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Área: Política >> Partidos políticos
Actualizado el 2008-05-29 a horas: 14:06:34

La carta autonomista de Beni anula la Función Económica Social (FES) como parámetro para definir la propiedad de la tierra

Estatutos de Pando, Beni y Tarija señalan que la tierra es competencia compartida del gobierno nacional y los gobiernos departamentales

(UPIC-Tierra).- Los estatutos autonómicos de Beni, Pando y Tarija reconocen que la legislación, administración y ejecución de políticas relativas a la tierra es una competencia compartida por el gobierno nacional y los gobiernos departamentales autónomos, a diferencia del estatuto de Santa Cruz que confiere al gobierno departamental potestades legislativas y reglamentarias exclusivas en esta temática.

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No existe una política agraria y de tierras común en los cuatro modelos autonomistas de los departamentos de la denominada “media luna”. Sin duda, la más radical es la propuesta cruceña, que ignora al Estado y delega al Gobierno Departamental la responsabilidad de definir el derecho propietario, la distribución, redistribución y administración de las tierras mediante una Ley Departamental aprobada por la Asamblea Legislativa Departamental. La propuesta autonómica menos desarrollada en materia agraria es la de Tarija.

El estatuto autonómico de Pando indica que el Gobierno Autónomo del Departamento, en el marco de la legislación básica del Estado, “comparte” con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales del Departamento las competencias de desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y función ejecutiva en la dotación, adjudicación, distribución y redistribución de tierras en el departamento. (Art. 20).

El estatuto de Beni detalla como competencias del Régimen Autonómico del Departamento –a través del Gobierno Departamental y en coordinación con el Gobierno Nacional y los Gobiernos Municipales– Legislar, Administrar, Reglamentar, Identificar, Priorizar, Planificar, Autorizar y Ejecutar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo departamental en los temas Tierra y Territorio; Asentamientos Humanos; Ganadería, Forestal y Agricultura; Tierras Comunitarias de Origen y Comunidades campesinas. (Art. 13)

El Régimen Autonómico del departamento de Tarija se inscribe en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho, fundándose en los principios de respeto y garantía de la integridad territorial nacional y departamental; reconocimiento de tres niveles de Gobierno: nacional, departamental y municipal; reconocimiento de la autonomía de los Gobiernos Municipales; reconocimiento de las autonomías indígenas respetando sus usos y costumbres en el marco del Estatuto Autonómico y la organización territorial del departamento de Tarija. (Capítulo III)

En ese marco, es competencia del Gobierno Departamental de Tarija legislar, regular y promover el comercio, industria, agricultura, el manejo forestal, ganadería, servicios, caza y pesca “en el ámbito de la jurisdicción departamental”. (Capítulo VI). El estatuto tarijeño precisa que el patrimonio del Departamento Autónomo de Tarija es imprescriptible e inembargable y está constituido por la biodiversidad, recursos hídricos y todos los demás naturales existentes en el territorio departamental. (Artículo 51)

Atribuciones del gobierno departamental

En estatuto de Beni sigue la línea radical de Santa Cruz. Busca una ley de tierras departamental que reemplace a la Ley INRA, confiere al Gobernador la potestad de firmar títulos de propiedad y crea instancias departamentales para la aplicación de políticas de tierras.

El estatuto beniano indica que el Prefecto del departamento firmará todos los Títulos Ejecutoriales obtenidos producto del Proceso de Saneamiento Agrario Departamental ejecutado por el Instituto Departamental de Tierras (IDT), los cuales serán “definitivos, causan estado y no admiten recurso ulterior, estableciendo pleno y perfecto derecho de propiedad para su inscripción definitiva en el registro de derechos reales”.

El IDT de Beni es una institución desconcentrada del Gobierno Departamental Autónomo, bajo la tuición del Secretario Departamental de Desarrollo Agropecuario y Forestal Integral, responsable de la prosecución y finalización del Proceso de Saneamiento Agrario y la ejecución de las Políticas de Administración, Distribución, Reagrupamiento y Redistribución de tierras fiscales en el Departamento. (Título IV)

La Comisión Agraria Departamental (CAD) de Beni, presidida por el Ejecutivo Departamental y conformada por todos los actores de la realidad productiva y social rural del Departamento, es el órgano responsable de proponer Políticas Agrarias de Distribución, Reagrupamiento y Redistribución de tierras fiscales en el Departamento.

