El Viceministerio de Tierras inició un juicio penal sólidamente documentado contra Marinkovic, pero el proceso se entrampó varios meses debido a la “chicanería”. El empresario trasladó el juicio a Santa Cruz, un ambiente que no garantiza la correcta y transparente administración de justicia.

“Cualquier boliviano mínimamente informado se da cuenta de que las autoridades judiciales de Santa Cruz serán victimas de presiones muy fuertes si se trata de enjuiciar a Branko Marinkovic”. Pero a pesar de todo, Almaraz confía en que las autoridades judiciales “resolverán el asunto con rectitud y que esa tierra tan injustamente despojada les será restituida a los guarayos”.

* Con datos de la entrevista concedida por el Viceministro de Tierras Alejandro Almaraz al periodista Julio Peñaloza, conductor del programa “Palabra Clave” de la cadena radial Erbol.

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