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Área: Internacional >> Europa
Actualizado el 2008-06-05 a horas: 17:17:08

La Unión Europea levanta el garrote contra los inmigrantes

El 18 de junio, luego de casi 3 años de discusiones, el Parlamento Europeo votará la Directiva Retorno sobre inmigrantes irregulares en Europa que avala la expulsión y criminalización de los inmigrantes, incluyendo la expulsión de niños y jóvenes aunque estuvieran cursando estudios. Si es aprobada, la directiva entrará en vigor dos años después de su publicación oficial, es decir en julio de 2010. La medida afecta a casi 500 mil bolivianos, en su mayoría mujeres.

Entre 2000 y 2007, en la UE se adoptaron varias Comunicaciones en el campo de la inmigración y asilo. En la Comunicación sobre la Política de Retorno de “Residentes Ilegales” de 14 de octubre 2002, la Comisión Europea identificó la política de retorno como necesaria y como parte integral de una Política de la Comunidad Europea en materia de Inmigración y Asilo.

La Directiva tiene el fin de contar con reglas comunes, claras y transparentes al interior de la UE en lo que se refiere al retorno, la expulsión, el uso coercitivo de la fuerza, la detención y el re-ingreso. Según la UE, estas medidas deben tomar siempre en cuenta el respeto a los Derechos Humanos y a las libertades fundamentales de las personas, Sin embargo, estos principios no se evidencian en el contenido de la Directiva.

La Directiva del Retorno de la UE es una “regresión” en los derechos humanos, según varias ONG. La Directiva es un atentado a los derechos humanos porque criminaliza a los migrantes y pretende aplicar una retención de 6 hasta 18 meses (alegando "circunstancias especiales"), incluidos mujeres y niños, e incluye artículos expresos para recluirlos en las cárceles, todo esto con la finalidad de realizar expulsiones masivas.

Amnistía Internacional y el Consejo Europeo de Refugiados y Exiliados (ECRE) se oponen a esta medida porque "dañará seriamente" los derechos humanos de los afectados.

El documento afectará a unos 8 millones de personas y acoge varias medidas polémicas que han llevado a movilizarse a ONG españolas y del resto de Europa, que hablan de una “regresión” en la protección de los derechos fundamentales de las personas inmigradas. Del grupo de países que piden medidas más duras Francia propone que pueda expulsarse también a los menores inmigrantes sin necesidad de acabar el curso escolar, y Alemania, Grecia y Austria se niegan a asumir la asistencia jurídica a los inmigrantes en situación irregular.

Los puntos más problemáticos del texto

Retención de hasta 18 meses. Es la medida más polémica y propone permitir a los Estados retener hasta un máximo de 18 meses a los inmigrantes que esperan su expulsión en centros de internamiento. Las legislaciones de Reino Unido, Dinamarca, Estonia, Grecia y Países Bajos no contemplan límites para la retención de inmigrantes. Los inmigrantes sólo podrían ser devueltos a su país o a los países con los que los Estados miembros tengan acuerdos de repatriación.

Organizaciones como SOS Racismo y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) afirman que se trata de un “retroceso en los derechos humanos” porque “alarga la estancia” de las personas retenidas en Centros de Internamiento de Inmigrantes y porque supone “privar de libertad a personas que no han cometido ningún delito”.“Se sabe por experiencia que el alejamiento de un extranjero se lleva en la mayoría de los casos en los diez primeros días de su detención, entonces está claro que la utilización de una duración tan larga no permite una mejor efectividad de las expulsiones sino que aumenta el sufrimiento del retenido y los costes de estancia para los contribuyentes”, indica APDHA.

Del internamiento a prisión. La directiva “certifica que ante la falta de centros de internamiento puedan ser ingresadas en prisiones aunque se encuentren en módulos separados”, añade la Federación estatal de Asociaciones de SOS Racismo.No volver en 5 años. La nueva directiva propone también prohibir a las personas expulsadas el retorno a la Unión Europea por un tiempo de cinco años. Para APDHA, esto significa “criminalizar y excluir a estas personas”. Esta prohibición se evitaría en el caso de que las personas inmigradas se acogieran al retorno voluntario, es decir, a volver a su país de origen de manera voluntaria en el plazo máximo de un mes.Menores inmigrantes no acompañados. La Directiva de Retorno afectará también a los menores inmigrantes sin acompañar que se encuentren en alguno de los países comunitarios.Desde SOS Racismo critican que el texto prevea “el internamiento de menores de edad” y la APDHA advierte que los menores inmigrantes “ya no se beneficiarán de la protección concedida por el Convenio sobre los Derechos del Niño”, firmado por todos los Estados miembro. “Los menores podrán en adelante ser retenidos/detenidos en centros de internamiento y expulsados como adultos”, apunta la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.Garantías a la baja. Para las ONG, aprobar la directiva supondrá apostar en la UE por la privación de libertad de personas que no han cometido ningún delito y “retroceder todavía más” en los derechos hacia las personas inmigradas. Según SOS Racismo, la nueva normativa “estandariza” las garantías procesales “a la baja y no compromete de manera eficaz a los Estado, lo que a la práctica provocará “un vergonzoso retroceso de los derechos humanos en Europa”. De ahí que las organizaciones llamen a la Directiva del Retorno ‘Directiva de la Vergüenza’.La razón de fondo para que la UE haya estado rehuyendo la discusión en profundidad sobre este tema en reiteradas ocasiones, en el marco del diálogo político de las negociaciones de la CAN-UE, así como en el marco de la Cumbre de Presidentes realizada el pasado mes en Lima fue precisamente éste proyecto que complementan muy bien las directrices de Compitiendo en el mundo y un enfoque de profundización de la competencia liberal capitalista y excluyente.

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