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Área: Sociedad >> Regiones
Actualizado el 2008-05-09 a horas: 20:25:42

Trabajan tres comisiones; los patrones reconocen sólo a una integrada por diputados cruceños de Podemos, UN y MNR

Avanza lento la investigación de la servidumbre guaraní en haciendas del chaco

(UPIC-Tierra).- Hace más de 20 días se conformaron tres comisiones para investigar decenas de casos de servidumbre indígena en haciendas del chaco cruceño, y averiguar por qué los ganaderos y hacendados de la provincia Cordillera de Santa Cruz se oponen con violencia al saneamiento de tierras y a la titulación de un territorio indígena guaraní. Hasta ahora, sólo una comisión pudo llegar hasta la localidad de Alto Parapetí, el centro de la disputa.

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Días después de que el Cardenal Julio Terrazas exigiera públicamente al gobierno que muestre y diga dónde están los indígenas “esclavos” del chaco (13 de abril), la Cámara de Diputados y un colectivo diverso de organizaciones e instituciones de la sociedad civil organizaron misiones de observación e investigación de los recientes sucesos en la provincia Cordillera, donde ganaderos y latifundistas impidieron tres veces que el viceministro de Tierras Alejandro Almaraz, el director nacional del INRA Juan Carlos Rojas y otras autoridades agrarias inicien el saneamiento de propiedades agrarias y la titulación de una TCO.

Desde el 27 de febrero de este año, los terratenientes de Cordillera y sus grupos de choque atacaron con armas de fuego, apedrearon y secuestraron a autoridades de gobierno; bloquearon caminos y emboscaron a una delegación indígena dejando un saldo de más de 40 heridos.

El 17 de abril se conformó una Comisión Especial en la Cámara de Diputados presidida por Bernabé Paredes (MAS), Wilman Cardozo (Podemos) como vicepresidente, el secretario Milton Becerra (UN) y los vocales William Chávez García (MAS), Ronald Moreno (Podemos), Jhonny Torrez (MNR) y Gualberto Choque (MAS).

Los diputados cruceños Roxana Gentile de Unidad Nacional, Betty Acebey Serrano del MNR y Ronald Moreno organizaron una comisión paralela.

La sociedad civil estructuró una tercera comisión observadora con la participación de la Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, iglesias Metodista y Ekklesía y la Confederación de la Prensa de Bolivia.

Las investigaciones

La comisión de la brigada cruceña fue la primera en viajar a la zona. Entre el 24 y el 27 de abril, los diputados Gentile, Acebey y Moreno visitaron 11 haciendas y no hallaron ni un solo caso de servidumbre o cautiverio de indígenas sino “ausencia del Estado”, “extrema pobreza compartida por propietarios y trabajadores” y algunos “trabajadores temporales” porque gran parte de la producción es maquinizada.

La delegación cruceña fue a Cordillera con el objetivo de demostrar que no hay esclavitud en la provincia y desmentir al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. Su imparcialidad quedó en entredicho desde el principio porque el diputado Moreno fue a investigar disturbios en los que él mismo había participado como vocero de los terratenientes.

“Es como si Branko Marinkovic hubiera ido a la zona; tampoco iba a encontrar nada”, ironizó el ministro de Trabajo Walter Delgadillo. El presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray descalificó de plano la investigación de los diputados derechistas, quienes “no entraron donde debían, y sólo preguntaron a los patrones y a algunos hermanos que no se iban a poner a hablar mal delante de su patrón”.

El diputado Bernabé Paredes aclaró que la comisión cruceña conformada sin autorización de la Cámara hizo un trabajo “poco serio” –investigó en dos días un hecho que requiere como mínimo dos meses de trabajo–, que carece de valor legal.

El 28 de abril partió a Cordillera la segunda comisión integrada por el defensor del Pueblo Waldo Albarracín y representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Capítulo Boliviano de Derechos Humanos, iglesias Metodista y Ekklesía y de la Confederación de la Prensa.

Lo que más llamó la atención de la delegación interinstitucional, que permaneció en el lugar del 28 al 30 de abril, fue la “ausencia total del Estado en la zona” y la indefensión de los pueblos indígenas que viven sin servicios básicos, hospitales, escuelas ni caminos, y sin recibir ningún tipo de asistencia estatal.

La comisión recibió la lista de heridos en el cerco del 13 de abril, los certificados forenses de los agredidos Tanimbu Estremadoiro, Fernando Cola y el abogado Ramiro Valle; denuncias y testimonios de algunas comunidades indígenas de Alto Parapetí.

Los delegados constataron que en la zona hay un alto grado de desinformación en cuanto al saneamiento de tierras. En los municipios de Camiri y Cuevo piensan que todos perderán sus tierras, pese a que el proceso agrario beneficia a la mayoría de los propietarios, especialmente a los pequeños que tienen menos de 500 hectáreas, quienes recibirán títulos de propiedad gratuitos sin perder un metro de tierra.