Una Ley Departamental de Tierras establecerá las competencias, formas y procedimientos de elección, período de funciones, causales y procedimientos de remoción para el Director del IDT; y establecerá el funcionamiento, las competencias y el número de miembros de la CAD y las organizaciones a las que representan.

El estatuto autonómico de Beni indica que la Administración, Distribución, Reagrupamiento y Redistribución de tierras fiscales es atribución del Ejecutivo Departamental, a la cabeza del Secretario Departamental de Desarrollo Agropecuario y Forestal Integral.

Las tierras fiscales declaradas como tales serán dotadas u adjudicadas en el marco de la Administración de Distribución, Reagrupamiento Redistribución con base en la capacidad de uso mayor del suelo y su vocación productiva, de acuerdo al Planes de Uso del Suelo (PLUS) y Plan de Ordenamiento Territorial (PLOT).

El estatuto beniano reconoce como Modalidades de Distribución: a) la dotación a título gratuito en favor de tierras comunitarias de origen, y propiedades campesinas colectivas y comunitarias, b) La adjudicación a título oneroso en favor de las propiedades medianas, empresas y cooperativas; c) La Adjudicación a valor concesional a favor de pequeñas propiedades agrícolas y ganaderas y asentamientos humanos aprobados por la Asamblea Departamental.

En el proceso de distribución de tierras fiscales se establece un orden de preferencias: 1. La dotación a pueblos y comunidades originarias o campesinas oriundos residentes del lugar o próximos al área. 2. La adjudicación a valor concesional a campesinos y pobladores oriundos del lugar. 3. Adjudicación para asentamientos humanos aprobados por la Asamblea Departamental. 4. La adjudicación a particulares.

Por otro lado, el estatuto de Pando menciona como atribuciones del Vicegobernador promover, difundir y apoyar los procesos de gestión relacionados con tierra, territorio y límites en el Departamento. (Artículo 51)

Función Económica Social

Los proyectos autonómicos de Santa Cruz y Beni no reconocen el latifundio por ser contrario al interés colectivo, mientras que los estatutos de Pando y Tarija no mencionan esta problemática. La función económica social (FES) como parámetro para determinar la propiedad de la tierra es un tema ausente en los cuatro estatutos, especialmente en la carta autonómica de Beni.

El estatuto de Beni define al latifundio como grandes extensiones de tierras improductivas que incumplen con la “Función Social”, no la “función económica social”. El documento menciona que los distintos tipos de propiedad, su extensión y límites de superficie, las características y los parámetros para el cumplimiento de la “Función Social” serán establecidos por Ley Departamental. [1]

El estatuto de Santa Cruz indica que “los tamaños, características y parámetros de cumplimiento de la función económico-social para cada forma de propiedad agraria” serán establecidos por una “ley departamental”.

El estatuto de Pando señala que el Gobierno Autónomo del Departamento reglamenta y ejecuta la “legislación nacional” sobre la verificación del cumplimiento de la Función Económica y Social del uso de la tierra para su redistribución. (Art. 21)

Promoción del Desarrollo Rural y Agropecuario

El Gobierno Departamental Autónomo de Beni gestionará créditos de fomento para todos los productores agropecuarios, forestales, priorizando a los pueblos y comunidades indígenas y campesinas. Se obliga a establecer mecanismos de fomento para la generación y desarrollo de actividades productivas sostenibles en las Tierras Comunitarias de Origen (TCOs) con la finalidad de garantizarles condiciones óptimas para su desarrollo económico, social y cultural sostenible.

El Gobierno Departamental de Tarija formulará e implementará programas, planes, proyectos de promoción e incentivo a la actividad productiva, procurando la sostenibilidad del sector productivo y garantizando la seguridad jurídica de la propiedad de los medios de producción pública y privada. No se refiere a la propiedad comunitaria. (Artículo 69)

En general, los cuatro estatutos autonómicos de la “media luna” dejan intacta la actual estructura de propiedad de la tierra, caracterizada por la desigual distribución y la concentración en latifundios improductivos.

[1] El estatuto de Beni reconoce el derecho de propiedad privada individual agrícola y ganadera y propiedad colectiva y comunitaria indígena y campesina, siempre que cumpla una función social, entendida esta como el empleo sostenible de la tierra en el desarrollo de actividades productivas agropecuarias, forestales, de conservación de la biodiversidad, la investigación, el ecoturismo en beneficio del propietario y la sociedad. El empleo sostenible de la tierra consiste en que la actividad que se desarrolle sobre un predio sea conforme a su vocación o aptitud de uso.

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