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Actualizado el 2008-04-21 a horas: 23:45:10

Comisiones de diputados y de instituciones sociales preparan el terreno para reanudar el saneamiento; Evo pide recuperar la tierra como un bien comunitario

Servidumbre guaraní es uno de los casos más "dramáticos" en los países andinos, ratifica nuevo estudio

Redacción Bolpress

Apareció otro informe realizado por un organismo internacional independiente que describe la situación de comunidades indígenas guaraníes cautivas en haciendas del chaco como “uno de los casos más dramáticos de trabajo forzoso y discriminación étnica que subsiste en el país y en todos los países andinos”. Una comisión multipartidaria de diputados y otra de instituciones sociales prepara el terreno para reanudar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí, mientras que el Presidente Evo Morales llama a organizarse para recuperar las tierras como un bien comunitario.

El diputado Bernabé Paredes (MAS), presidente de la Comisión Especial conformada el 16 de abril para investigar denuncias de esclavitud y servidumbre de indígenas guaraníes en el chaco boliviano, informó que el miércoles se definirá el día de partida a la provincia Cordillera de Santa Cruz.

La comisión parlamentaria integrada por representantes de cuatro fuerzas políticas investigará durante aproximadamente un mes las denuncias contra hacendados y se constituirá en cabeza del Ministerio Público. Se convocará a declarar a los guaraníes y a los terratenientes alzados en armas contra el saneamiento de tierras.

En las últimas horas, el asesor de la Asamblea de los Pueblos Guaraníes (APG) Ramiro Valle denunció que el ganadero Elvy Abbet Malpartida y el hacendado estadounidense Ronald Larsen serían los principales responsables del secuestro y tortura de indígenas y autoridades de gobierno en los recientes hechos de violencia en el chaco cruceño.

“No permitiremos que se violen los derechos humanos, sociales, laborales, cautiverio, torturas, maltrato, agresiones, desapariciones de ciudadanos bolivianos y extranjeros porque estamos en un gobierno de cambio, donde no daremos continuidad a los abusos de otras legislaturas”, prometió Paredes.

Además, otra comisión interinstitucional integrada por el Defensor del Pueblo, el Obispo de la Iglesia Metodista Rolando Villena; el director Ejecutivo del Capítulo Boliviano de la Plataforma Interamericana de Derechos Humos Víctor Vacaflores; la presidenta interina de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) Sonia Brito; el secretario Ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia Remberto Cárdenas; y el representante de la comunidad cristiana Ekklesía Mario Borgues, comenzó a establecer contactos con guaraníes, hacendados, gobierno y otros sectores involucrados en el conflicto.

El defensor del Pueblo Waldo Albarracín informó que se está preparando el terreno para el viaje de la comisión a la zona con el propósito de crear un ambiente favorable para reanudar el saneamiento. El jefe del partido opositor Podemos Jorge Quiroga y otros representantes de los sectores poder de Santa Cruz insisten en que la intensión del gobierno es crear un foco de conflicto en el chaco “con la teoría de la esclavitud, pero como la misma fue desvirtuada por la Iglesia Católica que pidió pruebas concretas al respecto el gobierno salió a descalificar a monseñor (Julio) Terrazas”.

Nuevo estudio ratifica las denuncias de servidumbre

El documento “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la conflictividad” del equipo técnico del Programa “Fomento del Diálogo Intercultural en el Chaco Boliviano” del Servicio Alemán de Cooperación Social Técnica – DED se suma a la larga lista de trabajos de análisis e investigación realizados en la última década que observan con preocupación la existencia de comunidades indígenas guaraníes sometidas a un régimen de explotación laboral considerado por Naciones Unidas como una forma moderna de esclavitud.

“El Estado boliviano tiene en sus manos la enorme responsabilidad de resolver uno de los casos más dramáticos de trabajo forzoso y discriminación étnica que subsiste en el país –y en todos los países andinos–, mismo que se creía superado con la Reforma Agraria de 1953”, refiere este documento basado en información obtenida en una incursión a los municipios de Monteagudo, Muyupampa, Huacareta, Cuevo y Camiri en octubre de 2007.

El equipo investigador revisó documentos de la Defensoría del Pueblo, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), y diversos textos legales generados en los últimos cuatro años. Otra parte de sus datos proviene del Taller “Análisis de Conflictos y Construcción de una Visión de Cambio y Paz para el Chaco Boliviano”, realizado por el DED en diciembre del 2007 en la ciudad de Santa Cruz.

El estudio describe que en un espacio territorial histórico guaraní sobreviven remanentes de un modelo de latifundio desarrollado a fines del siglo XIX, sustentado en una alta concentración de tierras, escasa inversión en tecnología pecuaria y agrícola, y el uso prioritario de fuerza laboral no remunerada.

Según el documento, a lo largo del siglo XX el Estado boliviano no sólo ignoró este sistema de dominación sino que lo alentó dotando grandes superficies de tierras a algunas familias vinculadas a las elites políticas regionales. De ahí que el latifundio chaqueño se expandió gracias a la “desidia y a un solapado respaldo estatal”. La Reforma Agraria de 1953 no tuvo mayores efectos en el Chaco boliviano, pues las haciendas mantuvieron a sus peones bajo las mismas condiciones de sujeción.

La crisis agropecuaria de los años 70 provocó que una parte de los guaraníes empatronados dejaran de ser utilizados como mano de obra. Muchos de ellos debieron partir de las haciendas y otros fueron contratados temporalmente por retribuciones en especie, en jornadas laborales que excedían las ocho horas.

