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Área: Documentos >> Movimientos sociales
Actualizado el 2008-05-07 a horas: 16:40:43

Sobre los hechos de Cuevo, la acción de Transredes SA y Repsol SA en su TCO y la necesidad de una respuesta de parte del gobierno

Comunicado público de la Asamblea del Pueblo Guarani de Itika Guasu (APG IG) a la opinión publica nacional e internacional

Ante la situación creada debido a la actuación de empresas multinacionales en el territorio TCO que corresponde a la propiedad indígena que representamos como Asamblea del Pueblo Guaraní Itika Guasu (APG IG) y algunos conflictos con el Ministerio de Hidrocarburos, así como algunas actitudes racistas en contra de nuestros hermanos ocurridas en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri, el Comité Ejecutivo de la APG IG y los Mburuvichas Zonales y Comunales, en uso de sus atribuciones legítimas y legales:

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DECLARAN: NUESTROS DERECHOS SON IRRENUNCIABLES I) Que nuestra actuación en defensa de los intereses de la APG IG se basa en lo establecido por la legislación internacional, especialmente por el Convenio 169 de la OIT que ha sido recogido por la legislación interna en julio de 1991 y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada en septiembre de 2007 y que por iniciativa del actual Gobierno boliviano es Ley de la República desde noviembre de 2007. II) Que tal cual expresa el comunicado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 25 de abril de 2008, existen instrumentos internacionales que son parte del Derecho Internacional de derechos humanos de los que la República de Bolivia es parte y que, por lo tanto, están por encima de la propia Constitución Política del Estado y son de obligatoria aplicación por parte de jueces, fiscales y toda autoridad gubernamental y nos referimos muy especialmente, pero no taxativamente, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, y del artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. III) Que también son de aplicación la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la anterior. IV) Que consideramos los hechos ocurridos e1 3 de abril, en la localidad de Cuevo, a pocos kilómetros de Camiri -donde una delegación del pueblo indígena Guaraní fue interceptada y atacada salvajemente por una turba de gente a instancias de hacendados de la región- como una violación flagrante de las normas anteriormente mencionadas y, por lo tanto, hechos que tienen una clara connotación racista, xenófoba y esclavista. En este sentido, apoyamos expresamente la solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que “condena que estos hechos hayan ocurrido y recuerda al Estado boliviano su obligación de adoptar las medidas necesarias para evitar su repetición y para investigar y sancionar a los responsables, con estricto respeto a los derechos humanos”. En concordancia con esta reclamación, exigimos al Fiscal General de la República que actúe en concordancia con el artículo 6º de la Ley Orgánica del Ministerio Público, que tiene por título “Obligatoriedad” y según el cual “El Ministerio Público, bajo su responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, toda vez que tenga conocimiento de un hecho punible y existan suficientes elementos fácticos para verificar su comisión”. Igualmente, pedimos a las autoridades judiciales y jurisdiccionales que procedan a la persecución penal de los responsables de estos hechos, considerando que si en la planificación de los mismos, como creemos, participaron autoridades que tienen la obligación de aplicar la legislación internacional y nacional, éste debería ser un agravante en el análisis de su conducta y debería llevar a la suspensión preventiva de sus funciones hasta tanto se investiguen y depuren sus responsabilidades. LAS EMPRESAS PETROLERAS DEBEN RESPETAR NUESTROS DERECHOS V) Con relación a la actuación de la empresa Transredes, hemos comunicado al Sr Ministro de Hidrocarburos nuestra intención de que se cumpla la legislación actual y se respete el derecho de consulta y nuestros derechos como propietarios de la TCO y, por lo tanto, se tengan en cuenta otros aspectos que hacen a la seguridad de nuestro pueblo. Creemos que es el Estado el que debe hacer cumplir la ley a esta empresa, lo que esperamos ocurra a partir del 1 de mayo de 2008, fecha en el que el Gobierno se convierte en accionista mayoritario de la mencionada empresa. Estamos, por lo tanto, a la espera de respuesta de las cartas que dirigimos a su Excelencia el Sr. Ministro de Hidrocarburos exponiendo nuestras reclamaciones en forma detallada; estas cartas fueron enviadas el pasado 21 de abril de 2008 y el 23 de abril de 2008 y, entre otras cuestiones, se refieren a la actuación de la empresa Transredes. VI) Con relación a la multinacional hispano argentina Repsol YPF S.A.: a) continuamos a la fecha sin recibir respuesta alguna a nuestra carta notarial enviada al Consejo de Administración de dicha empresa, sita en la ciudad de Madrid (Reino de España), el pasado 29 de octubre de 2007 y que fuera hecho público en nuestro comunicado de 11 de marzo de 2008, el cual se encuentra disponible en la página http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/doc/apg3.html Debido a esta falta de respuesta nos