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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2008-06-15 a horas: 03:42:39

Jalón de orejas de la CIDH a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a la Policía y a las autoridades regionales

Libertad para los guaraníes cautivos y una reforma agraria de verdad

Redacción Bolpress

En cumpimiento de la ley nacional y de varios tratados internacionales de derechos humanos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, gobiernos departamentales, Alcaldías, Policía... están obligados a poner fin al padecimiento de muchas familias indígenas guaraníes que trabajan en condiciones servidumbrales análogas a la esclavitud en zonas chaqueñas de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

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Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por la comisionada Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y por el comisionado Víctor Abramovich, relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, visitó el país a fin de evaluar las medidas tomadas por el Estado para proteger y asegurar la integridad de todas las familias guaraníes, sus dirigentes y asesores; y también los avances del proceso de reconstitución territorial del pueblo guaraní.

Entre el 9 y 13 de junio, la delegación recabó información y testimonios en La Paz, Sucre, Camiri y Santa Cruz que constatan la continuidad de casos de servidumbre por deudas y trabajo forzoso, situación que se agravó desde la última visita de la CIDH al país en noviembre de 2006. La Comisión deploró la existencia de estas prácticas absolutamente prohibidas por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales suscritos por Bolivia.

La Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, de Naciones Unidas, define como prácticas análogas a la esclavitud “la servidumbre por deudas” y “la servidumbre de la gleba, o sea, la condición de la persona que está obligada por la ley, por la costumbre o por un acuerdo a vivir y a trabajar sobre una tierra que pertenece a otra persona y a prestar a ésta, mediante remuneración o gratuitamente, determinados servicios, sin libertad para cambiar su condición”.

La delegación observó que la servidumbre y el trabajo forzoso es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y continúan sufriendo los pueblos indígenas y comunidades campesinas en Bolivia, los cuales no pueden usar sus tradicionales medios de producción por falta de reconocimiento de la titularidad de las tierras.

En los últimos meses, algunas familias fueron expulsadas de las haciendas donde trabajaban sin recibir compensación, y se desplazaron a otras comunidades donde no hay suficiente tierra para todos los habitantes. Allí sobreviven sin contar con recursos mínimos para subsistir.

Otras comunidades permanecen cautivas en porciones de tierra dentro de las haciendas privadas de terceros, pero sin prestar servicios regulares a los patrones, lo cual las coloca en una situación de gran vulnerabilidad, viviendo amenazadas, agredidas y sin libertad de movimiento.

La CIDH observó que las familias guaraníes viven en la extrema pobreza y sometidas a castigos y “huasqueadas” (latigazos), quema de sus cultivos y muerte de sus animales, prácticas incompatibles con los derechos humanos.

La CIDH recibió denuncias sobre severas restricciones al derecho a la libertad de asociación del pueblo guaraní. Esto incluye persecución y hostigamiento de dirigentes y serias dificultades en el acceso al territorio que obstaculiza su contacto con las comunidades.

La delegación de la CIDH constató este extremo cuando se trasladó a la comunidad de Itacuatía, ubicada en la zona del Alto Parapetí, a 4 horas de camino desde Camiri. Los caminos públicos que atraviesan propiedades privadas están cerrados con tranqueras y en algunos casos con candados. Para acceder al lugar, la Comisión debió negociar la apertura de un candado con uno de los hacendados.

Algunos miembros de la comunidad de Itacuatía testificaron que se les niega trabajo en las haciendas aledañas y que son perseguidos, amenazados y agredidos de diferentes maneras. En el Alto Parapetí, la Comisión verificó la existencia de trabajo infantil, prohibido por leyes nacionales y tratados internacionales ratificados por el Estado boliviano.

Todo esto ocurre en un marco de impunidad debido a la ausencia casi total del Estado en la región y al inefectivo accionar de diversas instancias del Poder Judicial. El gobierno debe enfrentar a diversos sectores políticos y económicos que sabotean la aplicación de leyes agrarias, generado incluso hechos de violencia con saldo de personas gravemente heridas, episodios de secuestros y torturas, es decir violaciones graves a los derechos humanos que merecieron la condena de la CIDH.