Las familias que aún viven sometidas bajo un régimen de trabajo empatronado se encuentran en haciendas ubicadas en los municipios de Huacareta y Muyupampa (Chuquisaca) y en la jurisdicción que corresponde a la Capitanía del Alto Parapetí, municipios de Cuevo y Lagunillas, en Santa Cruz. La misma situación existe en las provincias Gran Chaco y O’ Connor del Chaco tarijeño.

El documento de la cooperación alemana en Bolivia observa que las familias guaraníes no acceden a educación escolar fuera de las relaciones de servidumbre, la paulatina pérdida de sus tradicionales formas de reproducción económica y de elementos culturales propios; el ejercicio limitado de derechos ciudadanos y de participación política; escasa integración con la economía regional y violencia física.

Citando información del Proyecto para la Liberación de las Comunidades Cautivas y Empatronadas Guaraníes (MDS; APG: 2005), el estudio menciona que existen 96 familias guaraníes empatronadas en el municipio de Lagunillas y 353 en Cuevo (Santa Cruz); y 500 en Huacareta y 100 en Muyupampa (Chuquisaca), haciendo un total de 1049 familias empatronadas.

La investigación “Familias Guaraní Empatronadas – Análisis de la conflictividad” identifica dos causas importantes de la conflictividad asociada con la servidumbre guaraní, una de carácter histórico y social; y otra que tiene que ver con la intervención estatal.

Son causas estructurales del conflicto el paulatino despojo de tierras a los guaraníes por parte de los hacendados en los últimos cien años, que se ha dado de manera simultánea a la construcción de una estructura de poder controlada por los propios hacendados o sectores afines a éstos.

El estudio identifica que la sociedad chaqueña se construyó sobre sistemas de valores de los grupos de poder. Desde esa perspectiva, el indígena fue considerado como “salvaje” “flojo” o inferior, con menos derechos que el “blanco/mestizo” y obligado a someterse a su patrón. Eso explicaba y justificaba la sanción o represión de cualquier acto de “rebeldía” y la indiferencia de la sociedad chaqueña frente a la existencia de poblaciones empatronadas.

En cuanto a la intervención del Estado, se puede decir que los gobiernos anteriores a 2003 no protegieron los derechos humanos de las familias empatronadas. Al contrario de lo que sucedió en la parte andina del país, la Ley de Reforma Agraria del 53 fortaleció el poder de los hacendados chaqueños, en desmedro de la población guaraní y en contradicción con sus propios postulados.

La Ley INRA de 1996 también favoreció a los propietarios de haciendas agropecuarias. En el marco de aplicación de esta Ley, los hacendados lograron la titulación de la mayor parte de la superficie que demandaron. Sin embargo, a la población guaraní se le concedió superficies mínimas, o simplemente no se la contempló en el proceso. La posibilidad de demanda de TCO que contemplaba dicha Ley, asumida por las comunidades de Alto Parapetí, fue constantemente postergada.

El poco interés por encarar el problema de la servidumbre guaraní se explica por el hecho de que los hacendados han formado parte o se relacionaron con los grupos de poder a través de partidos políticos. Ha existido una especie de complicidad entre intereses de hacendados y sus representaciones corporativas y las diferentes instancias del Estado, a nivel local y/o nacional. Así pudieron neutralizar cualquier intento de política pública a favor de la erradicación del empatronamiento y del trabajo forzado.

Por otro lado, la débil presencia estatal en la región no permitió la aplicación de procedimientos funcionales básicos de justicia que garanticen el ejercicio de derechos humanos de la población guaraní.

Según el documento, las normas legales vigentes, los tratados internacionales a los que se halla adscrito el Estado, el respaldo de la Cooperación Internacional y de numerosas organizaciones no gubernamentales, así como la decisión política de las organizaciones políticas guaraníes configuran un escenario favorable para transformar de manera definitiva y pacífica la realidad de las familias guaraníes empatronadas.

Cada vez más familias empatronadas conocen sus derechos y empiezan a ver de otra manera sus relaciones con los hacendados, aunque todavía no han desarrollado capacidades organizativas y políticas lo suficientemente fuertes como para jugar un rol protagónico en el conflicto.

Los hacendados han percibido que su precaria situación legal en relación con sus trabajadores y como propietarios de tierras; por lo que comprenden que los espacios de poder que detentaban en la región están cambiando.

La investigación deja sin respuesta tres preguntas centrales en la actual coyuntura: ¿El Estado será capaz de responder a las expectativas de las familias empatronadas (nuevos asentamientos con condiciones de vida dignas) y de las organizaciones indígenas (reconstitución territorial del pueblo guaraní) sin atizar aún más la confrontación? ¿Podrá brindar seguridad al personal involucrado en la aplicación de los procedimientos legales establecidos (saneamiento)? ¿Tendrá disposición política de promover la convivencia intercultural y pacífica entre los diferentes actores regionales involucrados que comparten el espacio territorial chaqueño?

Evo llama a organizarse El Presidente Evo Morales Ayma demandó este lunes en el Foro Indígena de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que el acceso a la tierra sea declarado como un derecho humano. Morales pidió a dirigentes indígenas y campesinos del mundo iniciar debates para hacer comprender a los sectores sociales urbanos, rurales y a sus gobiernos que la tierra no es una mercancía sino como un recurso natural comunitario.

Parafraseando al Movimiento Sin Tierra de Brasil, el mandatario señaló que “muchas tierras en pocas manos es para que muchas manos queden sin tierra” y aseguró que la mejor manera de alcanzar la igualdad en la redistribución de tierras es la unidad y la organización. “Esa es la mejor forma de recuperar las tierras y hacer respetar las tierras comunitarias, colectivas”.

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