encontramos sin interlocutor jurídicamente válido con relación a nuestra propuesta de Convenio con dicha multinacional b) dado que el pasado 09 de abril de 2008 hemos recibido una carta de la UN E&P Bolivia, firmada por Repsol YPF Bolivia, hemos procedido a requerir, con fecha 23 de abril de 2008, a la persona firmante de dicha carta para que envíe sus poderes registrados para que sean éstos analizados por nuestros asesores jurídicos a efectos de conocer la amplitud de los mismos y la constatación de la representación jurídico mercantil correcta. c) de la misma forma hemos actuado con relación al Consejo de Administración de dicha empresa sita en la ciudad de Madrid (Reino de España), solicitando una aclaración con relación a la UN&EP y hemos enviado, vía fax, una carta con fecha 23 de abril de 2008. Esta forma de actuación es práctica habitual y normal en el mercado mercantil y en la negociación con sociedades mercantiles que, como en el caso de la hispano argentina Repsol YPF S.A., han notificado a la Securities and Exchange Commisión (Washington, Usa) modificaciones tanto en su estructura accionarial como en su organización de filiales, expresando además a dicha comisión, reservas sobre la información jurídica presentada. Hasta la fecha no hemos recibido respuesta alguna a nuestra solicitud. EL GOBIERNO BOLIVIANO NOS DEBE UNA EXPLICACIÓN VII) Con relación a estas cuestiones hemos realizado las siguientes gestiones: a) Una reunión el pasado 05 de abril de 2008 con la Vicepresidencia de la República y con el Ministerio de Hidrocarburos, a quienes hicimos entrega de un detallado memorando sobre la complejidad jurídica de nuestra negociación con la hispano argentina Repsol YPF S.A. El Gobierno, a través del Ministerio de Hidrocarburos, se comprometió a informarnos el plazo necesario que solicitaban sus servicios jurídicos para realizar un estudio en profundidad de dichas cuestiones antes del 10 de abril de 2008. A pesar de haber recordado dicho compromiso en dos cartas posteriores de fechas 21 de abril de 2008 y el 23 de abril de 2008, a la fecha del presente comunicado no hemos recibido respuesta alguna. b) En la reunión llevada a cabo el pasado 05 de abril con su Excelencia el Sr. Ministro de Hidrocarburos, éste se comprometió a emitir inmediatamente una Comunicación Oficial de los cambios introducidos por Transredes en el proyecto GVT Fase II. Constatado el retraso en la emisión de dicho comunicado, enviamos a su Excelencia una recordatoria el pasado día 15 de abril que fue enviada vía fax a su despacho. Hasta la fecha de este comunicado no hemos recibido respuesta alguna, ni ha sido hecho público el comunicado en cuestión. VIII) En todos estos documentos dirigidos a las empresas Transredes S.A., Repsol Bolivia S.A., UN E&P Bolivia y/o Repsol YPF S.A., hemos expresado nuestra reserva jurídica en el sentido de que “consideramos que no se han evacuado ninguno de los problemas pendientes, pero deseamos dejar constancia expresa de que esta AGP IG no ha dado su consentimiento legal a ningún acto que corresponda a su derecho a consulta con relación a éste y cualquier otro proyecto que afecte a nuestros derechos sobre el territorio de las TCO”. En los mismos términos nos dirigimos a su Excelencia el Sr. Ministro de Hidrocarburos, enviando copia de todos estos documentos a la Vicepresidencia de la Nación y a la Defensoría del Pueblo a los efectos de oportuna y pública notificación. Hasta la fecha de este comunicado no hemos recibido respuesta alguna por parte de las mencionadas instituciones. IX) Es evidente que nuestras reclamaciones han seguido en todo momento tanto las prácticas, costumbres y normas mercantiles de uso ordinario en el derecho mercantil nacional e internacional con relación a las empresas en cuestión, y esto es parte de nuestro derecho como institución jurídica independiente tanto del Estado como de las mencionadas Empresas. X) Consideramos que no es posible continuar con una escalada de situaciones que impiden el ejercicio legítimo y legal de nuestros derechos y hemos rogado expresamente a las autoridades estatales y gubernamentales la adopción de las medidas adecuadas para solucionar todos y cada unos de los problemas que nos afectan de una forma honorable. XI) Advertimos a todas las parte que nos reservamos todas las acciones legales que en derecho nos correspondan tanto contra los responsables penales de prácticas racistas, xenófobas y esclavistas, como para conseguir resarcirnos de los daños que sufra nuestra Comunidad Indígena APG IG como consecuencia de las actuaciones de las empresas multinacionales o por los derivados de la acción u omisión de la actuación de los funcionarios públicos. Entre Ríos, a 1 de mayo de 2008 Firman por el Directorio de la APG IG Never Barrientos, Presidente Florentino Zeballos, Vicepresidente Fernando Cuellar, Responsable Producción Benito Arce, Responsable Salud Gregorio Barrientos, Responsable Educación Zacarías Cuellar, Responsable de Infraestructura Benildo Vaca, Responsable de Recursos Naturales Plácido Rojas, Responsable Comunicación Jorge Delfin, Responsable de Tierra y Territorio Mburuvichas Zonales Justino Molina, Mburuvicha Zonal, Zona 1 Celestino Virela, Mburuvicha Zonal, Zona 2 Fabián Cayo, Mburuvicha Zonal, Zona 3

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