Observaciones de la CIDH

La Comisión reconoce los esfuerzos que ha hecho el Estado boliviano para erradicar la servidumbre y sus intentos de llevar a cabo el saneamiento de tierras en cumplimiento de las leyes 1715 de 1996 y 3545 de 2006. Sin embargo, es preocupante la débil coordinación entre los Ministerios nacionales competentes y la falta de políticas estatales integrales para atender la problemática.

La CIDH recordó que es obligación del Estado erradicar la servidumbre y el trabajo forzoso en todo su territorio tomando todas las medidas que sean necesarias. Es su deber contar con mecanismos idóneos y efectivos que permitan sortear obstáculos legales, institucionales, políticos y de cualquier otra índole que impiden la ejecución del programa agrario.

La Comisión reiteró que es obligación del Estado implementar efectivamente la normativa vigente en materia de reforma agraria, priorizando el reconocimiento y titulación de tierras y territorios ancestrales indígenas, teniendo en cuenta la particular relación de estos pueblos con la tierra.

El Estado debe aumentar su presencia institucional en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz; proteger efectivamente a todos los miembros y dirigentes del pueblo guaraní, y garantizar su derecho de asociación. La CIDH instó a las autoridades nacionales, departamentales y locales a tomar medidas, en el ámbito de sus competencias, para asegurar la libre circulación en los caminos públicos.

El Ministerio Público encuentra muchos obstáculos a la hora de investigar el delito de servidumbre y otros conexos a este como lesiones, maltratos y privaciones ilegítimas de la libertad de las comunidades afectadas. Hasta ahora es muy difícil ingresar a la zona de manera independiente; la Policía colabora muy poco, y las víctimas directas no siempre ayudan, tal vez porque no existen mecanismos de protección de víctimas y testigos.

Otro problema institucional relevante vinculado con la administración de justicia en Bolivia es la falta de integración del Tribunal Constitucional que tiene un rol fundamental como garante de la aplicación de la Constitución y el Estado de derecho, y como dirimidor de controversias vinculadas con la normativa sobre propiedad de la tierra. La CIDH manifiesta su profunda preocupación por esta situación irregular e insta al Congreso Nacional a darle solución a la mayor brevedad.

La Comisión subraya que ha sido insuficiente la respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial a la necesidad de investigar y sancionar a los responsables de delitos, considerando que existe suficiente información documentada, así como elementos de prueba aportados por organismos nacionales e internacionales que permitirían avanzar en la investigación. Las comunidades indígenas afectadas desconfían del Ministerio Público.

La Comisión espera que haya prontos avances en la investigación y que ello posibilite la recuperación de la confianza necesaria para una mayor participación de las víctimas en el proceso.

La Comisión manifestó su preocupación por la vida y la integridad de los indígenas y sus asesores por las represalias que pudieran sufrir por haber dado testimonio.

****

¿Qué importancia tiene la CIDH?

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General.

Sobre la base de las funciones y atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CIDH plasmará sus observaciones, conclusiones y recomendaciones finales en un informe sobre la situación de las comunidades cautivas del pueblo guaraní en Bolivia, el cual será puesto a consideración del Estado boliviano y hecho público próximamente.

La delegación visitó La Paz, Santa Cruz y Chuquisaca, donde llevó adelante una intensa agenda de reuniones y actividades de verificación en el terreno. La CIDH se reunió con los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto; de Gobierno; y de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente; los Viceministros de Tierras; de Trabajo; y de Coordinación de los Movimientos Sociales; el Director de Tierras; la coordinadora de Pueblos Indígenas y Empoderamiento del Ministerio de Justicia; el Presidente de la Cámara de Diputados; el Defensor del Pueblo; la Fiscalía General de la Nación; el Tribunal Agrario Nacional; la Alcaldesa de Sucre y el Comité Cívico Interinstitucional de Sucre; el Alcalde de Camiri y la Federación de Ganaderos de Camiri; la Prefecturala Oficinala Pastoral Social Caritas; organizaciones de la sociedad civil; Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), el Consejo de Capitanías Guaraníes de Chuquisaca, y miembros de otras organizaciones indígenas, así como otras organizaciones no gubernamentales. de Santa Cruz; la representante presidencial en Santa Cruz; organismos internacionales tales como del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y UNICEF.

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