La comisión interinstitucional se reunió con líderes guaraníes y con algunas autoridades locales. Esperaba hacer lo propio con los ganaderos, pero el presidente de la Unión de Productores y Agropecuarios del Sur Juan Carlos Santiesteban comunicó mediante carta que su sector dialogará cuando se calmen las cosas y que el bloqueo de caminos continuará en previsión a nuevas “agresiones” del gobierno.

“Esa comunicación de algún modo nos indica que no quieren hablar”, declaró el Defensor al diario La Razón y confesó que le habían advertido que no se acerque a la zona de conflicto porque era “peligroso”, pese a que su comisión no tenía “la intención de herir a nadie”.

Según la prensa cruceña, Santiesteban le dijo al Defensor que no confía en comisiones “que aparecen entre gallos y medianoche”. La diputada Gentile tildó a la delegación de “masista”.

El dirigente ganadero de Camiri David Vaca Díez y Santiesteban recalcaron al Defensor que para ellos sólo vale el informe de los diputados cruceños, según el cual no existe ni una sola comunidad indígena cautiva en la provincia Cordillera y “peor aún servidumbre”.

La comisión oficial del Parlamento fue la tercera en viajar a Cordillera el 6 de mayo para investigar la servidumbre y el levantamiento terrateniente en calidad de cabeza de Ministerio Público.

El presidente de la instancia parlamentaria informó que las investigaciones se prolongarían al menos por tres semanas y que en el primer viaje se establecerían contactos con autoridades de Camiri, Cuevo y Lagunillas. En una segunda etapa ingresarían a las haciendas y comunidades, previa conversación con cada uno de los propietarios y dirigentes guaraníes.El 7 de mayo, la representación multipartidaria se reunió en la Alcaldía de Camiri con ganaderos y autoridades de Cuevo, Boyuibe, Lagunillas y Camiri. El diputado del MNR Jhonny Torres informó que por falta de tiempo no pudieron conversar con el Fiscal de la zona y con los miembros de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Por ese imprevisto, explicó Paredes, los diputados decidieron volver a La Paz porque no tenía sentido seguir en Camiri o trasladarse hasta Lagunillas, Cuevo y Alto Parapetí, y verificar la situación de los guaraníes contando con información incompleta.

Los diputados convocaron a la Fiscalía de Cordillera y a la APG a prestar un informe el 14 de mayo en Camiri. Ese día visitarán Cuevo, Alto Parapetí, Caraparicito, la Colorada, Ivicuati y otras zonas.

Además, los diputados de cuatro fuerzas políticas decidieron por unanimidad pedir a la Ministra de Desarrollo Social Susana Rivero que instruya al INRA y al Viceministerio de Tierras la suspensión de las actividades de saneamiento de tierras hasta que la comisión multipartidaria concluya su trabajo.

La Comisión especial espera tener listos los resultados de su investigación el 17 de junio, para luego presentar un informe al plenario de la Cámara de Diputados para su consideración o remisión a las autoridades de ley en caso de que comprueben delitos.

Revuelo en las haciendas

Los hacendados de la provincia Cordillera de Santa Cruz comenzaron a regularizar el pago de salarios devengados a sus empleados y a entregar ropa a sus peones para que los visitantes no los encuentren en harapos.

Comunicaron al Ministerio de Justicia que están expulsando familias guaraníes cautivas en haciendas del cantón Huacareta, provincia Hernando Siles de Chuquisaca, donde existirían alrededor de 200 familias cautivas. El viceministro de Justicia Comunitaria Valentín Ticona explicó que algunos patrones desalojan a las familias indígenas para “no hacerse pillar” por las comisiones que irán a la región a verificar la situación laboral de los guaraníes.

Por otro lado, organismos internacionales de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos que velan por el respeto de los derechos humanos condenaron las violentas acciones de los hacendados y ganaderos contra el saneamiento de tierras y conminaron al Estado a atender a cientos de familias guaraníes sometidas a la servidumbre, un problema real corroborado por varios estudios realizados en los últimos años.

La Asamblea del Pueblo Guarani de Itika Guasu (APG IG) exigió al Fiscal General de la República que actúe en concordancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, según el cual “El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión”.

La APG IG considera que los hechos ocurridos e1 3 de abril en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri –donde una delegación del pueblo indígena guaraní fue interceptada y atacada salvajemente por una turba a instancias de hacendados de la región– es una violación flagrante de normas internacionales con una clara connotación “racista y xenófoba”.

La APG IG alega que los patrones de Cordillera violan el Convenio 169 de la OIT, recogido por la legislación interna en julio de 1991; la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007 y convertida en Ley de la República en noviembre de 2007;la Convención Americana sobre Derechos Humanos; la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud; y del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Estos instrumentos del Derecho Internacional han sido ratificados por la República de Bolivia, y por tanto están por encima de la propia Constitución Política del Estado y son de obligatoria aplicación por parte de jueces, fiscales y toda autoridad gubernamental.

En ese marco, la APG IG pidió a las autoridades judiciales y jurisdiccionales que procedan a la persecución penal de los responsables de los hechos violentos.La organización indígena opina que las autoridades (diputados, subprefectos, alcaldes) que participaron en el levantamiento terrateniente deberían ser suspendidas preventivamente de sus funciones hasta que se investiguen y depuren sus responsabilidades.

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