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Área: Sociedad >> Sociedad
Actualizado el 2008-06-13 a horas: 16:16:03

Hay guaraníes en condición de servidumbre en el chaco cruceño, confirma la CIDH

Redacción Bolpress

Un alto número de familias indígenas guaraníes continúan sometidas al trabajo forzoso y padeciendo en situación de servidumbre por deudas análoga a la esclavitud en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz, constató una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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En una visita a Bolivia entre el 9 y 13 de junio, la delegación de la CIDH encabezada por los comisionados Luz Patricia Mejía, relatora para Bolivia, y Víctor Abramovich, relator sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, observaron el “agravamiento” de la situación guaraní desde la última inspección de la CIDH en 2006.

En abril, grupos de terratenientes organizaron una fuerte resistencia en la provincia Cordillera a la intención del gobierno de sanear las tierras. La llamada "resistencia" de los terratenientes incluyó una emboscada a indígenas, incluido el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz.

Después de las agresiones, parlamentarios de oposición vinculados a los terratenientes investigaron y no hallaron ni un solo caso de servidumbre o cautiverio de indígenas, sino "ausencia del Estado", "extrema pobreza compartida por propietarios y trabajadores" y algunos "trabajadores temporales".

Hasta el cardenal Julio Terrazas se sumó entonces a las voces de los terratenientes y aseguró que en el Chaco no hay esclavos. "Con qué facilidad se derrama la suciedad entre nosotros, se nos habla de que hay lugares llenos de esclavos; pues nadie está de acuerdo con eso, pero que nos muestren la verdad, que nos digan dónde los encontramos. No es posible que sigamos condenándonos sólo con slogans y palabras ofensivas", dijo durante una homilía.

La delegación de la CIDH verificó la existencia de trabajo infantil en la zona y confirmó que algunas familias cautivas son sometidas a castigos físicos (latigazos) y sufren la quema de sus cultivos y la muerte de sus animales, todo en el marco de la impunidad debido a la ausencia “casi total” del Estado.

La CIDH evidenció que los hacendados mantienen bloqueada a la región. Los comisionados tuvieron que sortear varios obstáculos en su recurrido hacia la localidad de Itacuatía, ya que los caminos públicos que atraviesan propiedades privadas están obstruidos con tranqueras y en algunos casos cerrados con candado.

La CIDH percibió una “escasa colaboración” de la Policía e “insuficiencia” de respuesta del Ministerio Público y del Poder Judicial ante la necesidad de investigar y sancionar a quienes evitan con violencia la redistribución de tierras y la titulación de una TCO guaraní en la localidad de Alto Parapetí, que en su criterio es la forma más efectiva de erradicar la servidumbre.

Los comisionados observaron también una “débil coordinación” de los Ministerios nacionales competentes en este tema y la falta de políticas integrales para erradicar la servidumbre, que es una obligación asumida por el Estado en plano internacional.

Los patrones y sus aliados sin argumentosLos hacendados de la provincia Cordillera y sus aliados (Prefectura, Comité Cívico y gremios empresariales de Santa Cruz, legisladores de derecha, el cardenal Julio Terrazas y otras instituciones conservadoras) aseguran que la servidumbre es una “excusa” del gobierno para “ensuciar” la imagen de sus enemigos políticos y “apropiarse” de las tierras y riquezas naturales de la zona para luego repartirlas entre militantes del MAS.

Pero la servidumbre es una lacra real con profundas raíces históricas que sigue mellando la dignidad nacional e interpelando al Estado. Todavía hay trabajadores sometidos a una relación laboral de dominación y pongueaje asimétrica, indigna y cargada de discriminación e injusticia porque la tierra sigue concentrada en pocas manos.

La delegación de la CIDH aclaró que la servidumbre y el trabajo forzoso es una manifestación extrema de la discriminación que históricamente han sufrido y siguen sufriendo los pueblos indígenas y comunidades de Bolivia.

Según el informe de la CIDH “Acceso a la Justicia e Inclusión Social: El camino hacia el fortalecimiento de la democracia en Bolivia”, la problemática de la servidumbre está estrechamente relacionada con la estructura de la tenencia de tierra y la distribución de la misma en las regiones afectadas.

La mayor parte de la tierra de Alto Parapetí en la provincia Cordillera de Santa Cruz está en manos de poca gente. El INRA estima que de un total de 98.875 hectáreas, 14 predios categorizados como empresas abarcan una extensión total de 51.512 hectáreas (52% de la tierra); 28 medianas propiedades copan una superficie de 34.183 hectáreas (34,6%) y 40 pequeñas propiedades suman una superficie de 7.755 hectáreas (7,8%).

La desigual distribución y uso de la tierra en Bolivia, especialmente en las zonas bajas, no fue resuelta ni por la reforma agraria de 1953 ni por las políticas de libre mercado generalizadas desde 1985, entre ellas la ley INRA de 1996, coinciden diversas instituciones privadas de desarrollo, centros de investigación y organismos internacionales.

La Iglesia Católica señala que luego de la reforma de 1953 se entregaron “sin sentido de proporción ni equidad” las tierras más codiciadas de la región amazónica y chaqueña. Un “sector minoritario pero pudiente logró apropiarse de grandes extensiones de tierras baldías del Estado por dotación gratuita o por acaparamiento más allá de lo titulado, a veces a costa de las comunidades indígenas y campesinas del contorno”. Los pobres inmigrantes se quedaron con una mínima parte de la tierra. (Carta Pastoral “Tierra, madre fecunda para todos”)

El largo proceso de agresiones y usurpación territorial iniciado por los colonizadores y continuado por hacendados y colonos al amparo del Estado republicano exacerbó la concentración de los poderes económicos, políticos y sociales en una pequeña elite regional, la cual ha venido negando hasta el día de hoy a los pueblos indígenas el derecho a la posesión de sus territorios ancestrales.La mala distribución y el uso inadecuado de la tierra se convirtieron en las principales causas del hambre y miseria de amplios sectores sociales. La “escandalosa” concentración niega a un sector significativo de los bolivianos los beneficios y los frutos de la tierra; provoca “conflictos que dañan las bases de la convivencia civil (…), la destrucción del tejido social y el deterioro del medio ambiente ”, y genera “situaciones de dependencia y opresión…”, subraya la Carta Pastoral.

Informes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, del Defensor del Pueblo, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), e inclusive del departamento de Estado de Estados Unidos, denuncian que centenares de familias guaraníes siguen trabajando en condición de ciervos de la gleba en algunas haciendas que parecen congeladas en el tiempo en las provincias Cordillera, Luis Calvo, Hernando Siles, O’Connor y Gran Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

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